TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar

ASUNTO: FP11-N-2010-000156

En la DEMANDA FUNCIONARIAL por concepto de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos incoada por la ciudadana MAYARI COVA GARCÍA, cédula de identidad Nº 17.288.989, representada judicialmente por los abogados Jesús Delgado, Marcos Tulio Loreto y Manuel Phillips, Inpreabogado Nros. 82.546, 92.825 y 99.481, respectivamente, contra el MUNICIPIO PADRE PEDRO CHIEN DEL ESTADO BOLÍVAR; representado judicialmente por los abogados Omar Sánchez, Joseph Franceschetti, Oriana Gutiérrez, Sofía Seisdedos y Ángel León Inpreabogado Nros. 60.456, 29.216, 146.956, 147.485 y 169.723, respectivamente, se procede a dictar el fallo íntegro con la siguiente motivación.

I. ANTECEDENTES

Los actos procesales relevantes para la resolución de la controversia que trae la presente causa son los siguientes:

I.1. De la pretensión. Mediante demanda presentada el veintiocho (28) de mayo de 2010 la demandante fundamentó su pretensión condenatoria contra el Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar, demandando el pago de la prestación de antigüedad, complemento de antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación, indemnización prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo intereses sobre la prestación de antigüedad, intereses moratorios y corrección monetaria derivados de la prestación de servicios en el cargo de recaudadora de impuestos municipales.

I.2. De la admisión. Mediante sentencia dictada el tres (03) de mayo de 2010 se admitió la demanda interpuesta, ordenando su tramitación por el procedimiento establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ordenó la citación del Síndico Procurador y la notificación del Alcalde del Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar.

I.3. Mediante auto dictado el tres (03) de junio de 2010 se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y Padre Pedro Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de practicar el emplazamiento de la Síndico Procuradora y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar.

I.4. El veintiséis (26) de julio de 2010 se recibieron las resultas provenientes del Juzgado de los Municipios Piar y Padre Pedro Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentivas del emplazamiento de la Síndico Procuradora Municipal y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar, debidamente cumplida.

I.5. De la Audiencia Preliminar. El veintiuno (21) de marzo de 2011 se celebró la audiencia preliminar con la comparecencia del abogado Jesús Delgado, en su carácter de coapoderado judicial de la parte demandante y la abogada Sofía Seisdedos, en su carácter de coapoderada judicial de la parte recurrida. Se dio inicio al lapso probatorio.

I.6. Mediante escrito presentado el veinticinco (25) de marzo de 2011 la parte demandante promovió pruebas documentales, de informes y de exhibición.

I.7. Mediante escrito presentado el veintiocho (28) de marzo de 2011, la representación judicial de la parte recurrida reprodujo el mérito favorable de autos y promovió prueba de informes.

I.8. De la admisión de las pruebas. Mediante auto dictado el primero (1º) de abril de 2011 se admitieron las pruebas documentales promovidas por la parte actora, las pruebas de informes y exhibición, asimismo se admitió la prueba de informe promovida por la parte demandada.

I.9. Mediante auto dictado el veintiséis (26) de abril de 2011 se ordenó librar oficio dirigido al Superintendente de la Institución del Sector Bancario (Sudeban).

I.10. Mediante auto dictado el ocho (08) de agosto de 2011 se ordenó comisionar al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de practicar la notificación del Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), asimismo, se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y Padre Pedro Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de la práctica de la notificación de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar y del Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

I.11 El seis (06) de octubre de 2011 se recibieron las resultas provenientes del Juzgado de los Municipios Padre Pedro Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentiva de las notificaciones dirigidas a la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del referido Municipio y al Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente cumplida.

I.12. El seis (06) de octubre de 2011 se recibió oficio OAUPT/ Nº 618-2011, suscrito por el Jefe de la Oficina Administrativa de Upata del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, remitiendo la información solicitada.

I.13. Mediante acta levantada el catorce (14) de octubre de 2011, se dejó constancia de la no comparecencia de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar al acto de exhibición.

I.14. El veintiocho (28) de octubre de 2011 se recibió oficio Nº SIB-DSB-CJ-PA-39493 proveniente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante el cual notifica que giró las instrucciones pertinentes al Banco Caroní C.A.

I.15. El seis (06) de diciembre de 2011 se recibió oficio Nº 0-12-11-4182-A proveniente del Banco Caroní mediante el cual remiten la información requerida.

I.16. El veintidós (22) de febrero de 2012 se recibieron las resultas provenientes del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la notificación al Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), debidamente cumplida.

I.17. De la audiencia definitiva. El nueve (09) de mayo de 2012 se celebró la audiencia definitiva con la comparecencia del abogado Jesús Delgado Loreto, en su carácter de coapoderado judicial de la parte demandante y la abogada Sofía Seisdedos, en su carácter de coapoderada judicial de la parte demandada. Se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho para dictar el dispositivo del fallo.

I.18. El dieciséis (16) de mayo de 2012, se dictó el dispositivo del fallo declarándose parcialmente con lugar la demanda interpuesta.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

II.1. En el caso subjudice la ciudadana MAYARI COVA GARCÍA ejerció demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos contra el Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar, alegando que prestó servicios desde el veintisiete (27) de marzo de 2009 hasta el cinco (05) de marzo de 2010, en el cargo de recaudadora de impuestos municipales, que la prestación de servicios concluyó por despido, se cita la argumentación esgrimida al respecto:

“En fecha 27 de Marzo de 2.009, nuestra representada, ciudadana MAYARI COVA GARCIA, arriba identificada, comenzó a prestar servicio como RECAUDADORA DE IMPUESTOS MUNICIPALES, en el órgano ejecutivo del Poder Publico (sic) Municipal, como lo es la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre Pedro Chien, (…), hasta el día 05 de Marzo de 2010, fecha en la cual termino (sic) la relación de trabajo por despido injustificado, teniendo para la fecha un tiempo acumulado de servicios de 11 meses y 6 días.

Es el caso ciudadana Juez, que al asumir el cargo de Alcaldesa, la ciudadana Sol Rubinetti, y las nuevas Autoridades Municipales de la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre Pedro Chien decidieron poner fin a la relación laboral que mantenía nuestra representada con dicha Alcaldía, despidiendo injustificadamente a nuestra mandante y sin haber sido notificada de manera escrita sobre dicha destitución y sin haberse producido acto administrativo alguno sobre el caso.

Ahora bien, durante el tiempo que duro (sic) la relación laboral, nuestra representada se desempeñó como Recaudadora de Impuestos Municipales, en la referida Alcaldía; devengando un salario básico diario de Cuarenta Bolívares con 33 Cts. (Bs. 40,33) y un Salario integral diario de Cincuenta y Cuatro Bolívares con 90 Cts. (Bs. 54,90), que fue obtenido al sumarle al salario básico diario la alícuota correspondiente a Noventas (sic) (90) días de aguinaldo así como la alícuota correspondiente a Cuarenta (40) días de bono vacacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Estatuto de la Función Pública”.

En relación a la pretensión incoada, la representación judicial del Municipio opuso la caducidad de la acción en la oportunidad en que se celebró la audiencia definitiva alegando que transcurrió el lapso de tres (03) meses legalmente establecido para el ejercicio de la acción.

En este orden de ideas, destaca este Juzgado que el lapso de caducidad para la interposición de las querellas funcionariales se encuentra regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cuyo artículo 94 establece que sólo podrá ejercerse el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro de un lapso de tres (03) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho generador o que el interesado fue notificado del acto, el referido artículo es del siguiente tenor:

“Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”.

Aplicando la norma citada al caso de autos, observa este Juzgado Superior que la demandante alegó que la prestación de servicios concluyó el cinco (05) de marzo de 2010, hecho no desvirtuado por el Municipio querellado e interpuso la presente demanda el veintiocho (28) de abril de 2010, dentro del lapso de los tres meses previstos legalmente, en consecuencia, este Juzgado desestima el alegato de caducidad de la acción invocado por el Municipio, porque la demandante ejerció su pretensión dentro del lapso legal respectivo. Así se establece.

II.2. En relación al fondo de la pretensión, observa este Juzgado Superior que la parte querellante reclama el pago de la prestación de antigüedad, complemento de antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación, indemnización prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, intereses sobre la prestación de antigüedad, intereses moratorios y corrección monetaria, a los fines de demostrar su pretensión promovió los siguientes instrumentos:

1) Nómina Superior de la Alcaldía del Municipio Padre Pedro Chien, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2010, de la cual se desprende que la demandante se desempeñaba en el cargo de Recaudadora, que ingresó a prestar servicios el veintiséis (26) de marzo de 2009 y que percibía un salario mensual desde septiembre de 2009 de Bs. 1.210,00, promovida en copia simple por la parte demandante con el escrito de promoción de pruebas cursante en copia simple del folio 50 al 52.

2) Mediante informe presentado en oficio OAUPT/ Nº 618-2011, suscrito por el Jefe de la Oficina Administrativa de Upata del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se notificó que la demandante se encuentra activa por otra empresa desde el 01/04/2004, cursante del folio 93 al 96.

3) Mediante informe presentado por el Banco Caroní el seis (06) de diciembre de 2011, comunicó que la demandante de autos mantuvo cuenta corriente nómina con la Alcaldía del Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar, cursante al folio 115.

En razón que el Municipio querellado no contestó la demanda, ésta se entiende contradicha en todas sus partes, de conformidad con el privilegio procesal establecido en el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, no obstante, en la oportunidad en que promovió pruebas negó la prestación de servicios de la demandante, alegato este último que se desestima en razón que del documento administrativo promovido por la parte demandante y de los informes del Banco Caroní quedó demostrada la prestación de servicios de la demandante en el cargo de Recaudadora, ingresando el veintisiete (27) de marzo de 2009 y egresando en el cinco (05) de marzo de 2010. Así se establece.

En concordancia con la pretensión de condena formulada contra el Municipio al pago de prestación de antigüedad generada desde el veintisiete (27) de marzo de 2009 hasta el cinco (05) de marzo de 2010, que alega estar constituidos por la cantidad de Bs. 2.146,02, observa este Juzgado que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la fecha de terminación de la relación, dispone que después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

El cálculo de la prestación de antigüedad se efectuará conforme al salario integral mensual percibido por la demandante de autos, el cual está conformado por el salario base y las alícuotas de bono vacacional y de bonificación de fin de año, al respecto, observa este Juzgado que la representación judicial de la parte demandante realizó dicho cálculo en el cuadro que a continuación se detalla:

Meses Salario Salario Alícuota 90 Alícuota Salario Integral Días Total
Básico Normal Días Por
Trabajado Diario Diario Aguinaldo Bono Vac Diario Mes Prest Soc.

Mar-09 33,33 33,33 8,33 3,70 45,37 0 0,00
Abr-09 33,33 33,33 8,33 3,70 45,37 0 0,00
May-09 36,67 36,67 9,17 4,07 49,91 0 0,00
Jun-09 36,67 36,67 9,17 4,07 49,91 0 0,00
Jul-09 36,67 36,67 9,17 4,07 49,91 5 249,54
Ago-09 36,67 36,67 9,17 4,07 49,91 5 249,54
Sep-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,49
Oct-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,49
Nov-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,49
Dic-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,49
Ene-10 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,49
Feb-2010 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,49
Mar-2010 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 0 0
TOTAL BOLIVARES 40 2.146,02

Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado cancelar a la demandante la cantidad de Bs. 2.146,02, por concepto de prestación de antigüedad. Así se establece.

Asimismo se observa que la parte querellante pretende que el Municipio demandado le cancele Bs. 274,49, por concepto de complemento de antigüedad de conformidad con el parágrafo primero literal b) del artículo 108 eiusdem, observa este Juzgado que la referida disposición jurídica establece que si la relación de trabajo termina por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 45 días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, en tal sentido, la parte actora detalló dicho concepto en el siguiente cuadro:

Periodo Días Salario Total
5,00 54,90 274,49
Total Bs. 274,49

Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el parágrafo primero literal b) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado a pagar a la actora por concepto de complemento de antigüedad la cantidad de doscientos setenta y cuatro bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 274,49). Así se establece.

II.3. Igualmente, demanda la parte actora el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, al respecto, este Juzgado Superior ordena al Municipio querellado el pago de tal concepto, generado durante el tiempo de prestación de servicios por el actor, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, a tales fines, se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria al fallo. Así se establece.

II.4. Igualmente, la parte querellante reclama por concepto de vacaciones fraccionadas 13.75 días equivalentes a la cantidad de Bs. 554,58 y bono vacacional fraccionado de 36.66 días equivalentes a la cantidad de Bs. 1.478,62, causados durante once (11) meses y seis (06) días de servicios, contados a partir del veintisiete (27) de marzo de 2009 al cinco (05) de marzo de 2010, totalizando la cantidad de Bs. 2.033,20.

Observa este Juzgado que el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone que los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública tendrán derecho a disfrutar de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios y de una bonificación anual de cuarenta días de sueldo.

En la oportunidad probatoria el Municipio no consignó pruebas dirigidas a demostrar el pago de dichos beneficios, en consecuencia, se ordena a la Administración Municipal querellada cancelarle a la demandante por concepto de vacaciones fraccionadas 13.75 días equivalentes a la cantidad de Bs. 554,58 y bono vacacional fraccionado de 36.66 días equivalentes a la cantidad de Bs. 1.478,62, causados durante once (11) meses de servicios. Así se establece.

II.5. Equivalentemente la querellante demanda el pago de la bonificación de fin de año fraccionada correspondiente al servicio prestado durante el año 2010, es decir, dos (02) meses, constituido por la cantidad de ochocientos veintitrés bolívares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 823,47), al respecto, este Juzgado observa que el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que los funcionarios o funcionarias públicos al servicio de la Administración Pública, tendrán derecho a disfrutar, por cada año calendario de servicio activo, dentro del ejercicio fiscal correspondiente, de una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral, ahora bien, de acuerdo a los cálculos realizados precedentemente y de conformidad con la norma descrita se concluye que a la demandante le corresponden 15 de días de salario por concepto de bonificación de fin de año fraccionada, correspondiente al periodo 2010, en consecuencia, se ordena al Municipio demandado cancelar a la parte actora el referido concepto por la cantidad de Bs. 823,47. Así se establece.

II.6. Por otra parte, la querellante demandó el pago de Bs. 841,25 por concepto de bono de alimentación no cancelado durante 21 días de noviembre de 2009, 13 días de diciembre de 2009, 18 días de febrero de 2010 y 5 días de marzo de 2010, en relación con esta pretensión observa este Juzgado que el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras establece que el beneficio de alimentación no podrá ser inferior a 0,25 unidades tributarias ni superior a 0,50 unidades tributarias, en tal sentido, la demandante señaló que el valor de la cesta ticket se encuentra constituido por 0,25 unidades tributarias, procede este Juzgado a calcular los montos demandados de la siguiente manera;

FECHA DIAS TRABAJADOS VALOR U.T. VALOR CESTA TICKET
0,25 U.T. CESTA TICKET NO CANCELADAS
Nov-09 21 55 13,75 288,75
Dic-09 13 55 13,75 178,75
Ene-10 0 55 13,75 0
Feb-10 18 55 13,75 247,50
Mar-10 5 65 16,25 81,25
TOTAL: 796,25

Conforme al cuadro que antecede, este Juzgado Superior ordena al Municipio demandado cancelar a la demandante la cantidad de Bs. 796.25, por concepto de bono de alimentación durante los meses reclamados. Así se establece.

II.7. En relación a la pretensión de condena de pago de indemnización sustitutiva de antigüedad por la cantidad de tres mil doscientos noventa y tres bolívares con ochenta y nueve (Bs. 3.293,89), de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, observa este Juzgado que la demandante ejercía el cargo de recaudadora, es decir, ostentaba la condición de funcionario público y de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública está sometido a dicho régimen, el cual establece en el artículo 28 eiusdem que los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción, de la mencionada disposición jurídica se desprende el carácter supletorio de la Ley Orgánica del Trabajo, solamente en lo que se refiere a la prestación de antigüedad y no de otros derechos.

En este orden de ideas el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle una indemnización adicional computada según su antigüedad, en consecuencia, el supuesto de hecho previsto en la citada norma para que surja el derecho a la indemnización laboral respectiva no se aplica a los funcionarios públicos, dado que no estamos en presencia de una relación laboral ni de la figura del despido injustificado que solamente se aplica a dicha relación, por ende, se desestima la pretensión invocada por la parte actora. Así se establece.

II.8. Igualmente demanda los intereses moratorios generados por la cantidad condenada a pagar, al respecto este Juzgado destaca que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, que constituyen deudas de valor y que toda mora en su pago genera intereses, en consecuencia, se ordena el pago de los intereses moratorios generados por el monto total condenado a pagar a la parte actora de seis mil setenta y tres bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 6.073,43), más la cantidad que arroje la experticia por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad, desde el cinco (05) de marzo de 2010 hasta la fecha en que se decrete la ejecución del presente fallo, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, a tales fines, se oficiará al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria al fallo. Así se establece.

II.9. Finalmente, con relación a la solicitud de corrección monetaria, se destaca que la jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que en materia de funcionarios públicos no es posible condenar al pago de los intereses moratorios y adicionalmente de la corrección monetaria, por el carácter sui generis que comportan las relaciones de la Administración Pública y sus empleados y que ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago requerido y el pago de los intereses moratorios generados implicaría una doble indemnización, razón por la cual tal petición debe ser desestimada. Así se establece.

III. DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la DEMANDA FUNCIONARIAL incoada por la ciudadana MAYARI COVA GARCÍA contra el MUNICIPIO PADRE PEDRO CHIEN DEL ESTADO BOLÍVAR.

Se ORDENA cancelarle a la demandante la cantidad de seis mil setenta y tres bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 6.073,43), por concepto de prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación y la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad e intereses moratorios.

De conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se ordena la notificación de la presente sentencia al Síndico Procurador del Municipio Padre Pedro Chien del Estado Bolívar y una vez que conste en autos la práctica de su notificación se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el Índice de Copiador de sentencias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

LA JUEZA
BETTI OVALLES LOBO
LA SECRETARIA
ANNA FLORES FABRIS