REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Ciudad Bolívar, veintiséis de junio de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO: FH02-X-2008-000089 Asunto Principal: FP02-V-2008-001004 Vista la solicitud de la parte actora en el sentido de que este Tribunal decrete el secuestro del inmueble que afirma arrendó a la parte demandada, sin que el arrendatario haya pagado desde el 31 de julio de 2007 el canon de arrendamiento establecido, para proveer sobre la medida peticionada se observa: El secuestro es una media cautelar típica prevista en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil y desarrollada en el capítulo tercero, título primero del libro tercero del referido código. Al estar contenida en el título primero le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 585 según el cual las medidas preventivas establecidas en dicho título sólo podrán ser decretadas por el juez cuando: a) Exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. b) Que haya una presunción grave del derecho que se reclama. c) Que tales extremos se encuentren acreditados con un medio de prueba del cual sea posible inferir la presunción grave que exige el legislador. La ley requiere la satisfacción de los anteriores requisitos para que el juez pueda acordar cualquiera de las medidas preventivas previstas en el título primero, inclusive para el secuestro ya que no lo excluye expresamente; por consiguiente, quien pide el secuestro no le basta con enmarcar su petición en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 599 Código de Procedimiento Civil, ya que es una carga que le viene impuesta por la ley acreditar con algún medio de prueba que están satisfechos los extremos legales (presunción de buen derecho, peligro por retardo). En este sentido, no basta al demandante alegar, por ejemplo, que el demandado no ha pagado el canon de arrendamiento, y en consecuencias está gozando de una cosa y no ha pagado su precio, ya que la medida preventiva no puede quedar soportada en la sola palabra de quien la pide. Es menester que el actor presente un medio de prueba que haga presumir gravemente: a) La existencia del contrato; b) Que el demandado está en posesión de la cosa; c) Que no ha pagado el precio o parte de él. La falta de pago entiende el sentenciador que es un hecho negativo cuya prueba es harto difícil, razón que ha llevado a la doctrina a considerar que la parte que la alega está relevada de probarla correspondiendo a la contraparte la prueba del hecho positivo contrario. No obstante, en materia de medidas cautelares lo que exige el legislador es una presunción grave, o sea, la existencia de un medio de prueba que establezca un hecho cierto del cual el juez pueda mediante un razonamiento lógico convencerse de la veracidad de otro hecho desconocido. El artículo 1394 Código Civil define las presunciones como “las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido”. Así, por ejemplo, la falta de pago del precio, de las pensiones del arrendamiento, etc., son hechos desconocidos acerca de cuya veracidad puede llegar el juez si la parte le suministra un medio de prueba que le permita a través de un proceso lógico e intelectual establecer una conclusión mental que le convenza que en verdad el comprador o el arrendatario no ha pagado. Servirían de elementos de convicción, por ejemplo, una carta en la que la parte solicita una prórroga para pagar el precio, un documento confesorio en que afirme su morosidad, la constatación de que el demandado, si es comerciante, ha sido declarado en quiebra o atraso, la confesión hecha a un tercero, cuya declaración es traída por vía de un justificativo y a la cual la ley le confiere el valor de un indicio (art. 1402 Código Civil). Lo anterior lo trae a colación este sentenciador porque ha constatado que la parte actora, por intermedio de sus apoderados, se limita a pedir el secuestro afirmando la falta de pago del canon de arrendamiento del inmueble identificado en el libelo, invocando el artículo 599, ordinal 5º, pero sin preocuparse en señalar al juez a partir de cual medio de prueba puede convencerse de que el demandado en verdad ha faltado a su obligación. No está demás acotar que por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario a la cual llega el jurisdicente sin oír al arrendatario accionado la conclusión a la que se arriba es un simple juicio sobre la verosimilitud de los alegatos esgrimidos para pedir la cautela, juicio que puede ser desvirtuado por las probanzas que produzca la parte afectada por la medida en la incidencia posterior. En conclusión, no es posible para este sentenciador decretar un secuestro sobre la base de las solas afirmaciones de la actora que endilga al demandado la falta de pago del canon de arrendamiento por cuanto, como ya se dijo, no es posible el decreto de medidas preventivas con prescindencia de los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En mérito de las consideraciones anteriores, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE el secuestro solicitado en el libelo. El Juez, Ab. Manuel Alfredo Cortés. La Secretaria, Ab. Soraya A. Charboné P. MAC/SACHP/indira.- Resolución Nº PJ0192008000399