TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ
Puerto Ordaz, Veinticuatro (24) de Noviembre del dos mil catorce (2014).-
204º y 155º
ASUNTO: FP11-O-2014-000046

I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE QUERELLANTE: Ciudadano FELIX MARQUEZ, JUAN JOSE MARTINEZ, ALCIDES RAFAEL ROJAS, RORKYS GUZMAN, ANTONIO ACOSTA, RODDY RODRIGUEZ, DEYFID SOLORZANO, CARLOS MIRELLI, NELSON YEPEZ, ANGELUS JOSEFINA HERNANDEZ SALAZAR, FREDY JOSE RONDON, YAGUARIN JOSE GOMEZ CORDOVA, JOSE ENRIQUE RAMIREZ, HECTOR MANUEL LINARES, NAYGLOBYS MEDINA, VARMEN HERNANDEZ, HERNANDEZ FREDDY RAMNO, HERNANDEZ JOSE GREGORIO venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cédula de Identidad Nro. 13.336.587, 2.640.574, 10.655.635, 12.652.599, 12.005.634, 12.007.163, 16.077.484, 13.214.523, 13.058.300, 9.952.720, 10.929.922, 12.273.376, 12.254.579, 13.531.223, 15.852.544, 6.103.378, 12.131.299, 12.545.814 respectivamente.
ABOGADOS ASISTENTE DE LA PARTE QUERRELLANTE: Por los ciudadanos HOOVER QUINTERO, LEANDRO QUINTANA e IRIS VILLENA, Abogados en Ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo losl Nº 92.709, 99.451 y 230.518.
PRESUNTO AGRAVIANTE: CORPORACION ELECTRICA NACIONAL (CORPOELEC).
MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.
I
PREELIMINARES
Este Tribunal le dio entrada al presente Asunto, mediante auto de fecha 24 de Noviembre del 2014 y ordenó la Anotación en el Libro de Registro de Causas respectivo bajo el Nro. FP11-O-2014-000046, y vista la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por el FELIX MARQUEZ, JUAN JOSE MARTINEZ, ALCIDES RAFAEL ROJAS, RORKYS GUZMAN, ANTONIO ACOSTA, RODDY RODRIGUEZ, DEYFID SOLORZANO, CARLOS MIRELLI, NELSON YEPEZ, ANGELUS JOSEFINA HERNANDEZ SALAZAR, FREDY JOSE RONDON, YAGUARIN JOSE GOMEZ CORDOVA, JOSE ENRIQUE RAMIREZ, HECTOR MANUEL LINARES, NAYGLOBYS MEDINA, VARMEN HERNANDEZ, HERNANDEZ FREDDY RAMNO, HERNANDEZ JOSE GREGORIO venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cédula de Identidad Nro. 13.336.587, 2.640.574, 10.655.635, 12.652.599, 12.005.634, 12.007.163, 16.077.484, 13.214.523, 13.058.300, 9.952.720, 10.929.922, 12.273.376, 12.254.579, 13.531.223, 15.852.544, 6.103.378, 12.131.299, 12.545.814 respectivamente.., debidamente asistidos por los ciudadanos MIGUEL ALBERTO TELLO CARRILLO, Abogado en Ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº HOOVER QUINTERO, LEANDRO QUINTANA e IRIS VILLENA, Abogados en Ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo losl Nº 92.709, 99.451 230.518, contra la empresa CORPORACION ELECTRICA NACIONAL (CORPOELEC)., es por lo que procede este Tribunal a su revisión de inmediato a los fines del pronunciamiento sobre su admisión.

En fecha 20 de noviembre de 2014, se adhieren a la presente acción de Amparo Constitucional, los ciudadanos: JOSE ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ, HECTOR MANUEL LINARES GUZMAN, NAIGLOBIS CAROLINA MEDINA MARTINEZ, YAGUARIN JOSE GOMEZ, ANGELUS HERNANDEZ, ALCIDES ROJAS, titulares de la cédula de identidad Nº 12.254.579, 13.531.223, 15.852.544, 12.273.376, 9.952.720, 10.655.635, respectivamente, debidamente asistidos por el ciudadano LEANDRO QUINTANA, abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 99.451.

II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Señaló la parte accionante, como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
En el Escrito Libelar:
Que:
“…Que la entidad de trabajo CORPOELEC, se niega cancelarles el salario a pesar de que ininterrumpidamente han venido cumpliendo con sus jornadas de trabajo. Tal negativa al pago del salario se debe a que no se encuentran censados en el denominado CENSO DE LA DATA MAESTRA, condicionando de esta forma flagrantemente violatoria sus derechos constitucionales a percibir el salario que generaron por vía de sus servicios, tener que registrarse en el mencionado CENSO. En este sentido, debemos indicar que, y si que ello signifique que convalidamos el condicionamiento impuesto inconstitucionalmente por el patrono, que, esta no ha cumplido en modo alguno con la implementación de formas adecuadas para que todos los trabajadores estén a la fecha de hoy, registrados en el referido CENSO, pues, la mayoría de los aquí accionantes son trabajadores de áreas operativas, foráneos y administrativas.
Al respecto indican que, ni la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ni la Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, prevén como condición para que los trabajadores perciban su salario el cumplimiento de lineamientos internos de la patronal, sino la perfección de su labor enmarcada en su descripción de cargo o bien en cada contrato individual.
Que el artículo 91 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela consagra que “ Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un Salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizara el pago de igual salario por igual trabajo y se fijara la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagara periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaría de conformidad con la ley” Por otra parte, el articulo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, prevé “ La prestación de servicio en la relación de trabajo será remunerada, Toda violación a esta norma por parte del patrono o de la patrono, acarreara las sanciones previstas en esta ley”.
En este orden, el salario es tenido como componente transversal del proceso social trabajo, cuyo contenido sustancial transciende de la persona del trabajador y arropa la esfera del núcleo familiar de forma ineludible y directa, como un sistema social humano, asociada a la prevalencia de la dignidad humana y los derechos que de ella dimanan, de todos sus miembros; vale decir el salario, como consecuencia del trabajo, es una garantía de carácter constitucional que persigue asegurar el bienestar no solo del trabajador sino el de su familia en cuanto a la satisfacción básica, al menos, de aquellos derechos que son inherentes al desarrollo integral de la persona humana, que requieren ser satisfechos día a día como por ejemplo la alimentación, etc, de allí la inmediatez del apercibimiento del mismo de forma semanal, quincenal, y en algunos casos, mensual, para así poder satisfacer dichas necesidades esenciales vinculadas además a la salud orgánica y psicológica de los trabajadores y su familia, quien no percibe su salario no tendrá la posibilidad de ir al supermercado para hacerse del bastimento necesario para su alimentación diaria y la de su familia; estaría igualmente impedido de atender cualquier situación de emergencia que le acaezca que deba cubrir porque el seguro no lo cubre; no tendría asegurado el derecho a alguna forma de recreación que tradicionalmente practique con su familia gracias a la proyección que realiza con base a su salario; igualmente se vería impedido de sufragar gastos de educación privada, entre otros, todos estos derechos inherentes al desarrollo integral de la persona humana.
El estado Venezolano, ha adquirido responsabilidad ante la comunidad internacional de los derechos humanos, respecto a este derecho, el de un salario en igualdad de condiciones y bajo el principio de igual trabajo igual salario, precisamente en el marco de la protección internacional como derecho humano fundamental, del salario.
…” Como en el que se ha constituido Venezuela de conformidad con el articulo 2 de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, no cabe la tolerancia en el marco jurídico de violaciones como la que se denuncia mediante la presente acción de amparo constitucional, es, violentar el mandato Constitucional de garantizar y respetar el derecho humano de percibir un salario como contraprestación vinculante para el empleador, y, además usurpar el Poder Originario del Pueblo Soberano Constituyente al legislar sobre la materia, valga decir, CORPOELEC reformo el texto Fundamental y la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores, al condicionar a los trabajadores, a registrarse en el CENSO DE LA DATA MAESTRA, para percibir su salario a de estar cumpliendo íntegramente con las jornadas diarias de trabajo, olvidando que el pago del salario es una de sus obligaciones principales en la relación contractual, pues, se insiste, en otros términos, nuestro Estado democráticos y social de derecho y de Justicia, y las actuaciones contrarias a la Constitución y a la Ley son nulas de nulidad absoluta y acarrean responsabilidad personal para el funcionario que en ella incurra.

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO

Antes de examinar la admisibilidad de la solicitud de amparo presentada, es menester que este Juzgado actuando en sede Constitucional establezca el asunto relacionada con su competencia para conocer de la acción intentada. Al respecto se observa lo siguiente:

El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra la norma rectora que fija la competencia per gradum, ratione materiae y ratione loci, para conocer de las acciones de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan por vía autónoma.

De acuerdo al análisis del artículo en referencia se desprende el enlace entre la materia natural del juez y los derechos y garantías denunciados como lesionados, se constituye un elemento definidor para dilucidar la competencia del amparo constitucional, y se le atribuye a los tribunales que conozcan en primera instancia.

Por otra parte, en Sentencia Nº 1 de fecha 20 de Enero del 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus atribuciones distribuyó la Competencia en Materia de Amparo de la siguiente manera:

“…Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:

1.-Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.
2.-Asimismo, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.
3.-Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.
4.- En materia penal, cuando la acción de amparo tenga por objeto la libertad y seguridad personales, será conocida por el Juez de Control, a tenor del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que los Tribunales de Juicio Unipersonal serán los competentes para conocer los otros amparos de acuerdo a la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación que sea afín con su competencia natural. Las Cortes de Apelaciones conocerán de las apelaciones y consultas de las decisiones que se dicten en esos amparos.
5.-La labor revisora de las sentencias de amparo que atribuye el numeral 10 del artículo 336 de la vigente Constitución a esta Sala y que será desarrollada por la ley orgánica respectiva, la entiende esta Sala en el sentido de que en los actuales momentos una forma de ejercerla es mediante la institución de la consulta, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero como la institución de la revisión a la luz de la doctrina constitucional es otra, y las instituciones constitucionales deben entrar en vigor de inmediato, cuando fuera posible, sin esperar desarrollos legislativos ulteriores, considera esta Sala que en forma selectiva, sin atender a recurso específico y sin quedar vinculado por peticiones en este sentido, la Sala por vía excepcional puede revisar discrecionalmente las sentencias de amparo que, de acuerdo a la competencia tratada en este fallo, sean de la exclusiva competencia de los Tribunales de Segunda Instancia, quienes conozcan la causa por apelación y que por lo tanto no susceptibles de consulta, así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala, dictada en materia constitucional, ello conforme a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...” (Subrayado de este Tribunal)

De tal forma que, siendo intentada la presente acción de amparo contra la Violación del Derecho a la Libertad Sindical, corresponde el conocimiento de la presente acción a este Tribunal de Primera Instancia. Y así se decide.-

IV

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN PROPUESTA

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisión o no de la indicada demanda constitucional, el Tribunal pasa a hacerlo sobre la base de las siguientes consideraciones:

Sostiene este despacho que, para que la pretensión de amparo pueda ser admitida, es necesario examinar una serie de condiciones imprescindibles, cuales son las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; de estricta sujeción al orden público, a los fines de poder dictaminar sobre este aspecto.

Se hace necesario, entonces, extraer los argumentos esbozados por el presunto agraviado en la solicitud de amparo, veamos:

“…Que la entidad de trabajo CORPOELEC, se niega cancelarles el salario a pesar de que ininterrumpidamente han venido cumpliendo con sus jornadas de trabajo. Tal negativa al pago del salario se debe a que no se encuentran censados en el denominado CENSO DE LA DATA MAESTRA, condicionando de esta forma flagrantemente violatoria sus derechos constitucionales a percibir el salario que generaron por vía de sus servicios, tener que registrarse en el mencionado CENSO. En este sentido, debemos indicar que, y si que ello signifique que convalidamos el condicionamiento impuesto inconstitucionalmente por el patrono, que, esta no ha cumplido en modo alguno con la implementación de formas adecuadas para que todos los trabajadores estén a la fecha de hoy, registrados en el referido CENSO, pues, la mayoría de los aquí accionantes son trabajadores de áreas operativas, foráneos y administrativas.
Al respecto indican que, ni la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ni la Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, prevén como condición para que los trabajadores perciban su salario el cumplimiento de lineamientos internos de la patronal, sino la perfección de su labor enmarcada en su descripción de cargo o bien en cada contrato individual. ” (Cursivas añadidas).

De los hechos reseñados precedentemente, así como el petitorio del amparo, extrae quien suscribe que la pretensión de tutela constitucional está vertida en los siguientes hechos: a) en la presunta violación del derecho a cobrar los salarios retenidos y las utilidades.

Así pues, en lo que respecta a las causales de inadmisibilidad de la pretensión de amparo previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha sido criterio pacífico del Tribunal Supremo de Justicia el considerar impertinente el empleo del amparo para el logro de un propósito que puede ser alcanzado mediante la implementación de otros recursos procesales, por cuanto tal proceder implica la subversión del orden legal establecido y la consecuente esterilidad del resto de herramientas procedimentales previstas en la ley para tales efectos.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado en relación a la admisibilidad de la pretensión de amparo indicando que la misma procede en los siguientes supuestos: a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores, por lo que, en consecuencia ante la interposición de una pretensión de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos. (Sentencia del 09 de noviembre de 2001, caso: Oly Henríquez de Pimentel).

En esta tendencia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1496 del 13 de agosto de 2001 (caso Gloria Rangel Ramos), ratificada posteriormente en sentencia Nº 1091 del 31 de julio de 2009 (caso Daniel, C. A.), estableció:

“...la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.
De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.
Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso” (Cursivas añadidas).

En atención a las sentencias comentadas, puede afirmarse que ante la interposición de una pretensión de amparo constitucional, los tribunales deberán examinar previamente si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos pertinentes, pues de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la pretensión, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente. Por lo tanto, sólo puede proponerse inmediatamente la pretensión de amparo sin agotar los medios o recursos adjetivos disponibles, cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento de los derechos lesionados, sin que pueda alegarse la lentitud del proceso o sus consecuentes incidentes.

En este orden de ideas, advierte esta Sentenciadora que la pretensión de amparo constitucional que se intenta, está sustentada en el hecho de que la empresa COPRORACION NACIONAL ELECTRICA (CORPOELEC) no ha pagado los salarios retenidos y las utilidades desde el día 30 de de octubre de 2014, por cuanto los accionantes no se encuentran censados en el denominado CENSO DE LA DATA MAESTRA

El numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(omissis)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”. (Cursivas y negrillas añadidas).

El alcance de la causal de inadmisibilidad prevista en la norma antes transcrita referida a la circunstancia en que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes, ha sido interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que sobre el mismo tema del amparo constitucional exista un juicio en curso diverso al del amparo, ya que ello significa que el accionante no consideraba de carácter inmediato la lesión de su situación jurídica; o que haya usado otros medios judiciales para reparar su situación. Cuando esto ocurra, el presunto agraviado no puede solicitar tutela constitucional, debido a que él consideró que la vía previamente utilizada era la idónea para obtener la restitución de la situación jurídica que alega infringida (Vid. Sentencia Nº 2913 del 20/12/2002 de la Sala Constitucional).

En este sentido, como lo ha referido supra esta sentenciadora, ha advertido la Sala Constitucional que el amparo constitucional sólo se admite –para su existencia armoniosa con el sistema jurídico- ante la inexistencia de una vía idónea para el restablecimiento inmediato de un derecho o garantía constitucional conculcado. Por esta razón, pretender utilizar el amparo constitucional, cuando existen mecanismos idóneos para tutelar la situación jurídica constitucional que se alega infringida, haría nugatorio el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales dispuestas por el ordenamiento jurídico.

En sentencia 2369/2001, caso: Parabólicas Service´s Maracay, C. A., ratificada luego por las sentencias 2529/2001, 341/2002 y 865/2002 la Sala Constitucional estableció que el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la pretensión de amparo, al disponer:

“...en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aún en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad. de Moisés Nilve)” (Cursivas y subrayado añadido).

Ahora bien, resulta oportuno señalar el contenido del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual establece: “La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional”(cursivas añadidas)

La disposición antes transcrita establece cuando es procedente la acción de amparo constitucional al señalar: “cuando no exista un medio procesal breve sumario y eficaz acorde con la protección constitucional”, por lo que debe entenderse del artículo trascrito que cuando existan vías ordinarias o medios judiciales eficaces preexistentes para la protección de un Derecho; el ejercicio de la acción de amparo es impertinente, de modo que la aplicación de esta disposición es necesaria para evitar que se desnaturalice la tutela privilegiada de los derechos constitucionales, lo cual se adecua a la disposición antes mencionada, por otra parte; el Artículo 6 en su Ordinal 5° establece que no se admitirá la acción de amparo: “Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales preexistentes” al respecto de la interpretación de esta causal de inadmisibilidad antes señalada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en forma reiterada ha establecido que la causal de inadmisibilidad contenida en el Ordinal 5° del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe aplicarse bien en el supuesto que el agraviado haya recurrido a los medios judiciales preexistentes o bien; cuando teniendo los mismos a su disposición no los aplicó, tal y como sucede en el caso que nos ocupa.-

Concluyendo esta juzgadora, que las reclamaciones esgrimidas por los accionantes, no pueden ser admitidas por esta vía de amparo constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en las reiteradas jurisprudencia de la Sala Constitucional arribas citadas, por lo que se infiere que se esta en presencia de una solicitud de carácter ordinaria, que escapan del control Jurisdiccional del Juez de Amparo, que bien puede ser resuelto a través, de la vía judicial ordinaria.

Así pues, la inadmisibilidad se configura no solo cuando el accionante ha hecho uso de los medios judiciales ordinarios preexistentes para reclamar su derecho sino también cuando pudiendo disponer de tales recursos judiciales no lo hizo oportunamente.

Es importante traer a colación la Sentencia de fecha 07 de junio de 2010 dictada en le expediente Nº 09-0758 con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, que a lo tenor dice lo siguiente:

…”. Precisado lo anterior, luce evidente que en caso bajo análisis, el requisito de agotamiento de la vía judicial ordinaria no se encuentra satisfecho, ya que de los autos se evidencia que el accionante debió ejercer el recurso de nulidad por ante esta jurisdicción y así no lo hizo, tal y como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo interprete de la norma constitucional y por criterio vinculante…” (Cursiva de este Tribunal).

Estos razonamientos obedecen a que es criterios pacifico y reiterado de la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo a la vinculación de la acción de amparo con el resto de los medios judiciales previstos en el ordenamiento jurídico, que es vital para su admisibilidad, además de la denuncia de violación de derechos y garantías de orden constitucionales, que no exista otro medio procesal ordinario y adecuado, pues el amparo, dada su naturaleza propia, no es utilizable sino para situaciones de evidente vulneración de la Constitución.

Ahora bien, en el presente caso, observa este Tribunal que el acto presuntamente lesivo de los derechos y garantías constitucionales del demandante lo constituye el hecho de que la empresa CORPORACION NACIONAL ELECTRICA (CORPOELEC), no ha pagado los salarios retenidos y utilidades por no encontrarse los accionantes registrados en el CENSO DE LA DATA MAESTRA; considera quien decide, con relación a este hecho que denuncian como lesivo de sus derechos constitucionales, el presunto agraviado, debieron optar por hacer uso de los medios judiciales preexistentes, y no la vía de amparo, porque si bien es cierto es un derecho fundamental, el mismo se encuentra tutelado en la norma y así mismo fue señalado por los accionantes es su escrito libelar cuando hacen mención al artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadoras, (folio 04) de la presente pieza, lo que se traduce en la inadmisibilidad de la pretensión constitucional basada en este hecho, tal como lo dispone el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “No se admitirá la acción de amparo: …5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes” (Cursivas añadidas). Así se decide.

De manera que debe este Tribunal, reiterar los criterios establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al entender que la acción de amparo se constituye como un mecanismo residual de la tutela privilegiada de los derechos y garantías constitucionales, admisible únicamente cuando el legislador no ha previsto otra forma o mecanismo idóneo para salvaguardar estos derechos, o cuando habiendo sido prevista la posibilidad de tales mecanismos, estos no puedan ser alcanzados por el justiciable o resulten claramente nugatorios.

En tal sentido esta Juzgadora, haciendo eco de las reiteradas jurisprudencias en materia constitucional, la cual ha interpretado en forma extensiva la causal de inadmisibilidad prevista en el articulo 6 numeral 5 en concordancia con el articulo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableciendo que no solo es inadmisible el amparo cuando se ha acudido a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía para ejercer los mecanismos establecidos para tal fin, no lo hacen, utilizando el remedio extraordinario constitucional, razón por la cual debe declararse INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional, incoada por la el ciudadano FELIX MARQUEZ, JUAN JOSE MARTINEZ, ALCIDES RAFAEL ROJAS, RORKYS GUZMAN, ANTONIO ACOSTA, RODDY RODRIGUEZ, DEYFID SOLORZANO, CARLOS MIRELLI, NELSON YEPEZ, ANGELUS JOSEFINA HERNANDEZ SALAZAR, FREDY JOSE RONDON, YAGUARIN JOSE GOMEZ CORDOVA, JOSE ENRIQUE RAMIREZ, HECTOR MANUEL LINARES, NAYGLOBYS MEDINA, VARMEN HERNANDEZ, HERNANDEZ FREDDY RAMNO, HERNANDEZ JOSE GREGORIO venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cédula de Identidad Nro. 13.336.587, 2.640.574, 10.655.635, 12.652.599, 12.005.634, 12.007.163, 16.077.484, 13.214.523, 13.058.300, 9.952.720, 10.929.922, 12.273.376, 12.254.579, 13.531.223, 15.852.544, 6.103.378, 12.131.299, 12.545.814 respectivamente., contra la contra la empresa COPRORACIÓN NACIONAL ELECTRICA (CORPOELEC), Así se decide

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

ÚNICO: INADMISIBLE el Amparo Constitucional, interpuesto por los ciudadanos FELIX MARQUEZ, JUAN JOSE MARTINEZ, ALCIDES RAFAEL ROJAS, RORKYS GUZMAN, ANTONIO ACOSTA, RODDY RODRIGUEZ, DEYFID SOLORZANO, CARLOS MIRELLI, NELSON YEPEZ, ANGELUS JOSEFINA HERNANDEZ SALAZAR, FREDY JOSE RONDON, YAGUARIN JOSE GOMEZ CORDOVA, JOSE ENRIQUE RAMIREZ, HECTOR MANUEL LINARES, NAYGLOBYS MEDINA, VARMEN HERNANDEZ, HERNANDEZ FREDDY RAMNO, HERNANDEZ JOSE GREGORIO venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cédula de Identidad Nro. 13.336.587, 2.640.574, 10.655.635, 12.652.599, 12.005.634, 12.007.163, 16.077.484, 13.214.523, 13.058.300, 9.952.720, 10.929.922, 12.273.376, 12.254.579, 13.531.223, 15.852.544, 6.103.378, 12.131.299, 12.545.814 respectivamente, y los adheridos a la presente acción de amparo constitucional los ciudadanos: JOSE ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ, HECTOR MANUEL LINARES GUZMAN, NAIGLOBIS CAROLINA MEDINA MARTINEZ, YAGUARIN JOSE GOMEZ, ANGELUS HERNANDEZ, ALCIDES ROJAS, titulares de la cédula de identidad Nº 12.254.579, 13.531.223, 15.852.544, 12.273.376, 9.952.720, 10.655.635, respectivamente, debidamente asistidos por el ciudadano LEANDRO QUINTANA, abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 99.451contra la empresa CORPORACION NACIONAL ELECTRICA (CORPOELEC),
Publíquese, regístrese y déjese copia en el compilador respectivo, publíquese en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIO,

Abg. MARVELYS PINTO FUENTES.
EL SECRETARIO DE SALA,

Abg. CARMEN GARCIA.