REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
ASUNTO: FP02-V-2013-000963
Resolución Nº PJ0182013000259
Por recibida y vista la presente demanda por ACCIÓN MERO DECLARATIVA presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) en fecha 30/07/2013 interpuesta por la ciudadana EUNICE CRISANTA MORENO CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 19.167.212 y de este domicilio contra el ciudadano ROMER ALFREDO CORASPE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 21.507.354 y de este mismo domicilio, este tribunal a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente demanda estima necesario determinar previamente la competencia de este juzgado para conocer la misma lo cual hace en los términos siguientes:
La presente demanda trata de una acción mero declarativa mediante la cual la parte actora señala:
Es el caso que desde el 16 de junio del 1991 mantuvo una relación concubinaria con el ciudadano Ricardo Alfredo Coraspe Avila, (fallecido) quien era venezolano, mayor de edad, estado civil divorciado, según copia certificada de sentencia de divorcio de fecha 15 de diciembre del año 2004, falleció ab-intestato en Ciudad Bolívar Estado Bolívar el diecisiete (17) de abril de 2013 tal como se evidencia de copia debidamente certificada del acta de defunción.
Asimismo señaló que de dicha unión concubinaria la mantuvieron en forma ininterrumpida, pública y notoria, a la vista de todos, tanto familiares, amigos, relaciones sociales y vecinos, por mas de nueve (09) años, hasta la muerte de su concubino, el ciudadano Ricardo Alfredo Coraspe Avila, tanto que procrearon dos niñas de nombre Euricar de los Angeles Coraspe Romero y Raiza Elimar Coraspe Romero, de siete años de edad y de trece años de edad.
Es de observar que la accionante de autos consignó junto los anexos presentados con el libelo copias certificadas de las actas de nacimiento de la adolescente y niña Euricar de los Ángeles Coraspe Romero y Raiza Elimar Coraspe Romero respectivamente quienes son hijas tanto de la parte actora ciudadana Eunice Crisanta Moreno Castillo así como del ciudadano Ricardo Alfredo Coraspe Avila de quien se pretende se declare la unión concubinaria.
En atención a lo antes expuesto el tribunal hace los siguientes señalamientos:
El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que:
“La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias (…)”.
La distribución de la competencia se hace por la ley en el modo que se considera más oportuno para la buena marcha de la función jurisdiccional y por esa razón es inderogable (art. 6 Código de Procedimiento Civil); solamente en los límites en que la ley ha querido dar lugar a la consideración de la mayor comodidad de las partes éstas pueden ponerse de acuerdo para derogar el orden legal.
Asimismo, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil establece:
“…La competencia por la materia se determinará por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan...”
Al respecto, la Sala Plena del Tribunal Supremo De Justicia, en sentencia de fecha 07 de marzo de 2012, (caso: acción mero declarativa de unión concubinaria, instaurada por la ciudadana ALEXANDRA CARREÑO HERNÁNDEZ contra el ciudadano NELSON LUIS GONZÁLEZ MEDINA), exp. Nº AA10-L-2010-000138 dejó sentado el siguiente criterio:
“… Dicho de otro modo, el desarrollo de un juicio en el que se ventila el reconocimiento judicial de una unión concubinaria en la que se procrearon hijos que aún se encuentran en etapa de niñez o adolescencia, necesariamente incidirá en sus situaciones y dinámicas individuales, familiares y sociales, las cuales no se agotan en el mundo de la normatividad jurídica, pues lo espiritual, psicológico, en fin, el conjunto de referentes que configuran el sensible mundo de los niños, niñas y adolescentes lo trasciende. La incidencia o repercusión, se materializa en cada caso concreto, en grados distintos, pero siempre producirá sus consecuencias, por cuyo motivo, se justifica plenamente la intervención de un juez especializado en el abordaje, tratamiento y solución de este tipo de situaciones. Por consiguiente, y a modo de conclusión, la protección especial que amerita la persona humana que aún no ha alcanzado el suficiente nivel de madurez, desborda los límites de las clásicas medidas asociadas a la concepción del derecho civil, habida cuenta que requiere de un juez especial en virtud de la especialidad de la materia.
En consideración de lo precedentemente expuesto, la Sala Plena abandona el criterio jurisprudencial hasta ahora suscrito y, fundamentalmente, establecido a través de sentencia número 71 de fecha 25 de abril de 2008, consistente en atribuirle la competencia para conocer de las acciones mero declarativas de unión concubinaria, a la jurisdicción civil, toda vez que efectuado el razonamiento que antecede, arriba a la conclusión que en los procedimientos en que se solicita el reconocimiento judicial de la unión concubinaria, en la que se hayan procreados hijos, y mientras éstos sean menores de edad, la jurisdicción competente es la especial de protección de niños, niñas y adolescentes, habida cuenta que es la más capacitada para brindarle la debida protección a los sujetos en etapa de niñez o adolescencia. En consecuencia, el nuevo criterio que sobre esta materia adopta la Sala Plena, a los fines de garantizar el más idóneo, integral y cabal tutelaje a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, que se ven involucrados en juicios relacionados con solicitudes de reconocimiento judicial de uniones concubinarias, son los órganos judiciales pertenecientes a la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes. Así se decide.
(Subrayado del tribunal)
Así las cosas, al estar involucrado una adolescente y una niña en la presente demanda de acción mero declarativa, existe un fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes de conformidad con el criterio jurisprudencial antes narrado donde quedó asentado que las acciones de reconocimiento judicial de uniones concubinarias en las que se hayan procreado hijos que aún se encuentren en etapa de niñez o adolescencia deben ser sustanciados y decididos por los Tribunales de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Circuito Judicial del lugar de ubicación de la residencia habitual del niño o adolescente, por lo que resulta forzoso para este juzgador declarar en el dispositivo del presente fallo la incompetencia de este tribunal para conocer de la presente demanda por razón de la materia.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos anteriormente expuestos y en consonancia con el nuevo criterio de la Sala Plena, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario, Agrario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE por razón de la materia para la sustanciación, conocimiento y decisión del presente asunto y, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA al Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a quien se ordena remitir las presentes actuaciones mediante oficio. Remítase previamente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito para su distribución al juzgado de Protección correspondiente, a tenor del criterio jurisprudencial antes transcrito una vez vencido el lapso de cinco (5) días previsto en el artículo 69 eiusdem. Así se declara.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada y remítase el presente asunto en la oportunidad correspondiente.
Dada, sellada y firmada en la sala de este despacho, en Ciudad Bolívar, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Juez Provisorio,
Dr. José Rafael Urbaneja Trujillo.
La Secretaria,
Abg. Silvina Coa Martínez.-
JRUT/SCM/Emilio.-
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