TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION Y SUSTANCIACION REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 26 de abril de 2013
AÑOS: 203º y 154º

ASUNTO: UH05-V-2008-000102

PARTE DEMANDANTE: La Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Yaracuy, en representación de la ciudadana MERCEDES MARIA DE JESUS CABRERA MONTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.253.407.

NIÑA: La niña (IDENTIDAD OMITIDA SEGUN ARTICULO 65 DE LOPNNA), actualmente de 8 años de edad.

PARTE DEMANDADA: El ciudadano RODERICK JOSE LEDEZMA OJEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.949.635.

MOTIVO: REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR.

En fecha 12 de mayo de 2008 se interpuso demanda de REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR, intentada por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Yaracuy, en representación de la ciudadana MERCEDES MARIA DE JESUS CABRERA MONTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.253.407, en su carácter de madre de la niña (IDENTIDAD OMITIDA SEGUN ARTICULO 65 DE LOPNNA) de 3 años de edad, en contra del ciudadano RODERICK JOSE LEDEZMA OJEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.949.635. En fecha 16 de mayo de 2008, se admitió la presente demanda se ordeno la notificación de la parte demandada mediante exhorto, y se acordó oficiar al equipo multidisciplinario para la realización del informe integral.
En fecha 26 de octubre de 2009, se aboco al conocimiento de la presente causa la Jueza Emir Morr; mediante resolución Nº 2 de fecha 17 de febrero de 2009 y de conformidad con lo establecido en el articulo 681, literal “a” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se acordó tramitar el presente procedimiento de conformidad con la Ley; se ordeno notificar a los ciudadanos MERCEDES MARIA DE JESUS CABRERA MONTES y RODERICK JOSE LEDEZMA OJEDA, para la audiencia preliminar en su fase de mediación, se libro exhorto y se solicito oficiar al equipo multidisciplinario para la realización del informe integral.

En fecha 21 de abril de 2010, se recibido oficio Nº EMD-33/10, de fecha 21-04-2010, procedente del Equipo Multidisciplinario adscrito a este Circuito Judicial, dando respuesta al oficio Nº 546 de fecha 26 de octubre de 2010, en donde manifiestan que durante las evaluaciones realizadas al ciudadano RODERICK JOSE LEDEZMA OJEDA, quien solicitó se de por terminada el presente Régimen de Convivencia Familiar, debido a que la ciudadana Mercedes Cabrera, ha mostrado poco interés en la presente demanda.
En fecha 17 de mayo de 2010, se recibido oficio Nº EMD-58/10, de fecha 17-05-2010, procedente del Equipo Multidisciplinario adscrito a este Circuito Judicial, dando respuesta al oficio Nº 546 de fecha 26 de octubre de 2009, consignando informe integral realizado a al ciudadano RODERICK JOSE LEDEZMA OJEDA,

En fecha 17 de abril de 2013, quien decide se aboco al conocimiento de la presente causa; por cuanto en fecha 16 de marzo de 2011, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución Nº 2011-0008, amplió la competencia y ordenó la distribución de las causas existentes en los Tribunales Primero y Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con competencia en el Régimen Procesal Transitorio, equitativamente entre los Tribunales Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. Por auto de fecha 24 de abril de 2013 reanudada la causa, este tribunal dejo constancia que las partes no ejercieron recusación contra quien sentencia.

DESPUÉS DE LA REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE CONFORMAN AL PRESENTE EXPEDIENTE, ESTE TRIBUNAL OBSERVA LO SIGUIENTE:

El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente establece:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

La última actuación en la presente causa realizada por la parte, fue en fecha 21 de abril de 2010, sin que la parte demandante haya mostrado interés alguno posterior, por dar impulso a la demanda, en ese sentido, el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido mas de un año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, este último deberá declarar la perención.”

El máximo Tribunal de la República ha establecido que: “la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes como consecuencia de tal inactividad o negligencia, sin producir tal declaratoria efecto alguno respecto de la acción, habida consideración que, por su naturaleza, la perención únicamente pone fin al proceso a partir de su declaratoria durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Su función, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, la armonía, que la protección de aquellas pretensiones carentes de tutor de la barrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.

En sentencia dictada por la Sala Constitucional de fecha 12 de mayo de 2003, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, exp. Nº 02-2281, estableció “que el efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino a raíz de su declaración, postergar por espacio de tres meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho, en principio, ningún perjuicio causa la declaración de perención al demandante, así se trate de un menor, y así se declara.”

Ahora bien, se evidencia de las actas que conforman el presente asunto, el demandante debe cumplir determinadas actuaciones, las cuales reposan única y exclusivamente en aquellos y no en el Tribunal, el mismo nunca compareció por ante este despacho a fin de proceder a darle impulso procesal al presente asunto, en beneficio de su hija, habiéndose agotado por parte del tribunal todas las diligencias tendientes a imponerle al demandante de todas y cada una de las actuaciones procesales que de ella dependen exclusivamente, la misma nunca compareció por ante este despacho a fin de proceder a darle impulso procesal a la causa, en beneficio de su hija la niña (IDENTIDAD OMITIDA SEGUN ARTICULO 65 DE LOPNNA), actualmente de 8 años de edad; y siendo que a la presente fecha han transcurrido dos años, a la fecha que la parte demandada solicito se de por terminado el presente asunto, y por cuanto la parte demandante la ciudadana MERCEDES MARIA DE JESUS CABRERA MONTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.253.407, nunca ha compareció al tribunal a realizar diligencias propias con el fin de darle impulso procesal al presente asunto, quien fue el que interpuso la demanda; tal situación es lo que necesariamente hace crear quien aquí juzga la firme convicción de que no tiene interés procesal en que la causa sea resuelta; siendo que, ante la falta de cumplimiento de aquellas diligencias y el transcurso del tiempo sin que la parte demandante hubiere desplegado ni una sola actuación procesal es necesario poner fin a la perpetuidad de tales asuntos, teniendo en consideración, además, que con la declaratoria de perención no se afectaría el ejercicio de la acción o de la solicitud, ya que la consecuencia es únicamente la extinción de la instancia; tal como se observa en este expediente, la ultima actuación efectuada por el demandante corresponde a la fecha 12 de mayo de 2008, en la que las partes presentaron la presente solicitud por ante este Tribunal y siendo que se evidencia que no ha habido impulso procesal de la parte, desde la misma hasta la presente fecha, se produce una discontinuidad material de la instancia, por lo cual este Tribunal Cuarto de conformidad con el prenombrado artículo 201 Ley Orgánica Procesal del Trabajo que se aplica como norma supletoria, por mandato del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, relativa al procedimiento de REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR, intentada por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Yaracuy, en representación de la ciudadana MERCEDES MARIA DE JESUS CABRERA MONTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.253.407, en su carácter de madre de la niña (IDENTIDAD OMITIDA SEGUN ARTICULO 65 DE LOPNNA) actualmente de 8 años de edad, en contra del ciudadano RODERICK JOSE LEDEZMA OJEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.949.635; se ordena el archivo del expediente y así se decide.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Se acuerda la devolución de los documentos originales a las partes.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Régimen Procesal Transitorio del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2013. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Jueza Temporal,

Abg. PILAR COROMOTO VALVERDE MEDINA
La Secretaria,

Abg. WENDY BETANCOURT
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 4:16 p.m. y se cumplió con lo ordenado. La Secretaria,

Abg. WENDY BETANCOURT
ASUNTO: UH05-V-2008-000102