REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLÍVAR-EXTENSION TERRITORIALPUERTO ORDAZ Puerto Ordaz, 15 de Septiembre de 2011 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : FP12-S-2011-002115 ASUNTO : FP12-S-2011-002115 AUTO DE FUNDAMENTACION DE MEDIDA DE PROTECCION Y MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD Corresponde a este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, fundamentar, conforme lo previsto en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el articulo 93 último aparte del la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la decisión dictada en la audiencia presentación, para oír el imputado JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.138.535, quien se encuentra debidamente asistido por la Defensora Publica ABOGADA. CARMEN GONZALEZ, en virtud de ello se observa: ANTECEDENTES En fecha 22-08-2011, se recibió escrito procedente de la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual presenta ante esta competente autoridad al ciudadano JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 ordinales 1º y 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el articulo 130 primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal. En esta misma fecha se celebró la Audiencia Oral de Presentación de Imputado, de conformidad con el articulo 93 tercer aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerando quien aquí decide, que en el caso de marras, se encuentran llenos los supuestos que establece el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, vale decir, acredito el Ministerio Público la configuración de un hecho punible que merece medida cautelar sustitutiva de libertad, calificando esta juzgadora la conducta desplegada por el imputado como el delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita y existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ ha sido probablemente el autor en la comisión de un hecho punible. FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO. De las actuaciones que acompaña el Ministerio Público, a las solicitudes realizadas en la audiencia de presentación, existen los elementos de convicción que generan la responsabilidad penal del imputado y su vinculación con los hechos que se investigan que hacen evidente o que acreditan la existencia de la presunta comisión de un hecho punible correspondiente al tipo penal del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para determinar que la conducta o los hechos presuntamente realizados por el imputado figuran en el catálogo de conductas establecidos en el Código Penal, todo lo cual ha quedado acreditado por este tribunal, del contenido de los elementos de convicción que a continuación se señalan: Consta al folio cuatro (04) Acta de denuncia de fecha 21/08/2011, mediante la cual la ciudadana ROSALIA DEL CARMEN SIMANCAS CORASPE, interpuso denuncia por ante el Centro de Coordinación Policial Nº 19 “Altos de Caroní” Municipio Caroní, Estado Bolívar y manifestó: “…Yo vengo a denunciar a mi pareja de nombre JULIO CESAR RAMIREZ; 20/08/2011 a las 11:00 p.m.; yo llegue con mis hijos de bolívar que tenia 2 semanas de bolívar en casa de mi mama cuando llegamos note que el ciudadano en mención estaba ebrio me empezó a insultar diciéndome improperios y empezó a darle golpe a la pared yo le decía que se calmara y no me hizo caso, se daba un trago de ron hasta que se tomo toda la botella, me jalo por los cabellos y se metió mi hija y le dijo que a mi no me tocara cuando la empujo hacia el cuarto de ella y tranco el cuarto donde duermo con el yo caí al suelo el me dio dos patadas en la pierna después que medio me levanto del piso y dijo que el no me quería hacer eso pero lo hizo por que yo le volé los tapones yo le dije que quería ver como estaba mi hija luego el tomo la botella la pasaba por la pared con la intención de amenazarme luego llego la patrulla y lo sacaron de la casa anteriormente ya me había amenazado de muerte y me el dice que me va a matar y luego se mata el y mata a mis hijos, Es todo …” Consta al folio siete (07) Acta de policial de fecha 21/08/2011, mediante la cual funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Nº 19 “Altos de Caroní” Municipio Caroní, Estado Bolívar, dejan constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que practicaron la aprehensión del ciudadano JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ. Consta al folio nueve (09) Informe médico de fecha 21/08/2011, suscrito por el Dr. Juan de la Rosa, galeno adscrito al servicio de emergencia de adultos del hospital Uyapar, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, mediante la cual se deja constancia que la ciudadana ROSALIA DEL CARMEN SIMANCAS CORASPE fue evaluada en ese centro asistencial y la misma presentó traumatismo en rodilla derecha, dolorosa a la palpación. Siendo estos elementos suficientes para estimar que el imputado JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ es probablemente el autor del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre. DE LA MEDIDA DE PROTECCION Y SEGURIDAD. Ahora bien, tomando en consideración que las circunstancias narradas a las actas considera esta juzgadora que tales hechos comportan situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad para la integridad de la mujer, es virtud de ello lo procedente en la aplicación de medidas de naturaleza preventiva, que permita salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer y su entorno familiar, en forma expedita y efectiva, en consecuencia, se impone Medida de Protección y Seguridad a favor de la ciudadana ROSALIA DEL CARMEN SIMANCAS CORASPE, en virtud de ello se ordena la salida inmediata del presunto agresor de la residencia que ocupa en común con la victima, se prohíbe el acercamiento a la víctima, a su lugar de trabajo, de estudio o a su residencia; se le prohíbe al presunto agresor por si mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la victima o algún integrante de su familia; asimismo se le impone al imputado la obligación de comparecer por ante el centro asistencial ubicado en el Barrio Guayana de Puerto Ordaz, a los fines que le sea practicado un examen psicológico y reciba charlar de orientación; igualmente se ordena oficiar al servicio de emergencias 171 Bolívar a los fines que sea incluida a la referida ciudadana como víctima en alto riesgo; todo de conformidad con lo establecido en el 87 numerales 3º, 5º, 6º y 13º de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. DE LA MEDIDA DE CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD. No obstante, este Tribunal a los fines de pronunciarse en relación a la Medida de Coerción a imponer, observa que el articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su parte in fine establece; “La libertad personal es inviolable; en consecuencia:… Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”, en este mismo orden de ideas, el articulo 243 de la Ley Adjetiva Penal, establece: “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código” aunado a ello la pena mayor del delito que le es atribuido al imputado JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ, comporta una pena corporal que no excede de los tres (03) años en su limite máximo, en este sentido el articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas”. En consecuencia, tal como fue solicitado por la Fiscal del Ministerio Público, en el presente caso, es procedente la imposición de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en razón de ello se le impone al imputado JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad consistente presentaciones cada siete (07) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Circunscripción Judicial, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del articulo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, dispone lo siguiente: PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se acuerda imponer MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, a favor de la ciudadana ROSALIA DEL CARMEN SIMANCAS CORASPE, en virtud de ello se ordena la salida inmediata del presunto agresor de la residencia que ocupa en común con la victima, se prohíbe el acercamiento a la víctima, a su lugar de trabajo, de estudio o a su residencia; se le prohíbe al presunto agresor por si mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la victima o algún integrante de su familia; asimismo se le impone al imputado la obligación de comparecer por ante el centro asistencial ubicado en el Barrio Guayana de Puerto Ordaz, a los fines que le sea practicado un examen psicológico y reciba charlar de orientación; igualmente se ordena oficiar al servicio de emergencias 171 Bolívar a los fines que sea incluida a la referida ciudadana como víctima en alto riesgo; todo de conformidad con lo establecido en el 87 numerales 3º, 5º, 6º y 13º de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se acuerda imponer MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVATIVA DE LIBERTAD al imputado JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ, arriba identificado, por lo que deberá el imputado presentarse cada siete (07) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Circunscripción Judicial, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del articulo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. TERCERO: Se decreta la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. En la Ciudad de Puerto Ordaz, a los quince (15) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Once (2011). JUEZA SEGUNDA DE CONTROL ABGA. LUISA CEDEÑO NARANJO. LA SECRETARIA DE SALA. ABGA. LUZMARY VALLEJO G.