REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MECANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.
PUERTO ORDAZ, ONCE (11) DE MARZO DEL 2013
AÑOS: 202° Y 154°
COMPETENCIA BANCARIA.
Vista la solicitud contenida en la diligencia de fecha 26 de febrero del presente año, suscrita por el Abogado en ejercicio FERNANDO GARCÍA MATA, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, en la cual consigna copia simple del Acta Constitutiva – Estatutos y de Acta de Asamblea de la Sociedad Mercantil Inversiones Madereras Texas, C.A., este Tribunal pasa a proveer sobre la homologación de la transacción celebrada en autos, de la siguiente manera:
Vista la TRANSACCIÓN celebrada por las partes en fecha 21/02/2013 en el juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN presentado y suscrito por una parte, por el ciudadano: PEDRO FERNANDO LÓPEZ VIAMONTE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.915.829 y domiciliado en la Ciudad de Upata – Estado Bolívar, actuando en su propio nombre como avalista y en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MADERERAS TEXAS, C.A., domiciliada en Upata, Estado Bolívar, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 16 de marzo de 1.998, bajo el Nº 41, Tomo A-19, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio FRANCISCO ORTA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.956.779, e inscrito en el IPSA bajo el Nº 49.308 y de este domicilio, PARTE DEMANDADA, y por la otra parte, el Abogado en ejercicio FERNANDO GARCÍA MATA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.189.884, e inscrito en el IPSA bajo el Nº 11.779 y de este domicilio, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil MERCANTIL, C.A. Banco Universal, con domicilio en la Ciudad de Caracas, originalmente inscrito en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el 3 de abril de 1925, bajo el Nº 123, cuyos actuales Estatutos Sociales modificados y refundidos en un solo texto constan de asiento inscrito en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 28 de septiembre del 2011, anotado bajo el Nº 46, Tomo 203-A, Registro de Información Fiscal (RIF) Nº J-00002961-0, PARTE ACTORA, pasa este Tribunal a proveer sobre dicha transacción, previa las consideraciones siguientes:
El Artículo 1.713 del Código Civil establece:
“La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.
El Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”.
El Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, estatuye:
“Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”.
La doctrina señala que la transacción es un negocio jurídico material que establece una relación contractual cuyo objeto de la causa o relación sustancial (lo que se discute) sometida a beligerancia en el juicio, y que, por solventarla en virtud de mutuas concesiones desaparece por vía de consecuencia la relación procesal continente (la causa misma). En la transacción judicial debe verse una implícita y doble renuncia a las pretensiones procesales. La implícita renuncia a las pretensiones procesales se deduce del Artículo 1.717 del Código Civil, cuando expresa: “Las transacciones no ponen fin sino a las diferencias que se han designado, sea que las partes hayan manifestado su intención por expresiones especiales o generales, sea que la intención parezca como una consecuencia necesaria de los que se haya expresado”.
La Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, define, la transacción desde el punto de vista jurídico como el acto bilateral por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o uno eventual y es uno de los modos de autocomposición procesal, lo cual tiene la misma eficacia de la sentencia. Constituye una solución convencional de la litis, mediante el cual las partes se elevan ellas mismas jueces de sus respectivas peticiones y ponen fin al proceso, dejando resuelta la controversia con el efecto de la cosa juzgada propia de la sentencia.
Ahora bien, el legislador exige en todos los actos de autocomposición procesal (desistimiento, convenimiento, transacción), la ulterior providencia del Tribunal que constate la ocurrencia de los requisitos legales necesarios para la validez formal del acto, la disponibilidad de la relación litigiosa y profiera la certeza jurídica sobre la terminación efectiva del proceso, por tanto, la terminación del proceso solo tiene lugar a partir del momento que la homologación adquiere carácter de impugnable.
Como lo señala el procesalista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, “La providencia del Tribunal tiene por objeto declarar la virtualidad del acto auténtico o hecho evidente para provocar la cancelación del proceso. No se limita la función del Juez al nudo conocimiento de constatar la realización del acto, pues su prueba surge de su mismo carácter auténtico. Al Juez corresponde más bien determinar si el acto se ha realizado en conformidad con la ley procesal; en cuanto al sujeto legitimado para realizarlo, por tener la condición de parte formal demandante o demandada, según el caso, o la representación y la autorización expresa de la parte; en cuanto al carácter disponible de la relación sustancial, por la cilitud del contrato o por ser materia ajena al orden público; y en cuanto a la actividad misma, porque se haya verificado en la oportunidad permitida por la Ley(………) (Cfr. Ricardo Henríquez La Roche. Modos Anormales de terminación del Proceso Civil. P.30-31).
De allí – como lo ha expresado la Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República – que ante la presencia de los actos de autocomposición procesal, el Juez debe examinarlos para verificar si cumplen los extremos legales, incluso calificar si realmente se está ante un acto de autocomposición procesal. Es necesario verificar si existe realmente una transacción, un desistimiento o un convenimiento (Vid sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de febrero de 2001, en Ramírez & Garay. Jurisprudencia. Tomo 173. Enero - Febrero 2001, p.365.).
El Tribunal al examinar la transacción presentada, observa que dicha transacción es celebrada por las partes con la finalidad de poner término al presente juicio de: COBRO DE BOLÍVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, incoado por la Sociedad Mercantil MERCANTIL, C.A. Banco Universal, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES MADERERAS TEXAS, C.A., y el ciudadano: PEDRO FERNANDO LÓPEZ VIAMONTE; otorgándose recíprocas concesiones, siendo que el ciudadano PEDRO FERNANDO LÓPEZ VIAMONTE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.915.829 y domiciliado en Upata, Municipio Piar del Estado Bolívar, en su carácter de Presidente de la Empresa demandada, tiene facultad expresa para realizar transacciones en juicios en nombre de su representada tal como consta en el TITULO II, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del Documento de Acta Constitutiva, y así mismo, en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en las CLAUSULAS DÉCIMA y DECIMA CUARTA, igualmente el ciudadano Abogado en ejercicio FERNANDO GARCÍA MATA, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, tiene facultad expresa para transar a nombre de su representada según se evidencia del Poder General autenticado por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 18 de enero del 2.000, bajo el N° 43, Tomo 10 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, que cursa a los folios 05 al 10 del Cuaderno Principal; advirtiendo el Tribunal que la transacción celebrada versa sobre materia y derechos disponibles en las cuales no están prohibidas las transacciones, por lo que al cumplir la referida transacción con los extremos de ley, y no ser contraria a derecho, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, de conformidad con los Artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su aprobación en todas y cada una de sus partes y la HOMOLOGA con el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y así se decide en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el Tribunal.
EL JUEZ PROVISORIO,
DR. JOSÉ SARACHE MARÍN
EL SECRETARIO,
ABG. JHONNY CEDEÑO
Publicada en el mismo día de su fecha, previo anuncio de ley, siendo las dos horas de la tarde (02:00 p.m.)
EL SECRETARIO,
ABG. JHONNY CEDEÑO
JSM/jc/*astrid
EXP. N° 43.146-13
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