TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz

PUERTO ORDAZ CATORCE (14) DE JUNIO DE 2010
Años: 200º y 151º

N° DE EXPEDIENTE: FP11-L-2009-000789

I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: Ciudadano EDWARD MORRIEX BROWN CEDEÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.963.651.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano LUIS BLANCA, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el IPSA bajo el Nro. 86.348.

PARTE DEMANDADA: VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: SIN APODERADO JUDICIAL CONSTITUIDO EN AUTOS.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Habiendo dictado este Tribunal en forma oral el dispositivo del fallo en fecha 07//2010 y encontrándose dentro del lapso previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para publicar la integridad del mismo, procede a efectuarlo en los términos siguientes:
II
DE LA PRETENSION
En fecha ocho de junio de 2009 (08/06/09), se inició el presente juicio, mediante demanda interpuesta por el ciudadano EDWARD MORRIEX BROWN CEDEÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.963.651, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 107.658, asistido en ese acto por el ciudadano FIDEL ISEA ORTIZ, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el IPSA bajo el Nro. 107.287, en contra de la sociedad mercantil VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A., por concepto de PAGO DE PRESTACIONES, alegando para ello lo siguiente:

1.- Que su representado comenzó a prestar servicios para la demandada de autos en fecha dos de julio de dos mil ocho (02/07/08) hasta el quince de enero de 2009 (15/01/09); 2) Que su mandante desempeño el cargo de VIGILANTE, para la demandada; 3) Que su representado fue obligado a renunciar justificadamente; 4) Que su mandante laboró para la demandada hasta el quince de enero de 2009 (15/01/09); 5) Que la forma de terminación de la relación de trabajo fue por despido injustificado; 6) Que su representado tuvo un tiempo de servicio para la accionada de seis (6) meses y trece (13) días; 7) Que el salario diario devengado por su representado era de CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 66/100 CÉNTIMOS (BS. 46,66); 8) Que el salario integral devengado por su representado era de CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 35/100 CÉNTIMOS (BS. 55,35); 8)

En consideración a lo antes expuesto, demandó de la sociedad mercantil VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A., por la cantidad total de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 10/100 CÉNTIMOS (BS. 3.869,10), que comprenden los siguientes conceptos laborales:

1) ANTIGÜEDAD: La cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON 25/100 CÉNTIMOS (BS. 830,25).
2) INTERESES SOBRE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: La cantidad de OCHO BOLÍVARES CON 39/100 CÉNTIMOS (BS. 8,39).
3) VACACIONES FRACIONADAS: La cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 98/100 CÉNTIMOS (BS. 174,98).
4) BONO VACACIONAL FRACCIONADO: La cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 45/100 CÉNTIMOS (BS. 189,45).
5) UTILIDADES FRACCIONADAS: La cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 98/100 CÉNTIMOS (BS. 174,98).
6) INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: La cantidad de UN MIL SEISCIENTOS SESENTA BOLIVARES CON 80/100 CÉNTIMOS (BS.1.660, 80).
7) INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO: La cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA BOLIVARES CON 25/100 CÉNTIMOS (BS.830,25).

Los conceptos supra señalados suman la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 10/100 CÉNTIMOS (BS. 3.869,10), suma demandada mediante la presente acción.
III
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Distribuida la presente demanda en fecha 01/03/2010, correspondió su conocimiento y providencia a este Tribunal Tercero de Primera Instancia, de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, quien le da entrada en fecha 10/06/09 y la admite en fecha 12/06/09, ordenando el emplazamiento mediante Cartel de Notificación, a la sociedad mercantil VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A.., en la persona deL ciudadano REINALDO COVA, a los fines de su comparecencia por ante los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, a las 9:30 a.m. del décimo (10º) día hábil siguiente, a la constancia en autos de la notificación correspondiente, a los efectos de que tuviera lugar la Audiencia Preliminar.

Luego de efectuarse diversos intentos por materializar la notificación sin resultado positivo, la parte actora solicita la notificación por correo certificado en fecha 30/04/10, la misma le es acordada en fecha 06/05/10 y en fecha 18/05/10 recibe este Tribunal la resulta de notificación emanada del Instituto Postal Telegráfico, de lo cual se deja constancia mediante auto de fecha 20/05/10 donde se hace saber a las partes que a partir de esa fecha exclusive comenzará a computarse el término de distancia y los diez días hábiles para la celebración de la audiencia preliminar.

No obstante, riela a 33 y 34 del expediente escrito presentado por el ciudadano REINALDO COVA, titular de la cédula de identidad N° 8.964.512, asistido por el Abogado ANTONIO GÓMEZ, Inscrito en el INPRE bajo el N° 26.957, mediante el cual manifiesta entre otras cosas que es SUPERVISOR, de la demandada de autos, lo cual ratifica mediante constancia de trabajo que riela al folio 35 del expediente.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Mediante Sorteo Público Manual realizado en fecha 07/06/2010, según acta Nº 091-2010, es distribuido a este Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Bolívar, Sede Puerto Ordaz, el presente expediente, a los fines de celebrar la Audiencia Preliminar. De este modo, se procede a dar inicio a la Instalación de la Audiencia Preliminar, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), de la cual se levantó Acta que riela al folio cuarenta y tres (43)del expediente y en la misma se dejó expresa constancia de la comparecencia del ciudadano EDWARD MORRIEX BROWN CEDEÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.963.651, parte actora en el presente proceso, asistido por el ciudadano LUIS BLANCA, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el IPSA bajo el Nro. 86.348, así como también, se dejó constancia de la incomparecencia la Parte Demandada, sociedad mercantil VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A., quién no compareció ni por si ni por medio de representación legal, estatutaria y/o judicial alguno, por lo que, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declaró la PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN DE LOS HECHOS, reservándose el Tribunal la publicación del presente fallo para el 5º día hábil siguiente, previa revisión de la petición del actor.

Sin embargo, como quiera que han sido admitidos los hechos en la presente demanda, esta sentenciadora de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, aplicado en este caso por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, acoge la doctrina de casación del Tribunal Supremo de Justicia, en tal sentido, en sujeción a lo dispuesto por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, debe verificar que la acción intentada no sea ilegal o que la pretensión del accionante no sea contraria a derecho. En este orden de ideas, establece el artículo 131 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
“… si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciara en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante…”
Del texto parcialmente trascrito se puede evidenciar con meridiana claridad, que si el demandado no comparece al llamado primitivo de la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos invocados por el demandante, en cuanto no sea contraria a derecho la petición de éste, siendo dicha admisión de carácter absoluto, no desvirtuable por prueba en contrario que sólo puede ser enervada, si la acción es ilegal o contraria a derecho la pretensión del actor , lo cual debe ser verificado por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, tal como lo dejó sentado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1300 de fecha 15/10/2004, cuando estableció lo siguiente:
“(…)1°) Si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primitivo para la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por efecto de dicha incomparecencia (confesión ficta), revestirá carácter absoluto por lo tanto no desvirtuable por prueba en contrario (presunción juris et de jure). Es decir, la potestad del contumaz no representará la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, sino la de enervar la acción por no estar ésta amparada por la ley o la de enervar la pretensión del actor bajo la afirmación de que ésta es contraria a derecho. En este caso, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución decidirá la causa conforme a lo señalado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, sentenciará inmediatamente en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual el demandado podrá apelar, apelación que se oirá en dos efectos, dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo. El tribunal superior que conozca la apelación, sólo decidirá con respecto a los motivos que le impidieron al demandado a comparecer al llamado primitivo para la audiencia preliminar, es decir, el caso fortuito o fuerza mayor que originó la incomparecencia, y si ésta resultara improcedente, proseguirá el juez entonces a decidir verificando, obviamente, que la acción no sea ilegal o que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, como así se dejó establecido por esta Sala en sentencia Nº115 de fecha 17 de febrero del año 2004. (Caso: Arnaldo Salazar Otamendi contra Publicidad Vepaco, C.A.)
En cuanto a que la acción no sea ilegal o que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, cabe mencionar que la ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que la contrariedad de la pretensión con el derecho, significa que la ley no atribuye a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada, observando este Tribunal que la actora reclama el pago de sus prestaciones sociales y demás acreencias derivadas de la relación laboral que mantuvo con la empresa demandada, acción que está ampliamente protegida por el ordenamiento jurídico vigente, específicamente por la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se concluye que la demanda incoada por el demandante está amparada por la Ley; y por ende, no es ilegal su acción. Así se decide.
Respecto al segundo de los supuestos, es decir, que no sea contraria a derecho la petición del accionante, debe esta juzgadora verificar la procedencia legal de los conceptos y beneficios laborales reclamados por el actor, teniendo en cuenta que a pesar de la admisión de los hechos en la que incurrió la demandada por su inasistencia a la primitiva audiencia preliminar, es obligación del Juez, en obsequio a la justicia, verificar y escudriñar las verdad de los hechos y la legalidad de la pretensión, en ese sentido, debe esta juzgadora revisar las actas procesales que conforman el presente expediente, a objeto de verificar la procedencia de los conceptos demandados, constatando que los hechos alegados por la actora, que hoy son admitidos en virtud de la evidente incomparecencia de la demandada, están ajustados a derecho, acogiendo en este caso el criterio establecido en Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (Sent. Nº 1776, 06/12/05, Exp. AA60-S-2005-001037 con Ponencia del Magistrado OMAR MORA DIAZ).

No obstante a lo expresado, considera esta sentenciadora que es un deber impretermitible del Juez, examinar cuantas pruebas sean aportadas a los autos, a manera de evitar incurrir en la violación de la regla general sobre el examen de las pruebas previsto el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al nuevo régimen laboral por remisión directa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En este orden de ideas, este Tribunal deja e a revisar las pruebas incorporadas a los autos:
• Riela al folio siete (07) del expediente Registro la solicitud de reclamo emanada de la Procuraduría del Trabajo, en la misma se evidencia los datos del accionante, de la demandada, el cargo desempeñado, el salario mensual, la fecha de ingreso, la fecha de egreso, tiempo de servicio, horario de trabajo, la forma de terminación de la relación de trabajo. Documental esta que el Tribunal pasa a apreciar. Así se Decide
• Riela a los folios ocho (08) al diez (10) del expediente actas de fecha 29/01/09, 09/02/09 y 13/02/09, emanadas de la SUBINSPECTORÍA DEL TRABAJO DE SAN FELIX, ESTADO BOLÍVAR, mediante las cuales se evidencia que el accionante intentó resolver su situación por ante esa Sede Administrativa, sin resultado positivo, pues la demandada no acudió al acto para el cual fu notificada. Documentales esta que el Tribunal pasa a apreciar. Así se Decide.
• Observa esta juzgadora que rielan a los folios cuarenta y ocho (48) al cincuenta y cinco (55) del presente Expediente, copias fotostáticas de recibos de pagos emitidos por la accionada, según se desprende de sello que la identifica, en los mismos se evidencia entre otras cosas, el salario devengado por el trabajador,. Documentales estas que el Tribunal pasa a apreciar. Así se Decide.

Aplicando el criterio jurisprudencial supra citado al caso que nos ocupa, este Tribunal observa que ciertamente la empresa VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A., no compareció al llamado primitivo de la audiencia preliminar que fue fijada para el día cuatro (04) de junio del presente año a las 09:00 a.m., por lo que se tienen por admitidos los hechos alegados por el actor en su escrito de demanda que tienen relación directa con el vínculo laboral, específicamente los siguientes: 1) Que el ciudadano EDWARD MORRIEX BROWN CEDEÑO, comenzó a prestar servicios para la demandada de autos en fecha 02/79/08; 2) Que el ciudadano EDWARD MORRIEX BROWN CEDEÑO desempeño el cargo de VIGILANTE; 3) Que fue despedido en fecha 158/01/09; 4) Que el ciudadano EDWARD MORRIEX BROWN CEDEÑO, tuvo un tiempo de servicio de seis (06) meses y trece (13) días; 5) Que la terminación de la relación de trabajo fue por despido injustificado; 6) Que el salario diario devengado por el ciudadano EDWARD MORRIEX BROWN CEDEÑO fue de de CUARENTA Y SEIS BOLIVARES CON 66/100 CÉNTIMOS (BS. 46,66); hechos éstos que no pueden ser desvirtuados por prueba en contrario dada la admisión de los hechos de carácter absoluto en la que incurrió la demandada. Así se establece.

Así las cosas, observa este Tribunal, que admitida como fue la relación de trabajo que existió entre las partes, el cargo desempeñado y el último Salario diario devengado, es por lo que, la demandada de autos adeuda a la accionante por concepto de PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, los siguientes conceptos laborales:

PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
De acuerdo al tiempo que duró la relación de trabajo desde su fecha de inicio el día dos (02) de julio de 2008 (02/09/08) y hasta su terminación el día quince (15) de enero de 2009 (15/01/09), es decir, la relación de trabajo fue de seis (6) meses y trece (13) días, y, de conformidad con lo tipificado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden al demandante por prestación de antigüedad acumulada, la cantidad de quince (15) días, a razón del salario integral de cada mes devengado por la parte actora, el cual resulta de sumar el salario diario devengado en cada mes laborado, mas la alícuota de utilidades, mas la alícuota del bono vacacional, siendo el último de ellos de Bs. 31,61; mas treinta (30) días de prestación de antigüedad complementaria, a razón del último salario integral de Bs. 31,61, todo lo cual arroja una suma de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON 45/100 CENTIMOS (Bs. 1.422,45). Así se Decide.-
Cálculos que se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Salario Salario Alíc. Alíc. Salario Días Prest. Prest. Tasa Total
Mes Básico Básico Utilid. Bono Integral x Mensual Acum. % Interes
Mensual Diario Vac. Diario Mes
jul-08 1.400,00 46,67 7,78 0,91 55,35 0 0,00 0,00 20,30 0,00
ago-08 1.400,00 46,67 7,78 0,91 55,35 0 0,00 0,00 20,09 0,00
sep-08 1.400,00 46,67 7,78 0,91 55,35 0 0,00 0,00 19,68 0,00
oct-08 1.400,00 46,67 7,78 0,91 55,35 0 0,00 0,00 19,82 0,00
nov-08 1.400,00 46,67 7,78 0,91 55,35 5 276,76 276,76 20,24 4,67
dic-08 1.400,00 46,67 7,78 0,91 55,35 5 276,76 553,52 19,65 9,06
ene-09 1.400,00 46,67 7,78 0,91 55,35 5 276,76 830,28 19,76 13,67
TOTALES 15 830,28 830,28 27,40

PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD ACUMULADA 830,28
PREST. DE ANTIG. COMPLEMENTARIA (30 DÍAS X Bs. 55,35) 1.660,56
SUB-TOTAL 2.490,83
INTERESES SOBRE PRESTACIONES 27,40
TOTAL PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD E INTERESES 2.518,24

INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES

En cuanto a este concepto, tomando en consideración el tiempo que duró la relación de trabajo fue de seis (6) meses y trece (13) días y por cuanto del escrito libelar se desprende que la prestación de antigüedad se mantuvo en la contabilidad de la empresa a voluntad de la trabajadora, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en su primer aparte y en virtud de ello, la misma devengó intereses a una tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país. De allí y según se evidencia en la tabla antes indicada, se tomaron las tasas de interés según la página web del Banco Central de Venezuela ------ http://www.bcv.gov/, aplicables a la prestación de antigüedad mes por mes, la cual está conformada por el salario básico, la alícuota de utilidades de conformidad con el artículo 174, parágrafo primero de la Ley Orgánica del Trabajo (15 días x año) y la alícuota del bono vacacional de conformidad con el artículo 223 eiusdem (7 días x año), por lo que tal concepto genera una suma total que debe cancelar la reclamada por la cantidad de VEINTISIETE BOLIVARES CON 40/100 CENTIMOS (Bs. 27,40). Así se Decide.

VACACIONES FRACCIONADAS

Con respecto a este concepto y de conformidad con los artículos 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, alega el accionante en su libelo de demanda que la accionada le adeuda las vacaciones fraccionadas y tomando en consideración que el accionante laboró seis (6) meses y trece (13) días; en tal sentido, le corresponden al demandante por vacaciones fraccionadas la cantidad de 7,50 días, cuyo cálculo resulta de multiplicar 15 días por año entre 12 meses, que luego ha de multiplicarse por los seis (6) meses laborados (15/12*6 meses), a razón del último salario normal diario devengado por el actor para la fecha de finalización de la relación de trabajo, el cual fue de Bs. 46,67, todo lo cual arroja una suma total de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 03/100 CENTIMOS (Bs. 350,03). Así se Decide.
BONO VACACIONAL FRACCIONADO

Con respecto a este concepto y de conformidad con los artículos 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, alega el accionante en su libelo de demanda que la accionada le adeuda las vacaciones fraccionadas y tomando en consideración que el accionante laboró seis (6) meses y trece (13) días; en tal sentido, le corresponden al demandante por bono vacacional fraccionado la cantidad de 3,48 días, cuyo cálculo resulta de multiplicar 7 días por año entre 12 meses, que luego ha de multiplicarse por los seis (6) meses laborados (7/12*6 meses), a razón del último salario normal diario devengado por el actor para la fecha de finalización de la relación de trabajo, el cual fue de Bs. 46,67, todo lo cual arroja una suma total de CIENTO SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON 34/100 CENTIMOS (Bs. 163,34). Así se Decide.

UTILIDADES FRACCIONADAS

Con respecto a este concepto y de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, tal como lo alega el accionante en su libelo de demanda y tomando en consideración que el periodo laborado fue de seis (06) meses y tomando en consideración que no se evidencia de autos que al accionante se le hayan cancelado sus utilidades correspondiente a dicho periodo; en tal sentido le corresponden al demandante por este concepto la cantidad de 30 días (60/12*6 meses), a razón del último salario básico diario devengado por el actor para la fecha de finalización de la relación de trabajo, el cual fue de Bs. 46,67, todo lo cual arroja una suma total de CIENTO CUARENTA BOLÍVARES CON 10/100 CENTIMOS (Bs. 140,10)

INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO

En virtud de la actitud contumaz de la demandada en no comparecer a la Audiencia Preliminar, quedó como admitido la forma de terminación de la relación de trabajo, la cual fue por despido Injustificado y tomando en consideración que la relación de trabajo se mantuvo por seis (6) meses y trece (13) días, motivo por el cual y conforme a lo establecido en el Artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, numeral 2, la demandada deberá cancelarle al accionante 30 días a razón del último salario integral, el cual fue de Bs. 55,35, devengado por ésta para la fecha de culminación de la relación laboral, tal como quedó plasmado en el cuadro que contiene el cálculo de la prestación de antigüedad; todo lo cual da como resultado la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS SESENTA BOLIVARES CON 50/100 CENTIMOS (Bs. 1.660,50). Así se Decide.-

INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PREAVISO

Tomando en consideración que la relación de trabajo se mantuvo por seis (6) meses y trece (13) días, a tenor de lo establecido en el Artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal “b”, corresponden al demandante 30 días a razón del último salario integral, el cual fue de Bs. 31.65, devengado por éste para la fecha de culminación de la relación laboral, tal como quedó plasmado en el cuadro que contiene el cálculo de la prestación de antigüedad; todo lo cual da como resultado la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS SESENTA BOLIVARES CON 50/100 CENTIMOS (Bs. 1.660,50). Así se Decide.-.-

De manera, que todos los anteriores conceptos y cantidades ascienden a la cantidad total de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVARES CON 60/100 CENTIMOS (Bs. 7.752,60), cuyo monto adeuda y deberá cancelar la sociedad mercantil VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A. a la accionante. ASI SE DECIDE.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena el pago de los intereses de mora sobre la prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado y no pagado, utilidades fraccionadas y no pagadas, desde la fecha en que terminó la relación de trabajo por despido injustificado, es decir, el 15/01/09, los cuales se determinarán mediante experticia complementaria del fallo, conforme las pautas que se establecerán en la parte dispositiva de la presente Sentencia. ASI SE ESTABLECE

En lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, se condena igualmente la Indexación Judicial o Corrección Monetaria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta sentenciadora acoge el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de Noviembre del 2008, caso JOSÉ ZURITA, en contra de la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A., bajo la Ponencia del Magistrado Dr. LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, en la cual se establece que procederá dicho concepto desde la fecha de notificación de la demandada y hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales. Y ASÍ TAMBIEN SE DECIDE.-
V
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con Sede Puerto Ordaz, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano EDWARD MORRIEX BRWN CEDEÑO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.963.651, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES , en contra de la Sociedad Mercantil VIGILANCIA Y SEGURIDAD RORAIMA, C.A., y en consecuencia, se condena a ésta a pagar a la demandante la suma total de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVARES CON 60/100 CENTIMOS (Bs. 7.752,60), por los conceptos laborales ampliamente señalados en la parte motiva de este fallo. Asimismo, se ordena el pago de los intereses de mora sobre la prestación de antigüedad, vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado, utilidades no pagadas, desde la fecha en que terminó la relación de trabajo, es decir, el quince (15) de enero de 2009 (15/01/09), los cuales se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

En lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, se condena igualmente la Indexación Judicial o Corrección Monetaria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta sentenciadora acoge el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de Noviembre del 2008, caso JOSÉ ZURITA, en contra de la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A., bajo la Ponencia del Magistrado Dr. LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, en la cual se establece que procederá dicho concepto desde la fecha de notificación de la demandada y hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales; cuyos cálculos serán realizados por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieren acordar, para lo cual el Tribunal, deberá en el último cálculo en la oportunidad de la ejecución de la sentencia definitivamente firme o lo que es lo mismo de la materialización del pago efectivo, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador.

Se condena en Costas a la parte demandada por cuanto hay vencimiento total.

Publíquese, Regístrese y Déjese copia en el Compilador respectivo.

La presente decisión está fundamentada en los artículos 2, 26, 49, 92 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 108, 125, 174, 219, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en los artículos 2, 5, 6, 11 y 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y artículos 321 y 509 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, a los catorce (14) días del mes de junio de dos mil diez (14/06/2010), Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIA,

ABOG. DAISY LUNAR CARRIÓN
LA SECRETARIA,

ABOG. DANILLA FARIAS

En esta misma fecha se le dio fiel cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA,

ABOG. DANIELLA FARIAS