REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz
Puerto Ordaz, veintinueve (29) de Julio de 2008
Años: 197º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : FP11-L-2008-001066
ASUNTO : FP11-L-2008-001066
Como complemento del auto de admisión de la demanda de fecha 04 de los corrientes, este Tribunal, en cuanto a la medida preventiva de embargo solicitada por la parte demandante en su escrito libelar de fecha 26/06/08, se pronuncia de la siguiente manera:
Solicitó la representación judicial de los demandantes de autos, de conformidad con el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se decrete y acuerde medida cautelar de embargo sobre bienes propiedad de la demandada y/o de su accionista principal, ciudadano WILFREDO AGUILAR GUEVAR; o sobre créditos que a favor de estos puedan existir en la empresa SIDERURGICA DEL ORINOCO, C.A. (SIDOR); o embargo de la fianza o garantía que debió la demandada otorgar a SIDOR, C.A. al inicio de la ejecución del servicio para el cual fue contratada, a los fines de garantizar la resulta del presente procedimiento.
Igualmente expone el co-apoderado judicial de la reclamante, que fundamenta la presente solicitud en el hecho cierto, de que existe presunción grave del derecho que se reclama, por cuanto su mandante desconoce el destino o suerte que correrán sus beneficios socio-económicos laborales; y –según sus dichos- es una realidad las maniobras antiobreras ejecutadas por la representación de la empresa ORIMALCA, por cuanto el Patrono hizo desaparecer la sede física de la compañía y la demandante ya no podrá trabajar mas en esa empresa.
Así como también, aduce la representación judicial de la demandante que existe la posibilidad de que se haga ilusoria la ejecución del fallo por cuanto –según sus dichos- “estamos en presencia de un patrono irresponsable, incumplidor de las obligaciones que le incumbe con sus trabajadores”, en este sentido, considera que en razón a lo expresado esta justificado que se acuerde la medida cautelar solicitada.
Ahora bien, en el nuevo proceso laboral venezolano las medidas cautelares están desarrolladas en la actual Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuya normativa laboral, en su exposición de motivos, prevé que el Juez del Trabajo está facultado para acordar las medidas cautelares, nominadas o innominadas que considere pertinente, con estricta observancia de los requisitos de Ley. Es así como el artículo 137 de la mencionada Ley adjetiva laboral dispone que:
“…A petición de parte, podrá el Juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinente a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama…”. (subrayado y negrillas del Tribunal)
De la normativa legal citada se extrae con claridad meridiana, que el fin o propósito de las medidas cautelares, es el de evitar de que quede ilusoria la pretensión, lo que a juicio de este Tribunal se traduce en el peligro en la demora (fumus periculum in mora), siempre que –como se dijo- a juicio del Juez exista presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). De allí que para que proceda el decreto de la medida cautelar, debe verificarse el cumplimiento de estos dos (2) requisitos, los cuales han sido exigidos por la doctrina y la jurisprudencia patrias, quienes han sostenido que para decretar una medida cautelar, el juez debe evaluar no solo la “…apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado…” (fumus boni iuris), sino que debe verificar también de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante de la medida, la existencia del “…peligro de infructuosidad de ese derecho (fumus periculum in mora), no sólo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra la que recae la medida…”. (Vid. sentencia Nº RC.00844 del 11/08/2004 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia).
En ese sentido, entra este Tribunal a verificar la existencia de los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada y a tal efecto observa que la presunción del buen derecho que le asiste a la demandante fumus boni iuris, esta demostrado en el hecho de que ostentan la condición de trabajadora de la demandada, en este caso, la empresa ORIENTAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, C.A. (ORIMALCA),lo cual se evidencia en los anexos incorporados con el libelo de demanda (Providencia administrativa que emana de la INPECTORIA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO”) y que ésta ha incumplido con la obligación de pago que tiene para con la demandante.
En cuanto a éste requisito, ha dicho la doctrina nacional que el mismo radica “…en la necesidad de que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio reconocerá, como justificación de las consecuencias limitativas que acarrea la medida cautelar, el decreto previo –ab initio o durante la secuela del proceso de conocimiento- de la medida precautelativa. Es menester un juicio de valor que haga presumir la garantía de que la medida preventiva va a cumplir su función…” (Ricardo Henríquez La roche. Ob. cit. Instituciones de Derecho Procesal (2005), pág. 507).
Todo lo cual implica, que el Juez antes de decretar la medida preventiva de embargo, debe realizar previamente un juicio provisional de verosimilitud del derecho que reclama la parte solicitante, para examinar la probable existencia del mismo o por lo menos observar la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, que lo lleve a suponer que la medida cautelar que va a decretar, efectivamente va a cumplir con su función, que no es otra que asegurar la eficacia de un eventual fallo que pudiera recaer en esta causa.
En el caso que nos ocupa, observa este Tribunal que la demanda interpuesta por la reclamante, atribuyéndose la condición de extrabajadora de la empresa ORIENTAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, C.A. (ORIMALCA), se refiere a un cobro de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral que incoara en contra de esa sociedad mercantil, por considerar que tales derechos no les fueron satisfechos. A ese respecto, cabe mencionar que en el proceso laboral venezolano, los trabajadores, por disposición del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, gozan de la presunción de existencia de la relación de trabajo, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal, lo que le garantiza a la demandante de autos, el cumplimiento de uno de los requisitos de procedencia de la medida cautelar, como lo es, el fumus boni iuris, es decir, la apariencia o presunción de certeza del derecho que reclaman. Así se establece.
En cuanto al segundo de los requisitos exigidos por la legislación laboral vigente, así como por la doctrina y jurisprudencia patrias, para que pueda ser decretada la medida cautelar, esto es, el peligro en la demora o periculum in mora, observa este Tribunal que el mismo se refiere al temor o el peligro de que no se pueda ejecutar lo decidido, es decir, que se haga nugatorio el derecho que reclama el solicitante de la medida, debido a un posible retardo en el pronunciamiento judicial o a conductas puestas de manifiesto por el demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Según la doctrina y jurisprudencia patrias, “…Este peligro que bien puede denominarse “peligro de infructuosidad del fallo” no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba ésta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio…”. (Criterio del Dr. R. Ortiz Ortiz, recogido en la obra Medidas preventivas y ejecutivas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, autor: Iván Darío Torres, páginas 39-40).
Es decir, para que proceda este requisito es menester que se acompañe al expediente un medio de prueba que constituya presunción grave de tal circunstancia, sin lo cual no podrá decretarse la medida cautelar.
En caso bajo estudio, señaló la representación judicial de la demandante en el libelo de demanda, que el periculum in mora se fundamenta en el peligro inminente de ser ilusoria la ejecución del fallo, sin una medida preventiva que permita proteger o precaver el resarcimiento de los daños que se le puedan ocasionar a su defendido, no solo por la actitud irresponsable de la empresa accionada, la cual a su juicio, corre el riesgo de que realice acciones para insolventarse y definitivamente no responderle a la trabajadora por todas las obligaciones que con ella tiene, de manera se haga nugatorio tal reparación, sino también por la tardanza en el pronunciamiento judicial definitivo.
A ese respecto, cabe mencionar que la parte solicitante de la medida no consignó a los autos ningún medio probatorio que permitiera evidenciar el cumplimiento de este requisito, es decir, el peligro de que se haga nugatorio el derecho que reclama el solicitante de la medida, debido a un posible retardo en el pronunciamiento judicial o a conductas puestas de manifiesto por la empresa demandada (como su insolvencia o imposibilidad de pago) para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada, por lo que concluye este Tribunal que si bien quedo evidenciada la presunción de existencia del derecho reclamado, no se puede constatar de los autos el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho por la medida requerida, dado la omisión de medios probatorios por parte de la solicitante de la medida.
Por otro lado, es preciso señalar que el nuevo proceso laboral venezolano está regido por los principios de oralidad, brevedad y celeridad, entre otros, que hacen que el proceso sea considerablemente expedito. En ese proceso, regido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el legislador ha considerado de vital importancia el fenómeno jurídico de la medición judicial, el cual debe ser impulsado por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en la audiencia preliminar que concibe la citada normativa legal, con el propósito de estimular y materializar los mecanismos alternos de solución de conflictos, para evitar el litigio o limitar su objeto.
De allí que el Juez debe tratar en lo posible, que las partes lleguen a acuerdo respecto a sus pretensiones y solo si no es posible tal mediación, y el actor demuestra en el proceso la existencia de hechos que evidencien la insolvencia del demandado, mediante pruebas contundentes, es que puede obrar el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, a petición de parte, y decretar la medida cautelar requerida, para así evitar que se haga nugatorio el derecho que reclama el solicitante de esa medida.
Sin embargo, como se dijo, no consta en los autos pruebas fehacientes que demuestren tales circunstancias, por lo que no le queda otra alternativa a este Tribunal que negar la medida preventiva de embargo solicitada en el libelo de la demanda presentado en fecha 26/06/2008, por el `profesional del derecho ciudadano JOSÉ GONZALEZ DIAZ, en su condición de co-apoderado judicial de la demandantes de autos. Así se establece.
LA JUEZA TERCERA DE S.M.E.,
ABG. DAISY LUNAR CARRION
LA SECRETARIA DE SALA,
DDLC/ddlc
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