REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, AGRARIO Y TRANSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR El día 25/09/2009 fue admitida la presente demanda de Indemnización de Daños Civiles (Derivado de Accidente de Tránsito) intentada por la ciudadana Irama Concepción Arévalo de Sánchez, debidamente asistida por el abogado en ejercicio, ciudadano Antonio Sánchez Ortiz, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 36.137 y de este domicilio, contra los ciudadanos Carlos Alberto Buitriago Vásquez y Luís Alberto Buitriago Moreno. En fecha 13/10/2009 el alguacil dejó constancia de haber citado al codemandado Carlos Alberto Buitriago Vásquez. En fecha 16/11/2009 el codemandado Carlos Alberto Buitriago Vásquez debidamente asistido por el profesional del derecho Pedro Rafael Goitia dio contestación a la demanda En fecha 21/11/2011 el juez de este despacho se aboco al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación de las partes. El día 22/11/2013 el alguacil consignó boletas de notificación de las partes, señalando que han transcurrido mas de dos (02) años sin poder localizar a las partes, por lo que visto el desinterés de las mismas, es por lo que hizo dicha consignación. En fecha 21/11/2013 el tribunal, vista la consignación del alguacil de fecha 20/11/2013, ordenó la notificación de las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y una vez que constara en autos la fijación en cartelera de dichas notificaciones comenzaría a correr un lapso de diez (10) días de despacho para que se tengan por notificadas las partes del auto de abocamiento. Dicha fijación fue realizada por la secretaria del tribunal el día 22/11/2013. Este tribunal, luego de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el expediente, observa: Que la presente causa ha estado paralizada por falta de impulso procesal por parte de los interesados, desde el día 17/11/2009 hasta la presente fecha (07/03//2014), vale indicar por cuatro (04) años, tres (03) meses y dieciocho (18) días, considera este juzgador traer a colación la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Dr. Rafael Ortiz-Ortiz, en sentencia de fecha 10 de Febrero del 2000, el cual establece lo siguiente “(…) En el ordenamiento Jurídico venezolano, así como en las modernas Legislaciones procesales, la falta de impulso a las causas, se sanciona con la “perención” de la causa, constituyendo con esto una sana política para descongestionar a los Tribunales de aquellos procesos en los cuales las partes les deviene una falta de interés sobrevenida debiendo por tanto este juzgador pasar a analizar si se configura la causal de perención genérica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debiendo asimismo hacer algunos estudios respecto del interés que manifiestan las partes actuantes en el proceso judicial, lo cual hace previas las siguientes consideraciones: Una vez iniciado el proceso judicial con la presentación de la solicitud y la admisión de ésta, nace una relación jurídica, propia del derecho de petición, en la que la solicitante se coloca en la posición de invocar la tutela judicial efectiva a la que está obligado el Estado por intermedio del Poder Judicial, por su parte, el Estado se coloca en la posición de tutelar ese interés jurídico reclamado, llámese la solución de un conflicto o la protección de un interés meramente gracioso. Siguiendo este mismo orden de ideas, decimos que tanto la solicitante debe tener un interés jurídico actual, como el Estado está obligado a tutelar el interés reclamado; de donde se colige que el proceso no es más que el instrumento del que dispone el Estado para garantizar a sus administrados el mantenimiento de la paz social y la consecución de sus derechos particulares, cuando en ellos tengan interés. Así, la carencia de interés por parte del particular, aun luego de iniciado el proceso judicial, genera la convicción en el ánimo garantista del Estado de que su actuación administradora de justicia será inoficiosa, bien porque el conflicto se ha erradicado, bien porque el interés ha perecido. Se trata entonces de hacer realmente efectiva la administración de justicia. Es oportuno traer a colación lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil el cual establece: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…” Ahora bien, de conformidad con la norma procesal antes transcrita y revisadas las actas del proceso observa este jurisdicente, que desde el día 16/11/2009, fecha esta en la cual el codemandado Carlos Alberto Buitriago dio contestación a la demanda, no consta en autos que se hayan realizado actos posteriores del procedimiento que produzcan la interrupción de la perención de la instancia, la cual se ha producido por el transcurso del tiempo señalado en la citada norma adjetiva civil. Asimismo ha sido criterio de la Sala de Casación Civil del más Alto Tribunal la cual ha establecido que: “Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento éste que sólo reafirma un hecho ya cumplido.” (Sentencia de fecha 27 de febrero de 2003, caso A. Malavé contra Constructora Metrovial, C.A.) Como lo ha mantenido frecuentemente, nuestro Tribunal Supremo de Justicia, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzcan para su declaratoria: La falta de gestión procesal, es decir la inercia de las partes y la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. Considera este juzgador, después de haber revisado todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, que en efecto la causa bajo estudio estuvo paralizada por cuatro (04) años, tres (03) meses y dieciocho (18) días, vale indicar, desde el 17/11/2009 hasta la presente fecha (07/03/2014), no realizándose por la interesadas ningún acto que lo impulsara hasta su conclusión, por lo que ciertamente se evidencia la falta de interés de la misma en que dicha solicitud llegara a su conclusión. Por todos los razonamientos antes expuestos, y aunado a ello el principio constitucional que establece “Que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles, este tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario, Agrario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara consumada la PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente asunto con motivo del juicio de Indemnización de Daños Civiles (Derivado de Accidente de Tránsito) intentada por la ciudadana Irama Concepción Arévalo de Sánchez contra los ciudadanos Carlos Alberto Buitriago Vásquez y Luís Alberto Buitriago Moreno. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la sala de audiencias de este tribunal, en Ciudad Bolívar, a los siete (07) días del mes de marzo del año dos mil catorce. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación. El Juez Provisorio, Abg. José Rafael Urbaneja Trujillo.- La Secretaria, Abg. Silvina Coa Martínez.- En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.).- La Secretaria, Abg. Silvina Coa Martínez.- JRUT/SCM/lismaly.