REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.-
Ciudad Bolívar, 15 de octubre de dos mil trece
203º y 154º
Asunto: FP02-V-2013-00001175
Resolución Nº PJ0242013000256
Sentencia interlocutoria

DEMANDANTE: ALBERTO TOMAS MALANO LUCERO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.016.405, debidamente asistido por la abogada en libre ejercicio YUSANGEL DEL VALLE LOPEZ ORTA, inscrita en el IPSA bajo el Nº 143.626, y de este domicilio.

DEMANDADO: JUAN CARLOS ROJAS MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 5.555.880, de este domicilio.-

MOTIVO: RESOLUCIÒN DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL

Efectuado el estudio de las actas que conforman el presente expediente el Tribunal procede a decidir sobre la admisión o no de la presente causa, con fundamento en las consideraciones siguientes:
El demandante en su escrito de demanda alega y pretende la RESOLUCIÒN DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL, sobre dos locales comerciales distinguidos con los números 02 y 03, ubicados en el paseo meneses de esta Ciudad, de los cuales no es propietario de los mismos, ya que esta en calidad de arrendatario tramitando por ante la Gobernación del Estado Bolívar los derechos de posesión por ocupar desde hace largo tiempo los locales en cuestión, lo demuestra según titulo supletorio que acompaña al escrito libelar marcado con la letra “A” sobre unas biehechurias que construyo sobre terreno del Ejecutivo del Estado Bolívar, previo contrato de arrendamiento de dicho terreno y previa autorización para mejorar la estructura por parte del Gobernador y Secretario General de Gobierno que acompaña a este libelo.
Que dichos locales comerciales se los dio en comodato al ciudadano JUAN CARLOS ROJAS MEDINA, arriba identificado, y que desde comienzos de la relación, se celebró verbalmente y transcurrió verbalmente.-
Ahora bien, se puede observar que el demandado de autos ocupa en calidad de comodato, un bien inmueble de los cuales es propietario la Gobernación del Estado Bolívar, en virtud de que la presente causa se trata de una RESOLUCIÒN DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL, en la cual los Juzgados de Municipio no tienen competencia para conocer de la misma, por cuanto se trata de una demandada con contenido patrimonial, pues la parte que demandada como ya se dijo, ocupa dicho inmueble del cual se desprende de autos, que el propietario es un órgano de la entidad político-territorial, todo de conformidad a lo establecido en los Artículos: 25-2°, 26, 56 y 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vigente según publicación en la Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010 y reimpresa el 09 de Agosto de 2010.
En ese mismo sentido, tenemos que la competencia de los Tribunales Superiores Contencioso- Administrativo, se encuentra delimitada en Sentencia No. 01900 de fecha 27 de Octubre de 2004, la Sala Política-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, delimita la competencia de los Tribunales Superiores Contencioso- Administrativo, en los siguientes términos:
‘(...)1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

Por otra parte el articulo 56 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece: “El procedimiento regulado en esta sección regirá la tramitación de las demandas de contenido patrimonial en las que sean partes los sujetos enunciados en el articulo 7 de esta ley…”
Por su parte establece el articulo 7 en su numeral 2: Están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; 2: Los órganos que ejercen el poder publico, en sus diferentes manifestaciones, en cualquier ámbito territorial o institucional; igualmente dispone el articulo 25- 2° “ Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo son competentes de : 2° Las Demandas que ejerzan la Republica, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente publico, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la republica, los estados, los municipios u otros entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 UT), cuando su conocimiento no este atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
En atención a la jurisprudencia parcialmente transcrita, y la normativa señalada se puede traducir que según el régimen especial de competencias a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa, los tribunales pertenecientes a ésta, conocerán de aquellas acciones, que según su cuantía, cumplan con las siguientes condiciones: 1) Que se demande a la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual alguna de las personas políticos territoriales (República, Estados o Municipios) ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, y 2) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, a partir de lo cual se entiende que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la laboral, del tránsito o agraria.
Verificado como ha sido la presente causa conjuntamente con el análisis realizado a la pretensión del actor y los criterios jurisprudenciales aplicable al sub iudice, se desprende que los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, conocerán las demandas interpuesta por la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la Republica, los Estados, o los Municipios ejercen un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere contra los particulares o entre si, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), y que la demanda fue incoada contra un inmueble del cual es propietario un órgano del Estado sujeto al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a criterio de quien suscribe la competencia para conocer de la presente demanda la tiene el Juzgado Superior de lo Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la Ciudad de Puerto Ordaz, en consecuencia éste Tribunal se declara incompetente para conocer de la acción planteada por la actora. ASI SE ESTABLECE.
Por las razones y consideraciones precedentes este Juzgado Primero de Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA INCOMPETENCIA POR LA MATERIA de este órgano jurisdiccional por tratarse el presente asunto de una competencia especialísima en materia de Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual escapa de la competencia de este Juzgado. En consecuencia, se declina la competencia al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial del Estado Bolívar para que siga conociendo de la demanda por RESOLUCIÒN DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL incoado por el ciudadano ALBERTO TOMAS MALANO LUCERO, contra el ciudadano JUAN CARLOS ROJAS MEDINA.- De de conformidad con lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal dejará transcurrir cinco (5) días a los fines de que las partes ejerzan su derecho de regulación de competencia.
Vencido como sea el lapso antes mencionado, y definitiva como quede la presente decisión, se remitirá el expediente en forma original por medio de oficio.-
Remítase oportunamente al Tribunal competente.- Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este Tribunal Primero de Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los 15 días del mes de Octubre del año 2013.- Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA.

ABG. MERLID ELIZABETH FIGUEREDO.-
LA SECRETARIA.

ABG. LOYSI MERIDA AMATO
En esta misma fecha, siendo las diez de la mañana (10.00 a.m.) se publico el presente fallo.

LA SECRETARIA.

ABG.- LOYSI MERIDA AMATO.-

Orlando.-
Asunto: FP02-V-2013-00001175
Resolución Nº PJ0242013000256