REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY CORTE DE APELACIONES San Felipe, 19 de Octubre de 2006 195º y 147º ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2005-002271 ASUNTO : UP01-R-2006-000125 MOTIVO: CONFLICTO DE NO CONOCER. IMPUTADO: JOSÉ MANUEL MONTILLA VICTIMA: YANETH TIBISAY ESCALONA AGUIAR PONENTE: ABOGADA ESMERALDA RAMBÖCK CONTRERAS. Corresponde a ésta Corte de Apelaciones conocer y decidir acerca del conflicto de no conocer planteado por la Abogada Maria Ines Pérez Guntiñas, de conformidad a lo establecido en el articulo 79 del Código Orgánico Procesal Penal, Jueza a cargo del Tribunal de Juicio N° 1 de éste Circuito Judicial Penal, en el presente Asunto signado UP01-P-2005-002271, seguido en contra del imputado José Manuel Montilla. En fecha nueve (09) de octubre de 2006 se le da entrada al presente Asunto en la Corte de Apelaciones bajo la nomenclatura UP01-R-2006-000125. En fecha diez (10) de octubre de 2006 se constituye la Corte de Apelaciones con las Jueces Superiores Gladys Torres, Elsy Cañizales y Esmeralda Ramböck, designándose como ponente según el orden de distribución de asuntos del programa Juris 2000 a quien aquí suscribe. En fecha dieciséis (16) de octubre de 2006, la Jueza Ponente consigna el respectivo proyecto de sentencia. Revisadas las actuaciones que conforman el presente Asunto se aprecia que la averiguación penal se inicia en fecha veintidós (22) de junio de 2005 por ante la Fiscalia Décimo Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en la cual se ordenó el inicio de la investigación por conocimiento de la presunta comisión de hecho punible de acción pública consistente en uno de los delitos de violencia contra la mujer y la familia. En fecha veintidós (22) de junio de 2005, la Fiscal Décimo Tercera del Ministerio Público, Abogada Gloria Elena Coronel, imputa al ciudadano José Manuel Montilla, por el delito de violencia física. En fecha primero (01) de noviembre de 2006, la Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, presenta formal acusación en contra del acusado de autos, por el delito de violencia física, previsto y sancionado en el articulo 5 en concordancia con el articulo 17 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, cometido en perjuicio de la ciudadana Yaneth Tibisay Escalona Aguiar, dicha acusación es presentada por ante el Juzgado Primero de Control de éste Circuito Judicial Penal. En fecha dieciocho (18) de septiembre de 2006, la Jueza Primera de Juicio, mediante auto fundado señala que, cuando una vez fijada la conciliación no haya sido posible lograrla o cuando exista reincidencia, es el Ministerio Público quién deberá solicitar al Juez de Control la aplicación del procedimiento abreviado, pero no porque sea posible continuar el proceso por la vía del procedimiento ordinario, sino porque de ésta manera se van a garantizar los derechos fundamentales de las partes. Además de ello, el Ministerio Publico deberá indicar los elementos de convicción que considerar necesarios y pertinentes para poder plantear el juicio oral y publico, y así mismo, indicara la responsabilidad del imputado, siendo acá en donde el Juez de Control verificara si están dadas todas las condiciones para determinar la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado, determinando la posibilidad de enjuiciamiento del encausado por el procedimiento abreviado, por lo que plantea el Tribunal de Juicio de conformidad a lo establecido en el articulo 79 del Código Orgánico Procesal Penal conflicto de no conocer, a fin de que sea el Tribunal colegiado el que decida lo planteado. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Para resolver ésta Corte de Apelaciones hace los siguientes señalamientos: Siendo que se trata de un planteamiento de conflicto de no conocer por parte de jueces de primera instancia en lo penal pero de diferentes fases del proceso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal, en su primer aparte señala: “…En la misma oportunidad expondrá ante la instancia superior común, que debe resolver el conflicto, las razones de su incompetencia, y acompañara copia de lo conducente”. De lo anterior se deduce que ésta Alzada es competente para dirimir el conflicto de no conocer aquí planteado. Revisado como ha sido el presente Asunto, el artículo 36 en su sección 2° de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia establece el trámite a seguir en el juzgamiento de los tipos de delito consagrados en dicha ley, el cual señala: “el juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley , salvo el escrito en el articulo 18 de ésta Ley se seguirá, por los tramites del procedimiento abreviado previsto en el Titulo II, Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal.” Para la tramitación del procedimiento abreviado establecido en la norma adjetiva penal, en el artículo 372 se establece en qué casos procede la aplicación de éste procedimiento, el cual dispone: “El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en éste Título, en los caos siguientes: 1.- Cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al delito; 2.- Cuando se trate de delitos con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en su limite máximo; 3.- Cuando se trate de delitos que no ameriten pena privativa de libertad”. Respecto a los delitos menores, los cuales se encuentran tipificados en ésta Ley especial, el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “En el caso previsto en los ordinales 2 y 3 del articulo 372, dentro de los quince días siguientes al primer acto de procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar ante el Juez de control la aplicación del procedimiento abreviado. Si el juez decreta la aplicación del procedimiento abreviado, procederá conforme a lo previsto en el artículo anterior. El juicio se seguirá ante el tribunal unipersonal. Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, se seguirán las disposiciones del procedimiento ordinario”. Siguiendo el procedimiento establecido en la ley especial in comento, ésta regula una fase prejudicial, fundamentalmente conciliatoria, que sirve como mecanismo de entendimiento entre las partes, en la que llegan a un acuerdo, el cual implica un resarcimiento de los daños sufridos por la victima, bien sean psíquicos, materiales o físicos poniendo termino al procedimiento. Pero no hay en ésta ley, una fase de investigación penal en la que se lleven a cabo las diligencias necesarias y se califiquen los hechos que supuestamente implicaron la comisión de alguno de los delitos que tipifica la ley. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 09 de mayo de 2006, N° 972, señala: “En ausencia de esa regulación, considera la Sala – tal como lo alegaron las partes intervinientes en este proceso – que la adaptación del procedimiento de denuncia que establece la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia respecto de la normas constitucional, exige la aplicación concatenada de las normas de aquella con los preceptos del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente sus artículos 283 y siguientes, y en esa medida, una vez que los órganos a que se refiere el artículo 32 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia reciban una denuncia que se funde en las conductas que tipifica esa Ley especial, deberán actuar – salvo, evidentemente, para el caso en que el receptor de la denuncia sea el propio Ministerio Público- de conformidad con el articulo 284 del Código Orgánico Procesal Penal y, en consecuencia, deberán comunicarla al Ministerio Público dentro de las doce (12) horas siguientes “y solo practicaran las diligencias necesarias y urgentes”, diligencias que según dispone la misma norma “estarán dirigidas a identificar y ubicar los autores y demás participes del hecho punible, y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”, lo que incluye, según se verá, el acordamiento de medidas cautelares.” Por lo que será el Ministerio Público el que realice la investigación penal de conformidad a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual presentará el acto conclusivo que considere pertinente al momento de tratar estos tipos de delito, pudiendo determinar si procede la desestimación de denuncia, archivo fiscal de la denuncia, sobreseimiento o acusación, y en éste último caso, cuando estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado. Así las cosas, una vez que el Ministerio Público haya recibido la denuncia por la comisión de uno de los delitos establecidos en la ley in comento, o en los casos cuando sea otro órgano el receptor de la denuncia, de los contenidos en el articulo 32 de la ley especial, el que comunique de la denuncia al Ministerio Público a los fines de que éste inicie la investigación penal, debe cumplirse previamente con ésta gestión conciliatoria, para luego el Ministerio Público poder dirigirse por ante el Juez de Control con la finalidad de solicitar el procedimiento abreviado, una vez que en su solicitud narre los hechos ocurridos, mencione la calificación jurídica de los mimos, con la finalidad de que el Juez de control determine si efectivamente se cometió alguno de los delitos contemplados en la ley especial, o si por el contrario, de los tipificados en el Código Penal, para así el Juez de control poder verificar si resulta procedente o no la aplicación del procedimiento abreviado y, consecuencialmente el enjuiciamiento del imputado, tal como lo prevé el articulo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Como consecuencia de la afirmaciones anteriores, esta Corte de Apelaciones considera que el Juez de Primera Instancia en lo penal en funciones de Control, es el órgano jurisdiccional que debe conocer el presente Asunto, para establecer si es procedente o no la aplicación del procedimiento abreviado. DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, DECLARA COMPETENTE para conocer del presente Asunto signado UP01-P-2005-002271, seguido en contra del imputado José Manuel Montilla, por la comisión del delito de Violencia física, previsto y sancionado en el articulo 17 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, en perjuicio de la ciudadana Yaneth Tibisay Escalona Aguiar, al Juzgado de Control N° 1 de éste Circuito Judicial Penal, quien deberá pronunciarse acerca de la aplicación del procedimiento abreviado en el presente Asunto. Notifíquese a las partes y remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal declarado competente para conocer. Así mismo, remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Primero de Juicio de éste Circuito Judicial Penal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencia de la Corte de Apelaciones, en San Felipe a los diecinueve (19) días del Mes de octubre del Año Dos Mil Seis (2006). Años: 195° de la Independencia y 147° de la Federación. Las Jueces de la Corte de Apelaciones Abg. Elsy Leonor Cañizales Lomelli Jueza Presidente Abg. Gladys Torres Abg. Esmeralda Ramböck Contreras Jueza Superior Jueza Superior (Ponente) Abg. Olga Ocanto Pérez Secretaria Er/er.