REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ Puerto Ordaz, martes once (11) de octubre de 2011 201º y 152º ASUNTO: FP11-R-2010-000035 I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: Los ciudadanos GONZALEZ PLAZA CIRILO DE JESUS, PORRAS COLMENARES RUBEN DARIO, AMUNDARAIN VENALEZ VICENTE YSAIAS, ZAMBRANO FERNANDEZ YORGE ENRIQUE, REINOZA PACHECO OSCAR JOSE, AMUNDARAIN GARCIA HENRRY JOSE, RODRIGUEZ LEON NELSON JOSE, FARIAS MARCANO TOMAS JOSE, CEDEÑO MARTINEZ FRANKLYN JOSE y GARCIA SARMIENTO CARLOS JULIO, venezolanos, portadores de las cédulas de identidad números V- 4.363.476, 9359.588, 5.913.310, 17.481.618, 9.946.981, 19.707.111, 11.591.481, 13.122.456, 8.539.816 y 17.211.658, respectivamente. APODERADOS JUDICIALES: Los abogados TOMAS RAMON RAMIREZ ALVARADO, AUGUSTO AZAHUANCHE MAURTUA, DELIO ISMAEL RAMIREZ e ISRRAEL JOSE BOLIVAR, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 91.890, 91.888, 91.887 y 99.224, respectivamente. DEMANDADA: La empresa SERVIEQUIPOS RORAIMA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 09 de julio de 1996, quedando anotada bajo el número 28, Tomo A. APODERADO JUDICIAL DE LA EMPRESA: El abogado HENRY SOLORZANO, venezolano, mayores de edad, de este domicilio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 93.370, respectivamente. MOTIVO: Homologación de acuerdo transaccional. SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA Visto el escrito de fecha 02 de agosto de 2010, mediante el cual comparecieron el ciudadano HENRY SOLORZANO, en representación de la empresa SERVIEQUIPOS RORAIMA, C.A., y el ciudadano TOMAS RAMON RAMIREZ ALVARADO, en representación de los ciudadanos GONZALEZ PLAZA CIRILO DE JESUS, PORRAS COLMENARES RUBEN DARIO, AMUNDARAIN VENALEZ VICENTE YSAIAS, ZAMBRANO FERNANDEZ YORGE ENRIQUE, REINOZA PACHECO OSCAR JOSE, AMUNDARAIN GARCIA HENRRY JOSE, RODRIGUEZ LEON NELSON JOSE, FARIAS MARCANO TOMAS JOSE, CEDEÑO MARTINEZ FRANKLYN JOSE y GARCIA SARMIENTO CARLOS JULIO en su condición de demandantes, mediante el mismo que llegaron a un acuerdo, mediante el cual la parte demandada paga al actor la suma de Bs. 32.700,00, mediante cheque cuya copia se encuentra consignada en el expediente, girados contra BANCO BANESCO, cheque número 1888122; de seguidas este Tribunal de Alzada procederá a pronunciarse sobre dicho acuerdo conforme a lo que más adelante se indica. En primer lugar pasa a citar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la transacción y la conciliación, habida cuenta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, así: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone: “Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (…) 2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley”. Asimismo La Ley Orgánica del Trabajo en el Parágrafo Único del artículo 3, establece: “La irrenunciablidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”. En el mismo orden, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, dice: “Artículo 10. Transacción Laboral. De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y los derechos en ellos comprendidos”. A continuación esta Superioridad, procede a revisar si el acuerdo transaccional de autos, cumple con los requisitos exigidos por las disposiciones citadas, con el objeto de darle la eficacia correspondiente. A tal efecto, analizados como fueron los términos del acuerdo, se evidencia que los demandantes actuaron mediante apoderado, quien tiene facultades para celebrar este acto, así como también la sociedad mercantil demandada SERVIEQUIPOS RORAIMA, C.A., suscribe el documento contentivo del acuerdo, a través de su apoderado HENRY SOLORZANO, quien tiene facultades para celebrar el mismo; así como también en la manifestación escrita del acuerdo, la demandante, actuó en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno; y, que el arreglo se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a la motivación del mismo y derechos comprendidos, por lo que se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso y el pase en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE. Asimismo este Tribunal, como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos, aplicándole las consecuencias previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes, y, enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, conforme a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones tal y como fueron contraídas en el acuerdo, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASÍ SE DECIDE. DECISION Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA en toda y cada una de sus partes el acuerdo transaccional celebrado entre las partes ya identificadas, dándole autoridad de cosa juzgada. Se ordena la remisión del expediente al Juzgado de la causa para que proceda al cierre y archivo del expediente. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los once (11) días del mes de octubre de dos mil once (2011), años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. JUEZ SUPERIOR TERCERO ABG. NOHEL J. ALZOLAY LA SECRETARIA, ABG. DANIELLA FARIAS PUBLICADA EN EL DÍA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS DOS DE LA TARDE (2:00 p.m.).- LA SECRETARIA, ABG. DANIELLA FARIAS