TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
202° y 153°

EXPEDIENTE Nº 14.172
MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES.
ACCIONANTES: SILVA DE SALAS MIRIAM YLUMINA Y TOVAR GONZALEZ CESAR, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nos V.-7.502.790 y V.-5.464.037.
DEMANDADO: GOMEZ CASTILLO VICTOR ALFREDO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 14.336.888.

-I-
En fecha 17 de febrero de 2010, se inicia el presente procedimiento de ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, así como el PAGÓ DE LAS COSTAS PROCESALES, originadas en el juicio de REINVIDICACIÓN de un bien INMUEBLE, (casa de habitación familiar), seguido ante este Tribunal por la ciudadana MARIA VICTORINA CASTILLO, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, titular de la cedula Nº V- 4.123.983, por intermedio de su apoderado judicial abogado LUCAS HILDEBERTO CALDERON BACERRA, inpreabogado Nº 65.581, contra del ciudadano VICTOR ALFREDO GOMEZ CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.336.888, con domicilio en el Caserío “Sabana Larga”, casa S/n, Parroquia “Campo Elías”, Municipio Bruzual, Estado Yaracuy, intentada por los abogados MIRIAM YLUMINA SILVA DE SALAS Y CESAR TOVAR GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, la primera los aquí nombrados domiciliada en el Sector Sabana Larga, parroquia Campo Elías, Municipio Bruzual y el segundo domicilio en la localidad de Urachiche, ambas poblaciones de este Estado, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nos V- 7.502.790 y V- 5.464.037, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 108.492 y 108.418, respectivamente, actuando en este acto en nombre propio y en el ejercicio de sus propios derechos e intereses.
Requiriendo de manera Solidaria el pagó de las COSTAS PROCESALES a que fue condenada á sufragar la parte totalmente vencida en el proceso principal en referencia, ciudadana MARIA VICTORINA CASTILLO, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, titular de la cedula Nº V-4.123.983, domiciliada en la Avenida 05 con Calle Comercio de la comunidad de Sabana Larga, Parroquia Campo Elías, Municipio Bruzual, Estado Yaracuy, en virtud de que su cliente, es decir, el ciudadano VICTOR ALFREDO GOMEZ CASTILLO, aún no había cancelado los honorarios profesionales por las actuaciones judiciales realizadas por su persona en su defensa, con la salvedad que la obligación que existe de pagar se extinguirá con el pagó que efectivamente de él se haga por cualquiera de los aquí CO-INTIMADOS, al pagó integro.
Aducen que acuden a esta vía a INTIMAR judicialmente en virtud de que están agotadas las vías amigables y conciliatorias para que el ciudadano VICTOR ALFREDO GOMEZ CASTILLO, suficientemente identificado en autos, procediera a cumplir voluntariamente con el pagó de los honorarios que les corresponden legalmente. En virtud de que el ciudadano VICTOR ALFREDO GOMEZ CASTILLO, antes identificado, no ha cumplido voluntariamente con el pagó de los honorarios profesionales derivados de todas y cada una de las actuaciones judiciales que se realizaron con tesón para el juicio de Reivindicación de un Inmueble que le fuera instaurado, es por lo que procedieron a Estimar los Honorarios Profesionales.
Igualmente, Intiman por esta misma vía y de manera SOLIDARIA a la ciudadana MARIA VICTORINA CASTILLO, supra identificada, pero esta última intimada solo para el pagó integro de las COSTAS PROCESALES, ha sido condenada a sufragar en el cuerpo de la sentencia por el hecho de haber sido está totalmente vendida en el juicio que dio origen a este procedimiento, tal como está señalado en el cuerpo de la sentencia definitivamente firme antes aludida; intimación esta que hacemos con propiedad en la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs 3.600.00), correspondientes al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de la demanda en donde actuamos como apoderados judiciales del allí accionado, ciudadano VICTOR ALFREDO GOMEZ CASTILLO, identificado ut supra, todo ello de conformidad con lo establecido en los criterios jurisprudenciales que han establecidos que la cantidad para Estimar Honorarios, en este caso de concreto, LAS COSTAS PROCESALES a que no ha sido está condenada, estará ajustada al MONTO DE LO LIGITADO en un porcentaje que no se extenderá del TREINTA POR CIENTO (30%), tal como lo establece nuestra legislación
Por los argumentos de hecho y de derecho antes explanados es por lo que acuden ante la autoridad de este despacho a objeto de demandar, como en efecto demandan, de manera SOLIDARIA, al ciudadano VICTOR ALFREDO GOMEZ CASTILLO, titular de la cedula de identidad Nº 14.336.888, para que cancele la totalidad de los Honorarios Profesionales Judiciales, con ocasión de las actuaciones que diligentemente realizadas como Apoderados Judiciales en el juicio de REIVINDICACIÓN de un bien INMUEBLE ( casa de habitación familiar), las cuales arroja la suma total de OCHO MIL BOLIVARES (Bs 8.000.00), que es el valor de todas las actuaciones realizadas en su defensa. Igualmente, intiman a la demandante, MARIA VICTORINA CASTILLO, ampliamente identificada para que cancele, de manera solidaria, la suma dineraria de TRES MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs 3.600.00); ello en virtud de que la acción en el juicio principal fue estimada por el representante de la actora en la cantidad de DOCE MIL BOLIVARES (Bs 12.000.00), o sea el 30% del valor en que ella estimo la demanda de reivindicación de un inmueble y fuera allí totalmente vendido.
En fecha 25 de febrero de 2010, se admitió la demanda y se notificó a las partes, comisionándose suficientemente al Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, para que practiquen la intimación ordenada.
En fecha 30 de junio del año 2010, se recibieron comisiones sin cumplir, del Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
En fecha 18 de junio de 2012, el entonces juez de este Tribunal Abg. Arquímedes Cardona, se aboca al conocimiento de la presente causa y se libraron boletas de notificación a las partes.
En fecha 07 de julio del año 2010, se recibieron comisiones sin cumplir, del Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
En fecha 18 de junio del año 2012, el juez Abg. Camilo Chacón Herrera, se abocó al conocimiento de la presente, librándose boletas de notificación a las partes. Se cumplió con dichas notificaciones y se ordenó la reanudación de la causa.

-II-
Por cuanto de la revisión de las actuaciones que conforman la presente causa se observa que desde el día 07/07/2010, fecha en que fue agregada la comisión proveniente del Juzgado del Municipio Bruzual de este Estado, hasta el día 18/06/2012 fecha en que el juez de este tribunal Abg. Camilo Chacón Herrera, se abocó al conocimiento de la presente causa, transcurrió más de un (1) año sin que las partes hayan ejecutado ningún acto del procedimiento, y siendo que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.”

Asimismo a los efectos del cómputo del año para la declaratoria de perención, se tiene que los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Civil disponen:

“Artículo 199.- Los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el día siguiente de la fecha del acto que de lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso.
El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes se entenderá vencido el último de ese mes.
Artículo 200.- En los casos de los dos artículos anteriores, cuando el vencimiento del lapso ocurra en uno de los días exceptuados del cómputo por el artículo 197, el acto correspondiente se realizará en el día laborable siguiente.”

Con relación a la perención, Brice (1964), sostiene que se define como “la extinción de la instancia por la inacción de las partes durante el tiempo determinado por la ley” (p.316).
Chiovenda (1980), la define como “un medio de extinción del proceso por inactividad de la parte a cuyo cargo está el impulso procesal”. (p. 188). Ambos conceptos se fundamentan en que la perención se encuentra en el hecho objetivo de la inactividad prolongada.
Para Rillo (1989), “La perención es propia del ámbito jurisdiccional, por constituir una modalidad conclusiva por vía anormal extraordinaria de los procesos judiciales y civiles, comerciales y de la vía contenciosa administrativa pretoriana”. (p.55).
A la caída del Imperio Romano y durante el derecho intermedio, la institución de la perención fue abandonando su carácter publicistico, político social que tenia y se transformó en una caducidad impuesta como sanción a la negligencia de las partes contendientes y ese carácter se mantiene hasta que acentuó definitivamente en el derecho francés y en las legislaciones posteriores.
Así, el fin que se había propuesto el legislador de evitar la duración excesiva de la litis, no puede lograrse con la moderna concepción de la perención, porque pudiendo esta ser interrumpida por la realización de un acto procesal que revele el propósito de continuar el proceso, resulta, como observa Mortara, que hoy basta que una de las partes haga saber al Juez, por lo menos una vez cada año, que desea mantener vivo el proceso, para que la vida de este pueda prolongarse hasta el infinito a través de las generaciones, que es precisamente lo contrario de aquello que había propuesto Justiniano.
El Código de Procedimiento Civil (1987), no ha seguido completamente esta línea doctrinal y positiva, sino que al lado de la tradicional perención, fundada en la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, que ha sido reducido a un año.
De igual forma, se contemplan casos específicos de extinción de la instancia que se basan en el incumplimiento de ciertas cargas impuestas al demandante por la Ley, de las cuales este debe desembarazarse en ciertos plazos, breves y perentorios, como los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (1987), en sus ordinales 1º, 2º y 3º; de tal modo que en el nuevo sistema puede diferenciarse la perención tradicional fundada en la presunta voluntad de las partes de no proseguir el proceso, de los casos particulares y específicos de extinción del mismo fundados en el incumplimiento por el actor, de ciertos actos de impulso del procedimiento.
La Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, explica que se logra así, bajo la amenaza de la extinción, una más activa realización de ciertos actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un tiempo, muy largo, como ocurría bajo el Código derogado, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estimulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
El autor patrio Arístides Rengel Romberg, sobre el tema de la perención, ha indicado lo siguiente:

“…Para que la perención se produzca, requiérese (sic) la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.

La perención anual es genérica, cubre la instancia y todos sus incidentes, incluyendo la reconvención y las demandas accesorias de suerte que se refieren a todo procedimiento y no a incidentes separados que requieran la paralización del proceso.
La perención sólo podrá decretarse ocurridos que sean los extremos de ley, estos son: transcurso de un (1) año sin que las partes hubieren ejecutado ningún acto de procedimiento. Es principio rector en materia ordinaria que la perención anual, después de vistos, no se producirá por inactividad del juez.
En sentencia de la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 11 de agosto de 1988, entre A. Grosso contra la República de Venezuela, la última actuación procesal, se cumplió el 6-05-86 al fijar la décima audiencia para que tuviere lugar el acto de informes, desde esta fecha hasta la siguiente actuación de la parte, el 21 de mayo de 1987, transcurrió más de un año sin que se produjese actuación procesal alguna, por lo cual procede a la declaratoria de extinción del procedimiento. En este fallo, la Magistrada Doctora Hildegard Rondón de Sansó, disiente con base a las siguientes consideraciones:

“La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia consagra la perención de la instancia en los siguientes términos: salvo lo previsto en disposiciones especiales la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año. Dicho término empezará a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento. Trascurrido el lapso aquí señalado la Corte sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
El análisis del dispositivo transcrito pone en evidencia que la paralización de la causa se origina por la inactividad procesal por un período superior a 1 año. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Código de Procedimiento Civil vigente permite interpretar que esa inactividad procesal consiste en la no realización de actos de procedimientos por el término anteriormente señalado; pero a diferencia de lo dispuesto en el artículo 267 del citado Código no indica si configurados los supuestos anteriores la perención opera solamente cuando esa omisión de actos de procedimientos resulta imputable a las partes, o también cuando sea responsabilidad de los jueces.
Ahora bien, por una parte el Código de Procedimiento Civil es norma de derecho común del sistema procesal venezolano y por otra se trata de una sanción de naturaleza procesal, que inclusive puede ser impuesta de oficio por el Tribunal, lo lógico es que ella resulte de la conducta negligente de las partes, y no de la omisión en que pueden incurrir los jueces, porque la interpretación contraria conduciría a que los litigantes resultares sancionados debido a la actitud omisiva de los jueces, aunque no concebida, plantea a la sala el problema de examinar determinados hechos de la demanda configurando de esta manera un recurso de fondo que no puede analizar, puesto que las infracciones denunciadas en los precedentes capítulos de la formalización no son las apropiadas al caso. Pérdida del interés procesal: se trata de la extinción o pérdida no sólo de la constancia, sino del derecho de accionar a consecuencia de la presunción de la pérdida del interés para obrar en el juicio. La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.”

Ahora bien, entre los efectos de la perención, se tiene que la declaratoria de perención de instancia no impide que se intente nuevamente la misma pretensión entre las mismas partes. De allí que los efectos procesales de la decisión que se pronuncia sobre la perención, se tengan como cosa juzgada formal en los términos que lo establece el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil (1987).
Se establece como efecto la limitación de interponer una nueva demanda fundada entre los mismos sujetos procesales, idéntico objeto y basada en el mismo título jurídico, hasta tanto no hayan transcurrido 90 días continuos contados a partir de la verificación de la perención de la instancia.
Otro efecto procesal, es el hecho de que las decisiones interlocutorias que se hubieren dictado antes de verificada la perención, mantienen plenos efectos al igual que las pruebas de autos.
Es con fundamento a la doctrina, jurisprudencia y normativa supra señalada que este juzgador constata la ocurrencia de una perención anual en el presente procedimiento, ya que desde el día 07/07/2010, fecha en que fue agregada la comisión proveniente del Juzgado del Municipio Bruzual de este Estado, hasta el día 18/06/2012 fecha en que el juez de este tribunal Abg. Camilo Chacón Herrera, se abocó al conocimiento de la presente causa, transcurrió más de un (1) año sin que las partes hayan ejecutado ningún acto del procedimiento. Y así se declara.

-III-
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 233 ejusdem, se ordena la notificación de las partes mediante boletas dejadas en sus respectivos domicilios. Líbrese boletas de notificación.
Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los dos (02) días del mes de Octubre del año dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. Regístrese, Publíquese.-
El Juez,

Abg. CAMILO CHACÓN HERRERA
La Secretaria,

Abg. JOISIE JANDUME JAMES.

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 10:00 a.m.

La Secretaria,

CCH/jj
Exp. 14.172.-