REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz Puerto Ordaz, Tres (03) de Marzo de dos mil diez (2.010) Años: 199º y 151º ASUNTO PRINCIPAL : FP11-L-2005-001131 ASUNTO : FP11-R-2004-000060 I IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARTE ACTORA: JOSE MIGUEL DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.594.112. APODERADOS JUDICIALES: ROSA ANGELI y KEILA GIL ARIAS, abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 64.632 y 31.694, respectivamente. PARTE DEMANDADA: TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A., inscrita en fecha 17 de Octubre de 1996, bajo el Nº 53, tomo A-3, por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz. APODERADOS JUDICIALES: SIN APODERADO CONSTITUIDO EN AUTOS. CAUSA: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES. II ANTECEDENTES Previa distribución realizada mediante sorteo público de fecha 02-03-2006, en virtud de la decisión dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 31 de enero de 2006, correspondió el conocimiento del presente asunto a este Tribunal Superior a los efectos de decidir el recurso de apelación, oído en ambos efectos, interpuesto en fecha 21 de junio de 2000 por la abogada ROSA ANGELI, en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandante, en contra de la decisión de fecha 18 de mayo de 2000, dictada por el JUZGADO TERCERO DEL MUNICIPIO CARONI DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, EXTENSION TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, mediante la cual se declaró SIN LUGAR la demanda propuesta por el demandante. Por lo cual, este Tribunal tras abocarse a la causa, ordenó la notificación de las partes para la reanudación de la misma y proceder a dictar sentencia en virtud de la apelación ejercida, conforme a la norma prevista en el artículo 199 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que vista la imposibilidad de materializar las notificaciones ordenadas, esta Alzada pasa a decidir en base a las siguientes consideraciones: III MOTIVACIONES DEL PRESENTE FALLO La perención de la instancia puede definirse como la “...extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal...” (Ricardo Henríquez La Roche (2000). CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE VENEZUELA, Tomo II, pág. 329). Un acto de impulso procesal es aquel que propende al desarrollo del juicio mediante la voluntad del interesado en inducir el proceso hacia su meta natural que es la sentencia. En tal sentido, estima esta juzgadora hacer referencia a las normas consagradas en los artículos 201, 202, 203 y 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las cuales establecen expresamente: “Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.” “Artículo 202. La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal.” ”Artículo 203. La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda y solamente extingue el proceso. En tal sentido, no corren los lapsos de prescripción legalmente establecidos y no se aplica la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1.972 del Código Civil.” “Artículo 204. En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, si no hubieren transcurrido noventa (90) días después de declarada la perención de la instancia.” En interpretación de la citada norma, ha señalado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (vid. Sentencias Nº 825 del 28/07/2005 y Nº 1184 del 12/07/2006), que la misma consagra dos (2) supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber: 1) cuando antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año; y 2) cuando después de vista la causa, es decir, encontrándose el proceso en etapa de sentencia, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año; supuestos que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación. De igual forma, ha establecido la Sala en interpretación de la norma señalada, que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, pues es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; toda vez que el abandono del juicio por los sujetos procesales lleva a concluir que éstos, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio. Igualmente, sostuvo la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que el lapso de perención previsto en el citado artículo 201, ejusdem, se inicia el día siguiente de aquél en que se realiza el último acto de procedimiento de las partes o del juez, dependiendo del caso, entendiéndose como un acto de procedimiento, aquel que propende al desarrollo del juicio, es decir, que demuestra la voluntad de activar el proceso hacia su finalidad lógica, con el fallo del tribunal que resuelva el conflicto u otro medio de terminación del proceso. Asimismo, la figura jurídica de la perención, tal como lo dispone el artículo 202 ibidem, opera de pleno derecho, es decir, se consuma desde el momento en que han transcurrido los plazos previstos en la Ley, no siendo en consecuencia renunciable por las partes, por lo que el Tribunal puede aún declararla de oficio una vez verificada. En el nuevo juicio laboral la perención de la instancia, produce a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la extinción del proceso, no obstante, esto no impide al demandante proponer nuevamente la demanda, pero en ningún caso, podrá ejercerla antes de transcurrido el lapso de noventa días después de declarada la perención. En este mismo sentido, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia, mediante sentencia de fecha 16 de febrero de 2006, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, Expediente Nº 05-2317, dejó sentado que conforme a la justificación de esta Institución dada en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la perención en materia laboral, es de eficacia temporal y mantiene en esencia las notas distintivas de esta institución procesal, no obstante, en virtud de la adecuación del proceso laboral a los postulados constitucionales consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999, la incorporación de la perención en fase de sentencia compele a las partes a ejecutar actos de impulso que provoquen la decisión oportuna sobre el asunto sometido a la cognición del órgano jurisdiccional, materializado a través de solicitudes o diligencias dirigidas al Juez que demuestren la actualidad de su interés procesal en la resolución de la controversia, puesto que la norma en su configuración gramatical, emplea la conjunción disyuntiva “o”, lo cual hace recaer la carga en uno u otro sujeto del proceso y no exclusivamente en el operador de justicia. Asimismo, sustenta la Sala que los actos de impulso, deben ser lo suficiente idóneos para obtener una respuesta por parte del juez tendente a darle continuidad al proceso o -en el supuesto especial previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- luego de vista la causa, decidir el asunto sometido a la jurisdicción. En todo caso, la aplicación de la perención en los procedimientos laborales sustanciados y decididos durante el régimen de transitoriedad previsto en el Capítulo II del Título IX de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 201 al 204 de este texto legal, una vez que la causa se halle en estado de sentencia, debe atender a la actividad del juez o al examen de aquellos actos procesales que dan impulso al juicio laboral dimanados de aquellos sujetos involucrados -de forma activa o pasiva- en la controversia judicial, dirigidos en todo momento, como carga procesal excepcionalmente establecida por el legislador en la materia, a instar al Juez a dictar decisión de forma expedita y oportuna en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ello atendiendo a la ratio de esas normas. En este mismo orden de ideas, dejó sentado el Máximo Tribunal de Justicia, que en causas pertenecientes al Régimen Transitorio, el cómputo del lapso de perención fijado por la norma procesal prevista en el tantas veces señalado artículo 201 de la Ley Adjetiva Laboral, debe efectuarse a partir del 13 de agosto de 2003, fecha en la cual entró en vigor la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (ex artículo 194 de esa Ley) y a partir de la cual surge esta carga procesal adicional impuesta por el legislador, de impulsar el procedimiento judicial una vez que la causa entre en estado de sentencia. En aplicación de los criterios jurisprudenciales antes señalados al caso bajo estudio, y luego de un análisis exhaustivo de las actas procesales que conforman el presente expediente; esta Alzada pudo constatar que efectivamente desde el día 21 de junio del año 2000, oportunidad en que el apoderado judicial de la parte demandante, para aquel entonces, ciudadana ROSA ANGELI, actuando en representación del ciudadano JOSE MIGUEL DIAZ, antes identificado, interpuso el recurso de apelación contra la decisión dictada en fecha 18 de mayo de 2000, por el Juzgado Tercero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, hasta la presente fecha han transcurrido más de ocho (9) años, sin que las partes hubiese efectuado actuación alguna capaz de impulsar el procedimiento hasta su fin último, no obstante a lo anterior, esta Juzgadora, considera que siendo la presente causa perteneciente al Régimen Procesal Transitorio, habida cuenta que dicha causa se inició bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, el lapso de perención en fase de sentencia se inició desde el día 07 de noviembre de 2003, fecha a partir de la cual se puso en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el Estado Bolívar, con lo cual hasta la presente fecha, ha transcurrido sobradamente el lapso de un (1) año para que opere la perención de la instancia. De igual forma, es de hacer notar que cursan a los folios 102 y 113, autos de fechas 18/09/2006 y 14/03/2008, mediante los cuales esta instancia superior bajo la dirección y rectoría de distintos Jueces, procedió de oficio a abocarse al conocimiento de la presente causa, ordenándose la notificación de las partes, actuaciones estas que –a juicio de esta Alzada- no constituyen actos capaces de dar impulso procesal al procedimiento, tendientes a lograr la prosecución del juicio; toda vez que si bien estas fueron actividades producidas por el juez dentro del proceso, las mismas no fueron instadas por alguna de las partes involucradas en el litigio y no consta que la misma haya sido impulsada con posterioridad por éstas, por lo que dichas actuaciones no tienen en sí misma, la capacidad de producir la excitación necesaria para que el Tribunal pase a dar continuidad a la presente causa y por tanto no ostentan el carácter de actos que efectivamente conduzcan al proceso a su fin último, criterio éste que ha dejado sentado expresamente la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia. Por todas las consideraciones, es forzoso para esta juzgadora declarar perimida la instancia y así será establecido en la parte dispositiva de este fallo ASI SE DECLARA. V DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia, la “EXTINCION DEL PROCESO”, en el juicio por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES seguido por el ciudadano JOSE MIGUEL DIAZ, contra la empresa TRANSPORTE SAN FELIX-MATANZAS, C.A. ampliamente identificada en el texto del presente fallo. De conformidad con lo establecido en el artículo 233 y 174 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de la presente decisión, a la parte demandada y de la parte actora recurrente, respectivamente. Líbrese boletas. La anterior decisión está fundamentada en los artículos 2, 19, 26, 49, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en los artículos 201, 202, 203 y 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en los artículos 12, 15, 242, 243, 251 y 254 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el compilador respectivo. Dada, firmada y sellada en la Sala del despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los Tres (03) días del mes de Marzo del Dos Mil Diez (2010). Años 199° de la Independencia y 151° de la Federación. LA JUEZA SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO ABOG. YNDIRA NARVAEZ LOPEZ LA SECRETARIA DE SALA ABOG. MARIANNY GONZALEZ RODRIGUEZ PUBLICADA EN EL DIA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS DOCE Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (12:30 PM.).- LA SECRETARIA DE SALA ABOG. MARIANNY GONZALEZ RODRIGUEZ YNL/03032010.