TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

En fecha 04 de junio de 2009, se recibió y se le dio entrada a la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y COBRO DE BOLÍVARES, incoada por la ciudadana MILAGROS FARIA NONES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.154.637, domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, y en representación del ciudadano JORGE FARIAS NONES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.167.875, según se evidencia de poder otorgado por ante la Notaria Pública Cuarta de Maracaibo del Estado Zulia, de fecha 18 de mayo de 2009, anotado bajo el No. 17, tomo 41 de los libros respectivos, asistida por la abogada en ejercicio LEONOR GARCIA LUQUE, inscrita en Inpreabogado bajo el número 87.857, y de este domicilio; en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES TUBRIMARCA C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 26 de enero del 2004, bajo el No.32, tomo 04-A, para que convenga o sea obligado a ello, en la resolución del contrato de arrendamiento suscrito en fecha 30 de junio de 2008, bajo el número 83, tomo 110 de los Libros de Autenticaciones; el pago de seis (6) de cánones de arrendamiento a razón de dos mil cuatrocientos bolívares (2.400,00); y la entrega del inmueble constituido por un galpón, el cual es parte integrante de un inmueble, distinguido con el No 5 de la zona C, del barrio San Agustín, sector Monte Claro Bajo (detrás de la Plaza de Toro), en jurisdicción de la Parroquia Idelfonso Vásquez del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.
En fecha 30 de junio de 2009, el Alguacil Natural de este Tribunal consignó recibo de citación debidamente firmada por el ciudadano Adonay Bracho, en su condición de Presidente de la empresa demandada.
En fecha 15 de julio de 2009, la ciudadana MILAGROS FARIA NONES, estampó diligencia otorgando poder apud-acta a la abogada en ejercicio LEONOR GARCIA LUQUE, antes identificada, en la misma fecha presentó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 17 de julio de 2009, el Tribunal mediante auto ordenó admitir las pruebas presentada por la parte actora.
El Tribunal para decidir observa:
El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil prevé: “...Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contrario a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a Sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado...”
Al respecto la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 19 de junio de 1996, con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda, en juicio de Maghglebe Landaeta contra la Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora, esta sala expreso lo siguiente:
(.....) La Sala ha reiterado pacíficamente la siguiente doctrina en cuanto la confesión ficta, que fue reiterada en sentencia de esta Sala del 15 de enero de 1992: “ Para que se consuma o haga procedente la presunción legal de la confesión ficta, se requiere tres requisitos, a saber: a) que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho; y c) Que el demandado no probare nada que le favorezca durante el proceso. (....)
La Sala se acoge en el caso de auto, la doctrina expresada, ya que el Juzgador debe necesariamente constatar que los tres elementos antes expuestos, se hayan dado en el proceso, para sentenciar atenido a la confesión, conforme lo establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
La doctrina expuesta, limita la actuación del Juzgador que tiene ante sí un proceso con una parte demandada, rebelde y contumaz a constatar los tres elementos expuestos, ya que la presunción iuris tantum producida por la falta de contestación a la demanda que permite al demandado la prueba limitada, no ya de excepción sino de hecho que enerven la acción del demandante deviene, con la confesión ficta y la falta de probanzas, una consecuencia legal impuesta por la misma disposición que sustituye las pruebas que pudiera sustanciar el Tribunal.
En el estudio de dicha institución el autor A. Rangel Romberg, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el Código de 1987, expresa lo siguiente:
c) Como se ha visto antes, la disposición del articulo 362 Código de Procedimiento Civil, requiere dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal: Que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca; y consecuencialmente, los problemas que plantea la institución en la practica, son dos: establecer lo que debe entenderse por “ petición contraria a derecho” y el alcance de la locución “si nada probare que le favorezca”. Determinar cuando la petición del demandante es contraria a derecho, tiene trascendencia en nuestro caso, solo en cuanto a la declaración de la confesión ficta, pues en cuanto al mérito de la causa, aunque se tenga por admitidos los hechos en virtud de la confesión ficta, el Tribunal no podrá declarar con lugar la demanda, ni acordar lo pedido por la parte actora, si esa petición resulta contraria a derecho en el sentido de que los hechos admitidos, no producen la consecuencia jurídica pedida.
Para determinar este extremo, no es preciso que el Juez entre a indagar acerca del derecho las consecuencias jurídicas que conforme a la Ley deben aplicarse en concreto a los hechos establecidos o confesados por el demandado, porque una cosa es la desestimación de la confesión ficta por ser contraria a derecho la petición del demandante, y otra la desestimación de la demanda por improcedente e infundado en derecho. Ambos conceptos giran en torno a la cuestión de derecho, y fácilmente puede confundirse las situaciones.
e) Una innovación importante en la materia que estamos tratando, con relación a la prueba que puede aportar el confeso, se encuentra en el referido artículo 362 Código de Procedimiento Civil, al establecer que vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin mas dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. Regla esta como expresa la Exposición de Motivos de un alto valor para la celeridad del proceso, que se justifica por la actitud omisiva del demandado en tal circunstancia, que pone a su cargo el onus probandi para desvirtuar la confesión. La regla, como es obvio, considera innecesario, ante la actitud del demandado, continuar el procedimiento ordinario por los restantes trámites hasta la sentencia definitiva, siendo que ninguna prueba fue promovida en el lapso correspondiente”.
Ahora bien, esta Juzgadora acoge en el caso de auto la doctrina expresada, procediendo constatar los tres elementos: a) que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho; y c) que el demandado no probare nada que le favorezca.
Observa el Tribunal que consta en actas la citación de la parte demanda como se evidencia de la consignación de la boleta de citación por el alguacil, en fecha 30 de junio de 2009, no compareciendo ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial a dar contestación a la demanda, así como tampoco promovió durante el lapso probatorio prueba alguna que pudiere obrar a su favor, además que lo pretendido por la parte actora no es contrario a derecho.
Constatándose pues, que se han dado los tres elementos antes expuestos, procede esta Juzgadora a decidir la causa atenida a la confesión ficta conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, y por tal razón no es innecesario entrar valorar las pruebas promovidas por la parte actora. Así se decide.
Por todos los fundamentos expuestos, este Juzgado Cuarto de los Municipios de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Con Lugar la demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento y Cobro de Bolívares, incoada por la ciudadana Milagros Faria Nones, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES TUBRIMARCA C.A
En consecuencia, se declara resuelto el contrato de arrendamiento de fecha 30 de junio de 2008, bajo el número 83, tomo 110 de los Libros de Autenticaciones. Asimismo, se condena al pago de seis (6) de cánones de arrendamiento a razón de dos mil cuatrocientos bolívares (2.400,00) que totalizan la cantidad de catorce mil cuatrocientos bolívares (Bs. 14400,00) y se ordena a la parte demandada a entregar el inmueble constituido por un galpón, el cual es parte integrante de un inmueble, distinguido con el No 5 de la zona C, del barrio San Agustín, sector Monte Claro Bajo (detrás de la Plaza de Toro), en jurisdicción de la Parroquia Idelfonso Vásquez del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, alinderado de la siguiente manera: Norte: cuarenta metros (40 mts) y linda con el lote No. 6, de la misma zona C, propiedad de la ciudadana Ligia Josefina Herrera de Montiel; Sur: cuarenta metros (40 mts) y linda con el lote No. 4, de la misma zona C, propiedad del ciudadano Guillermo Portillo; Este: veintitrés metros (23 mts) y linda con el lote N.13, de la misma zona C, propiedad del señor Luís Suárez y Oeste: veintitrés metros (23 mts), que en su frente y linda con vía pública abierta en terrenos propiedad de la vendedora.
Se condena a la parte demandada a pagar las costas procesales por haber sido vencida totalmente en el presente juicio, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese.
Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada ante la Sala del Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los (29) días del mes de julio del año 2009. 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
LA JUEZ

Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO
EL SECRETARIO

Abog. JUAN CARLOS CROES.
En la misma fecha se dictó y publicó el anterior fallo previo el anuncio de ley dado a las puertas del despacho por el alguacil del Tribunal a las diez de la mañana de la tarde, se expidió la copia ordenada por secretaria y se archivo en el copiador. EL SECRETARIO.