Por cuanto la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 Enero de 2008 acordó designar a la ciudadana DAISY LUNAR CARRIÓN, como Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, y en virtud de haber sido juramentada por la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 25 de febrero de 2008, es por lo que, ME ABOCO al conocimiento de la causa signada con el Número FP11-L-2005-001757. Ahora bien, vistas las actas que conforman este expediente, este Tribunal observa lo siguiente: Por escrito libelar de fecha veintinueve (29) de noviembre del año 2005, los abogados en ejercicio NATHALY HERNANDEZ y GABRIEL MORENO, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 104.652 y 61.447, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales del ciudadano: OMAR ARMANDO SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.884.123, demandan formalmente a la empresa C.V.G. ALUMINIO DEL CARONI, S.A. (CVG ALCASA), solicitando que esa empresa cumpla con la obligación que tiene de “…pagar a sus jubilados y pensionados las deudas originadas por los malos cálculos respecto al reajuste de sus pensiones…”. Dicha demanda fue admitida por auto de fecha 16/01/2006, ordenándose la notificación de la parte demandada y de la Procuraduría General de la República, a los efectos que tuviera lugar la celebración de la audiencia preliminar entre las partes. Sin embargo, por escrito de fecha 20/01/2006, la representación judicial del demandante procede a reformar la demanda, la cual no fue admitida por este Tribunal y en fecha 26/01/06 consignan AD EFECTUM VIDENDI, poder especial de representación a los ciudadanos JOSE DE JESUS DIAZ, ANA KARINA HERNANDEZ Y FREDDLYN MORALES, cuya copia certificada riela en los folios 22 al 23 del expediente y en fecha 09/10/07 se ordena agregar a los autos el referido poder. Ahora bien, realizado el recuento de las actuaciones más importantes que sucedieron en este procedimiento, este Tribunal observa lo siguiente: La perención de la instancia, figura jurídica contenida en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia patrias, como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal, al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por el tiempo determinado en la Ley. Así el indicado artículo 201 de la Ley Adjetiva laboral, establece que: “Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.” (Negrilla de este Tribunal) En interpretación de la citada norma, ha señalado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (vid. Sentencias Nº 825 del 28/07/2005 y Nº 1184 del 12/07/2006), que la misma consagra dos (2) supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber: 1) cuando antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año; y 2) cuando después de vista la causa, es decir, encontrándose el proceso en etapa de sentencia, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año; supuestos que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación. También ha dicho la Sala en interpretación de la norma señalada, que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, pues es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; toda vez que el abandono del juicio por los sujetos procesales lleva a concluir que éstos, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio. De la misma manera, ha sostenido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que el lapso de perención previsto en el citado artículo 201, ejusdem, se inicia el día siguiente de aquél en que se realiza el último acto de procedimiento de las partes o del juez, dependiendo del caso, entendiéndose como un acto de procedimiento, aquel que propende al desarrollo del juicio, es decir, que demuestra la voluntad de activar el proceso hacia su finalidad lógica, con el fallo del tribunal que resuelva el conflicto u otro medio de terminación del proceso. Cabe mencionar también, que la perención de la instancia, tal como dispone el artículo 202, ibidem, opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal correspondiente. Aplicando los criterios antes mencionados al caso que nos ocupa, este Tribunal observa que la ultima actuación tendente a dar impulso a este proceso fue realizada en fecha 20/01/06 y desde esa fecha la demandante de autos, no ha realizado ninguna actuación tendente a dar el impulso procesal necesario que conlleve a una finalización lógica con la sentencia de mérito, púes la actuación de fecha 26/01/06 se refiere únicamente a una consignación de poder. Así las cosas, puede constatarse de las actas procesales que conforman este expediente, que desde la fecha supra señalada, esto es, 20/01/2006, exclusive, hasta la presente, ha transcurrido mas de un (01) año, sin que se hubiere realizado en el expediente dentro de dicho lapso, algún acto de procedimiento capaz de impulsar el proceso. En este orden de ideas, el procesalista Ricardo Henriquez La Roche, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal (2005, pág.357), señala lo siguiente: “(…) Para que se interrumpa la inactividad capaz de producir al año la perención, es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio;…omissis… No son actos de esa índole, según la doctrina de CHIOVENDA, los que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque puedan estar dirigidos a su fin…, vgr., petición de copias certificadas, otorgamiento de poder apud acta, solicitud del beneficio de justicia gratuita (…)”. (Negrillas del Juzgado) En consideración a todo lo antes expuesto, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio operó indefectiblemente la perención de la instancia, en virtud del transcurso del tiempo previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin que se hubiere realizado en el proceso algún acto capaz de impulsarlo hacía su culminación, es más, lo que se evidencia es un evidente abandono del proceso por parte del demandante, quien desde el 20/01/2006, no ha realizado ninguna actuación en el juicio, por lo que no le queda otra alternativa a este Juzgado que declarar LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente causa. ASI SE DECIDE. Por las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio por JUBILACION, incoado por el ciudadano OMAR ARMANDO SILVA, en contra de la empresa C.V.G. ALUMINIO DEL CARONI, S.A. (ALCASA); y en consecuencia EXTINGUIDO el proceso. Sin embargo, ello no obsta para que el demandante vuelva a proponer su demanda, una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La presenta decisión tiene como base los artículos 2, 19, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2, 4, 6, 11, 64, 66, 165, 177 y 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Decreto Con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación del Procurador General de la República del contenido de esta sentencia. Líbrese oficio. Notifíquese a las partes de la presente decisión. LÍBRENSE BOLETAS. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los veinticinco (25) días del mes de Julio de Dos Mil ocho (2008), años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. LA JUEZ, ABG. DAISY LUNAR CARRION LA SECRETARIA DE SALA, ABG. CARMEN GARCIA PUBLICADA EN EL DÍA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS TRES DE LA TARDE (3:00 PM).- LA SECRETARIA DE SALA, DDLC/ddlc.