REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar ASUNTO: FP11-G-2012-000160 En la DEMANDA por cobro de bolívares incoada por la ciudadana MERCEDES ANABELL BETANCOURT LÓPEZ, titular de la cédula de identidad Nº 20.080.831, representada judicialmente por los abogados César Duerto, Héctor Caicedo Rodríguez, José Neptali Blanco, Héctor Solares, Brigida Ramos y Ariel Parolin, Inpreabogado Nº 29.692, 63.655, 93.281, 29.731, 130.037 y 26.342 respectivamente, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE MINAS BOLÍVAR, se procede a pronunciarse sobre la competencia y la admisibilidad de la acción previa la siguiente motivación. I. DE LA COMPETENCIA En relación a la competencia el artículo 25.1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, son competentes para conocer de la demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. Aplicando la norma atributiva de competencia al caso sub examine, este Juzgado se declara competente para el conocimiento de la demanda incoada por la ciudadana MERCEDES ANABELL BETANCOURT LÓPEZ contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE MINAS BOLÍVAR, estimándola en Bs. 812.032,17 cantidad equivalente a 9.022,57 U.T. Así se establece. II. DE LA ADMISIÓN En relación a la admisibilidad de la acción, este Juzgado observa que la demanda interpuesta no es contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley; en consecuencia, se admite la demanda incoada por la ciudadana MERCEDES ANABELL BETANCOURT LÓPEZ contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE MINAS BOLÍVAR, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, compúlsese por Secretaría copia certificada del libelo de la demanda, de sus anexos y de la presente sentencia y líbrense boleta de citación dirigida al PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE MINAS BOLÍVAR, a los fines que comparezca a la audiencia preliminar, la cual será fijada por este Juzgado dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a que conste en autos su citación, otorgándosele un (01) día como término de distancia y oficio de notificación al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLÍVAR. Así se decide. III. DECISIÓN En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, se declara: PRIMERO: COMPETENTE y ADMITE la Demanda interpuesta. SEGUNDO: Se ORDENA librar oficio de citación al PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE MINAS BOLÍVAR, a los fines que comparezca a la audiencia preliminar la cual será fijada por este Juzgado dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a que conste en autos su citación, otorgándosele un (01) día como término de distancia. QUINTO: Se ORDENA notificar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLÍVAR, acompañando al oficio que se libre, copias certificadas del libelo de demanda, de la documentación pertinente y de la decisión de admisión, de conformidad con el artículo 96 de a Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República el proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T). El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. SEXTO: Se insta a la parte recurrente a consignar las copias del expediente a certificar, a los fines de la práctica de la citación y la notificación ordenadas en la presente sentencia, las cuales deben ser consignadas mediante diligencia presentada ante la Secretaría. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2012. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZA BETTI OVALLES LOBO LA SECRETARIA ANNA FLORES FABRIS