TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 08 de Julio de 2010.
Años: 200° y 151°

EXPEDIENTE :3079
PARTE DEMANDANTE : Ciudadano JOSÉ ANTERO GARFIDES GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 4.731.680, domiciliado en Yaritagua Municipio Peña del Estado Yaracuy.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE

: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PARRA, Inpreabogado Nº 56.073 (folio 262)
PARTE DEMANDADA : Ciudadanos BERTA ELENA GARFIDES SEGOVIA, LEILA JOSEFINA GARFIDES SEGOVIA, CARMEN SUSANA GARFIDES SEGOVIA, JUAN BAUTISTA GARFIDES SEGOVIA y SONIA ELENA GARFIDES GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 124.698, 2.544.644, 2.910.036, 436.810 y 7.412.873, respectivamente, domiciliados en Yaritagua, en el Municipio Peña del Estado Yaracuy.

APODERADO JUDICIAL DE LA CO -DEMANDADA CIUDADANA CARMEN SUSANA GARFIDES SEGOVIA

DEFENSOR JUDICIAL DE LOS HEREDEROS DE LA CO-DEMANDADA CIUDADANA BERTA ELENA GARFIDES SEGOVIA
: GERMAN MACEA LOZADA, Inpreabogado Nº 23.878. (folio 141)

: PEDRO JOSÉ CAÑAS MÉNDEZ Inpreabogado Nº 58.234.

MOTIVO : PARTICIÓN DE BIENES (Reposición de la Causa al Estado de Contestación de la Demanda )

Vistos los autos que conforman el presente expediente, este Tribunal actuando como director del proceso y en aras del cumplimiento de los artículos 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela OBSERVA:
A los folios del 348 al 353 ambos inclusive consta sentencia interlocutoria de fecha 07 de octubre de 2009 donde se declara subsanadas las cuestiones previas opuestas. Asimismo se ordena notificar a las partes la presente decisión.
Al folio 360 consta boleta de notificación consignada por el Alguacil de este Juzgado en fecha 28 de octubre de 2009 debidamente firmada por el abogado German Macea en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada ciudadana Carmen Susana Garfides.
Al folio 361 consta boleta de notificación consignada por el Alguacil de este Juzgado en fecha 28 de octubre de 2009 debidamente firmada por el abogado Pedro José Cañas en su carácter de defensor judicial de la co demandada ciudadana Berta Elena Garfides Segovia.
Al folio 362 consta boleta de notificación consignada por el Alguacil de este Juzgado en fecha 29 de octubre de 2009 debidamente firmada por el abogado Miguel Ángel Martínez en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante ciudadano José Antero Garfides González.
Al folio 363 consta auto del Tribunal de fecha 02 de noviembre de 2009 donde se ordena comisionar al Juzgado del Municipio Peña del Estado Yaracuy para que efectúe las notificaciones de los ciudadanos LEILA JOSEFINA GARFIDES SEGOVIA, JUAN BAUTISTA GARFIDES SEGOVIA y SONIA ELENA GARFIDES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros 2.544.644, 436.810 y 7.412.873 respectivamente.
Al folio 366 consta diligencia suscrita y presentada por el al abogado German Macea Inpreabogado Nº 23.878 en su carácter acreditado en autos, donde solicita la reposición de la causa.
Al folio 367 consta diligencia suscrita y presentada por el al abogado German Macea Inpreabogado Nº 23.878 en su carácter acreditado en autos, donde solicita se apertura un lapso de promoción y evacuación de pruebas y ratifica la solicitud de reposición de la causa.
A los folios del 377 al 382 corre inserta sentencia interlocutoria de fecha 25 de noviembre de 2009, donde se niega la solicitud de reposición de la causa.

Al folio 389 consta auto del Tribunal de fecha 27 de noviembre de 2009, donde se ordena notificar a las partes de la decisión interlocutoria de fecha 25 de noviembre de 2009, la cual corre inserta a los folios del 377 al 382 ambos inclusive.
Al folio 392 consta boleta de notificación consignada por el Alguacil de este Juzgado en fecha 02 de diciembre de 2009 debidamente firmada por el abogado Miguel Ángel Martínez en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante ciudadano José Antero Garfides González.
Al folio 393 consta boleta de notificación consignada por el Alguacil de este Juzgado en fecha 02 de diciembre de 2009 debidamente firmada por el abogado German Macea en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada ciudadana Carmen Susana Garfides.
Al folio 394 consta auto del tribunal de fecha 03 de diciembre de 2009 donde se subsana error material involuntario referente a la boleta de notificación librada en fecha 07 de octubre de 2009 a la ciudadana Berta Elena Garfides Segovia. Quedando establecido que el abogado Pedro José Cañas funge como defensor judicial de los herederos de la ciudadana Berta Elena Garfides Segovia como consta en boleta de notificación insertas al folio 361, la cual fue debidamente firmada por al abogado antes mencionado, considerándose el mismo notificado de la sentencia interlocutoria de fecha 07 de octubre de 2009.
Al folio 395 corre inserta boleta de notificación consignada por el Alguacil de este Juzgado en fecha 04 de diciembre de 2009, debidamente firmada por el abogado Pedro José Cañas, en su carácter de Defensor Judicial de los Herederos de la ciudadana Berta Elena Garfides Segovia.
A los folios del 397 al 412 constan comisiones provenientes del Juzgado del Municipio Peña del Estado Yaracuy, bajo oficios Nros. F-3203/024 y F- 3203/025, ambas de fecha 22 de enero de 2010, la cuales están parcialmente cumplidas ya que no se le notificó a todos los demandados.
Al folio 414 cursa diligencia suscrita y presentada por el abogado en ejercicio Miguel Ángel Martínez, Inpreabogado Nº 56.073 en su carácter acreditado en autos, donde solicita al Tribunal se le notifique a la ciudadana Leila Josefina Garfides por medio de cartel, acordando lo solicitado por auto de fecha 02 de marzo de 2010.
Al folio 417 cursa diligencia suscrita y presentada por el abogado en ejercicio Miguel Ángel Martínez, Inpreabogado Nº 56.073 en su carácter acreditado en autos donde consigna cartel de notificación publicado en diario Yaracuy Al Día de fecha 15 de mayo de 2010, ordenándose desglosarlo y anexarlo al expediente por auto de fecha 19 de mayo de 2010.
Al folio 420 consta diligencia suscrita y presentada en fecha 09 de junio de 2010 por el abogado German Macea, en su carácter de apoderado judicial de la parte co-heredera ciudadana Carmen Susana Garfides, donde deja expresa constancia que dio contestación al fondo de la demanda de partición en el tiempo hábil para ello.
Al folio 421 consta diligencia suscrita y presentada en fecha 29 de junio de 2010 por el abogado German Macea, en su carácter de apoderado judicial de la parte co-heredera ciudadana Carmen Susana Garfides, donde consigan escrito de promoción de pruebas.
En fecha 29 de junio de 2010 el Tribunal deja constancia de la consignación de escrito de promoción de prueba, presentado por el abogado German Macea en su carácter acreditado en autos, agregado por auto de fecha 02 de julio de 2010 inserto al folio 424.
En fecha 01 de julio de 2010 el Tribunal deja constancia de la consignación de escrito de promoción de prueba, presentado por el abogado Pedro José Cañas en su carácter acreditado en autos, agregado por auto de fecha 02 de julio de 2010 inserto al folio 424
A los folios del 425 al 429 cursa escrito de promoción de pruebas, suscrito y presentado por el abogado German Macea Inpreabogado Nº 23.878 en su carácter acreditado en autos. Agregado por auto de fecha 02 de julio de 2010.
Al folio 430 y su vuelto cursa escrito de promoción de pruebas, suscrito y presentado por el abogado Pedro José Cañas Méndez Inpreabogado Nº 58.234, en su carácter acreditado en autos. Agregado por auto de fecha 02 de julio de 2010.
LLEGADO EL MOMENTO PARA DECIDIR LA PRESENTE CAUSA, ESTA INSTANCIA PASA A HACERLO PREVIA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
PUNTO PREVIO A LA SENTENCIA:

Señala esta Juzgadora que el proceso constituye una serie de actos que se suceden en forma ordenada, con el objeto de resolver mediante la actuación de la Ley a un caso concreto, el conflicto de intereses sometidos a la decisión de un órgano jurisdiccional. Éste se inicia con el acto de la demanda y concluye con el de la sentencia y su posterior ejecución. Es por ello que el proceso se desenvuelve a través de formas procesales, cuya razón de ser no es la forma en sí misma, sino proteger el derecho a la defensa y a obtener una sentencia justa. En este orden de ideas, tenemos que las nulidades de los actos procesales han sido incorporadas al derecho con el propósito de proteger bienes jurídicos, cuya omisión, desconocimiento o trasgresión exige la reposición de la situación o acto procesal que los omitió, desconoció o transgredió. Al Estado Venezolano les interesa que se alcance el grado más alto de justicia, por ello es necesario garantizar que los pronunciamientos judiciales sean resueltos en un proceso sin errores y con las debidas garantías.
La visión procesal actual ha superado el concepto del Juez o Jueza neutro o espectador, en este sentido y en relación con las nulidades el Juez o Jueza no sólo tiene la autoridad de declararlas sino también de prevenirlas, tal como lo establece el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil que establece:
“Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”.

Conforme con la norma transcrita y según lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia, el Juez o Jueza debe depurar el proceso de irregularidades, de errores y de vicios, pues este debe transcurrir de manera transparente. Solo en dos casos, el Juez puede declarar la nulidad de un acto procesal, estos son: 1° Cuando la nulidad se encuentre establecida expresamente en la Ley; y 2° Cuando se haya dejado de cumplir alguna formalidad esencial para su validez.
La consecuencia de declaratoria de nulidad de un acto es la reposición de la causa al estado que en la misma sentencia se señale, por ello, el tratadista Rengel Romberg sostiene: “...la reposición solo será justificada, cuando el acto procesal viciado fuese esencial para la validez de los actos consecutivos…..”.
El incumplimiento de los requisitos de formación y ejecución del acto procesal viola normas jurídicas y derechos fundamentales de las partes. En este sentido, la nulidad es una forma de reparación obviamente, de interés del orden público, en cuanto que el debido proceso es de orden constitucional y son las leyes las que establecen los presupuestos procesales que no pueden ser transgredidos so pena de nulidad. Por tal razón, las nulidades de los actos procesales protegen bienes jurídicos cuya omisión, desconocimiento o trasgresión exige la reposición de la situación o acto procesal que los omitió, desconoció o transgredió.
Al folio 230 consta diligencia, suscrita y presentada en fecha 04 de agosto de 2003, por el ciudadano José Antero Garfides González debidamente asistido por la abogada en ejercicio Marleny Vivas Rivas Inpreabogado Nº 62.918, donde le solicita al Tribunal nombrar otro defensor Ad liten ya que el anterior no compareció a su aceptación y juramentación,
Al folio 231 consta auto del Tribunal de fecha 05 de agosto de 2003, donde se acuerda nombrar defensor judicial de los herederos desconocidos de la demandada ciudadana Berta Elena Garfides Segovia, al abogado en ejercicio Pedro José Cañas, Inpreabogado Nº 58.234.
Al folio 233 consta boleta de notificación al abogado Pedro José Cañas, consignada a su vuelto por el Alguacil de este Juzgado debidamente firmada en fecha 08 de agosto de 2003.
En fecha 12 de agosto de 2003 el Tribunal deja constancia de la juramentación del defensor judicial de los herederos desconocidos de la demandada ciudadana Berta Elena Garfides Segovia, abogado Pedro José Cañas, Inpreabogado Nº 58.234.
Ahora bien, considera esta Juzgadora señalar la ponencia del magistrado Arcadio Delgado, en cuanto a la naturaleza jurídica del defensor ad-litem, sus deberes y cargas, respecto a la contestación de la demanda, las pruebas y los recursos; así como, a su facultad o no, para desistir, convenir y transigir en juicio, dictado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 14 de abril de 2005, caso, Jesús Gil Márquez, expediente Nº 0329-58, la que dejó sentado:

“Infiere esta Sala de los alegatos esgrimidos por el recurrente, que su acción de amparo se encuentra más bien dirigida a atacar la negligencia mostrada por el abogado designado como defensor ad litem, en la oportunidad de realizar su función de defensa a favor de éste, pues parte de tal circunstancia para además alegar que el Juzgado de Primera Instancia incurrió en violaciones constitucionales, toda vez que dicho órgano jurisdiccional no instó o exhortó al referido defensor para el cumplimiento de su labor, en pro de sus derechos como parte del proceso, en su condición de demandado.
Ahora bien, establece el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil que una vez agotada la citación personal y la citación por carteles sin que el demandado compareciese, el Tribunal procederá al nombramiento de un defensor con quien se entenderá la referida citación. Dicha disposición fue prevista por el legislador con el fin de garantizar el derecho a la defensa del demandado dentro de un proceso, derecho que ha sido dispuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través del artículo 49, como uno de los derechos fundamentales inherentes a toda persona.
Señala esta Sala que la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y TIENE LOS MISMOS PODERES DE UN APODERADO JUDICIAL, CON LA DIFERENCIA QUE SU MANDATO PROVIENE DE LA LEY Y CON LA EXCEPCIÓN DE LAS FACULTADES ESPECIALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 154 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. POR TANTO, MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO, ACEPTACIÓN DE ÉSTE, Y RESPECTIVA JURAMENTACIÓN ANTE EL JUEZ QUE LO HAYA CONVOCADO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JURAMENTO, SE APUNTA HACIA EL EFECTIVO EJERCICIO DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA DEL DEMANDADO A LA QUE SE HA HECHO MENCIÓN.
Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado.
Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la trasgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.
Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.
En el caso bajo análisis observa esta Sala que, si bien es cierto que el Juzgado Primero de Primera Instancia realizó todo lo conducente en un principio para la tutela del derecho a la defensa del demandado, como lo reflejan sus intentos de citación, y vista su imposibilidad el posterior nombramiento de un defensor ad litem, aquel al avistar el cúmulo de omisiones por parte del defensor judicial que devenían en una violación del derecho a la defensa del demandado ausente, debió en la oportunidad de dictar su decisión de fondo, como punto previo, reponer la causa al estado en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa del demandado, actividad que podía perfectamente realizar atendiendo a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, con la declaratoria con lugar de la demanda, con fundamento en la confesión ficta del demandado –por la omisión del defensor ad litem- vulneró el orden público constitucional, cuya defensa indiscutiblemente correspondía a dicho órgano jurisdiccional.
Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo Nº 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión Nº 33, que “(…) la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omisis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomo en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara”. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable.
Vista la transición en cuanto al criterio que había venido sosteniendo la Sala, y dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano Jesús Rafael Gil Márquez y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia. Así se decide. “

Doctrina igualmente reiterada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 07 de abril de 2005, caso John Sladic contra Nacional Oil Well de Venezuela C.A., expediente Nº AA60-S-2004-001512, bajo la ponencia del magistrado Juan Rafael Perdomo, al establecer que:
“….La finalidad de la institución del defensor ad litem es la de garantizar en forma eficaz el derecho a la defensa, no es una simple formalidad con el objeto de generar la bilateralidad del juicio y permitir que éste continúe y se pueda dictar sentencia. Para ello el defensor debe ponerse en contacto, de ser posible, con su defendido sobre todo si se trata de una persona jurídica –sin que baste a tal efecto el solo envío de un telegrama- para que éste le facilite la información y pruebas necesarias para alcanzar tal cometido, así como la indicación de los datos para controlar y contradecir las pruebas del adversario.
Además el defensor ad litem debe dar contestación a la demanda y no es admisible que no lo haga y como consecuencia de ello quede confeso, pues en tal supuesto, a criterio de la Sala Constitucional y que esta Sala de Casación Social acoge, el proceso es ilegal e inconstitucional por violación de los derechos fundamentales de la defensa y del debido proceso, porque lejos de defender los derechos e intereses que le han sido encomendados, desmejora y perjudica los mismos. EL VERDADERO FIN DE LA FIGURA Y SU TRASCENDENCIA DENTRO DEL JUICIO, AL NO CONSIDERAR QUE LAS GRAVES OMISIONES DEL DEFENSOR AD LITEM PERJUDICABAN IRREMEDIABLEMENTE EL DERECHO A LA DEFENSA DEL DEMANDADO Y ELLO LE IMPONÍA EL DEBER DE DECLARAR LA NULIDAD Y REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO EN QUE EL DEFENSOR PUDIERA CONTACTAR A SU DEFENDIDO ANTES DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE DEFENSA Y DEL DEBIDO PROCESO Y AL NO HACERLO INCURRIÓ EN UN GRAVE ERROR DE PROCEDIMIENTO que produjo la violación del artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo que establece la figura del defensor ad litem; de los artículos 15, 206, 208, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues consideró que la sola designación del defensor ad litem, sin que éste contacte a su defendido ni despliegue una apropiada actividad a los fines de garantizar el derecho a la defensa era suficiente para estimar válido el juicio…..”
Finalmente, cabe hacer referencia, por lo contundente de esta doctrina a la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 07 de marzo de 2007, caso Distribuidora Nella contra Alpina Productos Alimenticios C.A., expediente Nº AA 20-C-2000-000800 bajo la ponencia del magistrado Carlos Oberto Velez en la cual se señaló las obligaciones del defensor Ad-Litem y se caso de oficio la recurrida, al establecer que:
“ No puede pasar por alto la Sala la conducta asumida por el defensor ad litem al no dar contestación a la demanda, no promover prueba alguna, ni asistir a los actos de evacuación de los testigos de la contraria y lo que es aun mas grave, no ejerció el recurso procesal de apelación, lo mismo desdice de los principios éticos en el ejercicio de su profesión que le desmerece ser considerada por los Tribunales de la República para el nombramiento de tales funciones en otros casos que así lo requieran, y de lo cual quedan apercibidos.
En relación al nombramiento de los defensores ad litem, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ha considerado que el sólo hecho de su nombramiento no garantiza el resguardo del derecho de defensa del demandado, que es labor del jurisdicente procurar preservar ese derecho, en ese sentido se pronunció en sentencia Nº 622 de fecha 2 de mayo de 2001 Exp. Nº 00-543 en la acción de amparo constitucional interpuesta por Bruno Zulli Kravos, en la cual señaló:
....Por otra parte, también se observa que en la sentencia dictada por la sentenciadora que conoció en primera instancia de esta acción de amparo constitucional, se señaló que no se violentó el derecho a la defensa del accionante ya que se cumplieron todos los trámites procesales para la citación del demandado y que a éste se le designó defensor judicial con quien se entendió la citación y los demás actos del proceso y que con ello se le garantizó las oportunidades para ejercer su defensa. No se percata la jueza de que aun cuando se le designó al accionante defensor Ad Litem, en modo alguno garantizó la defensa efectiva del demandado...”
Se ha sostenido en la doctrina venezolana, que el defensor ad-litem tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:
‘El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.’
Por otra parte, la Doctrina Venezolana ha establecido que el cargo de defensor Ad-Litem es un cargo que el legislador ha previsto en una doble finalidad: colaborar en la recta administración de justicia al representar y defender los intereses del no presente e impedir que la acción en justicia pueda ser burlada en detrimento de los derechos de las partes.
Cabe destacar, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que se obliga a los jueces a velar por la tutela judicial efectiva y en especial, a garantizar el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso y dentro de éste, el derecho a la contradicción de las pruebas y el derecho a recurrir de todo fallo que produzca agravio, para garantizar a su vez el derecho al doble grado de la jurisdicción; y el artículo 321 del Código adjetivo civil, establece que todos los jueces debemos acatar la doctrina de casación para preservar la integración de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia; en tanto, el artículo 335 de la Carta Magna dispone que las sentencias interpretativas de la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, son de carácter vinculante; y a propósito de esta norma y de toda la jurisprudencia transcrita en este fallo, sea oportuno citar, la sentencia de fecha 23 febrero de 2007, dictada por esta última Sala, bajo la ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, donde se acuerda pasar de oficio a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, a aquel juez que desacate la doctrina de la Sala, así como la doctrina de las otras Salas de este Tribunal, al establecer:
…“En un Estado Social de Derecho y de Justicia, no puede relajarse el orden jerárquico jurisdiccional, el que un tribunal de inferior jerarquía no cumpla un mandato de uno superior –aun cuando lo sea con base en la autonomía de la cual goza para juzgar- quebranta el ejercicio de la función jurisdiccional, máxime cuando dicho incumplimiento constituye un desacato al amparo.
Visto lo anterior, apunta esta Sala que, el artículo 26 constitucional señala, entre las garantías que presta el Estado, la existencia de una justicia idónea, responsable y expedita
Consecuencia de dicha norma es que la actividad jurisdiccional se rige –entre otros- por esos principios”.
Por los argumentos anteriormente explanados, así como del análisis de las actuaciones del presente expediente donde se evidencia que el defensor judicial designado no veló por el derecho a la defensa de sus representados, se concluye que no habiendo alcanzado la causa el fin al cual estaba destinado, es por lo que se deja establecido que en la misma se produjo una falta involuntaria que perjudica los intereses de los co-demandados herederos de la ciudadana Berta Elena Garfides Segovia, que no puede subsanarse de otra manera, sino con la reposición y siendo ésta obligación para esta Sentenciadora en uso de las facultades velar por los principios antes anotados, por la estabilidad del proceso y la igualdad de las partes en el mismo, es por lo que este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, especialmente el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA:
PRIMERO: LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO DE QUE TRANSCURRA EL LAPSO PARA LA CONSTESTACIÓN A LA DEMANDA, conforme al artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, apercibiendo al defensor judicial de cumplir la obligación que le impone la ley, y que comenzará a transcurrir una vez conste en autos la notificación a las partes de la presente sentencia.
SEGUNDO: SE DEJA SIN NINGÚN EFECTO todas las actuaciones cursantes desde la diligencia de fecha 09 de Junio de 2010 inserta al folio 420.
TERCERO: Se ordena la notificación de las partes de la presente sentencia conforme al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boletas de notificación.
CUARTO: NO HAY EXPRESA CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza de la presente decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe a los ocho (08) días del mes de Julio de 2010. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Jueza,

Abg. WENDY C. YÁNEZ RODRÍGUEZ
La Secretaria,

Abg. INÉS MARTÍNEZ

En esta misma fecha y siendo las 1:00 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,

Abg. INÉS MARTÍNEZ