TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy
San Felipe, 2 de Julio de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2006-000152
ASUNTO : UP01-P-2006-000152

Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento judicial conforme a sus facultades decisorias y deber de velar por el cumplimiento de la medida de coerción personal de presentación impuestas al ciudadano SABRA KHALIL SUFIAN, Venezolano, mayor de edad, natural de Urdaneta, estado Lara, nacido en fecha 23-09-1978, de 29 años de edad, residenciado en la Avenida Los Leones, Edificio Arco Iris Piso 4, apartamento 4-B, Barquisimeto, estado Lara y se identifica con cédula V-13.265.109.

Conforme a lo establecido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal y a los efectos de motivar y fundamentar la presente determinación judicial observa y considera:
I
ANTECEDENTES
En fecha 20 de enero de 2006, el imputado de autos es detenido por funcionarios adscritos al Destacamento N° 45, Guardia Nacional, San Felipe, estado Yaracuy y puesto a la orden del Ministerio Público, el cual a su vez lo colocó a la orden de los Tribunales conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 21 de enero de 2006, se celebró audiencia para oír al imputado y luego de escuchar los argumentos de las partes el Tribunal le impuso la medida cautelar sustitutiva de libertad de presentación periódica cada 15 días ante la sede del Circuito, imponiéndolo de esta obligación conforme al artículo 260 del Código Orgánico Procesal Penal.
En esa misma fecha y corriente a los folios 09 al 11 corre inserta la decisión fundada del Tribunal de Control.
En fecha 15 de febrero de 2007, el Ministerio Público lo acusó por el delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto en el artículo 277 del Código Penal.
El 28 de febrero de 2007, se fijó mediante auto la fecha para la celebración de la audiencia preliminar siendo ella el 21 de marzo de 2007, la cual fue diferida por la incomparecencia del abogado privado.
En fecha 2 de abril de 2007, se vuelve a fijar audiencia preliminar para el día 25/06/2007.
Al folio 108 corre boleta de notificación dirigida al imputado convocándole a la audiencia preliminar la cual fue recibida por el vigilante de donde reside, siendo que en la mencionada fecha no se llevo a cabo en virtud de la incomparecencia nuevamente de los defensores privados.
Así mismo, se observa que en fecha 19 de junio de 2008, fue diferida la referida audiencia en virtud de la incomparecencia del imputado, no obstante observarse que se le dejo la boleta de citación con la conserje, siendo que tales notificación se han realizado a la dirección que el mismo suministró en el audiencia oral de presentación y prueba de ello es que en las primeras oportunidades fue debidamente notificado, en la dirección aportada por él, no siendo posible las ultimas debido a que la residencia se encuentra cerrada.
II
DEL INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA.
En el día de hoy, se pudo verificar de la revisión de los libros de presentaciones llevados por el Tribunal que el imputado SABRA KHALIL SUFIAN, Venezolano, mayor de edad, natural de Urdaneta, estado Lara, nacido en fecha 23-09-1978, de 29 años de edad, residenciado en la Avenida Los Leones, Edificio Arco Iris Piso 4, apartamento 4-B, Barquisimeto, estado Lara y se identifica con cédula V-13.265.109, compareció ante la sede del Tribunal hasta el día 09 de octubre del año 2007, evidenciándose igualmente que las presentaciones con anterioridad a esa fecha las venia cumpliendo irregularmente, amén de que a él se le impuso de tal obligación conforme al artículo 260 eiusdem, y así se desprende del acta de audiencia para oír al imputado la cual firmó, de modo que, se evidencia que el imputado se sustrajo del proceso asumiendo una conducta reticente y contumaz que deja ver claro, a juicio del Tribunal, el peligro de fuga contenido en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, además de ser una abierta y grosera desobediencia a los deberes impuestos al Tribunal y en consecuencia al artículo 262 eiusdem, que establece las causales que dan lugar a la revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas de libertad, entre las cuales está:

Revocatoria por incumplimiento. La medida cautelar acordada al imputado será revocada por el juez de control, de oficio o previa solicitud del Ministerio Público, o de la victima que se haya constituido en querellante, en los siguientes casos:
1.- Cuando el imputado apareciere fuera del lugar donde debe permanecer;
2.- Cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite;
3.- Cuando incumpla sin motivo justificado una cualquiera de las presentaciones a que está obligado. (negrillas del Tribunal).
Parágrafo Primero: Cuando se determine que al imputado, al tiempo de serle concedida una medida cautelar sustitutiva, le hubiese sido acordada otra con anterioridad, el juez apreciará las circunstancias del caso y decidirá al respecto.
Parágrafo Segundo: La revocatoria de la medida cautelar sustitutiva, cuando el imputado no pueda ser aprehendido, dará lugar a la ejecución de la caución que se hubiere constituido.
De la norma adjetiva transcrita se desprende con claridad meridiana las causas o motivos que dan lugar a la revocatoria de una medida cautelar restrictiva de libertad cuya declaratoria procede de oficio en virtud que el órgano jurisdiccional debe ser garante, vigilante y controlador de que se cumpla su mandato judicial de modo tal que el imputado o acusado no se sustraiga del proceso y de lugar con su conducta contumaz o reticente a que la justicia se torne irrealizable, de tal suerte que, en el caso que ocupa a este decisor es evidente que nos encontramos ante un abierto y grosero incumplimiento de una orden judicial, en consecuencia, queda en evidencia su escasa o nula voluntad de someterse al proceso judicial lo que determina en criterio de esta instancia judicial una alta probabilidad de fuga.
Sobre este aspecto el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera que “…es potestad exclusiva del juez determinar cuando existe la presunción razonable del peligro de fuga…se trata de una apreciación discrecional que dependerá en todo caso de la ponderación de las circunstancias del caso concreto en los autos…” (Ponencia Dr. Antonio García García. Exp. 01-0380, sentencia de fecha 15 de mayo de 2001).
Por otra parte, y, en relación al incumplimiento por parte del imputado de las obligaciones impuestas por el Tribunal ha señalado lo siguiente: “…dentro de las facultades y deberes que tiene el Ministerio Público en el proceso penal no se encuentra la facultad o la obligación de dicho ente de realizar investigaciones o de ordenar a la policía de investigación penal realice investigaciones sobre el paradero de algún acusado, quien gozando de una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, no cumpla con su obligación, ya que, el deber de investigar del Ministerio Público está relacionado con la comisión de un hecho punible y con la identidad de sus autores y partícipes, y no con la persecución de un acusado que no se presente en la audiencia del juicio oral. Dicha obligación le corresponde al juez quien debe hacer cumplir sus decisiones y es el que tiene la facultad de revocar las medidas cautelares acordadas cuando exista incumplimiento del imputado (artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal)…” (Sentencia del 2 de noviembre de 2005, expediente 04-3093. Ponente: Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero).

Igualmente el parágrafo segundo del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, y respecto a los motivos que el legislador ha contemplado como presunción legal para determinar el peligro de fuga y que igualmente da lugar a la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva de libertad, no enseña lo siguiente.
“Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado” (negrillas y subrayado del Tribunal)

Así las cosas, lo procedente y ajustado a derecho es REVOCAR la medida de medida cautelar sustitutiva impuesta al ciudadano SABRA KHALIL SUFIAN, y en consecuencia ordenar su inmediata captura y con el respeto de sus garantías Constitucionales, sea conducido a este Juzgado de Control inmediatamente, previa notificación, tanto al Tribunal como al ciudadano Fiscal Tercero, o a la Representación Fiscal de Guardia en caso de ocurrirse la aprehensión en un día no laborable, para que en presencia de las partes, se resuelva sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por una menos gravosa, quedando suspendido el presente proceso judicial hasta tanto se logre su aprehensión, todo conforme a los artículos 262, ordinal 3º y 251 parágrafo segundo del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

III
DISPOSITIVA
En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Yaracuy, REVOCA, la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta al ciudadano SABRA KHALIL SUFIAN, Venezolano, mayor de edad, natural de Urdaneta, estado Lara, nacido en fecha 23-09-1978, de 29 años de edad, residenciado en la Avenida Los Leones, Edificio Arco Iris Piso 4, apartamento 4-B, Barquisimeto, estado Lara y se identifica con cédula V-13.265.109, ello conforme a los artículos 251, parágrafo segundo, 262, ordinales 2º y 3º del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia ordena su aprehensión.
Regístrese, diarícese, déjese copia de la presente decisión, anéxese a la causa penal, líbrese oficio a la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y a la Fuerza Armada Policial del estado Yaracuy, anexo al primero organismos original de la boleta de aprehensión por revocatoria de medida cautelar y al segundo organismo copia certificada de ella.
ABG. ROMEL ANTONIO OVIOL RODRIGUEZ
EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL
LA SECRETARIA
ABG. MARIA DE LOS ANGELES GIMENEZ