REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. Maturín, Tres (03) de Noviembre de Dos Mil Ocho. (2008) 197° y 148° A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas: DEMANDANTE: ANDRES SALAZAR GONZALEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.028.109 ABOGADOS APODERADOS: ESTHER MARIA RIOS RONDON Y MARCOS JOSE MARCANO CASTRO, abogados en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 87.044 y 81.133 respectivamente. DEMANDADOS: SERVICIOS DE GRUAS CANELON. S.G.M. C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de diciembre de 1995 bajo el No. 24 Tomo 374-A Pro. Representada por el ciudadano MIGUEL SANTIAGO RONDON PEREIRA en su carácter de Presidente, Venezolano, mayor de edad, titular de la cèdula de identidad No. 5.879.853 domiciliado en Caracas, Distrito Capital y JOSE ANTONIO YUCONSA MARTURET, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.548.714 y de este domicilio. ABOGADOS APODERADOS: No constituyeron apoderados en el juicio. ASUNTO: INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES (TRANSITO) EXP. 0692. Por cuanto este Tribunal observa que en el presente juicio ha transcurrido mas de Un (1) año sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento, ya que el último acto llevado a cabo por uno de los apoderados judiciales de la parte demandante para lograr la prosecución del proceso fue realizado en la presente causa fue en fecha 14 de Mayo de 2.007, (f.91) este Juzgador para decretar la PERENCIÓN de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo hace previo contenido de la siguiente consideración: ÚNICO Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”. Y el artículo 269 ejusdem establece “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En los artículos transcritos se evidencia que para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes en el transcurso de un año; esta inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento, constituyéndose en una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar lo actos de procedimiento, no los realizan. La jurisprudencia nacional, ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. El fundamento de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios; por ello, el Juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia, ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su destino final que es la sentencia. Estima este Tribunal que, habiendo transcurrido más de Un (1) año desde la última actuación de procedimiento en el presente juicio, cuya fecha es 14 de mayo de 2007 a la fecha de la presente decisión, de conformidad con lo antes mencionados y transcritos artículos es procedente la Perención de la Instancia; y así se decide. Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia de Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido en el caso de autos, el lapso legal previsto en la ley; y así se decide. El Juez Temporal Abg. Ángel Silva Acuña La Secretaria Acc. Abg. Juana Alarcón de A. Exp. 692. ASA/j.a.