REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO HERES PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR Ciudad Bolívar, catorce de marzo de dos mil catorce 203º y 155º RESOLUCIÓN Nº: PJ0252014000091 ASUNTO: FN02-X-2014-000003 ASUNTO PRINCIPAL: FP02-V-2014-000093 Vista la solicitud de medida cautelar formulada por la parte actora, PEDRO RAFAEL GOITIA MANZANO, en el juicio por INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, incoado contra ANA LUISA FUENTES PEDROZO, plenamente identificados en autos, fundamentada en los artículos 585, 588 ordinal 3º y 600 del Código de Procedimiento Civil, hechos estos que se desprenden del escrito presentado en fecha 09/12/2013, este Tribunal observa lo siguiente: Siguiendo la línea de pensamiento del tratadista Rafael Ortiz Ortiz en cuanto a la tutela jurisdiccional, este jurisdicente acota que, el poder cautelar no puede concebirse como una ‘facultad’, sino más bien, como un ‘poder’, noción esta que nos acerca más a lo que llamaba el maestro Chiovenda, ‘posibilidad’, así: 1.- Todo ‘poder’, toda ‘posibilidad’ implica la habilitación legal para actuar de una determinada manera y, 2.- Todo poder jurisdiccional está al servicio de quien lo solicita; ahora bien, cuando esa ‘posibilidad’ es ejercida en el ámbito del Poder Público, no debe haber duda alguna que la misma se traduce en un ‘poder-deber’. Se trata de un ‘poder’ por cuanto esa ‘posibilidad’ está consagrada a unos órganos determinados del Poder Público Nacional; pero al mismo tiempo se trata de un ‘deber’, porque en presencia de determinadas condiciones, el órgano está obligado a actuar. Con lo cual se debe concluir que la medida cautelar es un ‘poder-deber’ concedido por la ley al juez para que éste pueda, a instancia de parte, garantizar la futura ejecución del fallo y la efectividad del proceso y, consecuencialmente la tutela judicial efectiva. A texto expreso establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Subrayado del tribunal). Ahora bien, el tribunal al decretar las medidas cautelares, debe fundamentar las razones y motivos que lo llevaron a considerar probados los elementos doctrinalmente conocidos como, el periculum in mora y el fumus boni iuris, estableciendo también las consideraciones por las cuales cree que la medida decretada se limita a los bienes estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio, de modo que la facultad para su decreto esta condicionada al cumplimiento de los extremos referidos anteriormente. De esta manera, la procedencia de este tipo de medidas, esta sujeta a que se verifiquen de manera concurrente ciertas condiciones, que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han venido elaborando con alguna uniformidad, estas condiciones están representadas en primer término por la presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris), en segundo lugar que haya la existencia de un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), y por último que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de la anterior circunstancia y del derecho que se reclama; todo dentro de un proceso jurisdiccional. En consecuencia, este juzgador hace suyo el criterio de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 18/11/2004, expediente nº 04-1796, con ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondon Haaz, que citando a Rafael Ortiz-Ortiz, establece lo siguiente: “... (omissis)... ciertamente estamos en presencia de una facultad discrecional, pues ello es lo que indica la conjugación verbal indicativa, “podrá”, pero no debe dejar de percatarse el interprete que la misma norma “condiciona”, esa facultad pues ello es lo que indica el adverbio circunstancial “cuando”... es decir, que para proceder a dictar la medida a pesar de la discrecionalidad el juez debe verificar que se cumpla la condición, esto es, “cuando hubiere fundado temor de que una de las partes, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación y los otros requisitos, es decir, la remisión del articulo 585 es inobjetable, pues no queda duda que la voluntad de la ley es que se cumpla estrictamente con los requisitos previstos en el articulo 585, y tan tajante es la voluntad de la ley que no se contempló en norma alguna la posibilidad de obviar esos requisitos mediante el régimen de caución o fianza, es por ello que estimamos que este tipo de discrecionalidad puede llamarse “discrecionalidad dirigida”, para englobar el hecho de que la cautela es discrecional pero que cumpliéndose con los requisitos exigidos por el legislador procesal, el juez está en la obligación de dictar la medida so pena de incurrir en denegación de justicia con la consecuente obligación de indemnizar civilmente los daños que hubiere causado con su inactividad. “La necesaria motivación del decreto cautelar responde a razones formales y materiales, en el primer caso, debe tenerse presente que la diferencia entre la “arbitrariedad” y la “discrecionalidad” , está justamente en la legitimidad que sólo podría justificarse, además, racionalmente de acuerdo a un ajustado “juicio”, de carácter preliminar pero autosuficiente; la no motivación del decreto hace incurrir al juez en un vicio que anula su acto o, al menos, lo convierte en un acto arbitrario... (omissis)... Pues bien, establecen los artículos 585 y 588 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: Art. 585 Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Art. 588 Ordinal 3º En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas: (…omissis…) 3º La Prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles Las normas antes transcritas son imperativas para este sentenciador, en tanto que, conforme a la ley adjetiva civil, el juez sólo podrá decretar las medidas cuando se cumplan concurrentemente los siguientes requisitos: • Que sean solicitadas dentro de un juicio. • Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) en este caso, debe el solicitante alegar el temor de un daño jurídico posible, inminente o inmediato, o evitar notorios perjuicios que la contraparte de mala fe pueda causar, con consecuencias directas en el proceso principal, en el caso sub exámine, los medios acompañados son suficientes para la existencia de un riesgo manifiesto. • Que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de la circunstancia y del derecho que se reclama (fumus boni iuris), en este supuesto de hecho requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, como en efecto el demandante acompañó documentos que hacen presumir la existencia de un derecho a su favor. Ahora bien, las medidas preventivas tienden a garantizar el resultado práctico de las acciones ejercidas por el acreedor contra el deudor, mediante la toma de precauciones orientadas a impedir el menoscabo de ese derecho, protegiéndolo con mecanismos que permitan colocar de improviso determinados bienes fuera de toda transacción comercial para que queden forzosamente afectados a la satisfacción de las obligaciones que hayan de declararse o reconocerse al final del proceso y, para que esta proceda, el juez debe verificar que se cumplan las condiciones a que se refiere el artículo en cuestión, vale decir que se cumplan estrictamente los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y, por cuanto la respectiva solicitud de la media preventiva requerida llena los extremos del artículo en cuestión debe otorgarse el pedimento hecho por la actora. En el caso bajo análisis se observa; que las copias certificadas del expediente FP02-V-2012-767 presentadas junto con la demanda demuestran la presunción del derecho que tiene el accionante de cobrar sus honorarios profesionales judiciales. En razón a las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un bien inmueble Nº 1 de la Avenida Menca de Leoni, Sector Plaza Las Banderas, Parroquia Agua Salada, Municipio Heres, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, con una superficie de Un Mil Doscientos Treinta y Ocho Metros Cuadrados con Setenta y Un Centímetros (1.238,71 Mts2), alinderado así: NORTE: Terrenos propiedad de Ramón Benítez Arroyo; SUR: Terrenos propiedad de Pedro García y/o el Conjunto Residencial Francisca Duarte; ESTE: Terrenos propiedad de la Sucesión de Jorge Arraje o Herreria, San Rafael; y OESTE: Su frente, Avenida Menca de Leoni; el cual entró en el patrimonio de la ciudadana ANA LUISA FUENTES PEDROZO, según se evidencia del instrumento protocolizado en la Oficina de Registro Civil Inmobiliario del Municipio Heres del Estado Bolívar bajo el Nº 06, folio 31, Tomo 29 del Protocolo de Trascripción de fecha 22 de noviembre del presente año 2013. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 585, 588 ordinal 3° y 600 del Código de Procedimiento Civil. Se acuerda librar oficio al Registrador Inmobiliario del Municipio Heres del Estado Bolívar a los fines que se estampe la nota marginal sobre el asiento registral correspondiente. Ofíciese.- Libre Comisión.- El Juez, Abog. Orlando Torres Abache La Secretaria, Abog. Emilia Caminero Sambrano