REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control de San Felipe San Felipe, 23 de Marzo de 2005 194º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2005-000437 ASUNTO : UP01-P-2005-000437 Celebrada la audiencia privada conforme al procedimiento previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, seguido en contra de ciudadano SANTOS RAMON RODRIGUEZ LOZADA, venezolano, nacido en fecha 07-04-1966, de 38 años de edad, de estado civil casado, titular de la Cédula de Identidad N° 10.854.826, domiciliado en Caserío Taría, Tercera Calle al final del Cementerio, Casa S/N, Municipio Veroes, Estado Yaracuy, quien se encuentra asistido por el Abog. JESUS DAVID ANTIAS, todo a solicitud de la Fiscal Comisionada de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público Abog. MONICA ECHETO COLMENARES, corresponde a este Tribunal publicar los fundamentos de la decisión tomada en la misma y al efecto observa: La representación del Ministerio Público, narra las circunstancias de hecho y de derecho en que fundamenta su solicitud, pidiendo se decretara la detención como flagrante, la aplicación del procedimiento ordinario y se decrete Medida Cautelar de Privación Judicial de Libertad, de conformidad con el artículo 248 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, considerando la misma que estamos en presencia del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 455 ordinal 4° del Código Penal. Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal y a las disposiciones relacionadas con la Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, procedió esta Juzgadora a explicar al imputado, de manera sencilla, los hechos expuestos por la Representación Fiscal, así como la imposición del precepto constitucional y las medidas alternativas a la prosecución del proceso, manifestando éste entender los mismos y su deseo de no rendir declaración y expuso: “Declararé en otra oportunidad”. Seguidamente se le concedió la palabra a la Defensa, quien señala que su defendido efectivamente fue detenido en una Finca en Veroes cortando unas vigas doble T, con autorización de los dueños, luego los efectivos de la Guardia Nacional llegaron ya al correr las otras dos personas fue que se dio cuenta que estaba cometiendo un hecho ilícito, adhiere a la petición de procedimiento ordinario y pide una medida cautelar, desvirtuando el peligro de fuga. Oídos los alegatos de las partes, este Tribunal para decidir, observa: PRIMERO: En relación a la forma como ocurrió la aprehensión, quien aquí juzga considera que en el presente caso no puede calificar como flagrante la detención del ciudadano SANTOS RAMON RODRIGUEZ LOZADA, pues la representante fiscal pide la aplicación del procedimiento ordinario para concluir su investigación, lo cual es incongruente, por cuanto la flagrancia implica que estén dados todos los elementos del delito, que exista un imputado y elementos de la responsabilidad de aquel, entonces no podemos considerar la aplicación indistinta del procedimiento abreviado u ordinario en los casos de aprehensión por flagrancia, ya que la intención del legislador al otorgarle a la flagrancia un procedimiento especial, dispuesto así en el artículo 249 del Código Orgánico Procesal Penal, es que la misma sea tramitada por un procedimiento abreviado sobre la base del principio de la celeridad y economía procesal, que suprima las fases preparatoria e intermedia del proceso penal. En consecuencia, es necesario que el Ministerio Público tenga todos los elementos necesarios para presentar su acusación directamente ante el tribunal unipersonal de juicio y en el presente caso el mismo manifiesta que hay actuaciones que recabar. El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional estableció “…no se concibe la aplicación del procedimiento abreviado como una opción por parte del fiscal, sin estimar previamente la veracidad de la flagrancia en un caso concreto, vale decir, ante un caso de flagrancia, el fiscal al valorar adecuadamente los hechos y tipificar la conducta procesal adecuada del imputado, deberá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, pero si en el caso concreto existen situaciones que podrían ser sospechosas de forjamiento o que desvirtúen la flagrancia alegada, el fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario, a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor las conexiones del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que necesite dilucidarse mejor. Por ello, si hay que verificar circunstancias fuera del hecho flagrante, la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece, ya no se puede tomar el hecho como un delito in fraganti, y es en ese momento cuando el fiscal solicita la aplicación del procedimiento ordinario, el cual será sometido a la calificación y autorización respectiva por el Juez de Control. Siendo ello así, no es viable que en la hipótesis de que el Fiscal solicite la flagrancia y ésta sea acordada, el Juez aplique el procedimiento ordinario, tal como lo plantea la sentencia accionada, ya que admitir lo contrario, sería convertir tan preciado Código en meros enunciados de carácter programático y dejar sin efecto sus disposiciones, ya que se seguiría el procedimiento ordinario para aquellos delitos que, justamente ha querido el legislador, sean de rápido trámite y juzgamiento. Por ello, al estimar los juzgados competentes que el hoy recurrente estaba cometiendo un delito flagrante al momento de ser aprehendido, debe aplicarse el procedimiento especial conforme lo dispone el artículo 372 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la ley adjetiva es imperativa para el Ministerio Público de regirse por el procedimiento abreviado cuando se verifique la existencia del elemento flagrancia…” (28 de Mayo de 2003). SEGUNDO: En vista de lo expuesto y por cuanto el Ministerio Público pide la aplicación del procedimiento ordinario, este Tribunal considera que el Ministerio Público no dispone en este momento de los elementos de convicción suficientes para realizar un acto conclusivo, toda vez que de acuerdo a las actuaciones practicadas faltan por recabar algunos elementos según lo expuesto por el Ministerio Público, razón por lo que lo procedente es decretar la aplicación del procedimiento ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: En cuanto a la Medida de privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por el Ministerio Público, este Tribunal observa que la imposición de medidas de coerción personal no dependen de la calificación o no de la detención como flagrante, sino de verificar si dan los supuestos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia se desprende de las actuaciones que existen elementos suficientes para presumir que nos encontramos en presencia de la comisión de un hecho punible, toda vez que el hoy imputado se encontraba cortando unas vigas de hierro doble T en un galpón que no era de su propiedad, lo que indica que el mencionado ciudadano se encontraba apoderándose de objetos que en virtud de la costumbre o de su propio destino se mantienen expuestos a la confianza pública, por lo que difiere de la calificación jurídica dada por el Ministerio Público y se tipifica el hecho como HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 454 ordinal 8° del Código Penal, ya que el tipo enunciado por la Fiscalía implica que para cometer el hecho o para trasladarla cosa sustraída, ha demolido o trastornado los cercados hechos con materiales sólidos para la protección de las personas o las propiedades, en este caso eran estos cercados los que estaba destruyendo el imputado y su objetivo no era destruirlos para sustraer otra cosa, sino la estructura misma, por otra parte, la acción no se encuentra evidentemente prescrita. Así mismo, existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado de autos es el autor en los hechos imputados, lo cual se desprende de la forma en que ocurrió la aprehensión, donde los funcionarios de la Guardia Nacional adscritos al Destacamento 45, dicen que se encontraban de patrullaje en el Sector Agua Negra, específicamente en las fincas ubicadas en el sector y que gozan de Medidas de Protección dictadas por los Juzgados de Control y al llegar a la Finca Churreru, donde se encuentran unos galpones, se percataron que había un ciudadano efectuando labores de corte de vigas de hierro doble T, procediendo a darle la voz de alto e informándole que apagara el equipo de oxicorte, al ser interrogado sobe el hecho el imputado les manifestó que lo habían autorizado dos ciudadanos del sector que le dijeron que eran de su propiedad, así mismo los funcionarios observaron seis vigas ya cortadas, versión que es corroborada por el Abogado Defensor en la sala de audiencia. Por otra parte, no fue acreditado el peligro de fuga u obstaculización. Entonces al no estar llenos los extremos previstos en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, es improcedente la declaración de medida cautelar alguna y en consecuencia, se decreta LIBERTAD para el imputado SANTOS RAMON RODRIGUEZ LOZADA, identificado al comienzo del presente fallo. DECISIÓN Por todas las razones de hecho y derecho antes expuestas, es por lo que este Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, NO DECRETA la aprehensión del ciudadano SANTOS RAMON RODRIGUEZ LOZADA, plenamente identificado al comienzo del presente fallo, como FLAGRANTE; Acuerda la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO y LIBERTAD para el imputado, por la comisión del delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 454 ordinal 8° del Código Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 248, 250, 251, 252 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese y diarícese. La Jueza de Control N° 3 La Secretaria Abog. María Inés Pérez Guntiñas Abog. Dafne Lucambio