REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY San Felipe, 29 de abril de 2005 Años: 195º y 146º En fecha 04 de octubre de 2000, se recibe solicitud y demás recaudos anexos, suscritos y presentados por el ciudadano JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.853.685, de este domicilio, mediante la cual solicita AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA VENDER ACCIONES DE FONDO MUTUAL DEL BANCO PROVINCIAL las cuales pertenecen a sus hijos, la adolescente(Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) y los niños (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente)Mediante auto de fecha 18 de octubre de 2000, se acordó darle entrada a la solicitud, formar expediente y registrarlo, oír al solicitante, a objeto de que proceda a ratificar la presente causa, asimismo, a la adolescente (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) y a la niña (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) y por último se ordenó la notificación de la Fiscal Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. Al folio 13 del expediente, riela declaración del ciudadano JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMOS. A los folios 14 y 15 del expediente, corren insertas copias simples de la cuenta de ahorro Nº 0108-0061-00-0200471574, pertenecientes a los menores (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente). Al folio 16 del expediente, corre inserta boleta de notificación debidamente firmada por la fiscal Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy y agregada a los autos en fecha 14 de noviembre de 2000. Al folio 17 del expediente, cursa auto mediante el cual el abogado Frank Santander Ramírez, en su carácter de Juez Temporal del tribunal del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, se avoca al conocimiento de la presente causa. Después de la revisión de las actuaciones que conforman al presente expediente, este tribunal observa lo siguiente: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “... TODA INSTANCIA SE EXTINGUE POR EL TRANSCURSO DE UN (1) A ÑO SIN HABERSE EJECUTADO NINGUN ACTO DE PROCEDIMIENTO POR LAS PARTES...” El máximo Tribunal de la República ha establecido que: “la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la barrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. En sentencia dictada por la Sala Constitucional de fecha 12 de mayo de 2003, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, exp. Nº 02-2281, estableció “que el efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino a raíz de su declaración, postergar por espacio de tres meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho, en principio, ningún perjuicio causa la declaración de perención al demandante, así se trate de un menor, y así se declara.” Tal como se observa en este expediente, la ultima actuación efectuada corresponde a la fecha 14 de noviembre de 2000 y por cuanto se evidencia que no ha habido impulso procesal desde la misma hasta la presente fecha, se produce una discontinuidad material de la instancia, por lo cual este tribunal de conformidad con el prenombrado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, declara la Perención de la Instancia en la presente causa, relativa al procedimiento de AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA VENDER ACCIONES DE FONDO MUTUAL DEL BANCO PROVINCIAL, seguido por el ciudadano JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMOS, a favor de sus hijos, MARIA JOSE actualmente ciudadana, la adolescente (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) y el niño (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), plenamente identificados y así se decide. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la sala de juicio del tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en San Felipe, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año Dos Mil Cinco. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación. El Juez, La Secretaria, Abg. Frank Santander Ramírez Abg. Ana Matilde López En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 9:50 a.m. y se cumplió con lo ordena. La Secretaria Abg. Ana Matilde López Sol. Nº 0059/00 FSR/aml/cma.-