TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
201° y 152°

ASUNTO: FP11-O-2010-000139

Siendo la oportunidad legal para publicar el texto integro de la decisión este Tribunal, pasa, a emitir su pronunciamiento en sujeción a las consideraciones siguientes:

I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
PARTE ACCIONANTE: Ciudadano SIMON DAVID URBAY LUGO, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.876.759.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACCIONANTTE: Abogados YULIMAR CHARAGUA, ELBA HERRERA, JETSY ROJAS, PASTRAN FRANCELIA, CORTEZ GINETT, DURAN LISETT, MADRID NERIA, VALLES MORELBIS, ELIBETH TORRES, y otros, venezolanos, mayores de edad e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 106.934, 93.273, 107.658, 83.095, 113.213, 119.763, 93.290, 113.973 y 124.627, respectivamente.
PARTE ACCIONADA: Sociedad Mercantil ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del estado Miranda bajo el Nro. 58, tomo 279 A-Pro, de fecha 08 de octubre de 1996.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACCIONADA: Abogado EFRAIN RIVERO, venezolano, mayor de edad e inscrito en el inpreabogado bajo el número 125.435.
MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.-

II
ANTECEDENTES
En fecha 24 de agosto de 2010, la parte hoy accionante, introdujo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) No Penal de este Circuito Judicial Laboral escrito contentivo de Acción de Amparo Constitucional, siendo distribuida la causa a este Juzgado de Primera Instancia de Juicio y recibida en fecha 25 de agosto de 2010.
Ante la decisión número 601, emanada de la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de abril de 2011, este Juzgado habiendo dado cumplimiento con la notificación de las partes, en fecha 11 de julio de ese mismo año admite la acción de Amparo Constitucional planteada.
En fecha 20 de septiembre de 2011, se aboca al conocimiento de la presente causa quien suscribe el presente fallo y una vez notificadas ambas partes, y al ciudadano Fiscal del Ministerio Público de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mediante auto de fecha 10 de febrero de 2012, se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia oral y pública, la cual en efecto tuvo lugar el día 15 de febrero de 2012, a las dos y quince de la tarde (2:15p.m.), compareciendo ambas partes y la representación del Ministerio Público.

III
DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE

Aduje la representación judicial de la parte accionante que su representado comenzó a prestar servicios para la empresa Asesoramiento Especializado MFS, C.A. en fecha 02 de enero del año 2007 desempeñando el cargo de Vigilante y devengando una remuneración mensual de Bs. 967,06 y en fecha 30 de septiembre de 2009 la representación judicial de la mencionada empresa procedió a despedirlo injustificadamente; después de haber laborado 02 años, 07 meses y 28 días.
Que su representado se encontraba amparado por la inamovilidad laboral establecida en el Decreto Presidencial Nro. 6.603 publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.090 de fecha 02 de enero de 2009, que tenía laborando más de tres meses para la accionada y que no ejercía cargo de confianza.
Que en fecha 13 de octubre del año 2009, intentó el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, estado Bolívar y en fecha 30 de noviembre de ese mismo año, se declaro Con Lugar la referida solicitud mediante Providencia Administrativa Nro. 2009-00595.
Que en fecha 15 de enero de 2010, el ciudadano Héctor Barrios, abogado asistente adscrito a la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, se trasladó a la sede de la accionada a los fines de realizar la ejecución forzosa y vista la negativa a dar cumplimiento a la Providencia Administrativa, en fecha 20 de enero de 2010 la Sala de Fueros de la Inspectoría del Trabajo propuso la aplicación del procedimiento de sanción en rebeldía del cual fue notificado la accionada en fecha 23 de febrero de 2010.
Que al no existir otro medio procesal breve, sumario y eficaz, solicita de conformidad con lo previsto en el los artículos 26, 27 y 49 ordinal 8, 87 ordinal 2, 89 ordinales 2, 3 y 4, 91, 92, 93, 95, 131 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicita se restituya la situación jurídica infringida y se ordene la inmediata e incondicional orden de reenganche y pago de los salarios caídos, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz, estado Bolívar contenida en la Providencia Administrativa número 2009-00595 de fecha 30 de noviembre del año 2009.

IV
DE LA AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA

En fecha 15 de febrero de 2012, siendo las dos y quince minutos de la tarde (02: 15 p.m.), tuvo lugar la celebración de la Audiencia Constitucional Oral y Pública, dejándose constancia de la comparecencia del Abogada YULIMAR CHARAGUA, en el carácter de apoderada judicial de la parte accionante y, en representación de la accionada Sociedad Mercantil ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A, el profesional del derecho EFRAIN RIVERO, indicando el Tribunal a las partes que dispondrán de un lapso de diez minutos para exponer sus alegatos y defensas pertinentes.
Sostiene la representación judicial de la parte accionante, que la empresa accionada despidió injustificadamente a su representado y por tal razón acudió ante la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz Estado Bolívar, la cual acordó el reenganche y pago de los salarios caídos en fecha 30 de noviembre de 2009, no obstante la empresa accionada, desacato lo ordenado por el órgano administrativo, solicitando el procedimiento de multa y sanción a la empresa ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A.
Por su parte la representación judicial de la accionada adujo su disposición de llegar a un acuerdo satisfactorio ante la controversia planteada por el accionante de autos.

V
DE LA OPINION DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sostiene la Abogada Andreina Martínez en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, que en el caso de autos son concurrentes los requisitos para la procedencia del presente Amparo Constitucional en concordancia con el criterio sentado por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que considera que el mismo debe ser declarado con lugar.

VI
DE LA COMPETENCIA

El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que la competencia para conocer en materia de amparo constitucional obedece a la determinación de los derechos constitucionales que han sido conculcados o vulnerados, así como la naturaleza de las actividades realizadas y del órgano del cual emana la presunta lesión, de manera pues, que la competencia en razón de la materia para conocer de la acción de amparo, se encuentra atribuida a los Juzgados de Primera Instancia, que lo sean en la materia afín o análoga con la naturaleza de la norma constitucional infringida o que se encuentre amenazada de violación, en tal sentido ante la violación o amenaza de violación de los derechos y garantías consagradas en nuestra Carta Magna, relativos al hecho social trabajo, corresponde al Juez del Trabajo la competencia para decidir y sustanciar los asuntos en materia de amparo, competencia está expresamente atribuida de conformidad con lo previsto en el artículo 29 numeral tercero, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Por su parte, la doctrina imperante en la materia define la competencia como la medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, a los efectos de la determinación genérica de los asuntos en lo que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 955, de fecha 23 de septiembre de 2010 (caso: Bernardo Jesús Santeliz y otros) y ratificado mediante sentencia de fecha 16 de marzo de 2011, con Ponencia del Magistrado Dr. Francisco Carrasqueño López, estableció el criterio que de seguidas se transcribe:
“… aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.

En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.

Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.

Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. Así se declara…” (Negritas y subrayado de la Sala).

Aunado al criterio Jurisprudencial precedentemente expresado, el ordinal tercero, del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, preceptúa:
“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(Omissis)
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”.
Por lo anterior, y siendo que la presente acción se encuentra fundamentada en la presunta violación de derechos constitucionales vinculados al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz, declara su competencia para conocer de la presente causa. Así se establece.
VII
DEL MATERIAL PROBATORIO PROMOVIDO POR LAS PARTES
De la parte quejosa.
Promueve en copia certificada emanada de la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz Estado Bolívar, del expediente administrativo identificado con la nomenclatura número 051-2009-01-01258, contentiva de la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos a la cual este Juzgador le otorga pleno valor probatorio, ello por cuanto además de no haber sido impugnada en su oportunidad y constituir un documento público administrativo plenamente reconocido, de la misma se desprende que en fecha 30 de noviembre de 2009, se ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano Simón Urbay, mediante Providencia Administrativa número 2009-595 y que ante el incumplimiento del referido acto administrativo, mediante Providencia Administrativa numero SS-2010-00384, de fecha 27 de abril de 2010, se le impuso la correspondiente multa a la empresa ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A,, la cual se aprecian en cuanto a valor probatorio se refiere conforme las consideraciones anteriores.
De la accionada.
No promovió material probatorio alguno.

VIII
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En el caso sub examine, esgrime el accionante que el derecho constitucional vulnerado consiste en la contumacia de la representación legal de la Sociedad Mercantil ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A, de dar cumplimiento con a lo ordenado en la Providencia Administrativa número 2009-00595 de fecha 30 de noviembre del año 2009, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz Estado Bolívar, por lo que solicita se ordene su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo, garantizándosele su estabilidad laboral.
Observa este Juzgador, que el órgano administrativo competente, consideró que el despido del solicitante no estuvo sustentado en justa causa, declarándose procedente la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos desde el 30 de noviembre del año 2009, no obstante a los fines de establecer la procedencia de la presente acción de Amparo Constitucional, es necesario traer a colación el criterio Jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 2308, de fecha 14 de diciembre de 2006 (caso: Guardianes Vigiman, S.R.L.), bajo la Ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán, transcribiéndose pasajes de la misma a continuación:

“En efecto, esta Sala ha decidido (sentencias N° 2122/2001 y 2569/2001; casos: “Regalos Coccinelle C.A.”) que el acto administrativo tiene que ser ejecutado forzosamente por el órgano emisor, esto es, a través de sus funcionarios o valiéndose de la colaboración de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, si lo considerara necesario, por tratarse de la ejecución de un acto administrativo de desalojo, cuya posibilidad de ejecución forzosa por parte de la Administración es posible, ayudándose de ser necesario, con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ese criterio se extendió también, recientemente, a los actos de la Administración relacionados con aspectos laborales (actos de Inspectorías del Trabajo, por ejemplo, como en el caso de autos), pues, según la Sala, “las Providencias Administrativas deben ser ejecutadas por la autoridad que las dictó, sin intervención judicial, por lo que el amparo no es la vía idónea para ejecutar el acto que ordenó el reenganche”. Para la Sala, “constituye un principio indiscutible en el derecho administrativo la circunstancia de que el órgano que dictó el acto puede y debe el mismo ejecutarlo, recogido como principio general en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos” (sentencia Nº 3569/2005; caso: “Saudí Rodríguez Pérez”).
En ese mismo fallo, citado por la parte solicitante de la revisión en su escrito de “alcance y complemento”, la Sala sostuvo que “por estar dotado de ejecutoriedad el acto administrativo (…), no requiere de homologación alguna por parte del juez: y la ejecución de dicha decisión opera por su propia virtualidad”. Así, agregó, a pesar de que se produjo “un evidente desacato a la Providencia Administrativa, dictada por la Inspectoría de Trabajo, que ordenó el reenganche y el pago de salarios caídos de los trabajadores, los órganos jurisdiccionales no son los encargados de intervenir en la actuación de los órganos de la Administración Pública; excepto que una Ley así lo ordene”.
Para la Sala, precisamente, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ordena lo contrario, puesto que el artículo 79 dispone que “La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial”. En consecuencia, consideró la Sala, en ese fallo Nº 3569/2005, que el acto administrativo debió se ejecutado por la Administración Pública “y de esta manera dar cumplimiento a la Providencia Administrativa”, declarando expresamente modificado el criterio sentado en sentencia del 20 de noviembre de 2002 (caso: “Ricardo Baroni Uzcátegui”), “respecto a que el amparo sea una vía idónea para lograr el cumplimiento de las Providencias Administrativas provenientes de la Inspectoría del Trabajo”.
Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.
De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia.
En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas- en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado.
Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por una lado, de mantener los poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia.
Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que, a veces, esas vías no son capaces de hacer. La valoración del caso concreto se hace indispensable, en consecuencia”. (…)

Ahora bien, conforme el material probatorio cursante en autos, mediante Providencia Administrativa número 2009-00595 de fecha 30 de noviembre del año 2009, emanada de la Inspectoría del Trabajo, se ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del hoy quejoso, otorgándose a la empresa un lapso de tres (03) días hábiles siguientes a su notificación para el cumplimiento voluntario, materializándose la misma, el 15 de enero de 2010 según consta en el folio 70 del presente expediente, oportunidad en la cual la ciudadana Ana Diaz en su condición de apoderada de la demandada manifiesto que:

“En vista de que en las instalaciones de la empresa no contamos con puesto de trabajo, la empresa le va a cancelar al extrabajador todo lo relacionado a sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales. Es todo”

Siendo evidente de tal declaración, el desacato del patrono a la orden de reenganche dictada por la autoridad administrativa del trabajo. Aplicándose la aplicación del procedimiento de sanción en rebeldía previsto en el artículo 80 numeral 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Aunado a lo anterior, vista la decisión identificada con la nomenclatura número SS-2010-00384, de fecha 27 de abril de 2010, cursante a los folios (82 al 84), emanada de la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz, en la cual se le impone la multa a la empresa accionada de autos por la cantidad de Bs. 1.935,00, evidencia el agotamiento de la vía administrativa para acudir al órgano jurisdiccional, y siendo así, ante la contumacia de la accionada de dar cumplimiento a la orden de reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano Simón Urbay, se constata la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia la presente acción de Amparo Constitucional debe prosperar, ordenándose a la empresa presente acción de Amparo Constitucional debe prosperar, ordenándose a la empresa ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A, dar cumplimiento a lo ordenado en la Providencia Administrativa número 2009-00595 de fecha 30 de noviembre del año 2009. Así se decide.

IX
DISPOSITIVA

En fuerza de las consideraciones anteriores, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, constituido en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la acción de Amparo Constitucional propuesta por el ciudadano SIMON DAVID URBAY LUGO contra la empresa ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A, en consecuencia se ordena a la agraviante de cumplimiento a la Providencia Administrativa número 2009-00595 de fecha 30 de noviembre del año 2009, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz Estado Bolívar.

SEGUNDO: SE ORDENA a la empresa ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO MFS, C.A, el cese de toda conducta que atente contra la inamovilidad que ampara al quejoso.

TERCERO: El no acatamiento de la presente decisión, ocasionará que este Juzgador oficie al Ministerio Público para la apertura del procedimiento penal correspondiente por desacato a la Acción de Amparo Constitucional. Así se establece.

Se condena en costas a la parte accionada.

Regístrese, publíquese y déjese copia en el compilador respectivo.

Dada, firmada y sellada en la sede del Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de Dos Mil Doce (2012).
El Juez,

Abg. Ronald Hurtado Nicholson
El Secretario,

Abg. Leonardo Jiménez

En la fecha up-supra se registró y publicó la anterior sentencia, siendo dos y treinta (2:30p.m.), de la tarde.
El Secretario,

Abg. Leonardo Jiménez