ASUNTO: FP02-Z-2003-000652 ROSOLUCIÓN Nº PJ0842011000214 “VISTOS” PARTE DEMANDANTE: Ciudadano: JOSÉ CELEDONIO QUINTERO ROSALES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de identidad Nº 9.336.868. ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadano: ANTMERANY SARTI PANQUEVA, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el I.P.S.A, bajo el No. 95.085. PARTE DEMANDADA: Ciudadana: MARIELA JOSEFINA ASCANIO RUIZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de identidad Nº 8.898.081, en su carácter de representante legal del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES). MOTIVO: FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN PRIMERA ACTUACIONES DE LA PARTE ACTORA. Se inicia el procedimiento mediante demanda donde el ciudadano JOSÉ CELEDONIO QUINTERO ROSALES, interpuso ante el tribunal de Protección demanda de Fijación de obligación de manutención, en contra de la ciudadana MARIELA JOSEFINA ASCANIO RUIZ, en su carácter de representante legal del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES). SEGUNDA DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que la competencia de este Tribunal de Protección la determina la residencia del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), la cual está situada en esta ciudad, tal como lo establecen los artículos 453 y 177, parágrafo primero, literal “d”, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y así se establece. Que la pretensión de fijación de Obligación de manutención se fundamenta en los artículos 365, 366 y 376 ejusdem, y se cumplieron durante el proceso todos los lapsos procesales legales correspondientes para su validez. Estando dentro de la oportunidad legal para decidir la controversia, este Tribunal pasa hacerlo sobre la base de las siguientes consideraciones: DE LA PRETENSIÓN PROCESAL. Alega el ciudadano JOSÉ CELEDONIO QUINTERO ROSALES, que es padre del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), según decreto de adopción plena de fecha 04 de junio de 1996, expedido por el Juzgado de Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Que en consecuencia, de la demanda de divorcio, quedó obligado mediante sentencia del 06 de diciembre de 1.999, expediente 23.191, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Que debido a su condición de padre responsable ha venido cumpliendo con su obligación a fin de proporcionarle a su menor hijo una vida normal con un desenvolvimiento físico, psíquico y moral, fuera del alcance de cualquier tipo de sufrimientos o padecimientos que se pudieran ocasionar por falta de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades. Pasándole mensualmente la suma de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), contribuyendo con los gastos médicos, ropa, calzado, útiles escolares y otros. Que acude ante este Tribunal a demandar como en efecto demandó a la ciudadana MARIELA JOSEFINA ASCANIO RUIZ, para que conviniera en fijar o en su defecto fuese fijado por este tribunal, el monto de la obligación de manutención por las cantidades que se señalan a continuación: PRIMERO: La suma Bs. 50,00 en forma mensual y consecutiva. Por su parte, la demandada no dio contestación a la demanda. HECHOS CONTROVERTIDOS. Quedaron controvertidos los siguientes hechos relevantes: a) Lo relativo a la filiación del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), con el ciudadano JOSÉ CELEDONIO QUINTERO ROSALES, y; b) el cumplimiento en el pago de la obligación de manutención del ciudadano JOSÉ CELEDONIO QUINTERO ROSALES, a favor del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), alegado por la parte actora y no negado por la demandada debido a la no contestación a la demanda. En el caso sub iudice, el problema de relevancia jurídica se plantea en la necesidad de determinar dentro de los límites de la controversia, conforme a la pretensión propuesta por la parte demandante y las defensas o resistencia de la parte demandada, la existencia de la obligación de manutención que debe cumplir el demandado, la procedencia o no de fijar el monto de la obligación reclamada y la forma de garantizarse el pago de la misma. Para la solución del presente problema, es importante determinar dentro de los límites de la controversia: 1) si está o no probado el vinculo paterno filial entre el obligado y el beneficiario y si el beneficiario ha alcanzado o no la mayoridad y padece discapacidades físicas o mentales que la incapacitan para proveer su propio sustento o se encuentra cursando estudios que, por su naturaleza le impiden realizar trabajos remunerados, a los fines de determinar la existencia o no de la obligación de manutención del demandado. 2) si está o no fijado judicialmente el monto de la obligación de manutención mediante sentencia definitiva o ha sido convenido o acordado voluntariamente por las partes y homologado por el tribunal y, 3) si el obligado había cumplido o no con el pago de la misma antes de la interposición de la demanda. Ahora bien, la obligación de manutención corresponde a los padres respecto de sus hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, y es de obligatorio cumplimiento por disposición de la Ley, tal como lo establece el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: “Artículo 366.Subsistencia de la obligación de manutención. La obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida que corresponde al padre y a la madre respecto de sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad. (...omissis...)”. Del artículo antes señalado, se observa que la obligación de manutención es un efecto de la filiación, en consecuencia, basta la existencia del vínculo filial para que por disposición de la Ley, exista igualmente la obligación de manutención de los padres respecto de sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Así mismo, el artículo 383 ejusdem, expresa: “La obligación de manutención se extingue: a) por muerte del obligado u obligada o del niño, niña o del adolescente beneficiario o beneficiaria de la misma; b) por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o la beneficiaria de la misma, excepto que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial.” En consecuencia, para que la parte actora pueda pedir la ejecución de la obligación de manutención del obligado, conforme a las reglas de la distribución de la carga de la prueba, debe probar: 1) Su minoridad y su vínculo paterno filial con el obligado, (Arts. 366 y 383 literal b de la L.O.P.N.N.A.) o; 2) Si ha alcanzado la mayoridad, además de su vínculo paterno filial con el obligado, debe probar que padece discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o que se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impiden realizar trabajos remunerados para que el Juez pueda aprobar extender judicialmente la obligación de manutención hasta los veinticinco años (Arts. 366 y 383 literal b de la L.O.P.N.N.A.). Ahora bien, cuando no exista cumplimiento en el pago de la obligación de manutención, se cumpla de manera acorde a la capacidad económica del obligado o se cumpla en forma no acorde a los ingresos percibidos por el obligado, sin que en ninguno de los supuestos indicados se haya fijado judicialmente el monto de dicha obligación, resulta procedente la fijación del monto de la obligación de manutención. El objeto de la fijación no es otro que garantizar el disfrute pleno y efectivo del derecho de manutención de sus beneficiarios, mediante la determinación y el establecimiento judicial del monto de la obligación de manutención. Cuando el objeto de la pretensión sea la fijación, el juez debe establecer en su sentencia, si su cumplimiento se efectuará de manera espontánea sin imposición o decreto de una medida provisional (cuando el obligado daba cumplimiento al pago de la obligación de manutención en forma mensual y consecutiva) o si por el contrario debe asegurarse en forma coercitiva (a través de una medida provisional). Ahora bien, la fijación Judicial procede no solo en caso de que el obligado no haya efectuado el pago de la obligación de manutención, sino cuando habiéndolo efectuado, no exista conciliación o acuerdo entre el obligado y el beneficiario o beneficiarios respecto del monto que debe pagar el obligado y no haya sido fijado judicialmente mediante sentencia definitiva o convenido o acordado voluntariamente por las partes y homologado por el tribunal, el monto de la obligación de manutención. La fijación judicial también procede cuando habiéndose establecido judicialmente el monto de la Obligación de manutención, se pretenda aumentarlo o disminuirlo solicitándose la fijación judicial de un nuevo monto, mediante la Revisión de sentencia sobre manutención, siempre que alguno supuestos conforme a los cuales se haya dictado la decisión definitivamente firme objeto de revisión hubieren sido modificados. Salvo los casos de extinción de la obligación de manutención expresamente contemplados en la Ley y con excepción de la conciliación, cuando exista desacuerdo entre quien debe prestar la manutención y las personas a quienes deben garantizárseles, el Derecho de manutención se garantiza Judicialmente, mediante la fijación, ofrecimiento para la fijación, o la revisión del monto de la Obligación de manutención, tal como lo señala el artículo 384 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El hecho de declarar procedente la pretensión de Fijación de Obligación de manutención no supone necesariamente el incumplimiento en el pago de la misma por parte del obligado u obligada, ya que el incumplimiento o no producido antes de la fijación Judicial, solo se toma en consideración para determinar si el tribunal ordenará su cumplimiento de manera voluntaria o de manera forzada, decretando medidas provisionales sobre el patrimonio del obligado, que aseguren eficazmente el derecho de manutención de los o las beneficiarias del mismo. Por no existir acuerdo o conciliación entre las partes, el conflicto radica en determinar el monto que debe pagar el obligado a favor de sus beneficiarios o beneficiarias, el cual debe ser decidido judicialmente en sentencia definitiva, tal como lo establece el artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si el Juez no fija dicho monto en la Sentencia definitiva, por haberse demostrado su pago durante el proceso, no está resolviendo el conflicto y en consecuencia no satisface el interés o derecho de manutención, ya que tal interés solo puede ser satisfecho fijando la obligación de manutención que debe pagar el obligado a favor de los beneficiarios o beneficiarias. No puede confundirse la Fijación de la obligación de manutención con el cumplimiento en el pago de la misma, ya que el cumplimiento o no en el pago de dicha obligación producido antes de la fijación Judicial, solo se toma en consideración para determinar la forma de asegurarse el cumplimiento del monto que se fije en sentencia definitiva. En consecuencia, para garantizar o satisfacer el derecho de manutención de los beneficiarios o beneficiarias, el Tribunal debe fijar en la dispositiva del fallo, el monto de la obligación de manutención que debe pagar el obligado demandante. DE LAS PRUEBAS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN En cuanto a la valoración de las pruebas promovidas por la parte actora el juzgador aprecia: 1). Del análisis de la copia certificada de la sentencia de divorcio de fecha 26 de noviembre de 1999 (folio 02 al 07), se observa que la parte actora no señaló el objeto a probar con dicha prueba, lo que evidencia la ilegalidad en la promoción de la prueba, razón por la cual, este Tribunal no le da valor probatorio alguno, por ser manifiestamente ilegal. Y ASÍ SE DECLARA. Sobre el objeto de la prueba, la de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 01 de noviembre de 2001, en Expediente Nº 01-1274; estableció lo siguiente: “A todo medio de prueba hay que señalarle al ofrecerlo, cuáles son los hechos que con ellos se pretende probar. De este sistema sólo escapan los testimonios y la confesión que se trata de provocar mediante las posiciones juradas.” (Negrilla y cursiva añadida). En conclusión, del examen y relación de todas las pruebas apreciadas anteriormente, se observa que la parte demandante alegó ser el padre del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), según decreto de adopción plena de fecha 04 de junio de 1996, expedido por el Juzgado de Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sin que hubiese promovido la copia certificada del decreto de adopción ni el acta de nacimiento de la partida de nacimiento que demostraran su entre el demandante y la persona del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES). Sin embargo, siendo la obligación de manutención un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida que corresponde al padre y a la madre respecto de sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, tal como lo establece el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se requiere para que se demuestre su existencia, que el establecimiento de la filiación se haya originado mediante reconocimiento voluntario (legal) o mediante sentencia definitiva de filiación o adopción (judicialmente) o hubiese sido establecida judicialmente en los casos especiales establecidos en el artículo 367 ejusdem, en un procedimiento relativo a obligación de manutención. En el caso bajo análisis no fue probado la filiación entre el demandante JOSÉ CELEDONIO QUINTERO ROSALES, con la persona del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), razón por la cual, no queda otra alternativa que declarar improcedente la fijación de la obligación de manutención por no estar demostrado la filiación entre ambos. Y ASÍ SE DECLARA. Por otra parte, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, cuando expresa: Artículo 362: “Si el demandado no diere contestación dentro de los plazos indicados en este código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. (Subrayado añadido). Ahora bien, el demandado no dio contestación a la demanda, sin embargo no procede la figura de la confesión ficta, con respecto a los hechos alegados por la parte actora por cuanto su petición es contraria a derecho, por haber quedado demostrado la obligación alimentaria del demandante, tal como se expuso anteriormente. TERCERO DE LA DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Ciudad Bolívar, actuando como Tribunal de origen y en funciones de transición, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR, la pretensión de Fijación de Obligación de manutención plasmada en la demanda intentada por el ciudadano JOSÉ CELEDONIO QUINTERO ROSALES, en contra la ciudadana MARIELA JOSEFINA ASCANIO RUIZ, en su carácter de representante legal del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES). Por cuanto la presente sentencia salió fuera de lapso, se ordena la notificación de las partes y del Fiscal de Protección de esta circunscripción judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, déjese copia. Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Ciudad Bolívar, actuando como Tribunal de origen y en funciones de transición, en Ciudad Bolívar, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2011. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación. EL JUEZ TITULAR PRIMERO DE JUICIO Abog. MIGUEL ÁNGEL PETIT PÉREZ EL SECRETARIO DE SALA Abog. HECTOR MARTINEZ JAIME. En la misma fecha se publicó presente sentencia, dentro de las horas hábiles establecidas por este tribunal siendo las tres de la tarde (03:00 p.m). EL SECRETARIO DE SALA Abog. HECTOR MARTINEZ JAIME.