TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS
CON COMPETENCIA EN MATERIA DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVAR.
EXTENSION TERRITORIAL PUERTO ORDAZ

Puerto Ordaz, 04 de Marzo de 2009
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : FP12-S-2009-000199
ASUNTO : FP12-S-2009-000199

AUTO DE DECRETO DE SOBRESEIMIENTO

Visto el escrito suscrito por el Fiscal Primero del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, presentado por ante éste tribunal en fecha 25-02-2009, quien actuando a tenor del artículo 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, concatenado al artículo 48 ordinal 8 de la ejusdem, solicita el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, iniciada por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, este Tribunal para fundamentar su decisión observa:
Al folio dos (02) del presente asunto penal corre inserta denuncia de fecha 08-02-2001, en la cual la ciudadana JUANA KRICEL VARGAS SALAS, denunció ser objeto de maltrato físico y verbal por parte de su concubino por encontrarle números de teléfonos que él desconocía por lo que comenzó a discutir con ella y a golpearla dejándole hematomas en el cuero cabelludo. Quedando identificado el concubino como EVALDO JOSÉ CASTILLO, residenciado en La Urbanización Guarapiche, torre 20 Apartamento 2 planta baja Puerto Ordaz - Estado Bolívar.
Al folio Ocho (08) se observa notificación, de fecha 08-02-2001, librada al ciudadano EVALDO JOSÉ CASTILLO, a los fines de que comparezca ante la Fiscalía 7ma de Protección Integral a la Familia al Niño y al Adolescente del Segundo Circuito del Estado Bolívar, evidenciando que no consta a las actuaciones las resultas de la correspondiente notificación.
Es por ello, que el ciudadano Fiscal Primero del Ministerio Público, solicita muy respetuosamente el sobreseimiento de la presente causa, por cuanto se desprende que el hecho punible se encuentra evidentemente prescrito y encuentra perfectamente dentro de las previsiones del artículo 108 ordinal 5 del Código Penal, teniendo en cuenta que la ultima actuación consistente en la notificación del presunto agresor, se efectuó en fecha 08-02-2001, que realizando el computo matemático, podemos evidenciar que desde la fecha de inicio el proceso o se realizó la ultima actuación hasta la fecha en que se realizó el sobreseimiento, vale decir, 29-01-2009, han transcurrido aproximadamente siete (07) años y doce (12) meses, siendo el tiempo de prescripción ordinaria de tres (03) años rebasando holgadamente dicho lapso, para que opere la prescripción ordinaria de la acción penal.

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR
Ahora bien, de la revisión exhaustiva del presente asunto, se observa que los hechos fueron denunciados en fecha 10-03-2003, y en esa misma fecha se libra citación al presunto agresor, sin que conste a las actuaciones las resultas de la correspondiente diligencia, por cuanto se presumía la comisión de un hecho punible perseguible de oficio como lo es el delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia vigente para la época en que ocurrieron los hechos.
Siendo así, se evidencia que el delito de VIOLENCIA FÍSICA previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia vigente para la época, según el numeral 5° del artículo 108 del Código Penal establece como lapso de prescripción el de tres (03) años por cuanto la pena a imponer en este caso es de DOCE (12) MESES de prisión; y como acertadamente aduce el Representante Fiscal y verificada la fecha de la denuncia, se evidencia con claridad meridiana que ha transcurrido en demasía el lapso establecido a los fines de que opere la prescripción.
Ahora bien, haciendo referencia a la obra del Magistrado Luís Martínez Hernández, titulada Comentarios a la reforma parcial del Código Penal Venezolano, en la cual establece que:
“…La prescripción no es otra cosa que la garantía de que una persona no sea perseguida penalmente por el Estado en forma indefinida, bajo excusa de la existencia de un interés social o estatal de castigo, sino dentro de los limites temporales que él mismo se ha autoimpuesto, como razonables para ello”.

En esta misma línea de criterio, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN, respecto a la prescripción, afirman lo siguiente:

“Es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos. Su fundamentación radica, pues, más en razones de seguridad jurídica, que en consideraciones de estricta justicia material. Se trata de impedir el ejercicio del poder punitivo, una vez que han transcurrido determinados plazos a partir de la comisión del delito o del pronunciamiento de la condena, sin haberse cumplido la sanción. (Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. Editorial tirant lo blanch. Valencia, 2000, p. 465).

Sobre este particular, ZAFFARONI señala lo siguiente:

“La Constitución quiere evitar uno de los casos más notorios de irracionalidad del poder punitivo que ocurre cuando la duración de los juicios penales se vincula con el problema de los presos sin condena causando una situación (muy claramente en América Latina) de rasgos genocidas. Una de las formas político-jurídicas más importantes para prevenir un agravamiento de ese trato inhumano es la exigencia de plazo razonable para la duración de los procesos (Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial EDIAR. Buenos Aires, 2005, p. 688)”.

En este mismo orden de ideas, Sala Constitucional, según sentencia Nº 1089, de fecha 19-05-2006, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasqueño López, ha sostenido el siguiente criterio.
“…debe afirmarse, entonces, que el fundamento de la prescripción se encuentra constituido por la imposibilidad de mantener al ciudadano en una situación de incertidumbre, de zozobra, ante la inacción de la persecución penal y de la no imposición del ulterior castigo dentro de los términos configurados por la ley, razón la cual, resulta indudable que esta institución es una verdadera garantía para el ciudadano.
En el ámbito del ordenamiento jurídico venezolano, el principio de seguridad jurídica, visto como una limitación al ejercicio del poder, se deriva del modelo de Estado de Derecho, el cual se encuentra consagrado en el citado artículo 2 de la Constitución –y del que también se extrae el principio de legalidad-.
Dicho lo anterior, y en cuanto a las dos grandes facetas de la institución aquí analizada, debe señalarse, por una parte, que la ley sustantiva penal contempla la prescripción ordinaria, la cual se encuentra incardinada en el texto de su artículo 108. En tal sentido, esta primera categoría es aquella cuyo curso puede ser interrumpido, y que nuevamente comenzará desde el día de la interrupción. Su efecto jurídico es que desaparece la acción que nace de todo delito, siendo declarable por el órgano jurisdiccional por el simple transcurso del tiempo, y cuyo cálculo debe realizarse con base en el término medio de la pena del delito tipo, sin tomar en cuenta las circunstancias que la modifican, como atenuantes o agravantes (ver sentencias 396/2000, del 31 de marzo; y 813/2001, del 13 de noviembre, ambas de la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal)”

Analizado como ha sido por este Tribunal la presente solicitud de Sobreseimiento, se esencia que el presente proceso se realiza por denuncia presentada por la ciudadana JUANA KRICEL VARGAS SALAS, en fecha 08-02-2001, iniciándose las diligencias de investigación por considerar que presuntamente los hechos constituían la comisión de un hecho punible perseguible de oficio como lo es el delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 17 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia vigente para la época en que ocurrieron los hechos, el cual establecía una pena de SEIS (06) MESES A DIECIOCHO (18) MESES, siendo que de conformidad con lo establecido en el articulo 37 del Código Penal , la pena a imponer es de DOCE (12) MESES, en virtud de ello y conforme a los establecido en el articulo 108 ordinal 5 del Código Orgánico Procesal Penal, se establece que “salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así: 5. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República”, en razón de ello el presente proceso prescribe a los TRES (03) AÑOS, mas sin embargo, desde la fecha que se presento la denuncia, vale decir, 08-02-2001, y la presente fecha, es decir, 04-03-2009 han transcurrido OCHO (08) AÑOS Y VEINTISEIS (26) DÍAS, superándose con en demasía el tiempo legal establecido para la prescripción, la cual no se interrumpió desde esa fecha con ninguna actuación propia del proceso, en virtud de ello este Tribunal considera que es procedente y ajustada a derecho tal solicitud de parte del representante Fiscal, por cuanto se ha extinguido la acción penal por operar la prescripción de conformidad con lo establecido en los artículos 24 da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 108 numeral 5° del Código Penal concatenado con los artículos 48 numeral 8° y 318 numeral 3° todos del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Así pues, siendo de una claridad meridiana, lo dispuesto en el Artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer:
“…Artículo 319. Efectos
EL SOBRESEIMIENTO PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas…”

En consecuencia, el presente decreto de sobreseimiento pone término al procedimiento, como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo cual no podrá realizarse una nueva persecución penal por los mismos hechos al mismo imputado.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL FUNCIÓN DE CONTROL AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 108 numeral 5° del Código Penal concatenado con los artículos 48 numeral 8° y 318 numeral 3° todos del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. Líbrese lo conducente. Publíquese, Regístrese, Notifíquese a las partes y Remítase las presentes actuaciones al Archivo Judicial en la oportunidad correspondiente.-
JUEZA PRIMERA DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDA

ABGA. MAXIMILIANA GIL MILLAN
LA SECRETARIA

ABGA. LUZMARY VALLEJO