REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar
ASUNTO PRINCIPAL: FP11-G-2009-000013
En la demanda de EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA O SOCIAL incoada por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA contra las sociedades mercantiles PARCELAMIENTO RURAL MATANZAS, C.A., EMPRESA DILA C.A y contra los ciudadanos CARLOS FORBIDUSI, OSCAR R. DÍAZ, HÉCTOR PÉREZ MÁRQUEZ, JESÚS GUERRA, ARCADIO ROSAS, JOHANNEER RETTIC, RAFAEL LLOVERA, ANÍBAL R. GAMBOA, CÉSAR DE SOUSA, LUIGI MESSIA, J. GONZÁLEZ, PABLO HERNÁNDEZ, MARÍA TINEO DE MOLINA, CARLOS ESPAÑA, LUIS B. ZACARÍAS, FRANZ WERNER BARUMEN, ALÍ JOSÉ CÓRDOVA, LAURO RIVILLA HERRERA, JESÚS E. HASSELMEYER, ÁNGEL GRAFFE, JESÚS R. GONZÁLEZ, FRANZ W. BRAUMAN, ANTONIO MULAS, CARLOS ANEDDA DESSI, ROCCO MAIMONE, LOURDES DE MONTEVERDE, CORRADO LA FORGIA, SALVADOR PASCUAL MONCHO, JORGE CAMPALANC, MANUEL CAMPALANC, RAMÓN ANTONIO FLORES, MARIO DI GIANCOMO, EMILIO SANPEDRO, CANDELARIO BERMÚDEZ, LUIS ENRIQUE NÚÑEZ, LUIGI LA FORGIA, PASCUALI RESIÑADI, MARÍA L. DE GÓMEZ, GIORGIO SALVATORE, SANTIAGO GONZÁLEZ, JAVIER LONDOÑO, BLANCA DE SEESAHAIN, ZOILA DE VANOSOSTE, JESÚS AGUILERA, ANTONIO ESCOLAV, ESTRELLA MONTSERRAT, BIAGGIO BONGIOVANNI, PEDRO PARELES y RÉGULO MOTA, procede este Juzgado Superior a pronunciarse sobre su competencia para el conocimiento de la presente causa con la siguiente motivación.
UNICO
En el caso examinado mediante escrito presentado en fecha ocho (08) de marzo de 1990, la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA presentó demanda de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social contra las sociedades mercantiles Parcelamiento Rural Matanzas, C.A., Empresa Dila C.A y contra los ciudadanos Carlos Forbidusi, Oscar R. Díaz, Héctor Pérez Márquez, Jesús Guerra, Arcadio Rosas y otros, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Mediante sentencia dictada en fecha ocho (08) de marzo de 1990, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió la presente demanda.
Por auto dictado el siete (07) de enero de 1991, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, ordenó el emplazamiento de los propietarios, arrendatarios, poseedores y en general a todo el que tuviere algún derecho sobre el inmueble objeto de la presente expropiación.
Por auto dictado el nueve (09) de octubre de 1992, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, ordenó la notificación de los propietarios, ocupantes, poseedores y/o arrendatarios del Parcelamiento Rural Matanzas, C.A., mediante Carteles.
Mediante auto de fecha quince (15) de febrero de 1993, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dio inicio a la relación de la causa.
Por auto dictado el veinticinco (25) de noviembre de 1993, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dio por terminada la relación de la causa y se fijó la oportunidad para la presentación de informes.
Por auto de fecha dos (02) de diciembre de 1993, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, se difirió la oportunidad para dictar sentencia.
Mediante sentencia dictada el veinticuatro (24) de octubre de 1994, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, repuso la causa al estado de admitir nuevamente la demanda.
Por auto dictado el cinco (05) de mayo de 1995, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, oyó en ambos efectos la apelación interpuesta por el apoderado judicial de los propietarios desconocidos de los bienes sujetos a expropiación contra la decisión de fecha 24 de octubre de 1994, y ordenó la remisión del expediente al la Sala Político Administrativa.
Mediante decisión dictada el trece (13) de abril de 2004, la Sala Político Administrativa declaró con lugar la apelación interpuesta y ordenó al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar a dictar sentencia sobre el fondo del asunto.
Mediante sentencia dictada en fecha dos (02) de julio de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, se declaró incompetente para el conocimiento de la demanda y declinó la competencia en este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo, al considerar que: “...las demandas patrimoniales son propias de la jurisdicción contencioso administrativa aún cuando hayan sido tramitadas en primera instancia por Tribunales ordinario(sic), siendo el caso que al momento de la presentación y tramitación de la demanda no existía en el Municipio Caroní Tribunales en materia contencioso Administrativa, y por tal razón fue tramitada en este Tribunal, pero de conformidad con la resolución 2005-005, de fecha 29/10/2008, de la Sala Plena del Tribunal Supremo, creo (sic) la jurisdicción especial Contención (sic) Administrativa, es decir, Juzgado Superior Contencioso Administrativo, el cual de conformidad con la cuantía, y estando la unidad tributaria actualmente a Bs. 47.600 por 10.000 Unidades Tributarias da un total de Bs. 476.000.000, a la moneda anterior. Observa este Tribunal que la cuantía de la presente demanda es por la cantidad de TRESCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 302.758.000,00), no excede las diez mil unidades Tributarias(sic), correspondiendo el conocimiento de la misma a los Tribunales que conforman la jurisdicción Contencioso Administrativo...”
En virtud de la declinatoria de competencia procede este Juzgado a analizar su competencia, en tal sentido observa que el asunto bajo análisis versa sobre una acción de expropiación por causa de utilidad pública o social interpuesta en fecha 08 de marzo de 1990 por la representación judicial de la Corporación Venezolana de Guayana ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Ahora bien, debe reiterar este Juzgado lo expuesto por la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 02589, dictada el 21 de noviembre de 2006: “debe advertir la Sala en primer lugar… que la sentencia Nº 1900 de fecha 27 de octubre de 2004, dictada en Ponencia Conjunta de esta Sala Político-Administrativa (Caso: Marlon Rodríguez Vs. Cámara Municipal del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda), en ningún momento modificó el régimen de competencias establecido para los casos de expropiaciones por causa de utilidad pública o social”.
Expuesto lo anterior, observa este Juzgado que la acción de expropiación bajo análisis fue interpuesta en fecha 08 de marzo de 1990, esto es, bajo la vigencia de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, sancionada el 16 de noviembre de 1947, publicada en la Gaceta Oficial Nº 22.458 de los entonces Estados Unidos de Venezuela, de fecha 6 de noviembre de 1947, reformada parcialmente mediante Decreto Nº 184 de fecha 25 de abril de 1958, publicado en la Gaceta Oficial Nº 25.642 de la entonces República de Venezuela de fecha 25 de abril de 1958, la cual en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
“De los juicios de expropiación por causa de utilidad pública conocerán los jueces que ejerzan la competencia en lo Civil en Primera Instancia en el lugar de la ubicación del inmueble; y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones, conocerá en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia.
Parágrafo Único
Cuando la Nación sea quien solicite la expropiación, el juicio se intentará directamente ante la Corte Suprema de Justicia” (Destacado de este Juzgado).
De conformidad con la norma antes transcrita, se evidencia que las solicitudes de expropiación por causa de utilidad pública que fuesen intentadas por cualquier ente público distinto a la Nación, entendida ésta como la República, debían ser conocidas y decididas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil de la jurisdicción donde estuviese ubicado el inmueble.
A mayor abundamiento, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.475 del 1° de julio de 2002, el contenido de las mencionadas normas fue uniformado en el artículo 23, dispuso lo siguiente:
“El Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción de la ubicación del bien, conocerá de los juicios de expropiación; y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá, en segunda instancia, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa.
Cuando la República sea quien solicite la expropiación, el juicio se intentará directamente ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá, en segunda instancia, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa” (Destacado de este Juzgado).
Asimismo, en relación a la competencia para el conocimiento de las expropiaciones por causa de utilidad pública o social, se ha pronunciado en forma reiterada el Máximo Órgano Jurisdiccional, entre otras decisiones la Sala Político Administrativa, en fecha 21 de noviembre de 2006, Sentencia Nº 02589 y en fecha 22 de mayo de 2008, Sentencia Nº 00650, estableciendo que le corresponde la competencia inicial para conocer y decidir de los procedimientos de expropiación a los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil de la Circunscripción Judicial donde se encuentra ubicado los lotes de terrenos, siempre y cuando no sea la República quien lo solicite.
Atendiendo a las normas citadas y a los criterios jurisprudenciales señalados, considera este Juzgado que le corresponde el conocimiento en primera fase de la presente demanda de expropiación por causa de utilidad pública o social interpuesta por la Corporación Venezolana de Guayana al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en consecuencia, este Juzgado no acepta la competencia que le fuere declinada por el referido Tribunal y se declara a su vez incompetente para el conocimiento del presente asunto. Así se decide.
En vista del conflicto negativo de competencia surgido se observa que el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que se remitirá a la Sala que sea afín con la materia y la naturaleza del asunto debatido, los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.
En tal sentido, la Sala Plena del Alto Tribunal mediante fallo número 01, de fecha 02 de noviembre de 2005, publicado el 17 de enero de 2006 (caso: José Miguel Zambrano), dispuso que a ella le corresponde dirimir los conflictos de competencia planteados entre Tribunales con distintas jurisdicciones.
En el presente caso al surgir un conflicto negativo de competencia entre dos (2) tribunales que pertenecen a distintos ámbitos competenciales -contencioso administrativo y civil - se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la resolución del conflicto de competencia planteado. Así se decide.
DISPOSITIVA
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
SEGUNDO: INCOMPETENTE para el conocimiento de la demanda de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social incoada por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA contra las sociedades mercantiles PARCELAMIENTO RURAL MATANZAS, C.A. y EMPRESA DILA C.A y contra los ciudadanos CARLOS FORBIDUSI, OSCAR R. DÍAZ, HÉCTOR PÉREZ MÁRQUEZ, JESÚS GUERRA, ARCADIO ROSAS y otros.
TERCERO: En virtud del conflicto negativo de competencia surgido se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, diez (10) de agosto de 2009. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
LA JUEZA
BETTI OVALLES LOBO
LA SECRETARIA
ANNA RENATA FLORES FABRIS
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