REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales
de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.-
Ciudad Bolívar, 2 de abril de 2.008.-
198º y 149º
ASUNTO: FP02-U-2004-000021 SENTENCIA Nº PJ0662008000014
Con motivo del Recurso Contencioso Tributario remitido a este Juzgado, mediante oficio Nº GRTI/RG/DJT/2004/433 de fecha 23 de enero de 2004, por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana, interpuesto ante ése mismo órgano de forma subsidiaria al Recurso Jerárquico, por la ciudadana YOLANDA HURTADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.598.952, actuando en su propio nombre, domiciliada en la Calle Constitución, Lateral Plaza Bolívar, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, asistida por el Abogado Hernán A. Espinoza, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.635, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nº GJT-DRAJ-A-2002 de fecha 27 de marzo de 2.002 y Nº GR-RG-DSA-14 de fecha 08 de agosto de 1.995, emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
En fecha 28 de enero de 2.004, este Tribunal le dio entrada al presente recurso, asignándole la nomenclatura identificada en el epígrafe de la referencia, ordenándose a tal efecto, las correspondiente notificaciones a los ciudadanos Procuradora, Contralor, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, así como, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Región Guayana y a la contribuyente YOLANDA HURTADO, de conformidad con los artículos 267 y siguientes del Código Orgánico Tributario (v. folio 40).
En fecha 30 de enero de 2.004, este Tribunal ordenó librar la comisión dirigida al Juzgado Distribuidor de Municipios de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los efectos de las notificaciones correspondientes a los ciudadanos Contralor, Fiscal y Procuradora General de la República. Asimismo libro notificación a la Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana y a la Contribuyente. (v. folios 41 al 48).
En fecha 11 de febrero de 2.004, el Alguacil de este Tribunal, dejó constancia de notificación practicada a la Gerencia Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Región Guayana (v. folios 49, 50).
En fecha 16 de febrero de 2.004, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia del envío de la comisión dirigida al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolita de Caracas (v. folios 51 al 58).
En fecha 27 de febrero de 2.004, este Tribunal salvó foliatura que corre inserta del folio 49 al 58 del presente asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil (v. folio 59).
En fecha 17 de marzo de 2.004, el Alguacil de este Tribunal, dejó constancia de notificación practicada a la Contribuyente YOLANDA HURTADO, la cual no fue debidamente practicada. (v. folios 60).
En fecha 23 de marzo de 2.004, el Alguacil de este Tribunal, dejó constancia de notificación debidamente practicada a la contribuyente YOLANDA HURTADO. (v. folios 61, 62).
En fecha 05 de octubre de 2.004, la ciudadana Yolanda Hurtado, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.598.952, actuando en su propio nombre, debidamente asistida por el Abogado Hernán A. Espinoza, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.635, solicitó mediante diligencia se comisione u oficie nuevamente lo relacionado con las notificaciones del Fiscal, Contralor y Procurador General de la República (v. folios 63, 64).
En fecha 06 de octubre de 2.004, este Tribunal acordó lo solicitado por la recurrente, y ordena a tal efecto, oficiar al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que remita las resultas de la comisión remitida mediante oficio N° 336 de fecha 30 de enero de 2.004 (v. folio 65).
En la misma fecha, este Tribunal libró oficio N° 1000, dirigido al Juzgado Distribuidor de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (v. folio 66).
En fecha 21 de octubre de 2.004, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia del envío del oficio N° 1000, dirigido al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolita de Caracas (v. folios 67, 68).
En fecha 04 de octubre de 2.005, la ciudadana Yolanda Hurtado, supra identificada, solicitó nuevamente se comisione todo lo relacionado con las notificaciones de los Ciudadanos Fiscal, Contralor y Procurador General de la República (v. folios 69, 70).
En fecha 30 de noviembre de 2.005, el Abogado Javier Sánchez Aullón, en su carácter de Juez Superior Temporal, se abocó al conocimiento y decisión de la presente causa (v. folio 71).
En la misma fecha, este Tribunal ordenó dejar sin efecto la comisión librada mediante oficio N° 336 de fecha 30 de enero de 2.004, a los efectos de comisionar nuevamente al Juzgado Distribuidor, a los fines de que practique debidamente las notificaciones de los ciudadanos arriba señalados (v. folio 72).
En fecha 01 de diciembre de 2.005, este Tribunal libró nueva comisión al Juzgado Distribuidor del Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de las notificaciones de los Ciudadanos Fiscal, Contralor y Procuradora General de la República (v. folios 73 al 78).
En fecha 06 de diciembre de 2.006, la ciudadana Yolanda Hurtado, identifica en autos, debidamente asistida por el Abogado Hernán A. Espinoza, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.635, solicitó mediante diligencia se oficie al Juzgado del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de que informe sobre las resultas de las notificaciones antes señaladas (v. folios 79, 80).
En fecha 12 de marzo de 2.008, el Abogado José Navas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.895.921, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 120.667, actuando en su carácter de Abogado sustituto de la Ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), acompañó al instrumento-poder que lo acredita para actuar en autos, diligencia mediante la cual solicita la Perención de la instancia (v. folios 81 al 87).
En fecha 17 de marzo de 2.008, este Tribunal se abstuvo de acordar lo peticionado por el Aboga José Navas, antes identificado, hasta tanto sea consignado en el presente asunto el original o la copia certificada del instrumento-poder producido en autos (v. folio 88).
En fecha 25 de marzo de 2.008, el Abogado José Navas, arriba identificado, actuando en su carácter de representante judicial del Fisco Nacional consignó copia certificada del instrumento poder que lo acredita para actuar, a los fines de insistir en la declaratoria de perención de la instancia (v. folios 89 al 95).
De seguida, descritas como han sido las actuaciones procedimentales existentes en la presente causa, este Tribunal observa:
La Administración Tributaria sostiene que:
“…es de notar que la contribuyente Yolanda Hurtado, interpuso Recurso Contencioso Tributario Subsidiario a Jerárquico, por ante este Juzgado en fecha 26/01/2004, en fecha 30/01/2004 se consignó en autos notificación practicada a la contribuyente, en fecha 11/02/2004 se consignó en autos notificación practicada al SENIAT; en fecha 05/10/2004 la contribuyente asistida por el Abogado Hernán Espinoza, introdujo diligencia por ante la URDD, solicitando se comisionara de nuevo lo relacionado con la notificación del Fiscal, Contralor y Procuradora; en fecha 04/10/2005 la contribuyente volvió a diligenciar solicitando se comisionara de nuevo a los efectos de notificar al Fiscal, Procuradora y contralor. La última diligencia efectuada en el expediente fue en fecha 06/12/2006, diligenciando el apoderado judicial de la contribuyente solicitando resultas de las notificaciones que se ordenaron al Juzgado Distribuidor del Área Metropolitana de Caracas, no obstante hasta la presente fecha ha trascurrido 1 año, 3 meses y 6 días sin impulso procesal, lo cual denota la falta de intereses de la contribuyente por el proceso,…” (Cursivas de este Tribunal).
En efecto, se desprende del caso de marras y como bien lo asevera la República, que desde el día 06 de diciembre de 2.006, fecha en la cual la ciudadana Yolanda Hurtado, suficientemente identificada, solicitó se oficiase al Juzgado del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de que informe sobre las resultas de las notificaciones pendientes (v. folios 79, 80), hasta la fecha de la presente actuación, no consta en autos otra actuación de las partes para impulsar el proceso, situación que conlleva a que este Sentenciador a que proceda a verificar, si se materializó o no los supuestos legales de procedencia de perención de instancia.
La doctrina nacional ha sido conteste al percibir que dentro del desarrollo de los procesos instaurados ante los órganos de justicia de la República Bolivariana de Venezuela, puede ocurrir que éstos finalicen en forma abrupta o anormal, a causa de la falta de interés de las partes; supuesto necesario para la declaratoria de perención de la instancia, o dicho en otras palabras, la extinción del proceso proveniente de la paralización del procedimiento durante el transcurso de un año.
Con ello es subsumible entender, que la perención viene a ser el correlativo legal derivado de la ausencia total de una debida y oportuna actividad procesal configurada en la detención prolongada del procedimiento. Es decir, la paralización indeterminada de un procedimiento contiene forzosamente el germen de la extinción de la instancia, que puede o no llegar a producirse según se den las condiciones legales que la determinan.
Bajo esta naturaleza jurídica, se debe observar que dentro del contexto de lo que constituye el instituto de la Perención, se presentan dos matices necesarios para su nacimiento, por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, al observar que dentro del iter procesal ocurre una total ausencia de todo acto de impulso; y por otra parte y de manera consiguiente, el referido a, el interés publico, que persigue evitar la pendencia indefinida de los procesos a los efectos de ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios, tal como lo afirma el autor CHIOVENDA, al afirmar que: “después de un periodo de inactividad procesal prolongado, el Estado tiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal”
De la reticencia doctrinaria, se interpreta la perención como un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que pretende garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural, que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de interés (uti singulis) y cumple adicionalmente la función publica de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
Sin duda, que el interés procesal de las partes está llamado a operar como estimulo permanente del proceso. Donde, si bien es cierto, que la demanda propicia la función jurisdiccional en el proceso, no es menos cierto, que no se puede tolerar la libertad desmedida al prolongarlo ilimitadamente o reducir a la dinámica del juicio a un punto muerto. La función publica del proceso exige que éste. Una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta fin natural, que es la sentencia.
De manera feudataria al presente cauce procesal, esta instancia cita literalmente el contenido del artículo 265 del Código Orgánico Tributario, que estatuye:
“La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”
Supletoriamente al citado dispositivo se halla en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, que por disposición del artículo 332 del Código Orgánico Tributario es permisible ser utilizado en el caso de marras, que reza:
“… La Perención se verifica de pleno derecho y no es renunciable por las partes, puede declararse de Oficio por el Tribunal…”
En este sentido, se percibe que la voluntad del legislador, es determinar una serie de supuestos legales de procedencia, para que se configure la Perención, como modo de extinción del proceso.
Esta premisa se ha unificado y materializado como norma procesal, tanto en el Código Orgánico Tributario (articulo 265) como en el Código de Procedimiento Civil (articulo 267), ambos afines con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, actualmente artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, puestos que ambos regulan el Instituto de la Perención de igual manera.
Por consiguiente, es necesario reconocer que en la actualidad el Contencioso Tributario no es más que un Contencioso Administrativo especial, mediante el cual éste constituye el género del cual aquél es especie, provocando que las disposiciones en materia procedimental sean análogas, tal como lo prevé la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, como el Código de Procedimiento Civil, conforme lo previsto en el artículo 4º del Código Civil.
De hecho, lo han señalado los Tribunales Superiores en lo Civil y Mercantil, en especial referencia el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, mediante sentencia de fecha treinta (30) de Enero de 1.989, Caso: Banco Italo Venezolano, C.A.:
"...los fundamentos del instituto de la perención, se encuentran en el hecho objetivo de la inactividad probada y en el abandono tácito de la instancia por parte del litigante interesado en el proceso. El Estado debe relevar a sus propios órganos jurisdiccionales de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación jurídico procesal, cuando transcurra un período determinado de inactividad procesal, puesto que el Estado tiene interés en hacer cesar las incertidumbres y agitaciones que se derivan de los procesos y evitar que éstos se hagan excesivamente largos"(Negrillas y cursivas de éste Tribunal).
A titulo ilustrativo, se puede citar que en el Código de Procedimiento Civil de 1.916, existe una sola clase de Perención, la cual surgía del transcurso de tres (3) años sin haberse ejecutado ningún acto procesal. Posteriormente, reformado en el nuevo Código de Procedimiento Civil, se determina un (1) año como plazo correspondiente a la inactividad procesal, al lado de esa Perención tradicional, ahora llamada ordinaria, estableció nuevas causas de extinción que se denominan Perenciones Especiales, y además consagró la Perención como Institución de Orden Público, dándole al Juez la posibilidad de declararla de oficio y no permitiendo a los interesados renunciar a ella.
En este sentido, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, Especial Tributaria, respecto a la Perención, determinó lo siguiente:
"La controversia en alzada queda limitada a decidir si la recepción del expediente contentivo del recurso contencioso fiscal interpuesto por el contribuyente el 26/04/74, y la numeración de dicho expediente (136-207-6) hecha por el Tribunal Superior SEGUNDO de Hacienda el 26/11/74, como consta en autos al folio 193 de este expediente, es suficiente para considerar que se inició el procedimiento contencioso tributario, como sostiene la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, que es la apelante en este proceso; o si por el contrario tal proceso no se inicia a los fines de la perención sino desde el momento en que el Juez de la causa ordena la notificación de las partes, es decir pone éstas a derecho, como lo sostiene la recurrida".
"Para decidir, la Sala considera sentencia anterior de la Sala Político-Administrativa (Compañía Shell de Venezuela, NV, de fecha 14/02/85), que define cuando una determinada actuación en el Expediente, proveniente de las partes o del Juez, constituye o no "un acto de procedimiento" y como tal susceptible de "iniciar" o de "interrumpir" el lapso de perención específicamente considerado. Dice al efecto esta jurisprudencia".
"La doctrina y la jurisprudencia le han dado un sentido y alcance exacto, preciso: (al término "acto de procedimiento"), acto de esa naturaleza es aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, sea efectuada por las partes o por el Tribunal, y si emana de los interesados para que tenga la característica de tal, debe revelar su propósito de impulsarla, de activarla, por manera que no todo lo que conste o aparezca en el expediente debe tenerse siempre por acto de procedimiento capaz de detener el curso de la perención o aún cuando el pronunciamiento anterior se hizo a propósito de una actuación procesal interruptiva del lapso de perención; sin embargo la hallamos aplicable al caso de autos, que se refiere más bien al inicio de dicho lapso, pero el cual también corre a partir de un "acto de procedimiento" y como tal de un acto que sirva para "iniciar" la causa, como lo dice la citada sentencia. Y ni más ni menos esto es lo que ocurre en el caso de autos cuando el Tribunal Superior SEGUNDO de Hacienda, el 26/11/74, registra y numera (136-207-2-6) este expediente; actuación ésta del Tribunal que necesariamente debe preceder a cualquier otro acto de notificación o de admisión, a que luego hubiese lugar. Y es a partir de ese acto de procedimiento del 26/11/74 que se inicia el lapso de perención; ya que a partir de entonces tanto el Juez como las partes demostraron una absoluta inactividad para impulsar el proceso contencioso tributario que se había iniciado por el reparo de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA; y de allí que desde entonces no hubo actuación procesal alguna hasta once (11) años después, esto es el 15 de Julio de 1.985".
"De modo que conforme a esta jurisprudencia, la Sala debe revocar la sentencia interlocutoria recurrida y declarar que en el caso de autos la perención de la instancia se consumó, en los tres (3) años transcurridos entre el día 26/11/74, cuando el Tribunal Superior de Hacienda le dio entrada al recurso contencioso-fiscal que originó la instancia y numeró el expediente con el Nº 136-207-2-6 y el día 26/11/77, cuando todavía mantenía el expediente en su poder, sin que el Tribunal hiciera notificación alguna de la causa a las partes de este proceso: contribuyente y Fisco Nacional; y sin que ninguna de éstas solicitara su continuación: la primera, para hacer valer sus defensas contra el tributo; y el segundo para poder desvirtuar aquellas defensas y hacer efectivo su cobro".
"En favor de esta interpretación que hace la Sala, de que la simple recepción del recurso contencioso por los Tribunales Tributarios, es acto de procedimiento suficiente para iniciar el cómputo del lapso de perención, está la circunstancia de que la simple interposición del recurso produce el "efecto de suspender la ejecución del acto recurrido y con ello del crédito fiscal", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Orgánico Tributario. De modo que la sola recepción del recurso por el tribunal es más importante de lo que pudiera creerse a primera vista". (Sentencia de fecha 17/04/91. Caso: Creole Petroleum Corporation. Consultada en Jurisprudencia Tributaria 1.991, Imprenta de la Corte Suprema de Justicia, Distribución Fundación Gaceta Forense, Noviembre 1.994; págs. 182 y 183).
A la par de lo antes descrito, el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 00126 de fecha dieciocho (18) de Febrero de 2.004 (publicada el 19-02-2.004), que se transcribe de seguida:
“Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado (artículo 267 del Código de Procedimiento Civil), el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.
Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in comento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil).” (Paréntesis y cursivas del Tribunal).
Bajo estas perspectivas, surgen las sentencias Nos. 00126, 1.414 y 229 de fechas 18 de febrero de 2.004 (publicada el 19-02-2.004), 4 de diciembre de 2.002 y, 7 de febrero de 2.002, casos: SUPER OCTANOS, C.A. (la primera), y SUPERMETANOL, C.A. (las dos últimas), emanadas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos contenidos son aplicables al caso subjudice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. En virtud, que desde el día 06 de diciembre de 2.006, no consta en autos actuación alguna de las partes para impulsar el proceso, han transcurrido el plazo de (1) año tres (3) mes y veintiséis (26) días continuos conforme a la normativa antes aludida, para que se extinga el proceso y se verifique la Perención, sin que las partes hubiesen impulsado el proceso, provocando indefectiblemente la firmeza los actos administrativos impugnados, y Así se declara.
Visto de esta manera, se observa que dentro de la presente causa, dentro del periodo antes señalado, no existe actuación alguna dirigida a movilizar o reanudar la marcha del procedimiento, demostrando así, que ninguno de los interesados estuvo movido por el deseo de impulsar o activar el proceso hacia su lógica culminación, vale decir, la sentencia definitiva. Así se declara.-
Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara consumada la PERENCIÓN y extinguida en consecuencia la Instancia en esta causa.
Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR TEMPORAL
ABG. JAVIER SÁNCHEZ AULLÓN EL SECRETARIO
ABG. HECTOR D. ANDARCIA R.
En el día de hoy, dos (2) del mes de abril del año dos mil ocho (2008), siendo las tres y once minutos de la tarde (03:11 p.m.), se publicó la sentencia Nº PJ0662008000014
EL SECRETARIO
ABG. HECTOR D. ANDARCIA R.
JSA/Hdar/gcfm
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