REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO (2°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, SEDE CIUDAD BOLIVAR 203° y 154° EXPEDIENTE: FPO2-N-2010-000028 IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARTE RECURRENTE: INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO BOLIVAR. ABOGADOS DE LA PARTE RECURRENTE: PATRICIA DUERTO ZABALA, Abogada en ejercicio, inscrita en el IPSA bajo el Nº 126.922. ACTUACION ADMINISTRATIVA RECURRIDA: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº: 2010-00003, CORRESPONDIENTE AL EXP Nº 018-2009-01-00573, DICTADA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLIVAR, ESTADO BOLIVAR, EN FECHA 05 DE ENERO DE 2010. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD. RESOLUCION: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA ANTECEDENTES PROCESALES Recibido el presente Recurso en fecha Diecisiete (17) de Enero de Dos Mil Once (2011), debido a la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, a través de sentencia dictada en fecha 22 de Noviembre de 2010. Este Tribunal la Admitió y libró las notificaciones conforme derecho y siendo que ha transcurrido tiempo suficiente para que la parte Recurrente cumpla con algunos requisitos legales para tramitar este Asunto, este Tribunal al revisarlo estima necesario realizar las siguientes consideraciones para proveer sobre la sustanciación de la causa: DE LA COMPETENCIA La competencia de este Tribunal para conocer del Asunto, viene determinada mediante sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectoría del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los Tribunales del trabajo. En función de lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los Tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. Siendo que del análisis efectuado en el presente Recurso, se evidencia que persigue la nulidad de actuaciones administrativas de la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, este Tribunal acepta la competencia para conocer y decidir la presente causa que por declinatoria del Juzgado de Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, le fue conferida a través de sentencia de fecha 22 de Noviembre de 2010, según la distribución automatizada realizada a través del sistema IURIS 2000, tanto por la materia como por el territorio. Así se Establece.- DE LA PERENCION DE LA INSTANCIA Determinada, como ha sido, la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer este Asunto y luego de revisadas las actuaciones que conforman el presente expediente, se advierte que la causa se inició en fecha 08 de Julio de 2010, mediante la interposición del Recurso ante el Juzgado de Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Bolívar. De igual modo se ha advertido que desde el 17 de Enero de 2011 (fecha en la cual este Tribunal Admitió el Recurso) hasta el 26 de Junio de 2013 fecha en la que se dictó Auto donde se INSTA nuevamente, a la Parte Recurrente a consignar las copias certificadas para practicar las notificaciones, lo que hasta la fecha no se ha cumplido, de lo que se desprende que ha transcurrido más de un -01- año sin que se haya ejecutado algún acto procesal tendente a la prosecución del Recurso, por lo que se hace necesario revisar lo siguiente: El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Juez, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.” Ahora bien, en razón de lo anterior, este Tribunal discurre que el objeto de la pretensión de nulidad, es la obtención de una solución a través de la emisión de una sentencia declarativa que, a su vez, merece por imperio legal se transite por un proceso que en primer lugar pueda de forma segura convocar los interesados al proceso, para que ejerzan su derecho a la defensa y en segundo lugar, una vez se logre la participación de las partes, se avance a la etapa que permita el examen de los elementos probatorios que darán plena certeza al Juzgador para dictar la sentencia. Tramites que en fase de sustanciación de la causa no han podido efectuarse, debido a la falta de compulsa, así se hizo constar en los Autos dictados por este Tribunal que rielan a los folios 52 y 53 del expediente, evidenciándose de que en la parte Recurrente disminuyó el interés. A partir de lo aquí razonando, se puede deducir que la figura procesal de la perención esta plenamente justificada, en principio, en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar Justicia; y por la otra, en la presunción de abandono del procedimiento de la parte sobre quien recae la carga de dar el impulso procesal necesario, vista su inactividad durante el plazo de un (1) año establecido por la Ley, lo cual comporta la extinción del proceso. Como consecuencia de lo expuesto, este JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el Recurso de Nulidad interpuesto contra PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº: 2010-00003, CORRESPONDIENTE AL EXP Nº 018-2009-01-00573, DICTADA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DE CIUDAD BOLIVAR, ESTADO BOLIVAR, EN FECHA 05 DE ENERO DE 2010. No hay condenatoria en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publíquese, regístrese y déjese copia en el Compilador respectivo. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR, a los Veinte (20) días del mes de Enero de 2014. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación de la República Bolivariana de Venezuela. LA JUEZA, ABG. OLGA VEDE RUIZ EL SECRETARIO, Abg. LUIS ROJAS REQUENA En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia. EL SECRETARIO, Abg. LUIS ROJAS REQUENA FP02-N-2010-000028 20/01/2014 OVR/lr.-