TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar

ASUNTO PRINCIPAL: FE11-N-2006-000049
ASUNTO: FE11-N-2006-000049

En fecha dieciséis (16) de mayo de 2006, se recibió la presente causa contentiva del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL incoado por el ciudadano JEAN PAUL APONTE contra el acto administrativo contenido en la notificación Nº PCJPEB-117-06, de fecha veinte (20) de febrero de 2006, emanada de la PRESIDENCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual resolvió remover al recurrente del cargo de Alguacil; se dicta sentencia con la siguiente motivación.
I. ANTECEDENTES

Mediante sentencia dictada en fecha dieciocho (18) de mayo de 2006 se admitió el presente recurso ordenando las notificaciones y citaciones de ley. Asimismo, se declaró Improcedente la medida cautelar solicitada.

Mediante diligencia presentada en fecha once (11) de julio de 2006, el abogado Harold Contreras, en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República solicitó la reposición de la causa al estado en la cual se ordenó la citación de la Procuradora General de la República, siendo declarado improcedente en fecha 27 de julio de 2006.

Mediante diligencia presentada el tres (03) de agosto de 2006 por la abogada Maudi Gutiérrez, representante legal de la parte recurrente, solicitó se librara comisión al Juzgado del Municipio del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor), a los fines de practicar la citación de la Coordinadora General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la notificación del Presidente del Circuito Judicial Penal, asimismo, se designara correo especial al ciudadano Jean Paul Aponte. Siendo acordado por este Juzgado el 07 de agosto de 2006.

Mediante diligencia presentada por el ciudadano Jean Paul Aponte en fecha 15 de septiembre de 2006, fue consignado oficio dirigido al Juzgado del Municipio del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor) por la parte recurrente.

Mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2006, el abogado Harold Contreras, en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, apeló del auto de fecha veintisiete (27) de julio de 2006 y por auto dictado en esa misma fecha, se oyó en un solo efecto la apelación interpuesta.

Por auto de fecha 16 de octubre de 2006, se ordenó agregar al presente asunto las resultas de la comisión librada al Juez del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentiva de la notificación de la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar.

Mediante auto de fecha 24 de noviembre de 2006, se ordenó agregar al presente expediente las resultas de la comisión librada al Juez de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor), contentiva de la citación de la Coordinadora General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Mediante auto dictado en fecha 12 de marzo de 2007, este Juzgado ordenó la notificación de la Procuradora General de la República y/o cualquier abogado sustituto, a los fines de informarle que dentro de los 3 días siguientes a la práctica de la misma, se fijaría la audiencia preliminar.

Mediante auto de fecha 15 de enero de 2008, este Juzgado ordenó comisionar al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor) a los fines de practicar la notificación de la Procuradora General de la República.

Por auto de fecha 15 de abril de 2008, se ordenó agregar al presente expediente las copias certificadas de la sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 2006 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa, que declaró inadmisible la acción de amparo sobrevenido interpuesto por el abogado Harold Contreras.

Por auto de fecha 23 de abril de 2008, se ordenó agregar al presente expediente oficio suscrito por la Coordinadora Integral Legal (E) de Carrera Administrativa, adscrita a la Gerencia General de Litigio.

Mediante acta levantada en fecha 19 de mayo de 2008, se llevó a cabo la celebración de la audiencia preliminar en la presente causa.

Mediante escrito presentado en fecha 20 de mayo de 2008, el abogado sustituto de la Procuraduría General de la República presentó escrito de promoción de pruebas, siendo admitidas mediante auto de fecha 03 de junio de 2008.

Por auto dictado el 24 de marzo de 2009, se ordenó agregar al presente expediente las resultas de la comisión librada por el Juez de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor), contentiva de la notificación de la Procuradora General de la República.

Mediante diligencia de fecha 06 de mayo de 2010, la abogada Leslie García, abogada sustituta de la Procuradora General de la República solicitó la declaratoria de perención de la instancia en la presenta causa.
I. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera cuando las partes no han realizado en un período mayor de un (1) año, actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, tal como lo preveía el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y ahora el artículo 19, aparte decimoquinto, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que establece lo siguiente:

“Artículo 19.- (…) La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”
El precepto parcialmente transcrito ha sido objeto de interpretación por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, la cual ha establecido en diversas oportunidades que en materia de perención de la instancia debe atenderse, cuando resulte aplicable la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, al supuesto normativo previsto en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto prevé:
“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención.”
De la norma citada se desprende que la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un (1) año debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el tribunal podrá, sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
Al respecto la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:
“Se trata así del cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que éstas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras).
Igualmente, cabe destacar que ha sido criterio de esta Sala que la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo. (Vid., entre otras, sentencias Nros. 00650, 01473, 00645 y 01620 de fechas 6 de mayo de 2003, 7 de junio de 2006, 3 de mayo de 2007 y 11 de noviembre de 2009, respectivamente)”.

De la doctrina citada sentencia dictada por nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional en la materia Contencioso Administrativa se desprenden las siguientes premisas:

1) Se trata así del cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que éstas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).
2) Se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras).
3) La perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo. (Vid., entre otras, sentencias Nros. 00650, 01473, 00645 y 01620 de fechas 6 de mayo de 2003, 7 de junio de 2006, 3 de mayo de 2007 y 11 de noviembre de 2009, respectivamente)”.

Observa este Juzgado que de acuerdo con la doctrina judicial citada toda instancia se extingue debido a la inactividad procesal por un lapso superior a un año, lo cual es una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que éstas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención, asimismo la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo; aplicando lo expuesto al caso de autos, que desde el 24 de marzo de 2009, oportunidad en la cual este Juzgado Superior ordenó agregar al presente expediente las resultas de la comisión librada al Juez de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la notificación de la Procuradora General de la República hasta los presentes momentos ha transcurrido un (1) año y un (1) mes sin actividad procesal de las partes, paralización que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y el precedente jurisprudencial citado ocasiona la perención de la instancia, en consecuencia, este Juzgado declara perimida la instancia en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JEAN PAUL APONTE contra el acto contenido en la notificación Nº PCJPEB-117-06, de fecha veinte (20) de febrero de 2006, emanada de la PRESIDENCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLÍVAR. Así se decide.
II. DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL incoado por el ciudadano JEAN PAUL APONTE contra el acto administrativo contenido en la notificación Nº PCJPEB-117-06, de fecha veinte (20) de febrero de 2006, emanada de la PRESIDENCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual resolvió remover al recurrente del cargo de Alguacil.

Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los trece (13) días del mes de mayo de 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

LA JUEZA
BETTI OVALLES LOBO

LA SECRETARIA
ANNA FLORES FABRIS