REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR Puerto Ordaz, 06 de octubre de 2011 201° y 152° ASUNTO : FP11-O-2010-000113 I IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARTE ACCIONANTE: Ciudadano EDWIN AZOCAR, venezolano, mayor de edad y titular de las Cédula de Identidad número 14.505.847. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONANTE: Abogado JOSE GERARDO SANCHEZ CALDERON, venezolano, mayor de edad e inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 52.675. PARTE ACCIONADA: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA ANTONIO JOSE DE SUCRE, la cual no posee acreditada en autos representación judicial alguna. MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.- II ANTECEDENTES En fecha 29 de septiembre de 2011, la representación judicial de la parte hoy accionante, introdujo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) No Penal de este Circuito Judicial Laboral escrito contentivo de Acción de Amparo Constitucional, siendo distribuida la causa a este Juzgado y recibida en fecha 03 de octubre de 2011. Ahora bien, Vista la Acción de Amparo Constitucional propuesta por el ciudadano EDWIN AZOCAR contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO ANTONIO JOSE DE SUCRE, fundamentando la presente acción en la acción en las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27, 49 ordinal 8, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 131 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consideración de los siguientes hechos: Aduce el quejoso que inicio a prestar servicios para el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA ANTONIO JOSE DE SUCRE, en fecha 03 de marzo de 2009, desempeñando el cargo de JEFE DE DIVISIÓN ACADEMICA, y devengando una remuneración básica mensual de DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.2.500,00), y que en fecha 28 de agosto de 2009, la representación del mencionado instituto procedió a despedirlo injustificadamente, situación ésta que lesionó su derecho estabilidad laboral, ya que para ese momento se encontraba plenamente amparado por la inamovilidad laboral, prevista en el Decreto Presidencial Nº 6.603 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.090 de fecha 02 de enero del año 2009. Que en fecha 25 de septiembre de 2009, acudió ante la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz, a los fines de iniciar el respectivo procedimiento de reenganche y pago de los salarios caídos, siendo declarado mediante Providencia Administrativa número 2010-0438, de fecha 19 de mayo de 2010, con lugar dicha solicitud. Que en fecha 12 de noviembre del 2010 fue notificado la hoy accionada, aperturándose el lapso de ocho (8) días hábiles que otorga a ley a la accionada para formular los alegatos que juzgue pertinentes, lapso que transcurrió sin que la misma hiciere uso de este derecho, en consecuencia no se apertura a pruebas el procedimiento, teniéndosele por confesa, consecuencia jurídica devenida del contenido del literal “C” del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo.- Que en fecha 21 de marzo del año 2011 mediante providencia administrativa Nro. SS-2011-00146 se le impone al infractor multa prevista en el artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicando su límite máximo, es decir el equivalente a dos salarios mínimos, para cuyo calculo se tomó como base el salario mínimo mensual vigente para la fecha de la infracción siendo este en Mil Doscientos Veintitrés Bolívares con Ochenta y Nueve Céntimos (Bs. 1.223,89), y multiplicado por dos da un total de Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Bolívares con Setenta y Ocho Céntimos (Bs. 2.447,78).- Por último solicita el quejoso, se reestablezca la situación jurídica infringida, en lo que respecta a la estabilidad laboral y el cumplimiento por parte del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA ANTONIO JOSE DE SUCRE, de la Providencia Administrativa número 2.010-00438, de fecha 19 de mayo de 2010. III DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Corresponde consecuencialmente a esta Tribunal determinar su competencia para conocer la presente acción con ocasión a la acción de amparo constitucional que encabeza las presentes actuaciones. A los fines de determinar la competencia de este Juzgado para conocer de la presente acción de amparo es necesario precisar que en atención a los dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la relación de afinidad o proximidad obedece a dos elementos: la competencia del Tribunal, especial u ordinaria y la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación, que en otras palabras debe encontrarse más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitucionales que han sido conculcados. En materia de Amparo debemos observar dos reglas relativas que son fundamentales para establecer la competencia, a saber: . En este sentido, estos dos principios son concurrentes e inseparables, es decir, que para que un Tribunal sea competente es imprescindible que en razón de la materia, sea afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucional violada o infringida, y en caso, que no exista en la localidad donde se produjeron los hechos un Tribunal de Primera Instancia, el Juzgado de la localidad debe, sin embargo, tener competencia en razón de la materia afín. Dada la competencia en razón de la materia, en el caso de marras, los hechos que dieron origen a la acción de amparo constitucional, devienen de las presuntas violaciones por parte de la accionada al no dar cumplimiento al acto administrativo que ordena el reenganche y pago de los salarios caídos del quejoso, lo cual guarda relación con la materia conocida por este Tribunal del Trabajo; y es por ello que este Juzgador, por todos los razonamientos antes expuestos, se declara competente en razón de la materia, para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional. Así se establece. IV DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En lo que respecta a las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la misma solo se admitirá ante la inexistencia de una vía idónea, que por su rapidez y eficacia pueda impedir la lesión de los derechos que nuestra carta magna garantiza, acogiendo este Juzgado al criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia 1496, de fecha 13 de agosto de 2001 dejo sentado el criterio que de seguidas se transcribe: “(…) resulta congruente con este análisis que la especifica acción de amparo constitucional, a que se contrae el inciso segundo del artículo 27 de la Carta Magna, constituya un medio adicional a los ordinarios en la tarea de salvaguardar los derechos fundamentales. Al contrario de cómo ha venido siendo concebida, dicha acción no entraña un monopolio procesal en cuanto al trámite de denuncias respecto a violaciones a la regularidad constitucional –tal tesis la descarta el sistema de garantías procesales de que disponen los tribunales en el ejercicio ordinario de su función. 2. En consecuencia, es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida (…)”. Ahora bien, observa este Juzgador que la presente acción de amparo constitucional tiene su fundamento en la violación a la estabilidad laboral y como consecuencia de ello prevista en las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, actuando en Sede Constitucional, aprecia a priori que la presente acción no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y considera que, la presente solicitud de amparo ha cumplido con las exigencia del articulo 18 ejusdem, y que se acompañó copias certificadas de las actuaciones conducentes, por lo que resulta admisible la acción de amparo constitucional. Y así se establece. V DECISION En virtud de las consideraciones expuestas este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley ADMITE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano EDWIN AZOCAR, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA ANTONIO JOSE DE SUCRE, en consecuencia, 1.- Se ordena la notificación del representante legal del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA ANTONIO JOSE DE SUCRE. 2.- Se ordena la notificación del Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Dada firmada y sellada en la sede del despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, a los seis (06) días del mes de octubre de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. El Juez, Abg. Ronald Hurtado Nicholson La Secretaria, Abg. Audris Mariño. En esta misma fecha siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20p.m.), se registró y publicó la anterior decisión. Conste La Secretaria, Abg. Audris Mariño.