REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY
CORTE DE APELACIONES
San Felipe, 13 de Julio de 2006
196º y 147º
ASUNTO PRINCIPAL: UP01-P-2006-00653
ASUNTO: UP01-R-2006-00053
SOLICITANTE: OSWALDO JOSÉ GONZÁLEZ VÁSQUEZ
MOTIVO: APELACIÓN DE AUTO
PONENTE: ABG. ELSY LEONOR CAÑIZALES LOMELLI
Corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer y resolver acerca del recurso de apelación interpuesto en fecha 11-04-06, por el Abogado JAVIER SUÁREZ ARROYO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OSWALDO JOSÉ GONZÁLEZ VÁSQUEZ, contra el auto publicado en fecha 29-03-06, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 6, a cargo del Juez DARÍO SUÁREZ JIMÉNEZ, mediante el cual DECLARA IMPROCEDENTE la entrega del vehículo solicitado por el mencionado ciudadano.
En fecha 13-06-06, el abogado HÉCTOR MIGUEL TORRES ORTIZ, apoderado judicial del ciudadano OSWALDO JOSÉ GONZÁLEZ VÁSQUEZ, presenta escrito mediante el cual se adhiere al recurso de apelación presentado por el abogado JAVIER SUÁREZ ARROYO.
Recibidas las actuaciones, se le da entrada en fecha 20-06-06. En fecha 21-06-06, se constituye la Corte de Apelaciones y se designa ponente a la Juez Elsy Cañizales.
En fecha 21-06-06, se dicta auto mediante el cual se solicita al Tribunal de la causa, la remisión de la copia certificada del auto apelado. El recaudo solicitado es recibido en fecha 26-06-06.
En fecha 28-0-06, se dicta auto mediante el cual se admite el recurso de apelación interpuesto.
En fecha 29-06-06 la ponente consigna el correspondiente proyecto de sentencia.
Para resolver la apelación interpuesta, esta Corte de Apelaciones formula las siguientes consideraciones:
PRIMERA
El impugnante, abogado JAVIER SUÁREZ ARROYO, funda el recurso de apelación en el ordinal 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.
Alega que su representado es el legítimo propietario y poseedor de buena fe del vehículo solicitado.
Denuncia la violación de los artículos 788, 789, 794 y 545 del Código Civil venezolano, y el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Aduce que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado favorablemente al reconocimiento de la condición del poseedor.
Señala que el vehículo no se encuentra solicitado por ningún organismo o cuerpo de seguridad, ni existe otra solicitud por otro particular.
Solicita la revocatoria de la decisión apelada, y se ordene la entrega en guardia y custodia del vehículo a su representado.
SEGUNDA
El abogado JOSÉ RODOLFO QUINTERO RIVEROS, Fiscal Quinto del Ministerio Público, da contestación al recurso de apelación.
Alega que no se pone en duda la validez del documento de propiedad presentado, pero el vehículo que figura en el documento, no es el mismo que fue retenido, por lo cual el Ministerio Público y el Tribunal niegan su entrega.
TERCERA
De la revisión de las actuaciones, esta Corte de Apelaciones observa que, el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 6, funda su negativa de entrega del vehículo solicitado, en los siguientes razonamientos:
“Que el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, impone al Fiscal del Ministerio Público la obligación de devolver los objetos que no son imprescindibles para la investigación, y sólo en caso de retardo injustificado en la entrega del mismo puede intervenir el Juez de Control, pero en el presente caso, se observa que el Ministerio Público diligentemente dio oportuna respuesta al solicitante cuando negó la entrega del vehículo y que dicha respuesta es ajustada a derecho…Que es criterio sentado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy y aceptado por este Tribunal de Control N° 5 (sic) QUE UNA VEZ PRODUCIDA LA OPORTUNA RESPUESTA DEL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDEN LOS TRIBUNALES DE CONTROL INTERVENIR Y DECIDIR AL RESPECTO, PORQUE ES SOLO ESE DESPACHO QUIN CONDUCIRA LA INVESTIGACIÓN. Teniendo la persona afectada por la decisión fiscal el derecho a recurrir a la acción civil de reclamo de daños y perjuicios en contra del vendedor del vehículo”
De lo anterior se colige que, el Tribunal de la causa declara improcedente la entrega del vehículo por dos motivos:
1) Que compete al Ministerio Público la devolución de los objetos no imprescindibles para la investigación.
2) Que no existe retardo injustificado del Ministerio Público para responder la solicitud de entrega de vehículo.
Al respecto se observa que, tal como afirma el Juez de Control en la decisión analizada, este criterio, había sido sostenido por esta Corte de Apelaciones en reiteradas sentencias.
Ahora bien, mediante reciente sentencia de fecha 08-06-06, dictada en el asunto UP01-R-2006-00040, solicitud de entrega de vehículo formulada por DAVID RAFAEL ABI HASSAN PÉREZ, con ponencia de quien aquí suscribe con tal carácter, este Tribunal colegiado abandona el criterio antes seguido y acuerda aplicar en adelante el criterio expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1197, del 06 de Julio de 2001, caso de Carlos E. Leiva Arias; en la sentencia N° 1412 del 30 de Junio de 2005 sentencia de fecha 29 de Septiembre de 2005, con ponencia de la Magistrado Luisa Estela Morales Lamuño, dictada en el Expediente 05-0064, caso de Raimundo Eduardo Pernalete Parra y Atanacio Antonio Álvarez.
En la sentencia N° 1197, del 06 de Julio de 2001, caso de Carlos E. Leiva Arias, con relación a la negativa de entrega de vehículos en razón de la falsedad de los seriales y la imposibilidad de identificar el mismo, establece lo siguiente:
“…el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros, cuando aparezca como titular de ese derecho real en el Registro Nacional de Vehículos.
Por consiguiente, en atención al fallo parcialmente trascrito. Esta Sala concluye que los documentos antes aludidos presentados por el accionante, constituían prueba fehaciente de la propiedad del vehículo reclamado, por lo que negar su devolución no resultaba ajustado a derecho…”
Asimismo, en la sentencia N° 1412 del 30 de Junio de 2005, la Sala Constitucional establece en torno al particular, lo siguiente:
“…si bien el legislador -en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobado, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de Control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación.
En casos como éstos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funciones sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que, en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretender la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee” y el 794 ejusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de postítulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título…”
Los criterios anteriores, fueron ratificados y trascritos en sentencia de fecha 29 de Septiembre de 2005, con ponencia de la Magistrado Luisa Estela Morales Lamuño, dictada en el Expediente 05-0064, caso de Raimundo Eduardo Pernalete Parra y Atanacio Antonio Álvarez, en la cual la Sala establece lo siguiente:
“…la documentación expedida por las autoridades administrativas, constituye un título idóneo a los efecto de probar la propiedad de un vehículo automotor…
…Por ello, la entrega material de un vehículo procede siempre que no existan dudas acerca del derecho de propiedad sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, lo cual deberá ser analizado por las autoridades competentes, y en caso de existir controversia, deberá ventilarse ante el Juez de Control, conforme a lo establecido en la jurisprudencia trascrita”
Este tribunal colegiado, luego de revisar y analizar las decisiones dictadas por la Sala Constitucional, llegó a la conclusión de cambiar el criterio sostenido en casos precedentes, por ser contrario a derecho, y adoptar, en su lugar, el criterio jurisprudencial expresado por el máximo tribunal en las sentencias trascritas.
En aplicación del nuevo criterio acogido, esta Alzada observa que, en el caso analizado existe un solicitante único, ciudadano OSWALDO JOSÉ GONZÁLEZ VÁSQUEZ, quien es poseedor de buena fe y además, ha demostrado ser el titular del derecho de propiedad sobre el vehículo reclamado, mediante documento de compraventa debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, asentado bajo el número 22, Tomo 125 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, en el cual aparece que el vehículo Marca: Mack; Color: blanco; Año: 1998; Clase: camión; Tipo: chuto; Serial de motor: E74007S3323; Serial de carrocería: RD688SXHDTV38187; Placas: 60K-MAJ, es propiedad del mencionado ciudadano. Con relación al referido documento, el Fiscal Quinto del Ministerio Público, abogado José Rodolfo Quintero Riveros, en su escrito de contestación al recurso de apelación, afirma lo siguiente:
“Al respecto no hay duda de que el solicitante acompañó un documento autenticado registrado ante la Notaría Pública Primera de Barquisimeto de la cual se estableció que efectivamente el documento existe y que realmente fue suscrito por las partes contratantes, entendiéndose que no se discute sobre su validez o no”
En fuerza de todo lo expuesto, este Tribunal colegiado concluye que, el auto apelado, mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 6 declara improcedente la entrega del vehículo solicitado por el apelante, no se encuentra ajustado a derecho y debe ser revocado por esta Alzada.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JAVIER SUÁREZ ARROYO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OSWALDO JOSÉ GONZÁLEZ VÁSQUEZ, contra el auto publicado en fecha 29-03-06, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 6, a cargo del Juez DARÍO SUÁREZ JIMÉNEZ, mediante el cual DECLARA IMPROCEDENTE la entrega del vehículo solicitado por el nombrado ciudadano; REVOCA el auto apelado; y ORDENA al Tribunal de la causa efectuar la entrega al solicitante del vehículo reclamado. Notifíquese a las partes y remítase copia certificada de la presente sentencia al Tribunal de origen.
Dada, Firmada, sellada, y refrendada en la sala de audiencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy a los Trece (13) días del Mes de Julio del Dos Mil Seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
Las Jueces de la Corte de apelaciones
Abg. Elsy Leonor Cañizales Lomelli
Juez superior Presidente
(Ponente)
Abg. Gladys Torres Abg. Esmeralda Rambock
Juez Superior Juez Superior
Abg. Olga Ocanto Pérez
Secretaria
VOTO SALVADO
La suscrita, Abogada GLADYS TORRES, Juez Titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, DISIENTE del criterio sustentado por sus distinguidas colegas, en la anterior sentencia, en virtud de los siguientes razonamientos:
En decisión de fecha 20 de diciembre de 2002, expuse las consideraciones que estimo se pueden permitir en cuanto a la devolución de los objetos de investigación, y así expresa que:
“…el vehículo objeto de esta solicitud, es la cosa mueble sobre la cual recae una acción delictiva, es decir el objeto material del delito; por tanto el procedimiento para su entrega esta previsto en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 311. En primer orden corresponde al Fiscal del Ministerio Público ordenar su entrega si no lo considera imprescindible para la investigación; y solo en caso de retraso injustificado del Fiscal es que interviene el Juez de Control. Por manera, pues que si el Fiscal del Ministerio Público niega la entrega y responde en el tiempo oportuno, el Juez de Control en este caso no debe intervenir.
Diferente es el caso si el vehículo es producto de robo, hurto o estafa los cuales se entregaran al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición de tal (artículo 312 ejusdem parte in fine).
Si en este caso es decir vehículos recuperados por hurto o robo, se presenta dualidad de peticionantes lo aplicable es el artículo 10 de la ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos que prevé la realización de una audiencia ante el Juez de Control donde se decidirá a quien se le entrega.
Se pregunta que ¿Pasa cuando el vehículo se recupera por un delito que no sea hurto, robo o estafa y no se haya solicitado por ninguna autoridad?
En este caso las personas que se consideren propietarios de las cosas recogidos o incautados deben acudir al Fiscal del Ministerio Público para solicitar su devolución, siendo potestad única de este funcionario la devolución de los mismos de acuerdo al artículo 311 ibidem.
Si en este caso existe dualidad de peticionantes, que afirmen ser propietarios del bien recogido o incautado deben acudir al Juez de Control para plantear la cuestión incidental y su tramitación debe hacerse según las reglas del Código del Procedimiento Civil según lo prevé el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal.
En el presente caso el vehículo reclamado fue incautado por presentar seriales adulterados, considerando el Fiscal del Ministerio Público que esta involucrado en un delito contra la conservación de los intereses públicos y privados. De esto se deduce claramente que no es una cosa proveniente de un hurto, robo o estafa; sino de otro delito autónomo previsto en el Código Penal y la ley de Hurto y Robo de vehículos.
Que dicha investigación sobre este delito la tramita la Fiscalía Tercera del Ministerio Público a quien correspondería en primer orden decidir sobre su devolución; que dicho Fiscal del Ministerio Público negó a ambas peticionantes la entrega del Vehículo por presentar seriales adulterados y existir dualidad de peticionantes. (Según copia decisión que riela al folio 4 de la audiencia).
No es cierto, como lo afirma el Fiscal del Ministerio Público en su escrito que ante esta negativa los solicitantes pueden acudir al Juez de Control, esto por cuanto el Juez de Control solo interviene en caso de retraso injustificado del Fiscal del Ministerio Público; si éste lo niega los solicitantes simplemente deben esperar a que se termine la investigación o presentar una cuestión incidental ante el Juez de Control según el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal.
El tribunal del Control 5 y el Tribunal de Control 1 recibieron sendas solicitudes,… emanados de diferentes peticionantes y los dos le dieron curso aplicando cada uno el procedimiento que en ese momento consideraron aplicable.
Observa esta Corte de Apelaciones que el Tribunal de Control N° 1 recibió primero la solicitud de Yonny Romero Velásquez el día 21-08-2002 y el Tribunal de Control N° 5 el día 22 agosto de 2002 la de Rafael Ramón Guerra. De acuerdo al Principio de prevención es el Tribunal que recibió primero la solicitud quien debe seguir conociendo por ser este el primer acto de procedimiento (Artículo 72 del Código Orgánico Procesal Penal). Esto para evitar decisiones contradictorias.-
Por otra lado, en virtud de observarse que el procedimiento aplicado por el Tribunal de Control N° 5 que ordeno la entrega del vehículo no se apega a lo ya antes explicado en esta decisión y que la misma viola normas de procedimiento que son de orden público, y lo atenta contra el principio del debido proceso que debe regir para todos las actuaciones, según lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; se declara la nulidad absoluta de todo lo actuado en dicho asunto dejando únicamente como valido la solicitud de entrega realizada por el ciudadano Jhonny Guerra, la cual debe acumularse al expediente UPO1-S-2002-000371 que lleva el Tribunal de Control N° 1, quien debe tramitar el caso según el procedimiento aquí explicado…”
Se observa entonces que, en el presente caso el Juez actuó apegado a derecho por cuanto el vehículo fue retenido en virtud de la comisión de un delito, como lo es la adulteración de los seriales, por tanto, es ala Fiscalía a quien corresponde la entrega del mismo, no pudiendo el Juez de Control intervenir, a menos que no exista oportuna respuesta del Fiscal del Ministerio Público, todo de conformidad al artículo 311 del Código Orgánico Procesal Pena.
Ordenar cualquier otra cosa sería invadir el campo de la investigación y de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público, quien debe tomar todas las previsiones para concluir la misma y determinar un acto conclusivo dentro de un plazo razonable.
En virtud de lo expuesto, ha debido confirmarse la decisión apelada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, en San Felipe a los Trece ( 13 ) días del mes de Julio del año dos mil seis (2006). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
Las Jueces de la Corte de Apelaciones
Abg. Elsy Leonor Cañizales Lomelli
Juez Presidente
Ponente
Abg. Gladys Torres Abg. Esmeralda Ramböck
Juez Superior Juez Superior
La Secretaria
Abg. Olga Ocanto
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