TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN GUAYANA CON COMPETENCIA EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE LOS ESTADOS
AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO.

Ciudad Bolívar, 16 de abril de 2.013.-
202º y 154º.

ASUNTO: FP02-U-2011-000065 SENTENCIA Nº PJ0662013000036

-I-

Mediante escrito de fecha 19 de septiembre de 2011, la Abogada Vilma Vargas Uribe, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.880.070, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.219, representante judicial y gerente administrativo de la sociedad mercantil CONSTRUCTORES INTEGRALES ASOCIADOS, S.A., intentó recurso contencioso tributario contra la Resolución (Recurso Jerárquico) Nº SNAT/INTI/GRTI/RG/DJT/2011/034, de fecha 16 de junio de 2011, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Este Juzgado Superior en fecha 20 de septiembre de 2011, le dio entrada al presente recurso contencioso tributario, y se ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal y Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (v. folio 105 al 113).

En fecha 20 de octubre de 2011, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber entregado el oficio Nº 1519-2011, dirigido a la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela (v. folio 114, 115).

En fecha 24 de noviembre de 2011, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber enviado por correo de la DEM los oficios Nº 1517-2011 y 1518-2011, dirigido al Juzgado Distribuidor del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentivo de la notificación dirigida a la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela (v. folios 116 al 119).

En fecha 29 de noviembre de 2011, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber entregado el oficio Nº 1520-2011 al Gerente Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Región Guayana (v. folios 120, 121).

En fecha 05 de abril de 2013, se ordenó agregar al presente asunto la comisión Nº 913-2011, emanada del Juzgado Tercero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual remiten la notificación sin cumplir de la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de ello, en esa misma fecha, esta Tribunal ordenó librar nueva notificación a la ciudadana supra señalada (v. folios 122 al 143).
Igualmente, en esa misma fecha, la Abogada Nellys Cabrera, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.115.176, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.955, representante judicial del Fisco Nacional, solicitó mediante diligencia el computo correspondiente conforme a lo previsto en el articulo 199 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del articulo 332 del Código Orgánico Tributario de 2001 y sea decretada la Perención de la Instancia (v. folios 144 al 148).

En fecha 11 de abril de 2013 la Abogada Nellys Cabrera, suficientemente identificada, representante judicial del Fisco Nacional, solicitó mediante diligencia sea declarada la falta de interés procesal en la presente causa conforme a la sentencia de fecha 06 de junio de 2012, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (v. folios 149, 150).

En fecha 15 de abril de 2013, el Secretario Accidental dejó constancia de la entrega de los oficio Nº 324-2013 y 325-2013, al ciudadano Alguacil de este Juzgado (v. folio 151).

-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vista la solicitud de Perención de Instancia formulada por la Administración Tributaria en el presente caso, en la cual alega que: “…se observa que en el caso bajo análisis la última actuación fue incorporada al expediente en fecha 21/09/2011, no obstante hasta la presente fecha ha trascurrido mas de un (01) año sin impulso procesal, es por ello que conforme a lo previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la perención no es renunciable por las partes (…), sea decretada la prenoción de la instancia.”.

En este sentido, es importante destacar que la perención de la instancia es un mecanismo extraordinario de extinción procesal, toda vez que pone fin al procedimiento sin producir la composición invocada por las partes en torno a la relación controvertida, y es por ello que su declaratoria no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Se constituye entonces, el instituto procesal en referencia, como un elemento diseñado por la ley con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia se encuentren en la obligación de dictaminar sobre causas en las cuales no existe interés alguno por parte de los sujetos procesales.

De este modo, se ha considerado que esta figura procesal opera como una verdadera sanción a la inactividad de las partes ante la prolongada ausencia de impulso, lo cual en definitiva denota una pérdida de interés en la obtención de un pronunciamiento definitivo que resuelva la controversia sometida a los poderes jurisdiccionales del Estado.

Con fundamento en esto, pasa este Juzgado Superior a efectuar el análisis de las actas, de lo cual se observa: como actuación inicial del proceso, el auto de fecha 20 de septiembre de 2011 mediante el cual se le dio entrada al expediente y, por consiguiente, se ordenó practicar las respectivas notificaciones de ley; teniéndose como única y última actuación de la recurrente, la interposición del recurso ante este Tribunal el día 19 de septiembre de 2011 (v. folio 01), hasta el día 05 de abril de 2013, fecha en que la representación fiscal solicitó a éste Órgano Jurisdiccional declarar perimida la instancia en el presente juicio, concluyendo así que la causa permaneció paralizada por un período superior a un año y, por esta razón, quedó consumada la prenombrada figura, en los términos dispuestos en el artículo 265 del vigente Código Orgánico Tributario.

Determinado lo anterior, esta Juzgadora pasa a reproducir el contenido del artículo 265 del vigente Código Orgánico Tributario, el cual es del siguiente tenor:

“Artículo 265.- La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.” (Resaltado de este Tribunal).

Del análisis de la norma transcrita, se deduce con claridad que la perención de la instancia opera de pleno derecho por la inactividad de las partes durante el transcurso de un año, aun en el supuesto de que la inactividad procesal provenga del Juzgador, en cuyo caso quedaría a cargo de las partes instar la producción del acto, salvo que la inercia del que está llamado a juzgar se manifieste luego de vista la causa, es decir, cuando se encuentre en fase de dictar sentencia definitiva o aún antes de producirse de ser admitida para su conocimiento y decisión.

Pese a lo anterior, es menester recordar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha convenido en la posibilidad de que se extinga la acción, ya no por perención de la instancia, sino por pérdida del interés, toda vez que el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado (Vid. Sentencias de Sala Constitucional Nº 1.153 de fecha 08 de junio de 2006 y 292 del 27 de abril de 2010).

De igual forma, la Sala Constitucional del Máximo Órgano Rector del Derecho en Venezuela en sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), al referirse a la pérdida del interés procesal, manifestó que la misma puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En dicho fallo se indicó lo siguiente:

“(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

‘(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.

En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide”. (Resaltado de este Tribunal).

Con fundamento en el citado pronunciamiento, debe entenderse que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce i) antes de la admisión o ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.

Siendo esto así, se observa de la revisión de las actas que conforman el expediente que la parte accionante, luego del día 20 de septiembre de 2011, fecha en la que este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana le dio entrada al expediente, y luego, al ordenarse practicar las notificaciones de ley, no realizó actuación alguna dirigida a impulsar el procedimiento, produciéndose con ello, su paralización ininterrumpida hasta el día 03 de abril de 2013, cuando la representación fiscal solicitó al órgano remitente declarar perimida la instancia en el caso que nos ocupa; sin embargo, visto que no se ha verificado la admisión del presente recurso contencioso tributario, este Tribunal procede a declarar extinguida la acción por pérdida del interés y no por vía de perención de la instancia, como inicialmente lo solicita la representación judicial República. Y así se decide.-

En este orden de ideas, resulta oportuno aclarar que en el caso de marras, se trata de un recurso contencioso tributario ejercido de manera autónoma, de lo cual sólo surge para éste ente decisor como obligación el deber de notificar a los ciudadanos Procurador, y Fiscal General de la República, así como, al Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del auto de entrada; visto que el accionante ya se encontraba a derecho desde el momento en que interpuso el presente recurso. No obstante, en este caso, la parte recurrente nunca acudió ni consignó ante este Tribunal los soportes necesarios para la practica de la notificación de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo dispone el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo que muestra que no tenía interés en que se le administrase justicia.

Por esta razón, se concluye que en el caso in examine, se produjo en realidad fue la extinción de la acción por pérdida del interés procesal de la parte recurrente y no la extinción de la instancia por haberse consumado la perención, conforme lo asume la representación judicial del Fisco Nacional. Así se decide.-

En razón de la declaratoria que antecede, al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias citadas supra, así como la Sala Político Administrativa como Máxima Instancia de esta Jurisdicción Contencioso Administrativa, de la cual es parte esta Jurisdicción Especial Tributaria, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima pertinente quien suscribe, declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se decide.-

-III-
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL del presente el presente recurso contencioso tributario incoado en fecha 19 de septiembre de 2011, por la Abogada Vilma Vargas Uribe, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.880.070, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.219, representante judicial y gerente administrativo de la sociedad mercantil CONSTRUCTORES INTEGRALES ASOCIADOS, S.A., contra la Resolución (Recurso Jerárquico) Nº SNAT/INTI/GRTI/RG/DJT/2011/034, de fecha 16 de junio de 2011, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Publíquese, regístrese y emítase tres (04) ejemplares del mismo tenor de la presente decisión. Asimismo, notifíquese a los ciudadanos Procuradora y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, así como la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y contribuyente CONSTRUCTORES INTEGRALES ASOCIADOS, S.A., Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en Ciudad Bolívar, a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.-

LA JUEZA SUPERIOR PROVISORIA

ABG. YELITZA C. VALERO RIVAS.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

ABG. LUIS C. HERNANDEZ ROSAS.

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las doce y cincuenta y nueve minutos de la tarde (12:59 a.m.).

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

ABG. LUIS C. HERNANDEZ ROSAS.
YCVR/LCR/franneydis