REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO Y DEL TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR Ciudad Bolívar, 07 de junio de 2012 202º y 153º ASUNTO: FP02-V-2012-000245 RESOLUCION Nº PJ0182011000163 Revisadas como han sido las presentes actuaciones continentes del juicio por TACHA DE DOCUMENTO POR VIA PRINCIPAL propuesta por los ciudadanos EDSON ALEJANDRO ROJAS RIVAS y HUMBERTO RIVAS FLORES, abogados en ejercicio, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 59.566 y 85.516, quienes actúan en su carácter de representantes legales de la Asociación Cooperativa PROYECTOS Y SERVICIOS 2021, R.L y de este domicilio contra la empresa Mercantil BANCO GUAYANA, C.A, de los autos se evidencia de autos que en fecha 01/03/2012 este tribunal admitió la presente demanda y se acordó la citación de la parte demandada empresa Mercantil BANCO GUAYANA, C.A, mediante correo certificado con aviso de recibo. Ahora bien, en el caso de marras observa esta juzgador que la parte actora solicito se le citara a la parte demandada empresa Mercantil BANCO GUAYANA, C.A, mediante correo certificado con aviso de recibo, no habiéndose ordenado la citación personal de la referida empresa, es decir, no se agoto la vía de citación establecida en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de ello este juzgador previamente observa: Es oportuno traer a los autos lo establecido en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil establece que: “Si la citación personal no fuere posible y se tratare de citación de una persona jurídica, el actor podrá solicitar la citación por correo certificado con aviso de recibo, antes de la citación por carteles prevista en el articulo 223…” (Subrayado del tribunal) Por interpretación doctrinal y del análisis de la norma en comento es preciso que para que proceda la citación mediante correo certificado con aviso de recibo es necesario cumplir con la formalidad de agotar la citación personal del demandado y que se tratare de la citación de una persona jurídica como es el caso de autos. De la misma forma se trae a las actas del proceso lo señalado en el articulo 11 ejusdem el cual establece: “En materia civil el juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes”. Asimismo el artículo 15 eiusdem, a su vez estipula: “Los jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género”. Por su lado, los artículos 26, 49.1 y 257 constitucionales, establecen: “Artículo 26.- “…Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente...” El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebida, sin formalismos o reposiciones inútiles”. “Artículo 49.- “… El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1.-La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”. “Artículo 257: “…El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. De los dispositivos legales antes transcritos, es innegable que a la jurisdicción judicial corresponde velar porque las partes no sufran indefensiones o desigualdades, porque de lo contrario la condena que puedan experimentar no sería conforme a las pautas del debido proceso, que es una garantía fundamental. Se produce indefensión, ha dicho reiteradamente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, “…Cuando el juez limita, impide o menoscaba el ejercicio de algún medio procesal, o crea desigualdades entre las partes procesales. En todas estas hipótesis, la indefensión debe ser imputable al juez, lo cual excluye aquéllos hechos producidos por la impericia, abandono o negligencia de la propia parte, pues en tal caso, ella debe sufrir las consecuencias…”. En el caso de autos, se observan faltas puntuales de orden público, no imputables precisamente a las partes, constituyéndose en un acto procesal irregular, y por cuanto, las faltas del tribunal no le pueden ser imputadas a las partes, es por lo que este jurisdicente, considera que no se ha cumplido con la garantía del derecho de defensa ni con la garantía de un debido proceso, previstas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de ello, quien aquí suscribe en aras de impartir una tutela judicial efectiva, salvaguardar el derecho de las partes, declara la nulidad de todas las actuaciones, a partir del auto de fecha 01 de marzo de 2012 de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, repone la causa al estado en que se ordene restablecer el derecho infringido, en tal virtud, considera este jurisdicente que toda reposición ocasiona la nulidad de todo lo actuado y sólo se decretara cuando el Juez, haya incurrido en errores u omisiones involuntarios que no le son imputables a las partes, en tutela del orden público y la salvaguarda de los principios constitucionales, le es permitido revocar sus propias decisiones. Ahora bien, a objeto de evitar reposiciones posteriores este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario, Agrario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena REPONER la presente causa al estado de que se admita nuevamente la demanda dejando sin efecto todas las actuaciones que corren desde el folio treinta y tres (33) hasta el cuarenta y dos (42) del presente expediente. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 205, 206 y 310 del Código de procedimiento Civil. Cúmplase lo ordenado.- El Juez Provisorio, Abg. José Rafael Urbaneja Trujillo.- La Secretaria, Abg. Silvina Coa Martínez.- JRUT/SCM/Emilio.-