REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MECANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR. PUERTO ORDAZ, DOCE (12) DE JUNIO DEL 2013 AÑOS: 203° Y 154° COMPETENCIA CIVIL. Vista la TRANSACCIÓN celebrada por las partes en fecha 03/06/2013, en el juicio de LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, presentado y suscrito por una parte, por el ciudadano: LUCIANO MOBILII STANCHIERI, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.911.172 y de este domicilio, ex cónyuge de la ciudadana quién en vida se llamara DALY JOSEFINA GONZÁLEZ, quién era venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.667.559, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio DARIO PLAZ LUGO, venezolano, mayor de edad, e inscrito en el IPSA bajo el Nº 8.664 y de este domicilio, PARTE DEMANDANTE - HEREDERO, y por la otra parte, los ciudadanos: MONICA MOBILII GONZÁLEZ, LUCIANO MOBILII GONZÁLEZ, ENRIQUE MOBILII GONZÁLEZ y BORIS JOSÉ MOBILII GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-10.387.144; V-13.334.425, V-10.933.058 y V-8.932.719 respectivamente y domiciliados los dos primeros en Puerto Ordaz – Estado Bolívar y los dos últimos en Cumaná – Estado Sucre, debidamente asistidos por el Abogado en ejercicio JOSÉ JESÚS AMARO PEÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.926.213, e inscrito en el IPSA bajo el Nº 64.255 y de este domicilio, LOS HEREDEROS - DEMANDADOS, pasa este Tribunal a proveer sobre dicha transacción, previa las consideraciones siguientes: El Artículo 1.713 del Código Civil establece: “La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. El Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”. El Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, estatuye: “Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”. La doctrina señala que la transacción es un negocio jurídico material que establece una relación contractual cuyo objeto de la causa o relación sustancial (lo que se discute) sometida a beligerancia en el juicio, y que, por solventarla en virtud de mutuas concesiones desaparece por vía de consecuencia la relación procesal continente (la causa misma). En la transacción judicial debe verse una implícita y doble renuncia a las pretensiones procesales. La implícita renuncia a las pretensiones procesales se deduce del Artículo 1.717 del Código Civil, cuando expresa: “Las transacciones no ponen fin sino a las diferencias que se han designado, sea que las partes hayan manifestado su intención por expresiones especiales o generales, sea que la intención parezca como una consecuencia necesaria de los que se haya expresado”. La Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, define, la transacción desde el punto de vista jurídico como el acto bilateral por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o uno eventual y es uno de los modos de autocomposición procesal, lo cual tiene la misma eficacia de la sentencia. Constituye una solución convencional de la litis, mediante el cual las partes se elevan ellas mismas jueces de sus respectivas peticiones y ponen fin al proceso, dejando resuelta la controversia con el efecto de la cosa juzgada propia de la sentencia. Ahora bien, el legislador exige en todos los actos de autocomposición procesal (desistimiento, convenimiento, transacción), la ulterior providencia del Tribunal que constate la ocurrencia de los requisitos legales necesarios para la validez formal del acto, la disponibilidad de la relación litigiosa y profiera la certeza jurídica sobre la terminación efectiva del proceso, por tanto, la terminación del proceso solo tiene lugar a partir del momento que la homologación adquiere carácter de impugnable. Como lo señala el procesalista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, “La providencia del Tribunal tiene por objeto declarar la virtualidad del acto auténtico o hecho evidente para provocar la cancelación del proceso. No se limita la función del Juez al nudo conocimiento de constatar la realización del acto, pues su prueba surge de su mismo carácter auténtico. Al Juez corresponde más bien determinar si el acto se ha realizado en conformidad con la ley procesal; en cuanto al sujeto legitimado para realizarlo, por tener la condición de parte formal demandante o demandada, según el caso, o la representación y la autorización expresa de la parte; en cuanto al carácter disponible de la relación sustancial, por la cilitud del contrato o por ser materia ajena al orden público; y en cuanto a la actividad misma, porque se haya verificado en la oportunidad permitida por la Ley(………) (Cfr. Ricardo Henríquez La Roche. Modos Anormales de terminación del Proceso Civil. P.30-31). De allí – como lo ha expresado la Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República – que ante la presencia de los actos de autocomposición procesal, el Juez debe examinarlos para verificar si cumplen los extremos legales, incluso calificar si realmente se está ante un acto de autocomposición procesal. Es necesario verificar si existe realmente una transacción, un desistimiento o un convenimiento (Vid sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de febrero de 2001, en Ramírez & Garay. Jurisprudencia. Tomo 173. Enero - Febrero 2001, p.365.). El Tribunal al examinar la transacción presentada, observa que dicha transacción es celebrada por las partes con la finalidad de poner término al presente juicio de: LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, incoado por el ciudadano: LUCIANO MOBILII STANCHIERI, contra los ciudadanos: MONICA MOBILII GONZÁLEZ, LUCIANO MOBILII GONZÁLEZ, ENRIQUE MOBILII GONZÁLEZ y BORIS JOSÉ MOBILII GONZÁLEZ, advirtiendo el Tribunal que la transacción celebrada versa sobre materia y derechos disponibles en las cuales no están prohibidas las transacciones, por lo que al cumplir la referida transacción con los extremos de ley, y no ser contraria a derecho, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, de conformidad con los Artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su aprobación en todas y cada una de sus partes y la HOMOLOGA con el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y así se decide en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Conforme a lo solicitado por las partes, se ordena expedir por Secretaría cuatro (4) juegos de copias certificadas de la presente transacción, del auto de homologación y con inserción del presente auto, previa certificación en autos conforme a lo dispuesto en el Artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, así mismo, se acuerda oficiar al REGISTRADOR INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO CARONI DEL ESTADO BOLÍVAR, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 1.920 numeral 1º del Código Civil, proceda a cumplir la formalidad del registro del presente documento. Líbrese oficio. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el Tribunal. EL JUEZ PROVISORIO, DR. JOSÉ SARACHE MARÍN EL SECRETARIO, ABG. JHONNY CEDEÑO Publicada en el mismo día de su fecha, previo anuncio de ley, siendo las once hora y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) EL SECRETARIO, ABG. JHONNY CEDEÑO JSM/jc/*astrid EXP. N° 42.661-11