TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.-
Ciudad Bolívar, 05 de marzo de 2008.
197º y 149º

ASUNTO: FP02-F-2005-000136
RESOLUCIÓN N° PJ0182008000160.-

Vista como ha sido la diligencia de fecha 20-02-2008, suscrita por la ciudadana LUISA SOSA DE GUEVARA, debidamente asistida por el abogado LUIS COROMOTO MARTINEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 92.656, mediante la cual expone textualmente lo siguiente: “…Desisto de la presente demanda de conformidad con el Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil en el Juicio de Divorcio que se le intentara al Ciudadano ROGER GUEVARA, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.910.545, identificado en autos…”. Y vista asimismo la diligencia de fecha 22-02-2008, suscrita por el ciudadano ANTONIO SANCHEZ ORTIZ, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 36.137, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada y donde expuso: “…Visto el desistimiento propuesto por la parte actora, fundamentado en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil; en representación de mi mandante doy el consentimiento requerido para el mismo y por cuanto existen medidas cautelares dictadas en el presente juicio, solicito al Tribunal acuerde la suspensión de las mismas y que las sumas de dinero embargadas y retenidas sean devueltas a mi patrocinado. Igualmente solicito respetuosamente se acuerde la homologación del desistimiento propuesto por la parte actora…”; del mismo modo vista el acta de reunión conciliatoria celebrada en fecha 27-02-2008, entre las partes, sus respectivos apoderados judiciales y los abogados Betsabe Dorta y José Hernández Osorio, donde se llego al siguiente arreglo amistoso “…Primero: El pago de honorarios profesionales de los abogados BETSABE MARGARITA DORTA SULBARAN Y JOSE ANTONIO HERNANDEZ OSORIO, por un monto de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00), el cual se efectuará una vez que conste en autos la homologación del desistimiento del presente procedimiento. Así como el desistimiento del cobro de honorarios profesionales…que cursa en el expediente signado con el N° FH01-X-2008-000022. Segundo: Dicha cantidad será cancelada a los prenombrados intimantes, de la deducción del monto existente a favor de la ciudadana LUISA IDE SOSA DE GUEVARA, en la presente causa…”; el por lo que este tribunal procede a analizar si en el presente caso es procedente la homologación del desistimiento formulado por la parte actora y convenido por el demandado de autos y a tal efecto observa lo siguiente:

PRIMERO: Nuestro legislador adjetivo civil, en su artículo 263, prevé el desistimiento de la acción, cuando establece que “en cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria”. Se infiere del preinsertado dispositivo legal que se puede desistir de la acción (i) en cualquier grado y estado de la causa; (ii) que no requiere el consentimiento de la parte contraria; (iii) y que al homologar el juez, se pasará con autoridad de cosa juzgada.

Son, pues el desistimiento de la acción y el desistimiento del procedimiento dos institutos procesales con requisitos atinentes a su actividad distintos, contenidos en dispositivos legales que les regulan, y en los cuales al desistimiento de la acción se le excluye de manera expresa –como requisito atinente a su actividad- la exigencia del consentimiento de la contraparte (art. 263 CPC); y al desistimiento del procedimiento, se le exige tal consentimiento, si el proceso ha superado la fase de la contestación de la demanda.

Cabe destacar que el desistimiento “(…) es la declaración unilateral de voluntad del actor por la cual éste renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria (…)”. “La renuncia a la pretensión, lleva implícita la renuncia del derecho, pues (…) en toda pretensión hay una afirmación por la cual el sujeto se afirma titular de un interés jurídico frente al demandado; afirmación que se concreta en la alegación de un derecho subjetivo, el cual se dice violado, o amenazado, o en estado de incertidumbre. Pero como el objeto del proceso es la pretensión y no propiamente el derecho, se sigue que por finalidad autocompositiva del desistimiento, debe entenderse que la renuncia está dirigida a la pretensión, que es el objeto del proceso, y no al derecho, que sólo está implícito en ella”. (Vid. Rengel Romberg Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. págs. 351 y 352).

De igual forma, resulta oportuno citar lo sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1114 de fecha 10 de junio de 2004 (caso: Triangle Investment C.V.), en la cual se precisó con respecto al desistimiento lo siguiente:
“(…) conforme a la doctrina sostenida por esta Sala, en sentencia del 27 de julio de 2000 (Caso: Fisco Nacional), el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales reconoce al accionante en amparo la posibilidad de desistir de la acción incoada, en cualquier estado y grado de la causa, como único mecanismo de autocomposición procesal, excepto cuando la homologación de dicho acto pueda afectar el orden público o las buenas costumbres.
| Establecido lo anterior, (…), esta Sala pasa a constatar si el desistimiento de la acción, realizado por el apoderado judicial de la accionante, cumple con los requisitos procesales antes señalados. A tal efecto, (…) se desprende que el apoderado judicial de la accionante, tiene facultad expresa para desistir de la presente acción de amparo constitucional (…). Por otra parte, se desprende que (…) las violaciones constitucionales alegadas no traducen infracción del orden público o de las buenas costumbres, concepto de orden público que ha sido desarrollado por la doctrina de la Sala en sentencia del 6 de julio de 2001 (Caso: R. Decina y otros), en los siguientes términos:
(...) el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes (…)’
En consecuencia, al no existir razón que impida atender lo peticionado por el apoderado judicial de la accionante, esta Sala homologa el desistimiento formulado (…)”.

Partiendo de lo anteriormente transcrito, se tiene entonces que el desistimiento de la pretensión es una figura de autocomposición procesal tendente a poner fin al proceso en cualquier estado y grado de la causa, renunciando al derecho del que se afirma ser titular, siempre que se tenga legitimidad para ello y salvo que no se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres

Observa el Tribunal que para pronunciarse sobre el desistimiento de la acción y del procedimiento interpuesto, el órgano judicial debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) facultad de la persona que desiste, b) que no resulte vulnerado el orden público.

En lo que respecta al requisito referente a la facultad de desistir, debe tenerse presente lo que dispone el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil:
“Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que versa la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.”

En el caso bajo análisis puede evidenciarse que en la diligencia de fecha 20-02-2008, que corre inserta a los autos al folio 141, es la propia parte actora ciudadana LUISA SOSA DE GUEVARA, quien asistida por el abogado LUIS COROMOTO MARTINEZ, desiste de la presente demanda y en la diligencia de fecha 22-02-2008, el apoderado judicial del demandado, abogado ANTONIO SANCHEZ ORTIZ, consiente dicho desistimiento en nombre de su mandante, aunado al hecho de que al folio 40 de este expediente, se encuentra en original el poder judicial especial, autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar, en fecha 19-12-2006, quedando anotado bajo el N° 61, Tomo 166 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria, y del mismo se desprende que el profesional del derecho ANTONIO SANCHEZ ORTIZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 36.137, “…en acatamiento del presente mandato queda ampliamente facultado el mencionado apoderado para intentar y contestar demandas…apelar, convenir, transigir, desistir (…)”.

En vista de las afirmaciones contenidas en el mandato parcialmente transcrito, en los cuales ciertamente se faculta al abogado ANTONIO SANCHEZ ORTIZ,, para convenir, ha de considerarse que tiene facultad expresa y capacidad para ello (art. 264 CPC). Y ASI SE DECLARA.

Siendo esto así, estima el Juzgado que el desistimiento de la acción y del procedimiento efectuado en el presente proceso es conforme a derecho, puesto que, se hizo según lo establece el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto el acto recurrido no viola disposiciones de orden público, procede este Tribunal a homologar el presente desistimiento. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara:

PRIMERO: SE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN con autoridad de cosa juzgada al desistimiento de la demanda interpuesto por la ciudadana LUISA SOSA DE GUEVARA, debidamente identificada en autos. Se da por terminado el presente juicio.-

SEGUNDO: Se suspende la medida de embargo preventivo decretada por este tribunal en fecha 20-01-2007, sobre doscientas setenta y un (271) acciones clase “B” en la empresa SIDOR y la medida de embargo preventivo sobre el cincuenta por ciento (50%) de las prestaciones sociales y todos los beneficios que le correspondan al ciudadano ROGER GUEVARA, en la empresa CVG SIDOR; del mismo modo se deja sin efecto los oficios Nros. 0810-1021 de fecha 13-07-2006, 0810-1445 de fecha 07-11-2006 y 0810-100, de fecha 20-01-2007. Líbrense los correspondientes oficios.-

TERCERO: Se ordena el archivo del expediente.-

Publíquese y Regístrese y déjese copia certificada a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y ordinales 3 y 9 del articulo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada firmada y sellada en la sala de despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL AGRARIO Y DEL TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, en Ciudad Bolívar a los 05 días del mes de marzo de dos mil ocho. Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación.-
La Juez,

Dra. Haydee Franceschi Gutiérrez.- La Secretaria Temporal,

Sofía Medina.-

HFG/Irassova