TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ
Puerto Ordaz, nueve (09) de Octubre del dos mil doce (2012)
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : FP11-L-2012-000236
ASUNTO : FH16-X-2012-000098
I
IDENTIFICACION DE PARTES

PARTE ACCIONANTE: El ciudadano WILLIAM RAFAEL MILLAN VERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 13.682.289.
APODERADO JUDICIAL: El Abogado RICARDO COA MARTINEZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°. 33.829.
PARTE ACCIONADA: Sociedad Mercantil PERSOL C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 13 de julio de 2004, bajo el Nº 7, Tomo 30-A – Pro, de los libros respectivos.
APODERADOS JUDICIALES: Los abogados MAURICIO INFANTE BLANCHAR y HECTOR CORTES BONALDE, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 33.560 y 93.511, respectivamente.
MOTIVO: INHIBICION del ciudadano RENE ARTURO LOPEZ RAMO, en su condición de JUEZ DEL JUZGADO TERCERO (3º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR CON SEDE PUERTO ORDAZ.

II
ANTECEDENTES

Recibido el presente asunto mediante auto de fecha ocho (08) de Octubre de 2012, conformado por el asunto principal signado con el Nº FP11-L-2012-000236 provenientes del Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, conformada por una (01) pieza constante de 189 folios útiles y un cuaderno separado de inhibición signado con el Nº FH16-X-2012-000098, constante de 05 folios útiles de la nomenclatura de este Tribunal, en virtud de la Inhibición planteada por el abogado RENE ARTURO LOPEZ RAMO en su condición de Juez del Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los fines de que este Tribunal Superior del Trabajo conozca de la Inhibición.

Con ocasión a ello, es prudente señalar que cuando el Juez se inhibe de conocer una causa, se produce la suspensión de la misma en atención a lo pautado en el artículo 32 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece:
“Cuando el Juez del trabajo advierta que está incurso en alguna o algunas de las causales de recusación o inhibición previstas en esta Ley, se abstendrá de conocer inmediatamente, en esa audiencia, levantará un acta y remitirá las actuaciones al Tribunal competente para que conozca de la misma. Queda a salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del Juez y el derecho del Estado de actuar contra éste, sí a sabiendas de encontrarse incurso en una causal de inhibición o recusación no lo hiciera. En todo caso la causa estará en suspenso hasta la resolución de la incidencia”.

Debido a lo anterior y estando dentro de la oportunidad legal correspondiente a los fines de dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Superior del Trabajo procede a pronunciarse de seguidas, previa las siguientes consideraciones:

III
DE LA INHIBICION PLANTEADA

En Acta de fecha 26 de septiembre de 2012, que cursa a los folios del dos (02) al tres (03), del Cuaderno de inhibición, el Juez que plantea su Inhibición, lo hace en los siguientes términos:

“En horas de despacho del día de hoy, Miércoles Veintiséis (26) de Septiembre de dos mil Doce (2012), presente en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, el ciudadano Juez RENÉ ARTURO LOPEZ RAMO, y expone: En virtud que en el día 20 de Septiembre de 2012, recibí de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz la presente causa, donde pude evidenciar que la parte actora durante el presente proceso es el abogado RICARDO COA MARTINEZ, abogado éste que se ha dedicado desde el mes de Septiembre del año 2011, a manifestar a otros jueces que trabajan en esta Coordinación Laboral, que me tenía denunciado por ante la Coordinación Laboral del Estado Bolívar en Puerto Ordaz, la Inspectoría de Tribunales y por ante la misma Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, por haber proferido en la causa FP11-R-2011-000271; una sentencia violatoria de sus derechos, cuando en realidad lo que hice fue homologar el desistimiento del recurso de apelación ejercido por los recurrentes, así como la revocatoria del poder que ostentaba el mencionado abogado. Todas estas actuaciones las realice en mi condición de juez superior del Trabajo, a la cual debo mi objetividad; por lo cual me extrañó mucho que el abogado RICARDO COA MARTINEZ, quien fue compañero de trabajo en este Circuito Laboral, pretenda que yo desconozca los principios de objetividad que debe guardar el juez en su desempeño del cargo.
Es por ello que con el actuar del abogado RICARDO COA MARTINEZ me pone en condiciones no objetivas para garantizar a las partes la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en consideración que de acuerdo al decir del abogado RICARDO COA MARTINEZ, se pudiera afectar la imparcialidad que me ha caracterizado en todas, y cada una de las actuaciones jurisdiccionales que he realizado y he procurado asegurar, de manera incontrovertible a todos los justiciables, en todas aquellas causas en las que me he encontrado llamado a resolver a lo largo de mi trayectoria profesional en el área judicial. Asimismo, dejo constancia que en el expediente Nº: FP11-R-2011-000370 ya fue resuelto una inhibición planteada por mí por los motivos antes expuestos; La presente inhibición está planteada en consonancia con los postulados y principios contemplados en nuestra Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en general en estricto apego a las normas estipuladas en el ordenamiento jurídico patrio. De manera que procedo a INHIBIRME de conocer el presente asunto, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 6 del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que el abogado RICARDO COA MARTINEZ, con su actuar además de cuestionar mi imparcialidad, me ha causado incomodidades con mi familia; y cualquier decisión que pudiere ser tomada en el decurso de este proceso, bien a favor o en contra, de los intereses de los actores haría al menos sospechable, la imparcialidad a la cual me encuentro imperiosamente obligado a garantizar. Como consecuencia de lo anterior se ordena remitir de forma inmediata el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz, a los fines de que sea distribuida entre los Juzgados Superiores de esta Circunscripción Judicial, para que conozcan de la presente inhibición. Es todo. Librase Oficio. Cúmplase”.

Visto lo anterior, corresponde a esta Jurisdicente pronunciarse, teniendo como norte la imparcialidad del Juez que debe prevalecer en todo proceso, así como la garantía integra de las normas constitucionales y legales que fundamentan principios consagrados en los Artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

El Juez o Jueza en el ejerció de su función de administrar justicia debe ser imparcial; esto es, que no debe existir vinculación subjetiva entre el Juzgador y los Sujetos de la Causa sometida a su conocimiento, ni con el objeto de la misma, ya que la existencia de alguno de estos vínculos conlleva a la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en el caso concreto. (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Nº 7 del 16/01/2003).

La imparcialidad constituye la ausencia de perjuicios, favorables o adversos, que le impidan a los jueces obrar con rectitud, de allí que cuando en los Jueces exista alguna razón que les impida obrar con la parcialidad debida en un caso determinado, deberán inhibirse de seguir conociendo el Asunto, abriendo así la posibilidad que un “Juez Imparcial” decida la cuestión de que se trate.

El Ilustre Procesalista JOSE CHIOVENDA, en su Obra Derecho Procesal Civil Tomo I, señala que la persona que tiene capacidad general de obrar por el estado como órgano jurisdiccional y que es competente en el pleito de que se trata, debe además encontrarse en determinadas condiciones subjetivas, sin las cuales la Ley lo considera incapaz. Tales condiciones pueden resumirse así: que el órgano jurisdiccional no corra peligro de carecer de la independencia, de la severidad e imparcialidad necesaria para su función, por encontrarse en una relación:
i.) Con otros órganos concurrentes en el mismo pleito.
ii.) Con las partes litigantes.
iii.) El objeto del pleito.

Lo dicho en tal Obra, lo ratifica nuestro más alto Tribunal cuando en Sala Constitucional, mediante Sentencia Nº 211 del quince (15) de agosto del año dos mil uno (2001), con ponencia del Magistrado JOSE MANUEL DELGADO OCANDO, caso MARIA AUXILIADORA BISOGÑO, ha definido la Institución de la Inhibición, en los siguientes términos:

“...La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la ley como causal de recusación…”

De tal manera que, Inhibido como se encuentra el Juez que preside el Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, hoy se requiere el pronunciamiento del Juzgador Competente, sobre la procedencia de su Inhibición; por lo que, atendiendo a los principios que rigen el proceso laboral, y estando en la oportunidad prevista por el legislador para la resolución de la incidencia, el Tribunal lo hace atendiendo las siguientes consideraciones:

El Juez Inhibido, ciudadano Abg. RENE ARTURO LOPEZ RAMO en su condición de Juez del Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, ha fundamentado su inhibición en la causal prevista en el numeral 6º del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual copiada al pie de su letra, al texto establece:

“ART. 31. Los Jueces del Trabajo y los funcionarios judiciales deberán inhibirse o podrán ser recusados, por alguna de las causales siguientes:
6° Por enemistad entre el inhibido o el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por los hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del inhibido o del recusado”.

Señalando que motivado a que el abogado RICARDO COA MARTINEZ, quien es el apoderado judicial de la parte actora ciudadano WILLIAM RAFAEL MILLAN VERA, en la presente causa, se ha dedicado desde el mes de Septiembre del año 2011, a manifestar a otros jueces que trabajan en Circuito Laboral, que lo tenía denunciado por ante la Coordinación Laboral del Estado Bolívar en Puerto Ordaz, la Inspectoría de Tribunales y por ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, por haber proferido en la causa FP11-R-2011-000271, una sentencia violatoria de sus derechos, aduciendo que lo que hizo, fue homologar el desistimiento del recurso de apelación ejercido por los recurrentes, así como la revocatoria del poder que ostentaba el mencionado abogado. Señala el Juez inhibido que tal situación ha afectado seriamente su imparcialidad como Juez, es por lo que procedió a INHIBIRSE de conocer el presente asunto, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 6 del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Considerando esta Juzgadora, que los hechos anunciados por el Juez inhibido en la respectiva Acta, además de haber constatado este Tribunal de las actas procesales del asunto principal, la decisión emanada por el referido Juez, ha preservado con su proceder la garantía Constitucional prevista en el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de una “Justicia Imparcial” condición esencial en la actividad de impartir justicia; los mismos son suficientes y fundados para determinar que la inhibición planteada por el Juez debe ser declarada CON LUGAR, y así se establecerá el parte dispositiva del fallo. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARA.

V

DISPOSITIVA

Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo (2º) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la Inhibición planteada por el abogado RENE ARTURO LOPEZ RAMO, en su condición de Juez del Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, con sede Puerto Ordaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

SEGUNDO: Remítase Copia Certificada de esta decisión al Juez inhibido, ciudadana Abg. RENE ARTURO LOPEZ RAMO de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Líbrese Oficio.

Expídanse copias certificadas de esta sentencia y remítase el expediente.
La presente decisión se fundamenta en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en los artículos 2, 3, 11, 31 ordinal 6), 34, 35 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y en los artículos 12, 15, del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, Regístrese y déjese copia de esta decisión a los fines legales consiguientes.

Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Segundo (2º) del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil doce (2012).
LA JUEZA SEGUNDO SUPERIOR,

ABG. MERCEDES SANCHEZ RODRIGUEZ.
LA SECRETARIA,

ABG. MARVELYS PINTO.

PUBLICADA EN EL DÍA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS DOS Y TREINTA (02:30) DE LA TARDE.

LA SECRETARIA,

ABG. MARVELYS PINTO.