TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar

ASUNTO: FP11-O-2009-000026

En la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano NEOMAR GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-13.919.311, representado judicialmente por los abogados Celeste Rodríguez Pinto, Eynard Tovar Parra, José Del Valle Silva y Floduardo Antonio González, Inpreabogado Nros. 45.606, 6.340, 6.190 y 12.761, respectivamente, contra la presunta negativa de la sociedad mercantil C.V.G. CONDUCTORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ, C.A. (C.V.G. CABELUM, C.A.), de acatar la Providencia Administrativa Nº 2008-00152, dictada el dieciséis (16) de diciembre de 2008, por la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el accionante, se dicta sentencia con la siguiente motivación.

I. ANTECEDENTES

I.1. De la Pretensión. Mediante escrito presentado en fecha quince (15) de junio de 2009, el accionante solicitó la declaratoria con lugar de su pretensión y “… ordene la Restitución de la situación jurídica infringida, para que mi patrono de cumplimiento al mandato de la Inspectoría del Trabajo de reponerme en mi sitio de trabajo con el respectivo pago de los salarios caídos”.

I.2. De la admisión del recurso. Mediante sentencia dictada el dieciséis (16) de junio de 2009, se admitió el recurso, ordenando las notificaciones y citaciones de ley.

I.3. Por auto dictado el tres (03) de julio de 2009, se ordenó comisionar al Juzgado del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, a los fines de practicar la notificación del representante legal de la sociedad mercantil C.V.G. Conductores de Aluminio del Caroní, C.A. (C.V.G. CABELUM, C.A.) y del ciudadano Inspector del Trabajo de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.

I.4. El siete (07) de agosto de 2009, se agregaron las resultas provenientes del Juzgado Tercero del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, relativas a la notificación del representante legal de la sociedad mercantil C.V.G. Conductores de Aluminio del Caroní, C.A. (C.V.G. CABELUM, C.A.) y del ciudadano Inspector del Trabajo de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, debidamente cumplidas.

I.5. Mediante diligencia presentada el trece (13) de agosto de 2009, por la abogada Celeste Rodríguez, en su carácter de apoderada de la parte accionante, y la abogada Anna Karina Guerrero, en su carácter de apoderada judicial de la empresa CVG CABELUM, en común acuerdo solicitaron la suspensión de la causa a partir del trece (13) de agosto de 2009 hasta el dieciséis (16) de septiembre de 2009.

I.6. Mediante diligencia presentada el diecisiete (17) de septiembre de 2009, la Abogada Celeste Rodríguez, en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante, solicitó la continuación del procedimiento al estado en que se encontraba para la fecha de la suspensión solicitada y se ordene al Alguacil de este Despacho practicar la notificación al Fiscal del Ministerio Público.

I.7. Mediante diligencia presentada el veintinueve (29) de septiembre de 2009, el Alguacil de este Despacho dejó constancia de la no comparecencia de la abogada Celeste Rodríguez Pinto a la sede de este Juzgado Superior a los fines de realizar el traslado del Alguacil para practicar la notificación de la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.

I.8. Mediante diligencia presentada el veintiséis (26) de marzo de 2010, la abogada Liuba Ávila, Inpreabogado Nº 53.464, consignó instrumento poder que acreditaba su representación como apoderada judicial de la sociedad mercantil C.V.G. CONDUCTORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ, C.A. (C.V.G. CABELUM, C.A.) asimismo, presentó planilla de liquidación de prestaciones sociales del accionante.

II. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Este Juzgado observa que la parte accionante desde el veintiséis (26) de marzo de 2010, fecha en la cual la abogada Liuba Ávila consignó instrumento poder que acreditaba su representación como apoderada judicial de la sociedad mercantil C.V.G. CONDUCTORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ, C.A. (C.V.G. CABELUM, C.A.) asimismo, presentó planilla de liquidación de prestaciones sociales del accionante, no ha realizado, ni por sí ni por medio de apoderado, ningún acto que demuestre que mantiene su interés en la presente causa.

En este sentido, la Sala Constitucional, mediante decisión del 06 de junio de 2001 (Caso: José Vicente Arenas Cáceres, sentencia N° 982) estableció que como consecuencia del carácter de urgencia que distingue el amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma; que una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite; y la inactividad por seis (06) meses de la parte accionante en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada esta, en la practica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del tramite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello la extinción de la instancia, citándose la referida decisión:

“…La pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la causa iniciada en protección de la determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(…)
En criterio de la Sala, el abandono del tramite a que se refiere el artículo 25 Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales puede asumirse entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos el abandono precisamente de que dicha parte a renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte y desde el punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como judicial reservado para la tutela inmediata de los Derechos y Garantías Constitucionales cuando las vías ordinarias no resulten idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo al unión, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para reestablecer inmediatamente la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el Tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue el amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma, y por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del tramite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto refutaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y el propio tiempo, permitese que se tolere pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquel.
(…)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (06) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada esta, en la practica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del tramite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales, y con ello la extinción de la instancia. Así se declara.” (Resaltado de este Juzgado).

Aplicando las premisas sentadas por nuestro máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional al caso de autos, en el cual el procedimiento judicial se ha mantenido paralizado por más de seis (06) meses para la practica de la notificación de la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, siendo que la falta de impulso de la accionante, ocasiona el abandono del trámite previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derecho y Garantías Constitucionales, este Juzgado Superior declara, por ende, terminado el procedimiento.

III. DECISIÓN

En merito de lo expuesto, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en Jurisdicción Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por el ciudadano NEOMAR GUTIÉRREZ, contra la presunta negativa de la sociedad mercantil C.V.G. CONDUCTORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ, C.A. (C.V.G. CABELUM, C.A.), de acatar la Providencia Administrativa Nº 2008-00152, dictada el dieciséis (16) de diciembre de 2008, por la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el accionante.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el índice copiador de sentencias de este Tribunal.

Dada, firmada y sellada en este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz cuatro (04) de abril del año 2011. Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.

LA JUEZA
BETTI OVALLES LOBO

LA SECRETARIA
ANNA FLORES FABRIS