TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR,
SEDE CIUDAD BOLIVAR.
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL: FP02-N-2010-000028
CUADERNO SEPARADO: FH07-X-2011-000007

Revisada la solicitud de MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS requerida en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, incoado por el INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO BOLIVAR, representada por la ciudadana PATRICIA DUERTO ZABALA, venezolana, abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 126.922, actuando en su carácter de Apoderada Judicial, contra la Providencia Administrativa Nº 2010-00003, dictada el Cinco (05) de Enero de 2010, por el INSPECTOR DEL TRABAJO de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, mediante la cual declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por el ciudadano ROBERT ABILIO MARTINEZ, portador de la cedula de identidad Nº 11.723.745, se procede a dictar sentencia con la siguiente motivación.

ANTECEDENTES

A través de Recurso de Nulidad presentado en fecha Ocho (08) de Julio de 2010, la parte recurrente fundamentó su pretensión contra la Providencia Administrativa Nº 2010-000003, dictada el Cinco (05) de Enero de 2010, por el INSPECTOR DEL TRABAJO de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, mediante la cual se declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por el ciudadano ROBERT ABILIO MARTINEZ, portador de la cedula de identidad Nº 11.723.745, interpuesta conjuntamente con Solicitud de Suspensión de los efectos del acto impugnado, mediante Sentencia dictada el Dieciocho (18) de Enero de 2011 se admitió el Recurso interpuesto ordenando abrir cuaderno separado para resolver la incidencia cautelar, aperturandose el cuaderno respectivo el día Diecinueve (19) de Enero de 2011.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

A los fines de proveer la Medida de Suspensión de los efectos incoada por la Apoderada Judicial de la parte Recurrente, este Juzgado destaca, que la Medida Cautelar de Suspensión de los efectos del acto administrativo cuya nulidad haya sido solicitada, está contenida en el artículo 104, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual dispone:

“A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. El Tribunal contara con los mas amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Publica y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. En causas de contenido patrimonial, el Tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.”

Sobre los requisitos de procedencia de tal medida cautelar la jurisprudencia ha determinado que se requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, en este sentido la Sala Político-Administrativa en sentencia Nº 02357 de fecha 28 de Abril del 2005, ha establecido que la suspensión de efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 21 aparte vigésimo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso, insistiéndose que los requisitos de procedencia de las medidas cautelares son concurrentes y respecto al peligro en la demora el Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.

En consecuencia la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo cuya nulidad se solicite, no sólo debe estar fundamentada en las razones de hecho y de derecho que la parte afectada considere pertinente exponer, sino que el solicitante está en el deber de explicar con claridad la magnitud del daño que le podría producir la ejecución del acto impugnado, acompañando al efecto algún medio probatorio que permita al órgano jurisdiccional tener la convicción de que la sentencia definitiva no va a poder reparar el daño alegado, en igual sentido se ha pronunciado la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, dictaminando que “debe advertirse que no basta con indicar que se le causaría tal perjuicio, sino que dicho señalamiento debía formularlo de tal manera que resultara suficiente para hacer surgir en el juzgador la convicción de que efectivamente los hechos o circunstancias indicadas como perjudiciales, le causarían un perjuicio irreparable o de difícil reparación”, agregando que: “además de aportar al juicio los elementos suficientes que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del mismo por la definitiva; explicando, en el caso concreto, por ejemplo, cómo la ejecución de la Providencia Administrativa recurrida pudiera causar una desventaja o una variación de su posición jurídica como fue alegada, así como el daño irreparable que originaría el pago de los salarios caídos ordenados en la providencia en caso de ser declarada su nulidad, siendo que la reincorporación del trabajador y su efectiva prestación de servicios devendría en el pago de los salarios por éste devengado, es decir, el pago de los salarios sería en compensación a los servicios prestado, de lo que no se determina daño o perjuicio alguno” (Confróntese Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo: sentencia Nº 2.140 del 09/12/2009).

En consonancia con lo expuesto al caso que nos ocupa observa esta Operadora de Justicia que la parte Recurrente fundamenta su solicitud indicando que se estaría en un pago indebido con respecto a los salarios caídos y el Reenganche del Trabajador, ya que su mandante, no despidió al trabajador sino que, es él quien renuncia en fecha Dos (02) de Octubre de 2009 y da por terminada la relación de trabajo que lo unía con su mandante, por lo que de no suspender los efectos del acto administrativo se le debería cancelar al trabajador salarios caídos, para ser erogados del patrimonio público del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar, lo que generaría un gravamen patrimonial irreparable para la Institución.

Considera este Juzgado que de la revisión y lectura de la Providencia impugnada así como de las documentales acompañadas a tal efecto, se aprecia que los alegatos expuestos por la parte recurrente a los fines de declarar la existencia a su favor de la presunción de buen derecho y el peligro en la demora gozan de verosimilitud, salvo que en el transcurso del proceso se demuestre lo contrario y por ende satisfecha en esta fase preliminar del proceso tanto el peligro en la demora como la presunción de buen derecho requerida para el otorgamiento de la protección cautelar, que como tal presunción puede resultar desvirtuada durante la sustanciación del proceso.

Coherente con la anterior motivación este Tribunal Decreta la Suspensión Provisional de los Efectos de la Providencia Administrativa Nº 2010-000003, dictada el Cinco (05) de Enero de 2010, por el INSPECTOR DEL TRABAJO de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, mediante la cual declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por el ciudadano ROBET ABILIO MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nº 11.723.745, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, Administrando Justicia y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PROCEDENTE la Medida de Suspensión Provisional de los efectos de la Providencia Administrativa Nº 2010-000003, dictada el Cinco (05) de Enero de 2010, por el INSPECTOR DEL TRABAJO de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, mediante la cual declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por el ciudadano ROBET ABILIO MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nº 11.723.745, la cual conservará su vigencia hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente proceso.

SEGUNDO: Se ordena oficiar a la Inspectoria del Trabajo de Cuidad Bolívar, Estado Bolívar, a fin de notificarle acerca de la suspensión de efectos acordada respecto al acto impugnado.
REGISTRESE Y PUBLIQUESE
Dado y sellado en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, SEDE CIUDAD BOLIVAR, en Ciudad Bolívar a los Veintiséis (26) día del mes de Enero de Dos Mil Once (2011).
LA JUEZ,

ABG. OLGA VEDE RUIZ
EL SECRETARIO,

ABG. JOSE BUSTILLOS
En esta misma fecha y siendo las 3:30 p.m., y previo cumplimiento de las formalidades de la Ley, se dictó y publicó la anterior decisión. Déjese copia certificada de la presente Sentencia en el compilador respectivo.-

EL SECRETARIO,

ABG. JOSE BUSTILLOS
OV/vg.-