TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circuito Judicial con Competencia en DVM. Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio
Puerto Ordaz, quince de abril de dos mil trece
202º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : FJ13-S-2008-000077
ASUNTO : FJ13-S-2008-000077

DECRETO DE SOBRESEIMIENTO
CAPÍTULO I
IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES
Juez Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Estado Bolívar: Abogado Gilberto José López Medina.
Fiscal Sexto del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar: Abogado Jorge Silva.
Defensora Pública Nº 1 Especial: Abogada Marisol Valor.
Acusado: Carlos Rafael Lezama Rivas, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.383.772, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Unare II, sector 1, vereda 5, cruzando la calle a cuatro casas de la Licorería Rositas, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Víctima: Judith Berenice Freites Montilla, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.532.716.
Secretaria de Sala: Abogada María Escobar.
CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Carlos Rafael Lezama Rivas, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.383.772, en fecha 25 de junio de 2008, le dio unas puntas pie a la ciudadana Judith Berenice Freites Montilla, causándole lesiones contusas.
CAPÍTULO III
DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO

Ahora bien, observa este juzgador que desde que ocurrieron los hechos hasta la fecha del decreto de sobreseimiento han transcurrido más de cuatro (04) años, seis (06) meses y sin que se halla podido dar terminación al presente proceso, considerando quien aquí decide que se encuentra prescrita la acción penal correspondiente, pues el delito de violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene una pena que no excede de tres años de prisión.
En torno ha este punto que ocupa nuestro análisis resulta obligante hacer algunas consideraciones doctrinarias respecto a esta institución. Así tenemos desde una concepción meramente holística, la prescripción constituye una forma de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, contado desde la comisión del delito.

En Venezuela, el lapso necesario para la prescripción del delito, depende de la gravedad del mismo, como bien lo contempla el artículo 108 del Código Penal Vigente a la fecha. No obstante una cuestión de orden fáctico que amerita ser precisada, es la determinación del “quantum penológico” que debe tomarse en consideración a los fines de decretar la prescripción de la acción penal.
En relación al tema, existen dos (02) posiciones doctrinarias, en torno a la cual debe ser la pena que ha de servir para calcular aritméticamente el tiempo necesario para que ocurra la consumación del acto prescriptivo. Un sector de la doctrina patria sostiene que debe ser el “quantum penológico máximo”, que corresponde a cada delito. Otro sector mantiene el criterio que debe ser la pena normalmente aplicable a cada delito o termino medio que desimometricamente surge de la aplicación del artículo 37 del Código Penal, que reza la siguiente: “Cuando la Ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos (02) limites, se entiende que la normalmente aplicable es el termino medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad…” (Negrillas añadidas).
De todas formas la cuestión planteada en el sentido de que se tome en cuenta la pena in concreto (Termino medio) o en abstracto (limite máximo), fue aclarado por la casación venezolana cuando en sentencia del 30 de Julio de 1978, Sala de Casación Penal, señalo:
“No se puede tomar como base para contar el tiempo de la prescripción el límite máximo de la pena en abstracto, sino su término medio, porque para los efectos de la prescripción no se toma en cuenta las circunstancias agravantes, ni las atenuantes, sino las constitutivas del delito en su naturaleza simple, por ser aquellas circunstancias hechos que deben ser probados. O expresados en otros términos, lo procedente es tener en consideración la pena objetivamente considerada, o sea, lo que resulta de la aplicación del término medio, sin la concurrencia de agravantes o atenuantes”.
Por lo que si partimos del delito de violencia física, tiene una pena establecida de seis (06) a dieciocho (18) meses que sumado dan un resultado de veinticuatro (24) meses divididos entre dos (02) el término medio será de doce (12) meses que es equivalente a un a (01) año. De acuerdo con lo establecido en al artículo 108 del Código Penal establece: Salvo el caso que la Ley disponga otra cosa la acción penal prescribe así:
5 “Por tres (03) años, si el delito mereciere pena de prisión de tres (03) años o menos”
De la inteligencia de la norma que regula este cuarto ordinal se infiere que transcurrido más de tres (03) años en aquellos delitos que merecieren pena de prisión de tres (03) años o menos dan lugar a la prescripción de la acción penal y en el caso de marras el delito de violencia física, la pena asignada es menor a tres (03) años de prisión.
Ahora, establece el Código Penal Venezolano, en el artículo 110 en su primer aparte que si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.
Y en el presente caso como se dijo anteriormente la prescripción de la acción penal por el delito de violencia física es de tres años y la mitad de la prescripción éste delito es un (01) año y seis (06) meses, por lo que para los delitos a juzgarse en éste asunto, la prescripción judicial opera transcurrido cuatro años y seis meses y siendo que en el presente proceso desde que se inicio han trascurrido mas de cuatro (04) años, seis (06) meses y como lo señaló la decisión de la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, de fecha 14 de abril de 2011, asunto FP01-R-2011-000051, con ponencia del abogado Alexander Jiménez Jiménez.
“la prescripción judicial o extraordinaria no es susceptible de ser interrumpida y la misma comienza a computarse desde el día de la perpetración del hecho, es por lo que ha operado la prescripción judicial. “
Por todo lo expuesto este Tribunal, decreta el sobreseimiento por cuanto han trascurrido más de cuatro (04) años y seis (06) meses, que se llevó a cabo la presunta perpetración del delito de violencia física, imputado a Carlos Rafael Lezama Rivas, sin que se le haya terminado el presente proceso.
Por lo que de conformidad con el artículo 48 numeral 8º del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la prescripción de la acción penal como una causal de extinción de ésta, en concordancia con el artículo 318 en su ordinal 3º del Código Ídem, que señala la extinción de la acción penal como una causal de sobreseimiento, por cuanto esta sin culpa del acusado se prolongó por un tiempo a la prescripción aplicable más la mitad de la misma sin que se le haya terminado el proceso al acusado Carlos Rafael Lezama Rivas, es por lo que considera este Sentenciador que lo ajustado a derecho es decretar el sobreseimiento de la causa a favor del imputado Carlos Rafael Lezama Rivas. Así lo decreta éste Tribunal.
CAPÍTULO IV
DE LA DECISIÓN
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decreta el sobreseimiento de la presente causa, a favor del ciudadano Carlos Rafael Lezama Rivas, arriba, plenamente identificado. Así se decide.
Publíquese, Regístrese, Notifíquese al Ministerio Público y a la víctima.
JUEZ PRIMERO DE JUICIO VCM
ABOGADO GILBERTO JOSÉ LÒPEZ MEDINA
SECRETARIA DE SALA
ABOGADA MARÍA ESCOBAR