TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO (2°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVAR, SEDE CIUDAD BOLIVAR
ASUNTO PRINCIPAL: FP02-L-2012-000089
I) IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
Parte Actora: WILLIAM RODRIGUEZ, Venezolano, mayor de edad y portador de la cedula de identidad N° 14.778.022.
Apoderado de la Parte Actora: ARGENIS CENTENO, PASTOR PEÑALVER, CHRISTIAN GAY y RAFAEL JIMENEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los N° 93.116, 93.120, 146.645 y 152.573, respectivamente.
Parte Demandada: ASESORES ECO 20, C.A., empresa debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha Dos (02) de Octubre de dos Mil Nueve (2009), bajo el N° 28, tomo 140-A Cto.
Apoderados de la Parte Demandada: LILINA NUÑEZ COA y PEDRO OVIEDO S., abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los N° 32.537 y 5.013, respectivamente.
Motivo: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS BENEFICIOS DE INDOLE LABORAL.
II) ANTECEDENTES PROCESALES
Se recibió en fecha Veintinueve (29) de Febrero de Dos Mil Doce (2012), por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales, interpuesta por el ciudadano WILLIAM RODRIGUEZ, en contra de la empresa ASESORES ECO, 20, C.A., una vez admitida y sustanciada conforme a derecho la presente causa y debidamente notificada la parte demandada por el tribunal competente, se realizo en fecha Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Doce (2012), sorteo N° 075-2012, donde fue adjudicada la presente causa al Juzgado Primero (1°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y sede, a los fines de su mediación, en esa misma fecha comparecieron a la Audiencia Preliminar el ciudadano RAFAEL JIMENEZ CHACON, Abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 152.573, en representación de la parte actora y la Abogada LILINA NUÑEZ, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 32.537, en su condición de parte demandada. Mediante acuerdo entre partes la Audiencia Preliminar fue prolongada en varias oportunidades y en fecha Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012) se dio por concluida, ordenándose la incorporación de las pruebas promovidas y vencido el lapso de contestación de la demanda fue remitido al Tribunal de Juicio.
Remitido el expediente a este Juzgado y siendo el tiempo legal para admitir las pruebas, conforme con lo establecido en el Articulo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fijándose por auto separado la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, según lo establece el Artículo 150 eiusdem. La Audiencia se celebró en fecha Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Trece (2013), dictándose el dispositivo del fallo al Quinto (5°) día hábil siguiente.
Encontrándose este Tribunal dentro del lapso establecido para la publicación del texto íntegro del fallo definitivo, lo hace con base en las siguientes consideraciones:
III) ALEGATOS DE LAS PARTES
Alegatos de la Parte Actora
Manifiesta el Apoderado Judicial de la parte Actora que su representado fue contratado por la empresa ASESORES ECO 20, C.A., en fecha Trece (13) de Enero de Dos Mil Once (2011), para que prestara sus servicios como ayudante en la obra denominada residencias “Casa Blanca”, con una jornada de trabajo de Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 05:00 p.m., en fecha Veintiuno (21) de Diciembre de Dos Mil Once (2011), el ciudadano Juan Francisco Tejon González, le indica a su representado que esta despedido por terminación de obra, pero lo cierto es que su mandante no fue contratado para una obra determinada, en los términos del Artículo 75 de la Ley Orgánica del Trabajo, sino que fue contratado a tiempo indeterminado, siendo que la obra actualmente se encuentra en construcción, una vez despedido a su representado la empresa accionada le cancelo la cantidad de Bs. 31.939,62, por concepto de de prestaciones sociales.
Arguye el accionante que la relación jurídica laboral de su mandante se rigió por la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción 2010-2012, devengando su Poderdante un salario básico diario de Ayudante a razón de Bs. 83,05, y como salario integral Bs. 145,74. Indica el Co-Apoderado Judicial del Actor que por todo lo expuesto demandan a la empresa ASESORES ECO 20, C.A., para que convengan o en su defecto sean condenados a pagar los siguientes conceptos laborales que le adeudan a su representado:
1) Diferencia de Antigüedad, la cantidad de Bs. 2.889,59, a tenor de lo dispuesto en la cláusula N° 46 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción 2010-2012.
2) Diferencia de Indemnización por despido, la cantidad de Bs. 832,69, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.
3) Indemnización sustitutiva de preaviso, la cantidad de Bs. 1.249,03, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.
4) Diferencia de Utilidades, la cantidad de Bs. 5.015,20, a tenor de lo dispuesto en la cláusula N° 44, de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción 2010-2012.
5) Pago de útiles escolares, la cantidad de Bs. 2.657,60, a tenor de lo dispuesto en la cláusula N° 19, de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción 2010-2012.
Todos estos montos dan como resultado Bs. 12.644,11, adicionalmente demandan la corrección monetaria, los intereses de mora en materia laboral y las costas y costos de la presente demandada.
Alegatos de la Parte Demandada
En fecha Tres (03) de Diciembre de Dos Mil doce (2012), la Co-Apoderada Judicial de la demandada, dio contestación a la demanda, bajo las siguientes consideraciones:
- Es cierto que el actor prestó servicios para la demandada, en el cargo señalado, su fecha de ingreso, y los salarios devengados semanalmente.
- Es falso que el trabajador devengara un salario variable y por lo tanto tuviera un salario promedio, ya que siempre devengó un salario fijo mensual.
- Es falso que al trabajador se le adeuden diferencias de vacaciones, bono vacacional y utilidades, ya que las mismas fueron canceladas, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, ya que su representada no se adhirió a la normativa laboral de la Construcción y Conexos, por cuanto la misma no es de una extensión obligatoria no le puede ser aplicada a los trabajadores que prestan servicios para su mandante.
- Es falso que el trabajador egresara en fecha Siete (07) de Noviembre de Dos Mil Once (2011).
IV) LIMITES DE LA CONTROVERSIA
Analizadas detenidamente las pretensiones contenidas en el libelo de la demanda y los alegatos expuestos por la demandada en la contestación, esta Juzgadora infiere que el demandado enervo las pretensiones del demandante negando la aplicación de la Convención Colectiva de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la República Bolivariana de Venezuela, para el cálculo de prestaciones sociales; así como todos y cada uno de los montos reclamados por el actor, quedando como cierto el salario devengado, el cargo desempeñado, las fechas de ingreso y egreso.
Ahora bien, en atención al artículo 72 de la Ley Orgánica de Procesal del Trabajo lo cual establece:
“Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”.
En sintonía con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se observa que la distribución de la carga de prueba en materia laboral, se fija de acuerdo a la forma en que la demandada realiza la contestación a la demanda, por lo que correspondiéndole al demandado demostrar; la inaplicabilidad de la Convención Colectiva de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la República Bolivariana de Venezuela; así como la no procedencia de los conceptos reclamados por el accionante en su escrito libelar.
Sentado lo anterior este Tribunal pasa de seguidas a valorar las pruebas aportadas por las partes, de la siguiente manera:
V) PRUEBAS DE LAS PARTES
Pruebas de la Parte Actora
Promovió marcados como “A, B, C, D y E”, Documentos emitidos por la demandada a favor del accionante, identificados como; (A) recibos de pago; (B) recibos de pago de bono de asistencia; (C) recibos de pago de bono de alimentación; (D) recibos de pago de contribución para adquisición de útiles escolares inicio del año 2011; y (E) recibos de pago de bonificación, las instrumentales descritas corren insertas a los folios 51 al 99 del presente expediente. Este tribunal visto que la parte demandada no impugnó las mismas, al contrario reconoció cada una de ellas, se tienen como reconocidas y ciertas tanto su contenido, adminiculándolas a los autos que rielan la causa los valora de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.
Promovió la prueba de exhibición de el original de los recibos de pago del ciudadano WILLIAM RODRIGUEZ, este Juzgado al momento de la audiencia de juicio ordeno a la parte demandada que exhibiera los originales, para lo cual la representación judicial de la demandada indico que no eran hechos controvertidos; el salario, el cargo ni las fechas de ingreso y egreso del accionante, nada exhibiría, para lo cual este Juzgado tiene como cierto los recibos consignados por el accionante en su oportunidad. Así se Establece.
Promovió prueba de informes, al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, de las actas que conforman el expediente se pudo evidenciar que no constan resultas de dicha prueba, en consecuencia, este Juzgado nada tiene que decir al respecto. Así se Establece.
Pruebas de la Parte Demandada
Promovió el merito favorable de los autos, en cuanto favorezcan a su representado. Al respecto ha reiterado la Sala, que el mismo no constituye un medio de prueba válido de los estipulados por la ley, sino que forma parte del principio de comunidad de la prueba y adquisición que rige nuestro sistema procesal, y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio, sin necesidad de alegación de partes. Así se Establece.
Promovió marcados con las letras “A y B”, documentos emitidos por la demandada a favor del actor, identificados de la siguiente manera; (A) finiquito de contrato de trabajo de fecha Nueve (09) de Noviembre de Dos Mil Once (2011); y (B) carta de despido de fecha Siete (07) de Octubre de Dos Mil Once (2011), la instrumentales antes descritas rielan a los folios 102 y 101 respectivamente del presente expediente. Este tribunal visto que la parte demandada no impugnó las mismas, al contrario reconoció cada una de ellas, se tienen como reconocidas y ciertas tanto su contenido, adminiculándolas a los autos que rielan la causa los valora de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.
VI) MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Tenemos entonces que el punto a dilucidar en el presente caso versa sobre la aplicación o no del Contrato Colectivo de la Construcción a favor del actor, ya que quedaron admitidos los siguientes hechos; la existencia de la relación de trabajo entre el demandante y la demandada, la fecha de inicio y terminación de dicha relación de trabajo, el cargo desempeñado y el salario devengado, en consecuencia, esta Sentenciadora pasa a verificar la aplicabilidad de la Contratación Colectiva, en la relación laboral existente entre las partes para pronunciarse, en cuanto a si el demandante es beneficiario de las diferencias por prestaciones sociales y otros conceptos laborales que reclama en el libelo de demanda. Así se Establece.
En tal sentido, la Convención Colectiva tiene un ámbito personal, espacial y temporal de aplicación; el ámbito personal o subjetivo está referido a quién beneficia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, es a todos los trabajadores de la empresa, explotación o establecimiento aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración, salvo las excepciones de ley; el ámbito territorial viene a ser donde es aplicable, el cual va a depender de si es a nivel de empresa o a nivel de rama industrial, y el ámbito temporal está referido a la duración o el tiempo durante el cual tiene vigencia o aplicación.
La Convención Colectiva por rama de actividad industrial tiene una tramitación diferente a la establecida para las convenciones colectivas de empresa, ya que se hace conforme a lo dispuesto en el artículo 528 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, que la ha definido como el acuerdo logrado a través del mecanismo de la Reunión Normativa Laboral, suscrito entre una o varias organizaciones sindicales de trabajadores y uno o varios patronos o sindicatos de patronos, pertenecientes a una misma rama de actividad económica, la cual contiene condiciones, derechos y obligaciones de las partes, dirigidas a unificar las condiciones de trabajo en dicha rama de actividad económica, y que normalmente rigen a nivel nacional, como lo es el caso concreto de la construcción, y se puede acceder a una Reunión Normativa Laboral, mediante convocatoria, por Adhesión, y reconocimiento.
Ahora bien esta sentenciadora considera necesario señalar que; en cuanto al acceso por convocatoria el articulo 529 ejusdem, establece que uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores, o uno o varios patronos o sindicatos de patronos, podrán solicitar al Ministerio del Trabajo la convocatoria de una Reunión Normativa, para negociar y suscribir una convención colectiva de trabajo con efectos para determinada rama de actividad. En consecuencia se requiere una formal solicitud dirigida al Ministerio del Trabajo que de conformidad con el citado artículo 529 deberá cumplir con ciertos requisitos, tales como:
“a) Expresar con claridad y precisión la rama de actividad de que se trate y el alcance local, regional o nacional que pretenda darse a la convención.
b) Si la solicitud de convocatoria es formulada por organizaciones sindicales de trabajadores, se debe precisar los patronos cuya comparecencia se solicita para negociar.
c) Si la solicitud es hecha por uno o varios patronos se debe acompañar a dicha solicitud la nómina de trabajadores que presten servicios a esos patronos y estén afiliados a los sindicatos que hacen la solicitud, acompañar la nómina de los trabajadores al servicio del solicitante.
d) Acompañar el pliego de peticiones, proyecto de convención colectiva, que servirá de base a las discusiones de la Reunión Normativa Laboral”.
En cuanto a la adhesión debemos precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 539 de la misma Ley, uno o varios Sindicatos, Federaciones o Confederaciones Sindicales de Trabajadores, o uno o varios patronos, que no hubieren sido convocados a una Reunión Normativa, podrán adherirse a ella siempre que así lo manifiesten mediante escrito dirigido al funcionario que presida la reunión, debiendo para ello presentar la nómina de trabajadores sindicalizados que presten servicios al patrono en caso de ser una o varias organizaciones sindicales y en el caso de uno o varios patronos o sindicatos de patronos anexar la correspondiente nómina de trabajadores. El Ministerio decidirá la adhesión solicitada, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en la Ley, quedando los adherentes sujetos a los mismos derechos y obligaciones.
Asimismo, puede tenerse acceso a una Reunión Normativa Laboral por reconocimiento, conforme a lo previsto en el artículo 537 de la citada Ley, la cual establece que cuando uno varios patronos o sindicatos de patronos y uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores se hubieren reunido voluntariamente a fin de negociar una convención colectiva de trabajo para una determinada rama de actividad, podrán solicitar al Ministerio del ramo que los declare como Reunión Normativa Laboral para esa rama de actividad y con el carácter local o regional, esto significa que un grupo de empresas y los sindicatos que agrupan a esos trabajadores de esas empresas, pertenecientes a una misma rama de actividad y dentro de un ámbito territorial especifico, por voluntad propia y sin que exista notificación oficial, ni convocatoria deciden, y al efecto se encuentran negociando condiciones de trabajo a los fines de lograr un convenio colectivo o con la intención de unificar las condiciones de trabajo, y se propone que los acuerdos a que se llegue sean para toda la actividad económica y no solo para ellos, solicitan al Ministerio del Trabajo que los declare en Reunión Normativa Laboral de manera que, con tal declaratoria el convenio al que lleguen se tenga como producido en una Reunión Normativa Laboral, con todos sus efectos y consecuencias. Dicha declaratoria se producirá conforme lo dispone el artículo 538, por parte del Ministerio del ramo cumplido como hayan sido los requisitos del artículo 530, ambos de la Ley Orgánica del Trabajo.
En este orden de ideas, la misma ley en comento establece en el articulo 552 que la aplicación de la Convención Colectiva por rama de actividad, se aplicará, a todos los trabajadores que prestan servicios a los patronos comprendidos en uno u otro, cualquiera que sea sus profesión u oficios, sin perjuicio de que se establezcan condiciones de trabajo específicas para cada oficio o profesión o para determinadas empresas, no obstante; la aplicación de la convención colectiva por rama de actividad del universo de trabajadores, que prestan servicio a las empresas convocadas a una reunión normativa laboral, se convierten en cláusulas obligatorias para todos los trabajadores que laboran para dicha empresa, aun para aquellos, que no sean miembros del sindicato que haya suscrito la Convención (artículo 508 LOT.). Las referidas disposiciones, cumplen los principios de automaticidad y de expansividad que rigen las convenciones colectivas, y conforme a dichos principios, todos los trabajadores que operan para las empresas obligadas por la reunión normativa laboral, deben gozar de los beneficios acordados en esta, desde luego, con las excepciones que la propia Ley establece.
Las Disposiciones antes señaladas, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, son de orden público y de aplicación territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios particulares.
En concordancia a lo antes señalado; se hace necesario hacer mención del carácter jurídico de las convenciones colectivas, según criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 03/10/2002, Magistrado Ponente Dr. Jesús Eduardo Cabrero Romero, en donde dejó establecido lo siguiente:
“…En efecto, los pactos colectivos en el derecho del trabajo tienen, según la tesis jurídica predominante, la naturaleza de convenciones-leyes: convenciones, por cuanto resulta indispensable un acuerdo de voluntades, surgido de un régimen de igualdad jurídica y de autonomía volitiva; leyes, por su eficacia normativa que les permite establecer por anticipado y en abstracto las condiciones a las que han de someterse los contratos individuales, porque no pueden ser incumplidas por las partes una vez sancionadas por la autoridad, y además, por regir para los ajenos a la elaboración, vale decir, crean obligaciones aplicables a “terceros” y hasta para los posteriores disidentes. (CABANELLAS, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Buenos Aires. Ed. Heliasta. 3ra ed. 1992. Tomo II. p. 550). Así, el derecho pactado -producto del pacto entre el sindicato y el patrono- es por su naturaleza un derecho especial que priva sobre el estatal, de carácter general, siempre y cuando la convención colectiva haya respetado las condiciones mínimas previstas para el trabajador en las normas estatales, pues si tal no ha sido el caso, la norma estatal se aplica preferentemente (ALONSO OLEA, Manuel. Introducción al Derecho del Trabajo. Madrid. Ed. Revista de Derecho Privado. 3era. Edición. 1974. p 292-293). De esta manera, la convención colectiva tiene por destino regular las relaciones de trabajo, presentes y futuras en una o varias empresas, en una o varias zonas económicas, regiones geográficas o ramas de la industria y del comercio (DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. México. Ed. Porrúa. 1979. Tomo II. p. 424), estableciendo no sólo las condiciones mínimas sobre las cuales las relaciones profesionales de la generalidad de los trabajadores van a desarrollarse dentro de su ámbito específico de aplicación”
Con fundamento al criterio doctrinario y jurisprudencial antes señalado, ésta Sentenciadora observa que la Convención Colectiva del Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la Republica Bolivariana de Venezuela solo es aplicable a las empresas que se encuentran afiliadas a la Cámara Venezolana de la Construcción y/o a la Cámara de la Industria de la Construcción, por cuanto la misma no ha sido de extensión obligatoria por Decreto Presidencial para el resto de las empresas dedicadas a la misma rama industrial de la construcción. Así se Establece.
En consecuencia, siendo que de autos se evidencia que la empresa ASESORES ECO 20, C.A., no se encuentra afiliada a las referidas Cámaras, no suscribió a la referida Convención Colectiva, no ha sido convocada a dicha reunión normativa laboral, ni que la misma es de extensión obligatoria a las industrias de la rama; éste Juzgado declara que a la demandada no les es aplicable la Colectiva del Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la Republica Bolivariana de Venezuela. Así se Establece.
VII) PARTE DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, SEDE CIUDAD BOLÍVAR, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por el ciudadano WILLIAM RODRIGUEZ, en contra de la empresa ASESORES ECO 20, C.A., ambas partes identificadas en autos.
No hay condenatoria en costas, por la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de esta Sentencia en el compilador respectivo.
VIII) REGISTRESE Y PUBLIQUESE
Dado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, SEDE CIUDAD BOLIVAR, en Ciudad Bolívar a los Catorce (14) días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación de la República Bolivariana de Venezuela.
LA JUEZ

ABG. OLGA VEDE RUIZ
LA SECRETARIA

ABG. YAMILE AVILES
Nota: En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior decisión.-
LA SECRETARIA

ABG. YAMILE AVILES