REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, AGRARIO Y TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR ASUNTO: FP02-V-2012-000756 RESOLUCION Nº PJ0182012000225 El día 01/06/2012 fue admitida por este tribunal demanda por DIVORCIO intentada por el ciudadano RAUL OSWALDO MARTINEZ LEZAMA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.045.571 y de este domicilio, debidamente asistida por la profesional del derecho BENJAMIN BOLIVAR HERRERA, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado según matrícula Nº 81.544 y de este domicilio contra la ciudadana FRANCIA YAMILET RONDON GOMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.569.092 y de este domicilio, ordenando el emplazamiento de la parte demandada para su comparecencia ante este tribunal al primer acto conciliatorio pasados que fueran cuarenta y cinco (45) días luego de su citación, a las diez de la mañana (10:00 a.m) y hasta la presente fecha, vale decir, 06/08/2012, no se gestionó la citación de la demandada de autos. En tal sentido, pasa este jurisdicente a analizar si se cumple con el supuesto previsto en el artículo 267, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes: Hecha la relación de los hechos y analizado exhaustivamente el presente asunto, este juzgador observa: La perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. La perención de la instancia es una institución netamente procesal que constituye uno de los medios de terminación del proceso distinto a la sentencia. El artículo 267 en su ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil establece: “…Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…” El Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, Sala de Casación Civil, resolvió que: “… la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia (...) quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley ..." y que "... deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, (…) de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia …” De la norma parcialmente transcrita así como de la jurisprudencia antes señalada se observa que el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, está dirigido a sancionar el incumplimiento, por la parte actora, de los deberes que le impone la Ley para lograr la citación del demandado y por su carácter punitivo es de aplicación restrictiva. En este caso se observa que en fecha 01/06/2012 se admitió la presente demanda y hasta la presente fecha, vale decir, 06/08/2012 transcurrió holgadamente el lapso previsto en el citado artículo 267.1 de la ley adjetiva civil sin que el demandante hubiere cumplido con la carga de poner a disposición del Tribunal los medios materiales necesarios para practicar la citación de la demandada como lo prevé el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial. Por todos los razonamientos antes expuestos y aunado al principio constitucional que establece “Que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles, este tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, AGRARIO Y DEL TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, contemplada en el ordinal 1° del artículo 267, del Código de Procedimiento Civil y consecuencialmente se declara EXTINGUIDO este proceso. Así se decide Notifíquese a la parte actora de la presente decisión. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de este tribunal, en Ciudad Bolívar, a los seis (06) días del mes de agosto del año dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. El Juez Provisorio, DR. JOSÉ RAFAEL URBANEJA TRUJILLO.- La Secretaria, ABG. SILVINA COA MARTÍNEZ.- En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las nueve con quince minutos de la tarde (09:15 a.m.) La Secretaria, ABG. SILVINA COA MARTÍNEZ. JRUT/SCM/marlis*