TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar

ASUNTO: FP11-O-2010-000082

En la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL incoada por el ciudadano KENY MARCANO, titular de la cédula de identidad Nº V-18.666.193, representado judicialmente por los abogados Yulimar Charagua, Leila Leal, Elba Herrera, Jetsy Rojas, Espin Lennys, Francelia Pastran, Milagros Cardenas, Ginett Cortez, Lisett Durran, Neria Madrid, Morelbis Valles, Elibeth Torres, Karimer Fuentes y Yurnis Maita, Inpreabogado Nros. 106.934, 93.696, 93.273, 107.658, 113.213, 113.220, 101.828, 119.763, 83.095, 93.290, 124.627, 113.973 y 113.210, respectivamente, contra la presunta negativa de la sociedad mercantil EDITORIAL R.G., C.A. (NUEVA PRENSA DE GUAYANA), de acatar la Providencia Administrativa Nº 2010-0287 dictada el quince (15) de abril de 2010 por la INSPECTORA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del accionante, se dicta sentencia con la siguiente motivación.

I. ANTECEDENTES

I.1. De la Pretensión. Mediante escrito presentado el treinta (30) de junio de 2010, el accionante fundamentó su pretensión de tutela constitucional solicitando la declaratoria con lugar de su pretensión y “…se proceda de inmediato a lo conducente para cumplir con la orden de Reenganche y Pago de los Salarios Caídos ordenado mediante Providencia Administrativa Nº 2010-00094 de fecha 15 de abril de 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz Estado Bolívar…”.

I.2. De la admisión del recurso. Mediante sentencia dictada el dos (02) de julio de 2010 se admitió el presente asunto, ordenando las notificaciones y citación de ley.

I.3. Mediante diligencia presentada el veinte (20) de julio de 2010, el Alguacil de este Despacho, consignó oficio Nº 10-1843 dirigido al ciudadano Fiscal del Ministerio Público, debidamente suscrito por el ciudadano Ángel Bolívar, en su condición de Secretario I adscrito a la Fiscalía Superior del Estado Bolívar.

I.4. Mediante diligencia presentada el veintiséis (26) de julio de 2010, el Alguacil consignó oficio Nº 10-1842, dirigido a la ciudadana Inspectora del Trabajo “Alfredo Maneiro” de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, debidamente suscrito por la ciudadana María Ávila, en su condición de Auxiliar Administrativo, adscrita a la referida Inspectoría.

I.5. Mediante sentencia dictada el cuatro (04) de agosto de 2010, se dictó sentencia declarándose incompetente para el conocimiento de la acción de amparo incoada por el ciudadano KENY MARCANO contra la sociedad mercantil EDITORIAL RG, C.A. (NUEVA PRENSA DE GUAYANA) y declinó la competencia en el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

I.6. En fecha tres (03) de febrero de 2011, se recibió oficio Nº 10-1061 proveniente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante el cual remitió copias certificadas relacionadas con la presente Acción de Amparo Constitucional, en virtud de la sentencia dictada por la referida Sala en fecha nueve (09) de diciembre de 2010 que resolvió el conflicto de competencia planteado entre este Juzgado Superior y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, declarando competente a este Juzgado Superior para el conocimiento del presente recurso.

I.7. Mediante auto dictado el siete (07) de febrero de 2011, se ordenó librar oficio dirigido a la Jueza Primera de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los fines que remita a este Juzgado Superior el original de presente asunto.

I.8. En fecha catorce (14) de febrero de 2011, se recibió oficio Nº 1J/114-2011 proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, mediante el cual remitió pieza principal del presente amparo.

I.9. Por auto dictado el quince (15) de febrero de 2011, este Juzgado Superior ordenó agregar el cuaderno de copias certificadas a la pieza principal del presente amparo.

I.10. Por auto dictado el día siete (07) de diciembre de 2011, se ordenó librar boleta de notificación dirigida al ciudadano Keny Marcano, a los fines que manifieste su interés en la continuación de la presente causa.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Este Juzgado observa que la parte accionante desde el siete (07) de diciembre de 2011, oportunidad en que se ordenó librar boleta de notificación dirigida al ciudadano Keny Marcano, a los fines que manifieste su interés en la continuación de la presente causa, no ha realizado ni por sí, ni por medio de apoderado ningún acto que demuestre que mantiene su interés en la presente causa.

En este sentido la Sala Constitucional, mediante decisión del 06 de junio de 2001 (Caso: José Vicente Arenas Cáceres, sentencia N° 982) estableció que consecuencia del carácter de urgencia que distingue el amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma, que una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite, y la inactividad por seis (06) meses de la parte accionante en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada esta, en la practica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del tramite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello la extinción de la instancia, citándose la referida decisión:

“…La pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la causa iniciada en protección de la determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(…)
En criterio de la Sala, el abandono del tramite a que se refiere el artículo 25 Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales puede asumirse entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos el abandono precisamente de que dicha parte a renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte y desde el punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como judicial reservado para la tutela inmediata de los Derechos y Garantías Constitucionales cuando las vías ordinarias no resulten idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo al unión, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para reestablecer inmediatamente la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el Tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue el amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma, y por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del tramite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto refutaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y el propio tiempo, permitese que se tolere pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquel.
(…)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (06) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada esta, en la practica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del tramite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos Y Garantías Constitucionales, y con ello la extinción de la instancia. Así se declara.” (Resaltado de este Juzgado).

Aplicando las premisas sentadas por nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional en materia constitucional al caso de autos, la cual se ha mantenido paralizada por más de seis (06) meses para la práctica de la notificación al ciudadano Keny Marcano, a los fines que manifieste su interés en la continuación de la presente causa, siendo que la falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por ende, terminado el procedimiento.

III. DECISIÓN

En merito de lo antes expuesto, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en Jurisdicción Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite, en la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por el ciudadano KENY MARCANO, contra la presunta negativa de la sociedad mercantil EDITORIAL R.G., C.A. (NUEVA PRENSA DE GUAYANA), de acatar la Providencia Administrativa Nº 2010-0287 dictada el quince (15) de abril de 2010 por la INSPECTORA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del accionante.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el índice copiador de sentencias de este Tribunal.

Dada, firmada y sellada en este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, al trece (13) día del mes de junio del año 2012. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

LA JUEZA
BETTI OVALLES LOBO
LA SECRETARIA
ANNA FLORES FABRIS