En el procedimiento de INTERDICTO DE DESPOJO seguido por los ciudadanos LUÍS JOSÉ PINTO SALVATIERRA, SATURNO HENRÍQUEZ, LUÍS RAMÓN MORENO, FRANCISCO FIGUEROA, PEDRO MARIA AGUILAR, JOSÉ HERMOGENES HENRÍQUEZ, RAMÓN IGNACIO HERNÁNDEZ, LUÍS RAFAEL SÁNCHEZ y REMIGIO HURTADO, titulares de las cédulas de identidad Nº V-1.348.965, V-2.843.429, V-1.338.161, V-2.558.906, V-7.192.105, V-7.532.493, V-373.585, V-1.370.120, V-1.356.870, respectivamente, representado judicialmente por los abogados FREDDY OCHOA y FROILA BRICEÑO SIERRA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.474 y 14.388, contra los ciudadanos HÉCTOR JOSÉ HENRÍQUEZ OLIVEROS, VÍCTOR LUÍS OLIVEROS, LUÍS RAFAEL OLIVEROS, CARMEN JOSEFINA DE HENRÍQUEZ y ALFREDO ARTEAGA, sin representación judicial, solicita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que decrete medida de secuestro en el referido lote de terreno objeto de la posesión.
El 05 de Octubre de 2.007, siendo remitido el expediente a este Tribunal mediante auto del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
El 07 de Julio de 2.008, se aboco este tribunal al conocimiento de la presente causa y practicadas las mismas, este tribunal estando las partes a derecho y en la oportunidad procesal, se pasa a decidir la presente causa, conforme las consideraciones siguientes:
I
NARRATIVA
Se inició la presente causa por denuncia de INTERDICTO DE DESPOJO (VÍA ORDINARIA) intentada por LUÍS JOSÉ PINTO SALVATIERRA, SATURNO HENRÍQUEZ, LUÍS RAMÓN MORENO, FRANCISCO FIGUEROA, PEDRO MARIA AGUILAR, JOSÉ HERMOGENES HENRÍQUEZ, RAMÓN IGNACIO HERNÁNDEZ, LUÍS RAFAEL SÁNCHEZ y REMIGIO HURTADO contra de los ciudadanos HÉCTOR JOSÉ HENRÍQUEZ OLIVEROS, VÍCTOR LUÍS OLIVEROS, LUÍS RAFAEL OLIVEROS, CARMEN JOSEFINA DE HENRÍQUEZ y ALFREDO ARTEAGA, ambas partes inicialmente identificadas, donde solicita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que decrete medida de secuestro en el referido lote de terreno objeto de la posesión.
El 13/05/96, admite la demanda el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción del Estado Yaracuy, se acuerda oír los testigos que presente el interesado en la oportunidad que lo hagan.
El 15/05/96, se realizo el acto acordado por auto de admisión de fecha 13/05/96.
El 30/05/96, el tribunal le exige a la parte querellante la constitución de una garantía, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar en caso de ser declarada sin lugar.
El 30/05/96, consigna diligencia la abogada Froila Briceño Sierra, con el carácter de apoderada judicial de la parte querellante, donde manifiesta que sus representados no están en disposición de constituir la garantía fijada por el tribunal.
El 06/06/96, el tribunal decreta medida secuestro sobre el bien inmueble cuya perturbación se demanda.
El 27/06/96, el Juzgado del Municipio Salom recibe comisión para practicar medida de secuestro decretada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
El 08/07/96, el tribunal comisionado llevo a acabo la medida de secuestro decretada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
El 29/01/97, el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, recibe el presente expediente y se avoca al conocimiento de la causa.
El 04/02/97, consigna diligencia la abogada Froila Briceño Sierra, con el carácter de apoderada judicial de la parte querellante, donde solicita al tribunal que se ordene la citación por carteles de los querellados.
El 29/10/97, el tribunal designa al abogado Edgar Torrealba, como defensor ad- litem, de los demandados en el presente juicio.
El 17/12/97, comparece ante el tribunal el ciudadano José Alfredo Arteaga, en carácter de co-quellado, asistido por la abogada Isbelia Fuentes Méndez, consigna escrito donde exponen y solicitan la reposición de la presente causa.
II
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
La presente causa se refiere a INTERDICTO DE DESPOJO, que por medio del procedimiento ordinario agrario, pretende hacer los ciudadanos LUÍS JOSÉ PINTO SALVATIERRA, SATURNO HENRÍQUEZ, LUÍS RAMÓN MORENO, FRANCISCO FIGUEROA, PEDRO MARIA AGUILAR, JOSÉ HERMOGENES HENRÍQUEZ, RAMÓN IGNACIO HERNÁNDEZ, LUÍS RAFAEL SÁNCHEZ y REMIGIO HURTADO a los ciudadanos HÉCTOR JOSÉ HENRÍQUEZ OLIVEROS, VÍCTOR LUÍS OLIVEROS, LUÍS RAFAEL OLIVEROS, CARMEN JOSEFINA DE HENRÍQUEZ y ALFREDO ARTEAGA, con fundamento suscrito por las partes interviniente en el presente juicio; obligaciones que a decir de la actora, han sido incumplidos por el demandado; razón por la cual accionó el presente procedimiento. En tal sentido, corresponde a este Tribunal conocer y decidir, si de conformidad con nuestro derecho sustantivo es procedente la presente acción; y en observancia al principio “Incumbi probatio qui decit, non, qui negat”, le corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos alegados y contradichos por la accionada.
III
El Tribunal observa:
Dispone al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Negrillas del Tribunal).
De conformidad con el artículo anterior y visto las actas procesales que anteceden en el proceso de INTERDICTO DE DESPOJO instaurado por LUÍS JOSÉ PINTO SALVATIERRA, SATURNO HENRÍQUEZ, LUÍS RAMÓN MORENO, FRANCISCO FIGUEROA, PEDRO MARIA AGUILAR, JOSÉ HERMOGENES HENRÍQUEZ, RAMÓN IGNACIO HERNÁNDEZ, LUÍS RAFAEL SÁNCHEZ y REMIGIO HURTADO en contra HÉCTOR JOSÉ HENRÍQUEZ OLIVEROS, VÍCTOR LUÍS OLIVEROS, LUÍS RAFAEL OLIVEROS, CARMEN JOSEFINA DE HENRÍQUEZ y ALFREDO ARTEAGA, solicita que decrete medida de secuestro en el referido lote de terreno objeto de la posesión, y analizadas como fueron las actas procesales, este tribunal observa que, en la presente causa, desde 17 de diciembre de 1997, oportunidad cuando la parte demandada solicita al tribunal la reposición de la causa, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por parte del demandante para instar el juicio principal hasta la presente; y por cuanto ha transcurrido más de diez (10) año y nueve (09) meses sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión del 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, sentencia. nº 956), al referirse al interés procesal señaló:
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.” (Subra-yado añadido)
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la pérdida del interés; por lo que resulta forzoso para este Tribunal, establecer la existencia en autos, de la perdida del interés de la parte actora y en consecuencia el decaimiento de la acción.
En consecuencia, de conformidad con lo sentado en la sentencia ut supla, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, declara el decaimiento de la acción por perdida del interés del actor y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo del expediente. Así se declara.
IV
DESICIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR PERDIDA DEL INTERÉS DEL ACTOR interpuesto por los ciudadanos LUÍS JOSÉ PINTO SALVATIERRA, SATURNO HENRÍQUEZ, LUÍS RAMÓN MORENO, FRANCISCO FIGUEROA, PEDRO MARIA AGUILAR, JOSÉ HERMOGENES HENRÍQUEZ, RAMÓN IGNACIO HERNÁNDEZ, LUÍS RAFAEL SÁNCHEZ y REMIGIO HURTADO.
Publíquese, regístrese.
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en Chivacoa, a los 20 días del mes de octubre de dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
El Juez Provisorio,
SERGIO SINNATO MORENO
La Secretaria,
MARIA LUCIA CAMEJO
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las diez y media de la mañana (10:30 A.M.).
La Secretaria,
MARIA LUCIA CAMEJO
SSM/AJC/yp
Exp. N° 00006
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