En el procedimiento por QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA seguido por el ciudadano PEDRO JOSÉ DURAN CARRIEDO, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-367.904, contra PABLO JOSÉ MENDOZA, solicita al Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, sea admitida la querella interdictal, declarada con lugar, y se le condene en costas a la parte querellada.
El 14 de julio de 2008, se abocó este Tribunal al conocimiento de la presente causa, ordenando notificar a la parte demandante y practicada la misma, este Tribunal estando la parte a derecho y en la oportunidad procesal, se pasa a decidir la presente causa, conforme las consideraciones siguientes:
I
NARRATIVA
Se inició la presente causa por libelo de demanda por QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA, seguido por el ciudadano PEDRO JOSÉ DURAN CARRIEDO, contra PABLO JOSÉ MENDOZA, ambas partes inicialmente identificadas. El Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, recibe la solicitud de demanda al 15 de junio de 2.001, admitiéndola por auto el 26 de junio del mismo año, acordando oír declaraciones de los testigos que presente la parte querellante.
El 19 de febrero de 2.004, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario, recibe por distribución dicha causa, abocándose a la misma al 11 de marzo del mismo año, ordenando notificar a la parte querellante, comisionando para tal fin al Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
El 18 de marzo de 2.004, el Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, recibe la correspondiente comisión, logrando practicar la notificación de la parte querellante el 25 de marzo del mismo año.
El 29 de marzo de 2.004, el Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, acuerda remitir original de las actuaciones al juzgado comitente.
El 05 de octubre de 2007, por resolución N° 2007 -0013 de fecha 11 de abril de 2007, del Tribunal Supremo de Justicia, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, remite el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de los Municipio Arístides Bastidas, José Antonio Páez, Nirgua, Bruzual, Urachiche y Peña de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
II
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
La presente causa se refiere a la demanda por QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA, seguido por el ciudadano PEDRO JOSÉ DURAN CARRIEDO, contra PABLO JOSÉ MENDOZA, suscrito por la parte interviniente en el presente juicio; motivado a las perturbaciones en el lote de terreno por la parte demandada; razón por la cual accionó el presente procedimiento. En tal sentido, corresponde a este Tribunal conocer y decidir, si de conformidad con nuestro derecho sustantivo es procedente la presente acción; y en observancia al principio “Incumbi probatio qui decit, non, qui negat”, le corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos alegados y contradichos por la accionada.
III
El Tribunal observa:
Dispone al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Negrillas del Tribunal).
De conformidad con el artículo anterior y visto las actas procesales que anteceden en el proceso de QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA instaurado por PEDRO JOSÉ DURAN CARRIEDO, contra PABLO JOSÉ MENDOZA, habiendo manifiesta la parte demandante lo siguiente:
Ahora bien ciudadano Juez, a mediados del mes de agosto del año 2.000, el ciudadano Pablo José Mendoza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.604.145 y con domicilio en el caserío la laguna de la Parroquia Campo Elías, Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, invadió la parte noreste de mi terreno en aproximadamente dos (02) hectáreas, plantando en el mismo cierta cantidad de matas de café de diferentes tamaños, aun a sabiendas que de tal terreno es de mi propiedad y que además tengo la posesión legitima, pues allí mismo tengo mi casa de habitación. Debido a que tales plantas fueron trasplantadas de otro sitio, muchas de ellas (la mayoría) murieron. Desde ese mismo momento he tratado de que este ciudadano desista en su propósito y empeño de causarme perturbación en mi posesión y propiedad y abandone de manera voluntaria mi terreno, actuado con la mayor buena fe le ofrecí incluso pagar las matas antes mencionadas, a fin n de obtener una solución pacifica, pero no fue posible tal acuerdo.
Analizadas como fueron las actas procesales, este Tribunal observa que, en la presente causa, desde el 15 de junio de 2.001, oportunidad cuando la parte querellante introdujo la demanda al Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por parte de la demandante para instar el juicio principal hasta la presente; y por cuanto ha transcurrido más de 7 año, sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión del 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, sentencia. nº 956), al referirse al interés procesal señaló:
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.” (Subra-yado añadido)
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la pérdida del interés; por lo que resulta forzoso para este Tribunal, establecer la existencia en autos, de la perdida del interés de la parte actora y en consecuencia el decaimiento de la acción.
En consecuencia, de conformidad con lo sentado en la sentencia ut supla, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, declara el decaimiento de la acción por perdida del interés del actor y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo del expediente. Así se declara.
IV
DESICIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR PERDIDA DEL INTERÉS DEL ACTOR interpuesto por PEDRO JOSÉ DURAN CARRIEDO, antes identificado.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en Chivacoa, al 31 día del mes de Julio de dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
El Juez Provisorio,
SERGIO SINNATO MORENO
El Secretario,
ARQUIMEDES CARDONA
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las dos post meridiem (2:30 P.M.).
El Secretario,
ARQUIMEDES CARDONA
Exp.00043
SSM/AJC/hg
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