REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ
Puerto Ordaz, treinta (30) de julio del 2009
198º Y 150º
ASUNTO: FC13-R-2003-000003
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: El ciudadano RAMON ANTONIO HERNANDEZ ALBA, venezolano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad nº 3.092.639
APODERADO JUDICIAL: El abogado RAMON ANTONIO HERNANDEZ ALBA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el n° 43.157 y de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: La sociedad mercantil DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR C.A. domiciliada en Ciudad Bolívar e inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con fecha 03 de junio de 1.974 bajo el n° 7.
APODERADO JUDICIAL: Los abogados HUGO MARQUEZ y MARGARITA FEIJOO MUÑOZ venezolanos, mayores de edad, e inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 31.634 y 76.149 respectivamente.
MOTIVO: HOMOLOGACION DE ACUERDO CONCILIATORIO.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
Mediante documento presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, con fecha 18 de diciembre de 2007, contentivo del acuerdo conciliatorio celebrado entre el demandante en este juicio el ciudadano RAMON ANTONIO HERNANDEZ ALBA, asistido de abogado y la demandada DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR C.A.,representada por su apoderado el abogado HUGO MARQUEZ SPOSITO, donde se acordó que a los por fines de dar por terminado este juicio, la parte demandada convino en pagar al demandante la suma de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 75.000.000,oo), equivalente a SETENTA Y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 75.000.000,00) de los antiguos, suma esta recibida por el actor mediante cheque a su nombre n° 00002109, emitido en Caracas el día 05 de diciembre de 2007, contra el BANCO PROVINCIAL.
Este Tribunal a continuación pasa a citar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentaria que regulan los acuerdos entre las partes, habida cuenta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, así:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
(…) 2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
Asimismo La Ley Orgánica del Trabajo en el Parágrafo Unico del artículo 3, establece:
“La irrenunciablidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”.
En el mismo orden, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, dice:
Artículo 10. Transacción Laboral. De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos en ellos comprendidos.
A continuación este Juzgador Superior, pasa a revisar si el acuerdo conciliatorio de autos, cumple con los requisitos exigidos por las disposiciones citadas, con el objeto de darle la eficacia correspondiente.
A tal efecto, analizados como fueron los términos del citado acuerdo, se evidencia que el demandante actuó personalmente asistido de abogado y que la sociedad mercantil demandada, suscribe el documento contentivo del acuerdo a través de su apoderado, quien tiene facultades para celebrar transacciones, según consta del poder que cursa del folio 296 al 299 del expediente, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; así como también en la manifestación escrita del acuerdo, el demandante actuó en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y, que el escrito presentado por ante este Tribunal Superior en la ya citada fecha, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a la motivación del tantas veces citado acuerdo y derechos comprendidos, por lo que se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso y el pase en autoridad de cosa juzgada. Así se decide.
Asimismo este Tribunal, como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo conciliatorio, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos, aplicándole las consecuencias previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes, y, enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en el acuerdo conciliatorio en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones tal y como fueron contraídas en el acuerdo, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
DECISION
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA en toda y cada una de sus partes el ACUERDO CONCILIATORIO celebrada entre las partes ya identificadas, dándole autoridad de cosa juzgada.
Se da por terminado el presente juicio y ordena la remisión de la causa al Juzgado a quo para que proceda al cierre y archivo del expediente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil nueve (2009). Año 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Tercero Superior,
Abog. Nohel J. Alzolay
La Secretaria,
Abog. Maglis Muñoz
En esta misma fecha, siendo las 10:30 minutos de la mañana, previo el cumplimiento de las formalidades legales se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. Conste. La Secretaria,
Abg. Maglis Muñoz
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