REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar
205º y 156º

ASUNTO: FP11-G-2014-000185

En la Demanda por Reajuste de Pensión de Incapacidad incoada por la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.883.096, representado judicialmente por la abogada Tibisay Lara Ojeda, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 86.361, contra la GOBERNACION DEL ESTADO BOLÍVAR, representado judicialmente por los abogados Fraymar Hernández, Ricardo Bernal, Cecilia Jiménez, Milady Berti, Marlevis Medina, Matilde Goncalves, Stefany Guaura y Daniela Reyes, Inpreabogado Nros. 125.726, 131.609, 99.188, 45.376, 218.287, 39.066, 227.432 y 134.008 respectivamente, procede este Juzgado a pronunciar la sentencia con la siguiente motivación:

I. ANTECEDENTES

I.1. De la pretensión. Mediante demanda presentada el diez (10) de diciembre de 2014 la parte recurrente fundamentó su pretensión de reajuste de pensión de jubilación contra el Estado Bolívar. Cursante del folio 1 al 3.

I.2. De la admisión. Mediante sentencia dictada el dieciséis (16) de diciembre de 2014 se admitió la demanda interpuesta, ordenándose su tramitación por el procedimiento establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el emplazamiento del Procurador General del Estado Bolívar y la notificación del Gobernador del Estado Bolívar. Cursante al folio 16.

I.3. Mediante auto dictado el dieciséis (16) de marzo de 2015 se ordenó comisionar al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de practicar el emplazamiento del Procurador General del Estado Bolívar y la notificación del Gobernador del Estado Bolívar. Cursante al folio 31.

I.4. El veinte (20) de abril de 2015 se recibieron las resultas provenientes del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar contentiva de la citación del Procurador General del Estado Bolívar y la notificación del Gobernador del Estado Bolívar, cumplida. Cursante al folio 36.

I.5. De la contestación. Mediante escrito presentado el ocho (08) de junio de 2015 la representación judicial de la parte recurrida dio contestación a la demanda, solicitando se declare sin lugar la demanda interpuesta. Cursante a los folios 50 al 58.

I.6. Mediante auto dictado el nueve (09) de junio de 2015 la Jueza Temporal de este Despacho se abocó al conocimiento de la presente causa. Cursante al folio 87 y 88.

I.7. De la audiencia preliminar. El quince (15) de julio de 2015 se celebró la Audiencia Preliminar con la comparecencia de la abogada Tibisay Lara, Inpreabogado Nº 86.361, en su carácter apoderada judicial de la parte demandante. Asimismo el abogado Ricardo Bernal Inpreabogado Nº 131.609, en su carácter de abogado Sustituto de la parte demandada del Procurador General del Estado Bolívar. Se abrió la causa a pruebas. Cursante al folio 89.

I.8. Mediante escrito presentado el veintiuno (21) de julio de 2015 la representación judicial de la parte recurrida ratificó el valor probatorio de las documentales promovidas con la contestación de la demanda y promovió pruebas de informes. Cursante del folio 91 al 94.

I.9. Mediante escrito presentado el veintisiete (27) de julio de 2015 la representación judicial de la parte recurrente promovió documentales y ratifico el valor probatorio de las acompañadas al libelo de demanda. Cursante al folio 96.

1.10. Mediante auto dictado el cuatro (04) de agosto de 2015, se admitieron las pruebas promovidas por la partes. Cursante a los folios 101 y 102.

1.11. De la audiencia definitiva. El veintitrés (23) de noviembre de 2015 se celebró la audiencia definitiva con la comparecencia de la abogado Tibisay Lara, Inpreabogado Nº 86.361, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente y la abogada Daniela Reyes, Inpreabogado Nº 134.008, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrida. Se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho siguientes para dictar el dispositivo del fallo. Cursante al folio 128.

I.12. Dispositiva. Mediante auto dictado el treinta (30) de noviembre de 2015 se dictó el dispositivo del fallo declarándose, PRIMERO: INADMISIBLE LA DEMANDA POR REAJUSTE DE PENSION DE JUBILACION incoado por la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, desde el mes de septiembre del 2013 hasta agosto de 2014 por haber operado la caducidad de la acción. SEGUNDO: SIN LUGAR la DEMANDA POR REAJUSTE DE PENSION DE JUBILACION desde el mes de septiembre de 2014 hasta diciembre de 2014, incoado por la Ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO contra el ESTADO BOLIVAR. Cursante al folio 140.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Observa este Juzgado que la controversia a resolver judicialmente consiste en la reclamación formulada por la ciudadana Betty Margarita Paul Marrero contra el Estado Bolívar, pretendiendo de la demandada, Gobernación del Estado Bolívar, el pago de las diferencias salariales (Pensión) de la Homologación Retroactiva de su pensión integral o total, incluyendo las diferencias por Aguinaldo y Bono Recreacional, comprendidas entre los meses de Septiembre de 2013 a Diciembre de 2014, para un total general de Ochenta Y Tres Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Bolívares Con Noventa Y Un Céntimos (Bs. 83.942,91), según a su decir se demuestra y especifica en la hoja de calculo elaborado por la Contadora Pública Marolqui Zairet Requena. Que le reconozca retroactivamente la Homologación respecto a los Docentes Activos Nacionales ordenada por el Decreto Presidencial Nº 649 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312 del 10 de diciembre de 2013, incluyendo además, el diez por ciento (10%) del diferencial salarial establecido en la Cláusula 112 de la IX Convención Colectiva de los Docentes del Estado Bolívar. Se cita los alegatos esgrimidos:
“...omissis...
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL LEGAL Y CONVENCIONAL DEL DERECHO A LA HOMOLOGACIÓN DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS DOCENTES EN EL ESTADO BOLÍVAR
Las normas claras y expresas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Orgánica de Educación, de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y su Reglamento, la Ley del Estatuto de la Función Pública y las Convenciones Colectivas de los Trabajadores Docentes del Ejecutivo del Estado Bolívar, disponen que son ADQUIRIDOS, IRRENUNCIABLES Y PROGRESIVOS los derechos a las jubilaciones y las incapacidades de los DOCENTES nacionales, estadales y municipales en Venezuela, en especial en el Estado Bolívar, y como expresión directa, consecuencial y obvia de esos DERECHOS A LA JUBILACIÓN Y LA INCAPACIDAD, también lo son, los correspondientes DERECHOS A LA REVISIÓN, REAJUSTE Y HOMOLOGACIÓN INTEGRAL DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS Y DE INCAPACIDAD, por cuanto, ambos DERECHOS (a la jubilación y a la incapacidad, así como a sus modificación, revisión reajuste y homologación a montos INTEGRALES O TOTALES) forman parte del sistema de seguridad social, como forma efectiva de protección a la vejez o incapacidad de los docentes, especialmente en esta época de grave inflación y de alto costo de vida. El docente jubilado o el pensionado, tiene el legítimo y justo derecho a percibir una pensión total o completa de un ciento por ciento (100%), que incluye el salario o sueldo básico más las primas o conceptos devengados para la fecha de otorgamiento de ese derecho de jubilación o incapacidad para disfrutar un nivel de vida acorde con la realidad económica, cónsono con los principios de dignidad que establece la Carta Magna, que le garantice, en lo posible, un sistema de seguridad social que eleve y asegure su calidad de vida. Dicho DERECHO AL REAJUSTE Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL INTEGRAL fue reconocido expresamente por la paradigmática sentencia de la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia de 7 de octubre de 1999, fundamentada en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Educación vigente en esa época, cuyos precedentes legal y jurisprudencial fueron reconocidos y pactados en el acta-convenio e fecha 12 de junio de 2002, suscrita entre los Gremios Docentes y el Ejecutivo del Estado Bolívar; constituyendo esa homologación o ajuste integral una proyección directa o un complemento necesario del derecho mismo a la jubilación o a la incapacidad por cuanto a través de éste, el Estado procura mantener en el tiempo la esencia e integridad de esos derechos- beneficios (jubilación e incapacidad y homologación integral en el tiempo de sus pensiones). Además, en lo concreto, la aplicación a través del tiempo de la revisión, ajustes y homologación de LOS MONTOS TOTALES E INTEGRALES EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN O INCAPACIDAD DE LOS DOCENTES, es reconocida expresamente en los respectivos DECRETOS DE JUBILACIÓN O INCAPACIDAD que disponen que LAS PENSIONES SE CANCELEN PORCENTUALMENTE AL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL MONTO DEL ULTIMO SUELDO O SALARIO DEVENGADO, esto es, insisto, al inclusión del salario básico más otros derechos laborales, tales como PRIMAS, ESPECIALIZACIONES; cumpliendo así dichos Decretos con los principio de la PROGRESIVIDAD E IRRENUNCIABILIDAD consagrados en el artículo 89 de la Carta Magna, el artículo 41 de la vigente Ley Orgánica de Educación (antes art. 100 de la Ley derogada), la sentencia del 7 de octubre de 1999 de la Corte Suprema de Justicia, el Acta Convenio del 12 de Junio de 2002 y las reiteradas CLÁUSULAS de las CONVENCIONES COLECTIVAS que ampran a los Docentes, que en la IX CONVENCIÓN son las CLÁUSULAS 63 y 108, por cuyas razones, se concluye finalmente que la Administración Estadal debe cumplir cabalmente con lo establecido en la Constitución, la Ley, el Reglamento y la Convención Colectiva; siendo tan obvia, la aplicación del MONTO DE LA PENSIÓN INTEGRAL O TOTAL DEL JUBILADO O PENSIONADO para los reajustes u homologación, que cualquier pretensión unilateral y arbitraria de las Autoridades del Ejecutivo Estadal que pretenda modificar o desmejorar el referido Derecho Adquirido, es violatoria de esos PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA IRRENUNCIABILIDAD Y LA PROGRESIVIDAD del monto integral o total en que fue jubilado o incapacitado el docente, reconocidos expresamente en la Ley Orgánica de Educación y en el mismo Decreto de Jubilación o Incapacidad dictado por el Gobernador, y además, de la antigua y unánime jurisprudencia de casación, del acta convenio del 12 de junio de 2002 y de la reiterada CONVENCIÓN COLECTIVA.- igualmente señalo que mi DERECHO A PERCIBIR SIEMPRE UNA PENSIÓN TOTAL O INTEGRAL, que me fue reconocido con el referido Decreto del Ejecutivo Estadal, se me ha venida cancelando, constituyendo así, laboralmente, un DERECHO ADQUIRIDO, repito, cumplido y reiterado en el tiempo por el Ejecutivo Estadal. Al respecto, hago valer la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 25 de enero de 2005, que estableció: “( en síntesis, el articulo 80 de la CRBV disponen (sic) que las jubilaciones y su correspondiente reajuste, forman parte del sistema de seguridad social, pues, protegiendo al ciudadano en la vejez o por incapacidad, facultan al jubilado para percibir una pensión acorde a la realidad económica, consona con los principios de dignidad que recoge el texto fundamental…”
En este contexto, destaco que, el principio de la Seguridad Social del cual forman parte los referidos DERECHOS ADQUIRIDOS (la declaratoria de incapacidad y el pago de la pensión integral) es de orden público y no se puede modificar ni por convención colectiva no por acuerdo entre particulares. También destaco que, los artículos 91 y 92 de Carta Fundamental, establecen los derechos que tienen los trabajadores docentes a un salario suficiente que les permitan vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia sus necesidades básica materiales, sociales e intelectuales, y que los salarios son créditos laborales de exigibilidad inmediata.
En resumen, específicamente los mencionados derechos sociales para los docentes en el Estado Bolívar, están establecidos y ampliados, claramente, en los artículos 80 y 86 de la constitución de la república Bolivariana de Venezuela; el artículo 42 de la Ley Orgánica de Educación; los artículos 13 y 27 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y el artículo 16 de su Reglamento; y los artículos 23, 27 y 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; el Decreto 649 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312 de fecha 10 de diciembre de 2013 y en los cláusulas 63, 108 y 112 de la IX CONVENCIÓN COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DOCENTES, actualmente vigente.
EL CERCENAMIENTO A MI DERECHO A LA HOMOLOGACIÓN TOTAL O INTEGRAL DE MI PENSIÓN
Mediante Decreto Nº 2013 del 01 de julio de 2010, el Gobernador del Estado bolívar, me otorgó la PENSIÓN POR INCAPACIDAD cuando desempeñaba el cargo de DOCENTE V (Art. 77 33 horas) en la Dirección de Educación, adscrita a la Secretaria de Educación del Ejecutivo del Estado Bolívar, reconociéndoseme un porcentaje del ciento por ciento (100%) en el monto del último salario integral o total devengando por mí en dicho cargo, incluyéndoseme el monto del sueldo básico devengado por mí en dicho cargo, incluyéndoseme el monto del sueldo básico devengado como DOCENTE V y la PRIMA DE: PROFESIONALIZACIÓN y EDUCACIÓN ESPECIAL, según se evidencia del citado Decreto que consigno marcado “A”. La mencionada Pensión equivalente al ciento por ciento de mi salario o sueldo INTEGRAL me la cancelan desde el mes de julio del año 2010, tal como consta de los recibos que produzco y opongo marcados “B”. Dicho monto integral siempre se me canceló, con un diferencial favorable respecto a docentes nacionales, como se demuestra de los referidos recibos de pagos marcados “B”, constituyendo un DERECHO ADQUIRIDO, fundamentando en las CLAUSULAS 63, 108 y 112 de la IX CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO suscrita con la Gobernación del Estado Bolívar, cuyo DERECHO ha sido reconocido expresamente desde las anteriores CONVENCIONES COLECTIVAS; dicho derecho adquirido, tiene su origen en la sentencia del 7 de octubre de 1999 de la sala político Administrativa de la corte Suprema de Justicia, (omissis).
El referido DERECHO ADQUIRIDO A LA REVISIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE MI PENSIÓN TOTAL, siempre se calculó, según la REMUNERACIÓN INTEGRAL, correspondiente a la categoría o escalafón del cargo que desempeñaba y también a los conceptos o primas reconocidos por el Ejecutivo Estadal para la fecha en que se me otorgó dicha PENSIÓN.
En cumplimiento de la CLAUSULA QUINTA de su VII CONVENCIÓN COLECTIVA a los DOCENTES NACIONALES, se les acordó el siguiente aumento de su escala salarial: a.) un 25% para el 01 de septiembre de 2013; b.) un veinticinco por ciento (25%) para el 01 de octubre de 2013; un diez por diento (10%) para el 01 de junio de 2014; y un quince por ciento (15%) para el 01 de septiembre de 2014.-
Destaco que los docentes activos y pasivos (jubilados y pensionados) de la Administración Pública Nacional vienen percibiendo sus referidos incrementos salariales en forma integral, no salario básico.-
Cumpliendo con el principio de la igualdad consagrado en el articulo 21 constitucional y del antiguo principio laboral “que a trabajo igual, salario igual” el Gobierno Nacional mediante Decreto Presidencial Nº 649 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312 del 10 de diciembre de 2013, extendió mediante HOMOLOGACIÓN a los docentes estadales y municipales (activos y pasivos) el mencionado INCREMENTO SALARIAL INTEGRAL otorgado por la referida Convención Colectiva a los DOCENTES NACIONALES: activos y pensionados; cuya homologación debe pagarse retroactivamente.
El 25 de septiembre de 2014, el Ejecutivo del Estado Bolívar, previo cumplimiento del diferencial salarial acordado en la CLAUSULA 112 de la IX CONVENCIÓN COLECTIVA ESTADAL actualizó, con carácter RETROACTIVO, el MONTO INTEGRAL DE HOMOLOGACIÓN SALARIAL A LOS DOCENTES ACTIVOS ESTADALES.- En cuanto a los DOCENTES JUBILADOS O INCAPACITADOS el 30 de septiembre de 2014, las Autoridades del Ejecutivo Estadal ordenaron pagarle la referida HOMOLOGACIÓN SALARIAL, pero, A SALARIO BASICO, eliminando arbitrariamente las primas y derechos correspondientes a: RURALIDAD 8CLAUSULA 105 IX convención); PROFESIONALIZACIÓN (cláusula 69 IX Convención); PRIMA POR JERARQUÍA (cláusula 71); PRIMA por Residencia RURAL (cláusula 67) y otros, que son DERECHOS ADQUIRIDOS por CONVNECIONES COLECTIVAS, y que se han reconocido y cancelado anteriormente a los DOCENTES ACTIVOS, Y OBVIAMENTE, A LOS JUBILADOS E INCAPACITADOS.- Para demostrar los pagos incompletos y arbitrarios, a pensión básica se anexa recibos marcados “C”
El mencionado CERCENAMIENTO DE LOS REFERIDOS DERECHOS QUE FORMAN PARTE DE LA PENSIÓN TOTAL O INTEGRAL CORRESPONDIENTE a docentes JUBILADOS E INCAPACITADOS, se demuestra con los recibos de pago marcados “C” constituyen claramente una violación a nuestro derechos constitucionales, legales, reglamentarios y convencionales, antes analizados, también a los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA IRRENUNCIABILIDAD Y LA PROGRESIVIDAD, y también se viola el DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD RESPECTO A LOS DOCENTES NACIONALES JUBILADOS Y PENSIONADOS, por lo que, habiéndose agotados las numerosas gestiones y conversaciones conciliatorios con las Autoridades del Ejecutivo del Estado Bolívar, especialmente, ante su SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS, no solamente por los interesados-afectados, sino también por los representante gremiales de la FVM-HERES, SUMA-HERES, COLEGIO DE PROFESORES SECCIONAL 11 Y FENATEV, es por lo que acudimos ante su competente autoridad para demandar los siguientes conceptos y montos correspondientes a las DIFERENCIAS SALARIALES (PENSIÓN) de la HOMOLOGACIÓN RETROACTIVA de mi PENSIÓN INTEGRAL o TOTAL, incluyendo también las diferencias por aguinaldo y bono recreacional, comprendidas entre los meses de septiembre de 2013 a diciembre de 2014, para un total general de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 83.942,91), según se demuestra y especifica en la HOJA DE CALCULO, en la cual están legalmente indicados los conceptos y montos adeudados, elaborado por la Contadora Pública Marolqui Zairet Requena, (…)
“...omissis...
Por lo antes expuesto acudo ante su competente autoridad para demandar como en efecto demando al ESTADO BOLÍVAR, en su PODER EJECUTIVO (Gobernación), para que convenga, o en su defecto a ello sea condenado por lo siguiente:
Primero: En reconocerme mi derecho respecto al respectivo DOCENTE ACTIVO del Ejecutivo Estadal a percibir completamente las modificaciones, revisiones, reajustes y homologaciones de mi pensión en forma total o integral, incluyendo: el salario básico y los derechos o primas que me corresponden como DOCENTE VI.-
Segundo: En reconocerme retroactivamente la HOMOLOGACIÓN respecto a los DOCENTES ACTIVOS NACIONALES ordenada por el Decreto 49 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312 del 10 de diciembre de 2013, incluyendo además, el diez por ciento (10%) del diferencial salarial establecido en la CLÁUSULA 112 de la IX CONVENCIÓN COLECTIVA DE LOS DOCENTES DEL ESTADO BOLIVAR.
Tercero: En cancelarme, como consecuencia legal de la referida aplicación de la modificación, revisión, reajuste y homologación de mi PENSIÓN INTEGRAL O TOTAL las DIFERENCIAS SALARIALES de la correspondiente HOMOLOGACIÓN RETROACTIVA de mi PENSIÓN INTEGRAL O TOTAL, incluyendo también, las diferencias por aguinaldo y bono recreacional, comprendidas entre los meses de septiembre de 2013 a diciembre de 2014, que ascienden a la suma total general de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 83.942,91), según se demostró y especificó en la HOJA DE CALCULO, precedentemente acompañada a este Libelo.-(…)”


Por su parte la representación judicial de la Gobernación del Estado Bolívar, alega el pago efectivo de todas las homologaciones de pensiones, en cada oportunidad que se produce el aumento de la remuneración de los cargos activos. Que alega el pago de la pensión otorgada la ciudadana Betty Margarita Paul Marrero, ajustada sucesivamente con el discurrir del tiempo, partiendo en principio de la base salarial con la que fue incapacitada la recurrente, en atención a la convención colectiva regional y normativa legal vigente. Que de conformidad con la cláusula No. 68 Parágrafo Primero y Tercero de la IX Convención Colectiva de los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del estado Bolívar, se distingue que si existe una disposición convenida donde el Ejecutivo Regional está obligado a pagar un diez por ciento (10%) por sobre el salario establecido para los docentes nacionales. Que también se puede observar irrefutablemente la diferencia que existe (dependiendo si se trata de un docente activo o jubilado (incapacitado) sobre los montos que servirán de base para el calculo de esta diferencia porcentual. Que la parte actora a quien se le otorgó la pensión de invalidez, no puede exigir pago de unas primas que se causan mediante cumplimiento efectivo de labores, (prima por ruralidad, residencia rural, prima de profesionalización, prima por jerarquía). Que la cláusula No. 5 de la Convención Colectiva de los Trabajadores de la Educación Dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, es tomada a nivel regional de manera referencial. Que el Decreto Presidencial No. 649 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.312 del 10 de diciembre de 2013, no establece la homologación a los docentes estadales y municipales (activos y pasivos) el mencionado incremento salarial integral. Que la Gobernación del Estado Bolívar, efectuó una revisión del pago por concepto de homologación entre la escala salarial regional y la escala salarial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, desde el 01/09/2013 al 15/09/2014, de lo cual señala que demuestra fehacientemente el pago efectivo de todos los ajustes sobre el monto de la pensión por invalidez de la recurrente, se cita la defensa opuesta:

“...omissis...
La ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.883.096, ingresó a prestar sus servicios como docente para la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR, adscrita a la Secretaria de Educación, desde la fecha 01 de febrero de 1986, alcanzando la clasificación de Docente V (art. 77 33 horas), hasta el 01 de julio de 2010, fecha en que el Gobernador del Estado Bolívar, mediante Decreto Nº 2013, de fecha 03 de septiembre del año 2010 determinó la procedencia de la pensión por invalidez a su favor, con una asignación mensual de dos mil novecientos cuarenta y tres bolívares con dieciséis céntimos, (Bs. 2.943,16), correspondiente al 100% del salario mensual generado para el momento del otorgamiento de la pensión, conforme a la categoría del cargo desempeñado para el momento, a saber, Docente V (art. 77 33 horas), en virtud de haber cumplido los requisitos legales correspondientes para el otorgamiento de este beneficio.
Ahora bien ciudadana Juez, la querellante de autos interpuso el recurso que nos ocupa, contra el Estado Bolívar por órgano de la Gobernación del Estado Bolívar, en fecha 10 de diciembre de 2.014, argumentando que la Pensión por Invalidez que le fue otorgada por el Ejecutivo Regional no ha sido homologada, de acuerdo a los parámetros establecidos en la cláusula Nº 63, 108 y 112 de la IX Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación Dependientes del Ministerio el Poder Popular para la Educación; por lo que peticiona la MODIFICACIÓN, REVISIÓN, REAJUSTE y HOMOLOGACIÓN de la PENSIÓN de INTEGRAL o TOTAL y a su vez el pago de las DIFERENCIAS SALARIALES de la correspondiente homologación retroactiva, incluyendo las DIFERENCIAS POR AGUINALDO y BONO RECREACIONAL, comprendidas entre los meses de septiembre de 2013 a diciembre 2014 que ascienden a la suma de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 83.942,91), sustentando su escrito libelar, bajo una serie de hechos y de cálculos, incongruentes lo que hace que la solicitud no se encuentre ajustada a derecho.
En este mismo orden de ideas ciudadana juez, y en defensa de los derechos e intereses patrimoniales de la entidad político territorial estado Bolívar, alegamos el pago efectivo de todas las homologaciones de pensiones que ha venido efectuando el estado Bolívar por Órgano de la Gobernación del estado Bolívar a lo largo de los años, en cada oportunidad en la que se ha configurado el supuesto de hecho, es decir, el aumento de la remuneración de los cargos activos, ya que, siempre ha imperado por parte de la Administración Pública Regional una conducta de revisión de las PENSIÓN POR INVALIDEZ que corresponden a los docentes incapacitados; es decir por lo que alegamos el pago sobre la pensión otorgada a la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, ajustada sucesivamente con el discurrir del tiempo, partiendo en principio de la base salarial con la que fue incapacitada la prenombrada ciudadana, acogiéndose a la Convención Colectiva Regional y normativa legal vigente.
Asimismo ciudadana Juez, en cuanto a la fundamentación de derecho alegada por la parte recurrente, de seguida pasamos a realizar los siguientes señalamientos:
En primer lugar, alega la parte recurrente el incumplimiento por parte de nuestra representada con “…la revisión y homologación de mi pensión total, siempre se calculó, según la remuneración integral, correspondiente a la categoría o escalafón del cargo que desempeñaba y también a los conceptos o primas reconocidos por el Ejecutivo Estadal para la fecha en que se me otorgó dicha pensión…”, fundamentando sus argumentos en las cláusula 63 y 108 de la IX Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del Estado Bolívar. Al respecto cumple esta representación judicial del estado Bolívar con destacar que una vez que el personal pasa al estatus de PENSIONADO no generan salario, solo reciben una asignación mensual otorgada con ocasión al tiempo de servicio prestado para la administración pública, y en el caso de marras por haberse determinado disminución de su capacidad, se denominada PENSIÓN POR INVALIDEZ, que se constituye en un monto total y único, y es sobre este monto que el Ejecutivo Regional realiza progresivamente las HOMOLOGACIONES, en el entendido que se encuentran en situación de egresados por invalidez, de tal manera que resulta totalmente erróneo exigir un pago de pensión jubilación teniendo como base una “…REMUNERACIÓN INTEGRAL…”, la cual estaría integrada, en todo caso, por el salario básico mas una serie de conceptos que para generarlos se amerita como requisito sine qua non la prestación efectiva de servicio, que lógicamente en caso de los jubilados no aplica. En el mismo orden de ideas reconoce la parte actora que el Ejecutivo Regional dando cumplimiento al diferencial del diez por ciento (10%) sobre el tabulador salarial establecido para los docentes al servicio de la Administración Pública Nacional, establecido en la cláusula 112 de la convención colectiva ut supra señalada, en fecha 30 de septiembre de 2014 pago los reajustes de las pensionados de los docentes estadales egresados por jubilación o incapacidad, pero según alega la parte actora “…ordenaron pagarle la referida HOMOLOGACIÓN SALARIA (sic), pero a SALARIO BÁSICO (sic), eliminado arbitrariamente las primas y derechos correspondientes…”, argumento que ha de ser desestimado per se, en virtud de que tal y como se explico anteriormente, los pensionados (jubilados o incapacitados) no generan salarios, ni demás conceptos que si componen la percepción mensual de un docente activo, por lo que nuestra representada ha cumplido cabalmente con efectuar el pago de las pensiones de jubilados y pensionados, en atención a la categoría docente que desempeñaban para el momento en que les fue otorgada su pensión, equiparándolo a la base salarial que devenga su misma categoría docente en la actualidad, lógicamente sin anexarle demás conceptos que requieren indiscutiblemente la prestación efectiva del servicio.
Ahora bien ciudadano juez, con ocasión a los fundamentos esbozados por la parte actora en su libelo, y en aras de ilustrar a este respetable Tribunal, enfatizamos lo establecido en la CLÁUSULA Nº 68, parágrafo primero y tercero, de la IX Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del Estado Bolívar, que establece:
“…PARAGRAFO PRIMERO: la aplicación del aumento de 20% sobre el sueldo básico al momento de la firma y deposito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, se ajustara el tabulador en aquellos casos que pudieran existir diferencias porcentuales con respecto al tabulador de los docentes nacionales, manteniendo el diferencial no menor del 10% sobre la escala de sueldos que establece el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en aquellos casos que así lo requiera tal como lo establece la cláusula 172 de la VIII Convención Colectiva…;
PARAGRAFO TERCERO: los porcentajes de incrementos salariales y ajustes salariales establecidos en la presente cláusula se aplicaran a todos los docentes jubilados y pensionados sobre el monto de la pensión, en los mismos términos y condiciones establecidos a todos los trabajadores activos ( titulares e interinos).” (Negrillas y subrayado nuestro).
Ciudadana Juez, del fragmento de la cláusula antes transcrita, se evidencia que, si bien existe una disposición convenida, donde el Ejecutivo Regional está obligado a pagar un diez por ciento (10%) por sobre el salario establecido para los docentes nacionales, también se puede observar irrefutablemente la diferencia que existe (dependiendo si se trata de un docente activo o jubilado (incapacitado) sobre los montos que servirán de base para el cálculo de esta diferencia porcentual; es así pues, como en el caso de los docentes activos, se toma como monto base el sueldo básico mensual devengado por el docente regional, dependiendo de su clasificación, pero en el caso de los docentes jubilados y pensionados, se toma como base el monto de la pensión, ya que, se recalca no generan salario; por lo cual de acuerdo a lo establecido en la cláusula transcrita ut supra, el Ejecutivo Regional debe efectuar los ajustes en igual proporción (porcentual) que al personal docente activo, pero sobre el monto de la pensión, que en el caso que nos ocupa se equipara al salario básico actual de un Docente V (art. 77 33 horas), mas el diez por ciento (10%) acordado mediante convención colectiva (Cláusula 112), por lo que nuestra representada ha dado efectivo cumplimiento con el pago previa homologación de las pensiones de docentes jubilados e incapacitados.

En segundo lugar, alega la parte actora el “…CERCENAMIENTO DE LOS REFERIDOS DERECHOS QUE FORMAN PARTE DE LA PENSIÓN TOTAL O INTEGRAL (SIC) CORRESPONDIENTE a docentes JUBILADOS E INCAPACITADOS…” ya que, según sus dichos, nuestra representada eliminó de manera arbitraria conceptos que forman parte de su pensión, como las primas de: ruralidad, profesionalización, jerarquía y residencia rural. Al respecto debemos señalar que, de la revisión de las Cláusulas de la IX Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del Estado Bolívar, donde se acordó el pago de las mencionadas primas, a saber, cláusulas 67, 69, 71 y 105, todas y cada una de ellas establecen como requisito imprescindible la prestación efectiva de servicio para hacerse acreedor de las mismas, es así pues, como en el caso que nos ocupa, la parte actora encontrándose en condición de egresada por haberse determinado la procedencia de pensión por invalidez, yerra nuevamente al argumentar y exigir el pago de unas primas, que se causan mediante el cumplimiento efectivo de labores, de manera que, mal puede nuestra representada pagar prima por ruralidad y residencia rural, cuando la beneficiaria de pensión por invalidez NO desempeñaba labores dentro de una zona rural; o pagar prima de profesionalización si no se encuentra activo en sus labores, aunado al hecho que al equiparar su pensión al grado docente que obtuvo estando activo, se le está reconociendo su grado de estudios (Docente V (art. 77 33 horas)); menos aun pagar prima por jerarquía cuando el pensionado NO desempeña cargo activo como personal de dirección. Es por lo que con fundamento a las defensas planteadas, solicitamos muy respetuosamente a este Tribunal desestime dicha pretensión.
En tercer lugar, alega la parte actora, el incumplimiento por parte de nuestra representada con lo establecido en la cláusula Nº 5 de la Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación Dependientes del Ministerio el Poder Popular para la Educación, de fecha 18 de octubre del año 2013, en la que se establecieron una serie de incrementos salariales, en la que se establecieron una serie de incrementos salariales, aplicables a los educadores activos nacionales, dependiendo de la categoría que ostente; dichos incrementos al igual que IX Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del Estado Bolívar, los extienden de manera proporcional al personal jubilado y pensionado, se cita:
“…CLAUSULA Nº 5. DE LA REMUNERACION DE LA JORNADA DE SERVICIO: las partes acuerdan, a partir de la homologación de la presente Convención, UN INCREMENTO PORCENTUAL EN EL SALARIO de las y los trabajadores docentes de la manera siguiente:
5. A.- un incremento de veinticinco por ciento (25%) A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2013.
5. B.- un incremento de veinticinco por ciento (25%) A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2013.
5. C.- un incremento de diez por ciento (10%) A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE JUNIO 2014.
5. D.- un incremento de quince por ciento (15%) A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2014. PARAGRAFO PRIMERO: este incremento se aplicara para las y los Docentes Jubilados y Pensionados, en la misma proporción y oportunidad acordada para las y los trabajadores de la educación activos.” (Negrillas y subrayado nuestro).

De la citada cláusula podemos inferir, en Principio que la parte actora, fundamenta su pretensión en una disposición convenida cuyo ámbito de aplicación abarca a los docentes nacionales y que solo ha sido tomada a nivel regional, de manera referencial, en aras de beneficiar a los educadores estadales, equiparando sus salarios a los del tabulador establecido por el ministerio del poder popular para la educación vía convención colectiva, conforme a lo establecido en la Cláusula Nº 112 de la IX Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del Estado Bolívar, ahora bien, como se explicó anteriormente , en el caso de los docentes jubilados y pensionados por el Ejecutivo Regional, los ajustes de las pensiones se realizan sobre el monto de esa asignación mensual, conforme a lo pactado en la Convención Colectiva aplicable a los Educadores Regionales; por lo que nuestra representada ha dado fiel cumplimiento con las homologaciones de pensiones, conforme a lo pactado, sin retrotraer los pagos, pero previa disposición presupuestaría, tal y como lo fija la referida Cláusula Nº 112.
En cuarto lugar, destaca la accionante, como parte de la fundamentación legal de sus pretensiones, el Decreto Presidencial Nº 649 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312, del 10 de diciembre de 2013, enfatizando que el referido decreto “extendió mediante HOMOLOGACIÓN a los docentes estadales y municipales (activos y pasivos) el mencionado INCREMENTO SALARIAL INTEGRAL otorgado por la referida Convención Colectiva a los DOCENTES NACIONALES…” siendo que, el referido Decreto no establece, ni hace mención a tal homologación; convirtiéndose dicha afirmación en un fundamento inexistente, utilizado por quien acciona, pretendiendo hacer incurrir en error a este honorable Tribunal, conducta esta que debe ser rechazada por este Juzgado.
Ciudadana Juez, aunado a lo antes expuesto y de conformidad con el principio procesal consagrado en el artículo 1.354 del Código Civil vigente el cual establece: “…Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación…”; en virtud de ello, cumplimos con señalar los montos pagados por la Gobernación del Estado Bolívar a el recurrente de autos, por concepto de homologación de pensión por invalidez, aguinaldo 2013 y 2014, bono recreacional 2013 y 2014, así como demás beneficios aplicables al personal docente jubilado (pensionado), pactados mediante Convención colectiva Regional de Educadores, tomando en consideración el tabulador salarial establecido en la CLAUSULA Nº 5 de la Convención Colectiva de Educadores Nacionales, la categoría del cargo docente que ostentaba para el momento de la obtención de pensión por invalidez, y aplicando el porcentaje correspondiente sobre el monto de la pensión, tal y como se especifica de manera detallada en documental anexa a la presente en original, marcada “A”, denominada “Revisión del pago por concepto de Homologación entre la Escala Salarial Regional y la Escala Salarial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, desde el 01/09/2013 al 15/09/2014”, emanada de la Secretaria de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolívar, de fecha 20 de abril de 2015, constante de dos (02) folios, donde se demuestra fehacientemente el pago efectivo de todos los ajustes sobre el monto de la PENSIÓN POR INVALIDEZ correspondiente a la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, así como el pago de demás diferencias reclamadas por la demandante; honrando así el Ejecutivo Regional todos los compromisos adquiridos con la nomina de Docentes Jubilados, cumpliendo con lo establecido en la Cláusula Nº 112 de la IX Convención Colectiva para los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del Estado Bolívar, ya que los pagos fueron realizados previa disposición presupuestaria, en el ejercicio fiscal inmediatamente siguientes; por lo que reiteramos que, al no existir diferencias sobre los ajustes de la pensión que se le ha venido pagando a la recurrente de autos, por ende no existe a su vez ningún otro tipo de diferencia sobre otros conceptos.
...omissis...
1.- Admitimos como cierto que la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.883.096, prestó sus servicios para la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR, como DOCENTE alcanzando el cargo de Docente V (art. 77 33 horas), adscrita a la Dirección de Educación del estado Bolívar, desde el 01 de febrero de 1986, hasta que el Gobernador del Estado Bolívar, ciudadano General Francisco Rangel Gómez, mediante Decreto Nº 2013, de fecha 03 de septiembre del año 2010, determinó la procedencia de la PENSIÓN POR INVALIDEZ a su favor, en virtud de haber cumplido los extremos de Ley para que le sea reconocida la referida pensión.
2.- Admitimos como cierto que la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.883.096, le fue otorgado PENSIÓN POR INVALIDEZ por un monto de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON DIECISÉIS CÉNTIMOS, (Bs. 2.943,16), equivalente al último sueldo devengado por la referida ciudadana.
“...omissis...
1.- NEGAMOS Y RECHAZAMOS, en todas y cada una de sus partes los alegatos de hecho y de derecho esgrimidos por la parte actora, ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, no admitidos en el presente escrito.
2.- NEGAMOS Y RECHAZAMOS, que a la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, no se le haya reconocido su derecho de homologación sobre su pensión de invalidez.
3.- NEGAMOS Y RECHAZAMOS, que a la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, no se le haya reconocido retroactivamente la homologación sobre su pensión de invalidez.
4.- NEGAMOS Y RECHAZAMOS, que se le deba a la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, por concepto de diferencias por homologación pensión jubilación, aguinaldo y bono recreacional años 2013 y 2014, un monto total de: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 83.942,91), …”.
...omissis...
Con base en lo anteriormente expuesto, y por todas las razones de hecho y derecho esgrimidas, respetuosamente solicitamos a este Tribunal se sirva declarar SIN LUGAR la DEMANDA POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PENSIÓN POR INVALIDEZ Y DIFERENCIA SALARIALES incoada por la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, en contra de nuestra representada.(…)”.

II.1. Conforme a los términos precedentemente expuestos en que quedó trabado el litigio este Juzgado toma en consideración las siguientes documentales apreciadas como relevantes para la resolución de la controversia y dotadas de valor probatorio dada su no impugnación por las partes:
- Comunicación SED- Nro. DE- 200-269-2010, suscrita por la Secretaria de Educación, de fecha 01/07/2010, mediante el cual se le notifica a la Ciudadana Paul Marrero Betty Margarita del otorgamiento del beneficio de Jubilación por la cantidad de Dos Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Bolívares Con Dieciséis Céntimos (Bs. 2.943,16), efectivo a partir del 01-07-2010. Cursante a los folios 04, también reproducido por la parte demandada al folio 83.

- Decreto No. 2013 emanado de la Gobernación del estado Bolívar en fecha 3 de septiembre de 2010, mediante el cual se otorga la pensión de invalidez a la ciudadana Paul Marrero Betty Margarita. Cursante del folio 5 al 7, también reproducido del folio 84 al 86.

- Recibo de pago Nº 2136566 desde 16-06-2010 hasta 30-06-2010, nomina: Docentes. Nombre de la Trabajadora Paul Marrero Betty Margarita. Nombre del concepto; sueldo Bs. 1.206,21; Prima de Profesionalización 22% Bs. 265,37. Neto a cobrar Bs. 1.015,89. Cursante al folio (08).

- Recibo de pago desde 01-09-2013 hasta 30-09-2013, nomina: Docentes. Nombre de la Trabajadora Paul Marrero Betty Margarita. Nombre del concepto; jubilación Bs. 4.856,21; bono social Bs. 420.00. Neto a cobrar Bs. 4.211,16. Cursante al folio (09).

- Recibo de pago Nº 2889164 desde 01-10-2013 hasta 31-10-2013, nomina: Docentes. Nombre de la Trabajadora Paul Marrero Betty Margarita. Nombre del concepto; jubilación Bs. 4.856,21; Bono Social Bs. 420.00. Neto a cobrar Bs. 4.211,16. Cursante al folio (10).

- Recibo de pago desde 01-10-2014 hasta 31-10-2014, nomina: Docentes. Nombre de la Trabajadora Paul Marrero Betty Margarita. Nombre del concepto; jubilación Bs. 7.264,52; bono social Bs. 420.00. Neto a cobrar Bs. 5.635,53. Cursante al folio (11).

- Revisión del pago por concepto de Homologación entre la Escala Salarial regional y la Escala Salarial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, desde el 01/09/2013 y 15/09/2014, cursante a los folios cincuenta y nueve (59) sesenta (60) marcada con la letra “A”, que se desglosa de la siguiente manera:

1) Incremento SALARIAL AL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2013 de acuerdo al Tabulador Nacional: la pensión de jubilación cancelada por la Gobernación del estado Bolívar a Septiembre 2013 total 4.856.21, el sueldo básico tabulador nacional (Docente V 33 HORAS) 4.176.51, el 10% diferencial según cláusula Nº 112 de la convención colectiva regional vigente 417.65. Total sueldo básico tabulador nacional más 10% diferencial por cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva regional vigente 4.594.16, el resultado comparativo entre pensión de jubilación cancelada por gobernación del Estado Bolívar a Septiembre de 2013 y total sueldo básico tabulador nacional mas de 10% diferencial por cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva Regional vigente (Bs. -262.05). El resultado comparativo no genera diferencia a su favor ya que la pensión de jubilación de Gobernación cancelada en septiembre de 2013 fue superior al monto del sueldo Básico del tabulador nacional +10% diferencial según CLAUSULA Nº 112 DE LA CONVENCION COLECTIVA REGIONAL VIGENTE. (Folio 59).
2) Incremento SALARIAL AL 1º DE OCTUBRE DE 2013 de acuerdo al tabulador nacional: La pensión de jubilación cancelada por la Gobernación del Estado Bolívar a octubre 2013 4.856.21, el sueldo básico tabulador nacional (Docente V 33 HORAS) 5.220,64, el 10% diferencial por cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva Regional vigente 522.06. Total Sueldo Básico Tabulador Nacional mas 10% diferencial por cláusula 112 de la Convención Colectiva Regional vigente 5.742.70, el resultado comparativo entre pensión de jubilación cancelada por Gobernación del Estado Bolívar a Octubre de 2013 y Total sueldo básico tabulador nacional mas de 10% diferencial por cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva Regional vigente. 886.49. Total diferencia a favor del mes de Octubre 2013 hasta Mayo 2014 fue de 7.091.95. El resultado comparativo genero diferencia a su favor de Bs. 7.091.95 que deviene de la diferencia mensual de Bs. 886.49, por ochos meses correspondiente al periodo OCTUBRE 2013 A MAYO 2014. todo ello a que la pensión de jubilación de Gobernación cancelada en el periodo antes mencionado fue inferior al monto del sueldo Básico del tabulador nacional +10% diferencial según CLAUSULA Nº 112 DE LA CONVENCION COLECTIVA REGIONAL VIGENTE. (Folio 59).

3) Incremento SALARIAL AL 1º DE JUNIO DE 2014 de acuerdo al Tabulador Nacional: La pensión de jubilación cancelada por la Gobernación del estado Bolívar a junio 2014 4.856.21, el sueldo básico tabulador nacional (Docente V 33 HORAS) 5.742.71, el 10% diferencial según cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva Regional vigente 574.27. Total sueldo básico tabulador nacional más 10% diferencial según Cláusula Nº 112 de la convención colectiva regional vigente 6.316.98. Resultado comparativo entre pensión de jubilación cancelada por Gobernación del Estado Bolívar a junio de 2014 y total sueldo básico tabulador nacional más 10% diferencial por cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva Regional vigente 1.460.77. Total diferencia a favor del periodo Junio 2014 a Agosto 2014. (Bs. 4.382.31). El resultado comparativo genero diferencia a su favor de Bs. 4.382.31 que deviene de la diferencia mensual de Bs. 1.460.77, por tres meses correspondiente al periodo JUNIO 2014 - AGOSTO 2014. todo ello a que la pensión de jubilación de Gobernación cancelada en el periodo antes mencionado fue inferior al monto del sueldo Básico del tabulador nacional +10% diferencial según CLAUSULA Nº 112 DE LA CONVENCION COLECTIVA REGIONAL VIGENTE. (Folio 59).
4) Incremento SALARIAL AL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2014 de acuerdo al tabulador nacional: la pensión de jubilación cancelada por la Gobernación del estado Bolívar a Septiembre 2014 4.856.21. Sueldo básico tabulador nacional (Docente V 33 HORAS) 6.604.11. 10% diferencial según cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva Regional vigente 660.41. Total sueldo básico tabulador nacional más 10% diferencial por la Cláusula Nº 112 de la Convención Colectiva regional vigente 7.264.52. Resultado comparativo entre pensión de jubilación cancelada por Gobernación del Estado Bolívar a septiembre 2014 y total sueldo básico tabulador nacional más 10% diferencial según Cláusula Nº 112 de Convención Colectiva regional vigente 2.408.31, Total diferencia a favor del mes de septiembre 2014. (Bs. 2.408.31). El resultado comparativo genera diferencia a su favor de Bs. 2.408.31 ya que el monto básico cancelado en septiembre de 2014 fue inferior al monto del sueldo básico del tabulador nacional +10% diferencial según CLAUSULA Nº 112 DE LA CONVENCION COLECTIVA REGIONAL VIGENTE. (Folio 59).

5) Calculo de Aguinaldo 2013. Monto de aguinaldos cancelados por Gobernación del Estado Bolívar en base a la pensión de octubre 2013 de Bs. 4.856.21 dividido entre 30 días y multiplicado por 120 días, conforme a los establecido en la convención colectiva vigente 19.424.84. Monto de aguinaldo según pensión de jubilación homologada al 31 diciembre de 2013 de Bs. 5742.70 dividido entre 30 días y multiplicado por 120 días, conforme a lo establecido en la convención colectiva vigente 22.970.82. Resultado comparativo entre monto de aguinaldo cancelado por Gobernación y monto de aguinaldo según pensión de jubilación homologada al 31 de diciembre 2013, Bs. 3.545.98. (Folio 60).
6) Bono recreacional para el año 2014. Monto de bono recreacional para el año 2014 cancelados por Gobernación del Estado Bolívar en base a la pensión del mes de julio 2014 de Bs. 4.856.21 dividido entre 30 días y multiplicado por 115 días, conforme a lo establecido en le Convención Colectiva Vig. 18.615.47. Monto de bono recreacional para el año 2014 según pensión de jubilación homologada a julio 2014 de Bs. 6.316.98 dividido entre 30 días y multiplicado por 115 días, conforme a lo establecido en la convención colectiva vigente, 24.215.09. Resultado comparativo entre monto de bono recreacional cancelado por Gobernación y monto de bono recreacional según pensión de jubilación homologada a julio 2014, 5.599.62, correspondientes al pago de Bono recreacional del año 2014.(Folio 60)
7) Bono semana santa 2014, según cláusula Nº 8 de la Convención Colectiva Nacional correspondiente a la contribución social anual para la recreación en la semana mayor es de 2.000. (Folio 60).
8) Bono navideño, año 2013 según cláusula Nº 5.H de la convención colectiva nacional, correspondiente a contribución navideña es de 2,500.(Folio 60)
Año 2014: según cláusula Nº 5.H de la convención colectiva nacional, correspondiente a contribución navideña es de 3,000.
Total de bonos navideños 2013-2014 y bono semana santa año 2014: 7.500,00
Total a percibir por homologación más bonos 30.528.17
Total pagado el 15/01/2015 29.416.81
Diferencia a pagar (Bs1.111.36). (Cursante al folio 60).


- Pago de Nomina de Jubilados de Educación período del 20-01-2015 al 20-01-2015, a nombre de Paul Marrero Betty Margarita Cargo: 37-P00-PN00, Jubilados Educadores, por concepto de bono navideño (2013-2014) asignación 5.000,00, bono semana santa (2014) 2.000,00, Dif. Aguinaldos (2013-2014) 5.843.08, Dif. Bono recreacional (2013-2014) 5.112.70, Ret. Jubilación (2013-2014) 10.961.03, Neto a cobrar 28.916.81. Cursante al folio (61).

- Pago de Nomina de Jubilados de Educación período del 22-01-2015 al 22-01-2015, a nombre de Paul Marrero Betty Margarita Cargo: 37-P00-PN00, Jubilados Educadores, por concepto de bono navideño (2014) asignación 500.00. Neto a cobrar (Bs. 500.00) Cursante al folio (62).

- Pago de Nomina de Jubilados de Educación período del 27-01-2015 al 27-01-2015, a nombre de Paul Marrero Betty Margarita Cargo: 37-P00-PN00, Jubilados Educadores, por concepto de Dif. Homologación (2013-2014) asignación 1.111.36. Neto a cobrar (Bs. 1.111.36) Cursante al folio (63).

- Minuta de reunión signada con la letra “E” por parte de la Gobernación del Estado Bolívar de fecha 04/06/ 2014, en el punto quinto: Homologación docente. La secretaria de recursos Humanos (e) explico las gestiones realizadas por el gobernador para la consecución de los recursos económicos necesarios para la aplicación efectiva de la medida, así como también informo que la cuantificación total es de 460.808.379,11 Bs. El déficit de recursos existente imposibilita en este momento la aplicación de la medida cuyo monto es de 430.500.735,16, el cual comprende la retroactividad desde el 01/09/2013, incluyendo sueldos, bonos e incidencias hasta el 31/12/2014. Cursante del folio (64) al (66).

- Copia del Auto de Homologación, de la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada entre las organizaciones sindicales: Federación de Educadores de Venezuela (FEV); Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, Colegio de Profesores de Venezuela (FENAPRODO-CPV) y la entidad de trabajo Ministerio Popular para la Educación (MPPE), suscrita por el ciudadano Director (E) de Inspectoría Nacional y otros Asuntos Colectivos del Trabajo de Sector Público, cursante al folio 67.

- Copia del Capítulo III, del Sistema de Remuneración, específicamente de la Cláusula No. 5. De la Remuneración de la Jornada de Servicio. Cursante al folio 68.

- Copias de las Cláusulas números 67, 68, 69, 71 ,105 y 112 de la IX Convención Colectiva de los trabajadores de la Educación de la Gobernación del Estado Bolívar:

Cláusula Nº 67 PRIMA POR RESIDENCIA RURAL: el Ejecutivo Regional del Estado Bolívar, conviene a cancelar a todos los trabajadores de la educación activos (titulares e interinos) una prima por residencia en el medio rural y un déficit de acceso mensual de trece bolívares ( Bs.13,00) para el primer año y 14 bolívares (Bs. 14.00) para el segundo año. (Cursante al folio 69)

Cláusula 68: INCREMENTO SALARIAL: el Ejecutivo Regional del Estado Bolívar, en el marco del acta suscrita el 19 de agosto de 2011, cancelo un adelanto de incremento salarial del 25% sobre el sueldo básico y cancelara a partir de la firma y deposito de la presente Convención Colectiva de Trabajo un 30% sobre el sueldo básico para un incremento total de 55% a todos los trabajadores activos (titulares e interinos); aplicados de la siguiente manera:
• 20 % sobre el sueldo básico al momento de la firma y depósito de la presente Convención Colectiva de Trabajo.
• 10% sobre el sueldo básico en enero de 2013.


PARAGRAFO PRIMERO: la aplicación del aumento de 20% sobre el sueldo básico al momento de la firma y deposito de la presente Convención Colectiva de Trabajo, se ajustara al tabulador en aquellos casos que pudieran existir diferencias porcentuales con respecto al tabulador de los docentes nacionales, manteniendo el diferencial no menor del 10% sobre la escala de sueldos que establece el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en aquellos casos que así lo requiera tal como lo establece la Cláusula 172 de la VIII Convención Colectiva.
PARAGRAFO SEGUNDO: en el mes de julio del año 2012, se ajustara el tabulador a los docentes estadales en aquellos casos que pudieran asistir diferencias porcentuales con respecto al tabulador de los docentes nacionales, tal como lo establece el parágrafo primero.
PARAGRAFO TERCERO: los porcentajes de incrementos salariales y ajustes salariales establecidos en la presente cláusula se aplicaran a todos los docentes jubilados y pensionados sobre el monto de la pensión, en los mismos términos y condiciones establecidos a todos los trabajadores activos (titulares e interinos). (Cursante al folio 70)

Cláusula Nº 69: COMPENSACION O RECONOCIMIENTO DE TITULO DOCENTE A NIVEL SUPERIOR: el Ejecutivo Regional del Estado Bolívar , conviene a otorgar una compensación por estudios realizados de acuerdo con la siguiente especificación a) el profesor o licenciado que obtenga el titulo de especialista en una rama de la educación, siempre y cuando la realice mientras permanezca activo en la nomina de servicio de la Gobernación del Estado Bolívar o este en etapa de transición de ser jubilado o pensionado, recibirá una compensación del 33% de su salario básico. C) el profesor o licenciado que obtenga el titulo de Doctorado en una rama de la Educación, siempre y cuando la realice mientras permanezca activo en la nomina de servicio de la Gobernación del Estado Bolívar o este en etapa de transición de ser jubilado o pensionado. Recibirá una compensación del 35% de su salario básico. (Cursante al folio 71).


Cláusula Nº 71: Prima por Jerarquía: El Ejecutivo Regional del estado Bolívar, conviene en continuar cancelando las Primas de Jerarquía del Directivo constituido por COORDINADOR, SUB DIRETOR, DIRECTOR Y SUPERVISOR de acuerdo a la siguiente tabla:
Personal directivo valores a cancelar
Coordinador Bs. 150,00
Sub.-Director Bs.250, 00
Director Bs.360, 00
Supervisor Bs. 400,00 Cursante del folio 72.

Cláusula 105: RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE SERVICIOS EN ZONAS RURALES, FRONTERIZAS, INDÍGENAS E INSULARES: El Ejecutivo Regional del estado Bolívar, se obliga a garantizar que los trabajadores de la educación que ejerzan sus funciones en zonas fronterizas, indígenas, rurales o localidades cuyas condiciones geográficas, económicas, sanitarias o de otra índole, que no favorezcan o hagan difícil el desempeño de las mismas, recibirán a los ochos años de servicios continuos en dicha zona un incremento del 20% de su remuneración total, además disfrutaran por cada año de servicio, el reconocimiento de 15 meses y gozaran del derecho de jubilación a los 20 años de trabajos en dichas zonas.
El cálculo de las prestaciones sociales se hará con base en la suma de los derechos concebidos con la condición de ruralidad, frontera o indígena, independientemente de la ubicación del centro de trabajo en el cual el trabajador de la educación desempeña sus funciones laborales para la fecha de la jubilación. (Cursante del folio 73).

Cláusula Nº 112 TABULADOR: el Ejecutivo Regional del Estado Bolívar, conviene a mantener un diferencial no menor del 10%, en caso de existir diferencias porcentuales en incrementos de salarios en la presente Convención Colectiva, con respeto a los trabajadores de la Educación Dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, por vía de Convención Colectiva, el cual se compromete a presupuestar en el ejercicio económico siguiente, para ser cancelado al momento de su aprobación y ejecución, con las incidencias salariales correspondientes. (Cursante al folio 74)


- Copia simple de la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Numero 40.312 de fecha 10 de Diciembre de 2013. Contentiva del decreto Nº 649 marcado con la letra “H”. Cursante a los folios (75 al 78).

-Instrumento poder, donde el Procurador del Estado Bolívar le otorga poder especial a sus apoderados judiciales. Cursante del folio 80 al 82.

- Copia del Acta de Acuerdo suscrita por las organizaciones sindicales y la Secretaría del Talento Humano, estableciendo en el punto uno (1), que el ejecutivo del estado Bolívar conviene en revisar y ajustar la asignación mensual de los docentes jubilados y pensionados del ejecutivo regional los conceptos salariales (primas y bonos) que devengaban como personal activo. La revisión y ajuste de las pensiones para el cálculo de retroactividad será desde el 1º de abril de 2012. En el punto dos (2), designación de la comisión conformada por los miembros de las organizaciones sindicales.. Punto tres (3), acordaron reunión preparatoria en el marco del inicio de la X Convención Colectiva de los Trabajadores de la Educación de la Gobernación del estado Bolívar para el 22-07-2015. Cursante a los folios (97 y 98).

- Recibo de pago nomina de Jubilados de Educación a nombre de la ciudadana Paul Marrero Betty Margarita desde 01-01-2015 hasta 20-01-2015, por concepto de: Dif. Bono recreacional (2013-2014) 5.112.70; Ret, Jubilación (2013-2014) 10.961.03; Dif. Aguinaldos (2013-2014) 5.843.08; Bono semana santa (2014) 2.000.00; bono navideño (2013-2014) 5.000.00. Neto a cobrar 28.916.81. Cursante al folio (99).

- Recibo de pago nomina de Jubilados de Educación a nombre de la ciudadana Paul Marrero Betty Margarita desde 01-04-2015 hasta 27-04-2015, por concepto de: Dif. Homologación (2013-2014) Bs. 1.111.36; Neto a cobrar 1.111.36. Cursante al folio (100).

II.2 Conforme a los hechos planteados por las partes procede este Juzgado a determinar la procedencia de la pretensión en atención al material probatorio aportado en la presente causa y en consideración a ello se observa:

II.2.1.- De la Caducidad
La ciudadana Betty Margarita Paul Marrero, alega que para el momento de la jubilación se le reconoció un porcentaje del ciento por ciento (100%) en el monto del último salario integral o total devengado, incluyéndose el monto del sueldo básico devengado como Docente V y las primas de Profesionalización Y Educación Especial, según se evidencia del citado Decreto. Que dicha pensión le fue cancelada desde el mes de julio del año 2010. Que en cumplimiento a la cláusula Quinta de su VII Convención Colectiva a los Docentes Nacionales se le acordó el siguiente aumento de su escala salarial: a) un (25%) para el 01 de septiembre de 2013; b) un veinticinco por ciento (25%) para el 01 de octubre de 2013; un diez (10%) para el 01 de junio de 2014; y un quince por ciento (15%) para el 01 de septiembre de 2014. Destaco que los docentes activos y pasivos (jubilados y pensionados) de la Administración Pública Nacional vienen percibiendo sus referidos incrementos salariales en forma integral, no a salario básico. Que el Gobierno mediante Decreto Presidencial Nº 649 Publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312 del 10 de Diciembre de 2013, extendió mediante Homologación a los docentes estadales y municipales (activos y pasivos) el mencionado incremento salarial integral otorgado por la referida convención colectiva a los docentes nacionales: activos y pensionados; cuya homologación debe pagarse retroactivamente. El 25 de septiembre de 2014, el Ejecutivo del Estado Bolívar, previo cumplimiento del diferencial salarial acordado en la Cláusula 112 de la IX Convención Colectiva Estadal actualizó, con carácter retroactivo el monto integral de homologación salarial a los Docentes Activos Estadales. En cuanto a los Docentes Jubilados o Incapacitados el 30 de septiembre de 2014, las Autoridades del Ejecutivo Estadal ordenaron pagarle la referida Homologación Salarial pero, a Salario Básico, eliminado arbitrariamente las primas y derechos correspondientes a: Ruralidad (cláusula 105 IX Convención); Profesionalización (cláusula 69 IX Convención); Prima por jerarquía (cláusula 71); Prima por Residencia Rural (cláusula 67) y otros, que son Derechos adquiridos por Convenciones Colectivas, y que se han reconocido y cancelado anteriormente a los Docentes Activos, y obviamente, a los jubilados e incapacitados.- Que por el pago incompleto de su pensión demanda los siguientes conceptos y montos correspondientes a las Diferencias Salariales (Pensión) de la Homologación Retroactiva de su pensión integral o total, incluyendo también las diferencias por aguinaldo y bono recreacional, comprendidas entre los meses de septiembre de 2013 a diciembre de 2014, para un total general de Ochenta Y Tres Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Bolívares Con Noventa Y Un Céntimos (Bs. 83.942.91).

Conforme a los hechos demostrados la Gobernación del estado Bolívar en fecha 03 de Septiembre de 2010, emitió Decreto No. 2013, otorgando la Jubilación a la ciudadana Betty Margarita Paul Marrero, quien se desempeñó como Docente V Art. 77 (33 horas) como Docente en Educación Especial, adscrita a la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Gobernación del estado Bolívar, desde el 01/02/1986, y le concedió la pensión por invalidez en proporción al cien por ciento (100%) del último sueldo devengado, (ver del folio 5 al 7). En tal sentido se observa que la recurrente fue notificada, otorgándosele la Jubilación por la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON DIECISEIS CENTIMOS (2.943.16), efectivo a partir del 01-07-2010, según se extrae del folio 04.

De acuerdo a lo anterior con respecto a la pretensión de que existe unas diferencias salariales (pensión) de la homologación retroactiva de su pensión integral o total, incluyendo también las diferencias por aguinaldos y bono recreacional, comprendidas entre los meses de septiembre de 2013 a Diciembre de 2014, este Juzgado destaca que toda acción intentada con fundamento en la prestación de servicios funcionariales deberá ser interpuesta ante los órganos jurisdiccionales en el lapso que establece el artículo 94 Ley del Estatuto de la Función Pública, aplicable en los casos donde exista una relación jurídico administrativa funcionarial que vincule a la parte con el órgano administrativo respectivo, el cual prevé un lapso de tres (03) meses para incoar la querella a partir del día en que se produce el hecho que da lugar al recurso; la referida disposición establece un lapso de caducidad, término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y su vencimiento ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, por ende, en el caso analizado la pensión de jubilación se causa mes a mes, en consecuencia, el lapso de caducidad debe computarse a partir que se genere la obligación de la Gobernación demandada de pagar cada una de ellas, esto es, mes a mes, porque cada pensión de jubilación causada genera para cada una de ellas de manera independiente un lapso de caducidad de tres (03) meses.

El recurso fue interpuesto el diez (10) de diciembre de 2014, por lo que opera la caducidad en los reclamos anteriores al diez (10) de septiembre de 2014, y ello también recae sobre el reclamo de diferencia de asignación (salario), retroactivo de diferencia de pago de aguinaldo 2013, retroactivo por la diferencia de bono recreacional 2013, y bono recreacional 2014, pues tales reclamo de reajuste de la jubilación causada durante ese período de tiempo, a tenor de lo establecido en el artículo 94 eiusdem, en relación a la pensiones generadas en ese año, no procede su ajuste por cuanto la acción ya se encuentra caducada, pues ha superado con creces el lapso de tres (3) meses. Así se decide.

II.2.2.- Del Reajuste de pensión de jubilación reclamada correspondiente al año 2014

En atención al reclamo formulado por el recurrente en su libelo de demanda, sobre el reajuste de pensión de jubilación correspondiente al año 2014, este Juzgado, considera propicio citar lo previsto en la Ley Orgánica de Educación, en relación a la jubilación, al efecto se observa:
Artículo 100: El monto de las jubilaciones y pensiones concedidas a educadores en función docente o administrativa deber ser modificado periódicamente de acuerdo con los reajustes que se efectuaren en el régimen de remuneración del personal en servicio.
Artículo 102: El monto de la pensión concedida en base a razones de incapacidad por enfermedad profesional o por accidente ocurrido en servicio, no podrá ser inferior a las dos terceras partes del sueldo correspondiente, previo disfrute por el interesado de un mínimo de seis meses de licencia remunerada.
Artículo 105: El cálculo del monto de las pensiones y jubilaciones se hará sobre la base de la remuneración total que por el desempeño de cargos docentes devengue el interesado para el momento en que le sea concedido el respectivo beneficio, cuando hubiere prestado sus servicios en forma ininterrumpida. . El mismo cálculo se aplicará para los docentes al servicio del Ministerio de Educación en cargos de libre nombramiento y remoción. Si hubiere interrupción en la prestación del ser vicio, el cálculo se realizará tomando como base el promedio de los sueldos percibidos durante los últimos treinta y seis meses en que hubiere desempeñado cargos del personal docente.
Artículo 106: El personal docente adquiere el derecho de jubilación con veinticinco años de servicio activo en la educación y con un monto del ochenta por ciento del sueldo de referencia. Por cada año de servicio adicional este porcentaje se incrementará en un dos por ciento del sueldo de referencia hasta alcanzar un máximo del ciento por ciento de dicho sueldo. ”.

En atención a estos dispositivos legales, se observa la posibilidad del reajuste de la pensión por invalidez por parte de la Administración Pública. Resaltándose que el tema de la seguridad social de los trabajadores es materia de reserva legal, y es a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional, a quien le corresponde la potestad de legislar en materia de Previsión y Seguridad Social, incluyendo dentro de tal potestad, el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos, conforme así lo dispuso el ordinal 24º del artículo 136 la extinta Carta Magna, y en la actualidad lo establece el último aparte del artículo 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas de las cuales se desprende que es competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional, dictar normas relativas a la Previsión y Seguridad Social, y así lo sostiene La Corte Contencioso Administrativo; de manera que el asunto que aquí se dirime, al tratarse de pensión de invalidez otorgada a una funcionaria pública que prestó servicio como docente, adscrito a la Gobernación del Estado Bolívar, se encuentra regulado su régimen funcionarial, igualmente en la Ley Orgánica de Educación, según lo dispuesto en el artículo 76 eiudem, que prevé “El ejercicio de la profesión docente estará fundamentado en un sistema de normas y procedimientos relativos a ingresos, reingresos, traslados, promociones, ascensos, estabilidad, remuneración, previsión social, jubilaciones y pensiones, sanciones y demás aspectos relacionados con la prestación de servicios profesionales docentes, todo lo cual se regirá por las disposiciones de la presente ley, de las leyes especiales y de los reglamentos que al efecto se dicten(…).”

Por lo que las normas que regulan la Pensión por Invalidez es normativa nacional, dictada por el órgano nacional competente, siendo de preferente aplicación la Ley Orgánica de Educación, pero en los supuestos no previsto la Corte Segunda sostiene que debe aplicarse de manera supletoria las disposiciones de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, ejemplo de ello es la sentencia No. 2008-2351 de fecha 16/12/2008, caso Maglenys Vargas de Ferrer Vs. Ministerio de Educación y Deportes, que ratifica la sentencia No. 2008-1457, de fecha 31/07/2008, caso Martha Monsalve Vs. Ministerio de Educación.

En tal sentido resulta propicio citar de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios las siguientes disposiciones legales:
Artículo 7
A los efectos de la presente Ley, se entiende por sueldo mensual del funcionario, funcionaria, empleado o empleada, el integrado por el sueldo básico y las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente. En el Reglamento de esta Ley se podrán establecer otros elementos de sueldo, según las características del organismo o del empleo.

Artículo 8
El sueldo base para el cálculo de la jubilación se obtendrá dividiendo entre veinticuatro (24) la suma de los sueldos mensuales devengados por el funcionario, funcionaria, empleado o empleada durante los dos últimos años de servicio activo.

Artículo 9
El monto de la jubilación que corresponda al funcionario, funcionaria, empleado o empleada será el resultado de aplicar al sueldo base, el porcentaje que resulte de multiplicar los años de servicio por un coeficiente de 2.5. La jubilación no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del sueldo base.

Artículo 14
Los funcionarios, funcionarias, empleados o empleadas sin derecho a jubilación recibirán una pensión en caso de invalidez permanente, siempre que hayan prestado servicios por un período no menor de tres (3) años. El monto de esta pensión no podrá ser mayor del setenta por ciento (70%) ni menor del cincuenta por ciento (50%) de su último sueldo. Esta pensión la otorgará la máxima autoridad del organismo al cual preste sus servicios. A los efectos de este artículo la invalidez se determinará conforme al criterio establecido en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social.


Citado lo anterior, y volviendo al caso de autos, la jubilación concedida fue en proporción al cien por ciento (100%) del último sueldo devengado por la funcionaria, siendo que la Docente Betty Margarita Paul Marrero, al haber prestado servicio por el espacio de 28 años y 4 meses, de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Educación, antes citada, la proporción del porcentaje de la pensión de incapacidad no podrá ser inferior a las dos terceras partes del sueldo. Sobre el particular la Corte sostiene que el artículo 27, el cual corresponde a la disposición final Cuarta de la misma Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, (2010), vigente para el momento en que se materializó el otorgamiento de la jubilación, pues la misma data desde 1986, con última reforma en el 2014, dispone:

“Los regimenes de jubilaciones y pensiones establecidos a través de convenios o contratos colectivos seguirán en plena vigencia y en caso de que sus beneficios sean inferiores a los establecidos en esta Ley, se equipararán a la misma. Estos regímenes se harán contributivos en forma gradual y progresiva en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley, en la oportunidad en que se discutan los convenios o contratos colectivos. La ampliación futura de esos beneficios deberá ser autorizado por el Ejecutivo Nacional. Las jubilaciones y pensiones a que se refiere este artículo, seguirán siendo pagadas por los respectivos organismos. Los beneficios salariales obtenidos a través de la contratación colectiva para los trabajadores activos o activas, se harán extensivos a los pensionados o pensionadas o jubilados o jubiladas de los respectivos organismos.” (Resaltado de este Juzgado).

La Ley en referencia sólo reconocía validez a los regímenes establecidos en Contratos Colectivos suscritos antes de su entrada en vigencia, así los Contratos Colectivos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley antes referida resulta necesario la aprobación del Ejecutivo Nacional, en tal sentido se distingue que al otorgarse la pensión de invalidez con el cien por ciento (100%) del sueldo percibido al momento de recibirla la Docente, hoy recurrente fue en contravención a la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, pues resultaba necesario la aprobación del Ejecutivo Nacional, al ser extendido su porcentaje, lo cual no consta en autos documento alguno que evidencie la aprobación del Ejecutivo Nacional, por lo que siendo ello así este Juzgado no puede convalidar una actuación contraria al ordenamiento jurídico. Así se establece.

No obstante lo anterior, se desprende de las actas procesales, que el recurso fue interpuesto el diez (10) de diciembre de 2014, en consecuencia, solamente se interpuso válidamente el reclamo de reajuste de la pensión de invalidez causada desde el diez (10) de septiembre de 2014, en atención a ello, de las pruebas documentales anteriormente analizadas, concluye este Juzgado que se demostró en el proceso que la Gobernación efectuó en fecha 20 de Abril de 2015, revisión del pago por concepto de Homologación entre la escala salarial regional y la escala salarial del Ministerio del Poder Popular para la Educación desde el 01/09/2014 al 15/09/2014, de acuerdo a la cláusula 5 de la Remuneración de la Jornada de Servicio, en la que se estipula el incremento porcentual en el salario de los trabajadores docentes, el cual es aplicable de acuerdo a su clasificación, pues la recurrente esta clasificada como Docente V de acuerdo al Tabulador, (ver folios 59 y 60).

Se obtiene de tal actuación, la cual está suscrita por el Abg. José Ángel Díaz Pino Secretario de Talento, la información suministrada en cuanto a reajuste efectuado para el mes de septiembre de 2014, es corroborada por el recibo de pago del período 01/10/2014, pues la Asignación por pensión de invalidez es por (Bs. 6.604,11), contenido en la cláusula No. 5 de la VII Convención Colectiva De Los Trabajadores De La Educación Dependientes De La Gobernación Del Estado Bolívar, cursante al folio 68, cuya suma al adicionársele el diez por ciento (10%) diferencial asciende a la cantidad de Bs. 7.264,52, (ver folios 11 y 59), y para los recibos de pagos correspondiente a los períodos 20-04-2015 al 20-04-2015, percibió por diferencias de concepto de bono navideño (2013-2014) Bs. 5.000.00, bono semana santa (2014) Bs.2.000.00, Dif. Aguinaldos (2013-2014) Bs. 5.843.08; Dif. Bono recreacional (2013-2014) Bs. 5.112.70; ret. Jubilación (2013-2014) Bs.10.961.03, con un total neto a cobrar de 28.916,81; (ver folios 61 y 99), y para el período 22-04-2015 hasta el 22-04-2015, por concepto de un bono navideño (2014) la cantidad de Bs. 500.00; (ver folio 62); para la fecha 27-04-2015 hasta el 27-04-2015, por concepto de Dif. Homologación (2013-2014) Bs. 1.111.36; (ver folio 63 y 100).

Recapitulando la recurrida señala que la asignación de pensión de jubilación para el mes de septiembre de 2014 fue revisada en comparación al Tabulador Nacional, partiendo de esta fecha para analizar el reajuste de pensión de invalidez reclamada en autos, se distingue que la asignación percibida desde esa fecha 01-09-2014 es de Bs. 4.856,21, siendo que le correspondía por el reajuste de pensión de invalidez, de acuerdo al tabulador el aumento que junto con la adición del 10% diferencial alcanza a la cantidad de 7.264.52 (ver folio 59), en conformidad a la tabla inserta al folio 68, en tal sentido se distingue que el cálculo de los beneficios que reclama la actora (Aguinaldo 2014) se hizo en base de la pensión de invalidez devengada por la cantidad de 7.264,52. Así se establece.
Valga señalar que cuando la parte recurrente refiere en su libelo de demanda que por el cumplimiento de la CLAUSULA QUINTA de su VII CONVENCION COLECTIVA a los DOCENTES NACIONALES, se les acordó el siguiente aumento de su escala salarial : a) un (25%) para el 01 de septiembre de 2013; b) un veinticinco por ciento para el 01 de octubre de 2013; un diez (10%) para el 01 de junio de 2014;y un quince por ciento 15% para el 01 de septiembre de 2014. Destacando que los docentes activos y pasivos (jubilados y pensionados) de la Administración Publica Nacional vienen percibiendo sus referidos incrementos salariales en forma integral, no a salario básico. Que el Gobierno Mediante Decreto Presidencial Nº 649 Publicado En Gaceta Oficial Nº 40.312 Del 10 De Diciembre De 2013, extendió mediante HOMOLOGACION a los docentes estadales y municipales (activos y pasivos) el mencionado INCREMENTO SALARIAL INTEGRAL otorgado por la referida Convención Colectiva a los DOCENTES NACIONALES: activos y pensionados; cuya homologación debe pagarse retroactivamente. Que el 25 de noviembre de 2014, el Ejecutivo Del Estado Bolívar, previo cumplimiento del diferencial salarial acordado en la Cláusula 112 De La IX Convención Colectiva Estadal actualizó, con carácter retroactivo el monto integral de homologación salarial a los Docentes Activos Estadales. En cuanto a los docentes jubilados o incapacitados el 30 de septiembre de 2014, las autoridades del Ejecutivo Estadal ordenaron pagarle la referida homologación salarial pero, a salario básico, eliminando arbitrariamente las primas y derechos correspondientes a Ruralidad (Cláusula 105 IX Convención); Profesionalización (Cláusula 69 IX Convención); Prima Por Jerarquía (Cláusula 71); Prima Por Residencia Rural (Cláusula 67) y otros, que son Derechos adquiridos por Convenciones Colectivas, y que se han reconocido y cancelado anteriormente a los derechos activos, y obviamente, a los jubilados e incapacitados.

La recurrida ante tal planteamiento arguye que el decreto presidencial Nº 649 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312 del 10 de Diciembre de 2013, no establece, ni hace mención a tal homologación. Dicha Gaceta cursa del folio 75 al 78.

De acuerdo a tal planteamiento efectivamente no se desprende del contenido del mencionado Decreto Nº 649 publicado en Gaceta Oficial Nº 40.312 del 10 de Diciembre de 2013, lo aludido por la querellante de la extensión de la homologación a los Docentes Estadales y Municipales.

Es así que este Juzgado Superior en análisis a lo referido por la recurrente de que les fue cercenado “arbitrariamente las primas y los derechos correspondientes a: Ruralidad (Cláusula 105 IX Convención); Profesionalización (Cláusula 69 IX Convención); Prima Por Jerarquía (Cláusula 71); Prima Por Residencia Rural (Cláusula 67) y otros, que son Derechos adquiridos por Convenciones Colectivas, y que se han reconocido y cancelado anteriormente a los derechos activos, y obviamente, a los jubilados e incapacitados”. Asimismo en análisis del ACTA DE ACUERDO de fecha 30 de junio de 2015, suscrita por las autoridades del Ejecutivo con los correspondientes gremios docentes, siendo esta actuación la que hace valer la recurrente, pues a su decir, dicha Acta cursante a los folios 97 y 98, reconoce los derechos pretendidos en su demanda, este Juzgado observa en consideración a lo previsto en el Art. 7 de la Reforma Parcial a la Ley del Estatuto Sobre El Régimen De Jubilaciones Y Pensionados De Los Funcionarios O Funcionarias O Empleados O Empleadas De La Administración Publica Nacional, de los Estados y De Los Municipios, ya citado ut supra, el cual prevé, que “ a los efectos de la presente ley se entiende por sueldo mensual del funcionario o empleado, el integrado por el sueldo básico y las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente. En el reglamento se podrán restablecer otros elementos del sueldo, según las características del organismo o del empleo”.

En atención a lo así dispuesto se distingue que en el Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, establece en su artículo 15 lo siguiente:
Artículo 15. La remuneración a los fines del cálculo de la jubilación estará integrada por el sueldo básico mensual, por las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente y por las primas que respondan a estos conceptos.
Quedan exceptuados los viáticos, las primas por transporte, las horas extras, las primas por hijos, así como cualquier otra cuyo reconocimiento no se base en los factores de antigüedad y servicio eficiente, aunque tengan carácter permanente”.


Ahora bien el sueldo o salario que devenga el funcionario público por sus servicios prestados es diferente a la concepción de sueldo o salario para establecer la pensión por jubilación o incapacidad, sobre este aspecto el artículo 54 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, prevé que el sistema de remuneraciones comprende los sueldos, compensaciones, viáticos, asignaciones y cualesquiera otras prestaciones pecuniarias o de otra índole que reciban los funcionarios públicos por sus servicios, el artículo 7 de la Ley del Estatuto de la Función Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, por su parte, determina que a los efectos de esa Ley, se entiende por sueldo mensual del funcionario o empleado el integrado por el sueldo básico y las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente, sin perjuicio de que el Reglamento de esa Ley establezca otros elementos de sueldo , según las características del organismo o del empleo.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Nº 00781, de fecha 09/07/2008, ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz. Caso: Antonio Suárez y otros) y la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo (Sentencia de fecha 09/12/2009, ponencia del Juez Alejandro Soto Villasmil. Caso: José Luís Garcés Morón Vs. Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura), estableció criterio sobre la conformación del sueldo base para el cálculo de la pensión de jubilación:
“… De esta manera, considera la Sala que a los fines de la interpretación solicitada debe atenderse a la noción de sueldo establecida en el artículo 7 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios y no al concepto de salario previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues, como bien se señaló, la primera es la ley especial que regula el beneficio de jubilación y pensión de los funcionarios de la Administración Pública.
Establecido lo anterior, pasa la Sala a dilucidar la duda planteada por los solicitantes, y al respecto se aprecia que el artículo 7 de la mencionada Ley, establece los elementos que han de componer el sueldo mensual del funcionario público, el cual comprende: i) el sueldo básico, ii) las compensaciones por antigüedad y iii) las compensaciones por servicio eficiente.
Por su parte, el artículo 8 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, establece la forma de computar el sueldo base para el cálculo de la pensión de jubilación, el cual se obtiene dividiendo entre veinticuatro (24) la suma de los sueldos mensuales devengados por el funcionario o funcionaria, empleado o empleada durante los dos (2) últimos años de servicio activo.
Ahora bien, resulta necesario analizar el contenido de la noción sueldo mensual empleada en el artículo 7 de la Ley bajo estudio, para lo cual se estima pertinente realizar algunas precisiones terminológicas, pues como bien señala el artículo 4 del Código Civil, “... A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión entre sí y la intención del legislador....”.
Así pues, el vocablo Sueldo significa conforme al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de G. Cabanellas y Alcalá-Zamora, “la remuneración mensual o anual asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o empleo profesional”.
Por otra parte, entiende la Sala que la expresión “compensación por antigüedad” empleada por el Legislador en el artículo 7 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, se refiere a la prima otorgada al funcionario o empleado una vez haya cumplido con un tiempo determinado de servicio en la Administración, lo cual constituye una retribución por los años de trabajo en la función pública. Dicha compensación por su carácter regular y permanente, se incluye en el cómputo total de la remuneración mensual del funcionario o empleado.
En lo que respecta a la “compensación por servicio eficiente” ésta se refiere a la cantidad dineraria recibida por el funcionario en virtud del rendimiento demostrado en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, dicha prima recompensa la responsabilidad demostrada por el servidor público en el desempeño de sus labores, por lo cual una vez otorgada, igualmente forma parte integrante del sueldo…”.


Es así que en aplicación de la citada jurisprudencia al caso de autos, la Doctrina alude a que el sueldo mensual a considerar para el cálculo de pensión de jubilación e incapacidad, se encuentra integrado por: A) El sueldo básico; B) Compensación o prima por antigüedad; C) Compensación o prima por servicio eficiente de trabajo; y D) Y la exclusión de los viáticos, las primas por transporte, las horas extras, las primas por hijos, así como cualquier otra cuyo reconocimiento no se base en los factores de antigüedad y servicio eficiente, para el respectivo cálculo, así tengan el carácter de permanente.

Recientemente las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se han pronunciado sobre los conceptos que deben ser incluidos en el calculo del sueldo base para el calculo de la pensión de jubilación, también aplicable a la pensión por invalidez, así pues en la sentencia Nº 2009-403, de fecha 16 de marzo de 2009, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, (caso: Rodrigo Sánchez vs. el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), estableciendo lo siguiente:
“Del análisis de las normas supra transcritas, se desprende que los conceptos que deben ser tomados en consideración para el cálculo de la pensión de jubilación, son las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente, así como las primas que respondan a estos conceptos, requisitos éstos que deben ser concurrentes con la condición de ser pagos recibidos por el funcionario de una manera regular y permanente.
Así lo ha dejado establecido en varias oportunidades esta Corte, como en sentencia Nº 1556 de fecha 14 de agosto de 2007, caso: Carmen Josefina González Hernández contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria, al señalar que:
“(…) tal como se desprende del artículo 15 del Reglamento de la entonces vigente Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios –supra transcrito-, a los fines del cálculo de la jubilación se debían tomar en cuenta (entre otros) las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente, así como las primas que respondan a estos conceptos, pagos que deben asimismo ser de manera regular y permanente...”.

Para mayor abundamiento se distingue que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), caso: Josefina López Camero, dejó sentado:

“…Conforme a la transcripción de los citados artículos, queda plenamente determinado cuáles son los conceptos que deben ser tomados en cuenta a los efectos del cálculo para el pago de la pensión de jubilación; entre ellos se destaca, que la pensión estará integrada por el sueldo básico mensual, sumado a las compensaciones que hayan sido otorgadas al funcionario público, por la antigüedad y el servicio eficiente, así como las primas que correspondan por estos conceptos, de lo que se concluye que las primas en que pretende soportar su pretensión la parte actora, como lo son “Prima de jerarquía, prima de responsabilidad alto nivel y Prima de profesionalización quincenal”, no forman parte de los elementos a considerar para calcular el sueldo base de la pensión de jubilación, es decir, que cualquier incremento en las remuneraciones de los funcionarios, que no constituyan los conceptos de sueldo base y compensación por antigüedad y servicio eficiente, no podrán ser computados, para el cálculo de la pensión de jubilación, ni para su posterior homologación, ya que los mismos formarían parte del sueldo integral. Es por ello, que la remuneración qué debe fungir como base de cálculo para fijar el monto de la pensión de jubilación debe adecuarse a la noción de salario normal, es decir del sueldo base, ello, en el marco de las consideraciones precedentemente expuestas.
Se observa entonces que, la prima de jerarquía, la prima de responsabilidad alto nivel y la prima de profesionalización quincenal, deben considerarse como parte del denominado “salario integral”, y no del sueldo base, siendo este último el correspondiente para el cálculo de la pensión de jubilación…” (Resaltado de este Juzgado).

En consideración a lo anterior, se puede observar que la Corte en análisis de las normas contenidas en el Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, específicamente el artículo 15, concluyó que para los fines del cálculo de jubilación, la remuneración estará integrada por el sueldo básico mensual y las compensaciones que deriven de la antigüedad y servicio eficiente y las primas que respondan a estos conceptos y sean pagadas de manera reiterada y permanente, requisitos estos concurrentes para poder ajustarlos al cálculo de la jubilaciones y pensiones.

De acuerdo a ello la inclusión de la prima de Ruralidad, Profesionalización, Prima por jerarquía, Prima por Residencia Rural, no derivan de la antigüedad y servicio eficiente, que son los conceptos reconocidos por la ley y la jurisprudencia, por lo tanto tales primas no pueden ser consideradas para el reajuste de la pensión de jubilación de la querellante, además de las actas que cursan en autos no se puede distinguir que el recurrente percibiera las primas de ruralidad, ni de jerarquía, ni por residencia rural, que en todo caso, el pago de los mismos obedecen a un beneficio o compensación otorgada en razón a la prestación efectiva del servicio, resaltando que en lo relativo a la prima de ruralidad y residencia rural, ella está referida a la prestación efectiva del servicio en un zona de difícil acceso, por lo que mal puede interpretarse que ello deba ajustarse al cálculo del monto o asignación de la jubilación, pues tal porcentaje se paga mes a mes con ocasión a la ubicación o la zona donde labore el docente, por lo que siendo ello así se desestiman tales pedimentos. Así se establece.

Es así que en cuanto a lo reclamado por la demandante, se distingue que la parte actora percibió por concepto de Aguinaldos 2014, la cantidad asignada de Bs. 29.058,08, como así lo refleja en su relación de calculo, que señala la parte recurrente que fue elaborada por la Lic. Marolqui Requena, (ver final del folio 12); una asignación de pensión de jubilación de Bs. 7.264,52 que se encuentra acorde con lo establecido en el referido tabulador, y en conformidad al Parágrafo Tercero del artículo 68 de la Convención ya citado ut supra, así se observa del recibo por el período 01-10-2014 hasta 31-10-2014, (ver folio 11); por lo que en cuenta de ello, en relación a las diferencias que alude la recurrida le corresponde al Docente Jubilado, se observan los recibos de pago de Nomina de Jubilados de Educación de fecha 20-04-2015 al 20-04-2015, a nombre de Paul Marrero Betty Margarita, con el cargo de 37-P00-PN00, Jubilados Educadores, por concepto de bono navideño (2013-2014) asignación 5.000,00, bono semana santa (2014) 2.000,00, Dif. Aguinaldos (2013-2014) Bs. 5.843.08; Dif. Bono recreacional (2013-2014) 5.112.70Ret. Jubilación (2013-2014) 10.961.03, cuyo total es de (Bs. 28.916.81), (ver folio 61); además recibo de pago nomina de jubilados de Educación de fecha 22-04-2015 al 22-04-2015, a nombre de Paul Marrero Betty Margarita, con el cargo de 37-P00-PN00, jubilados educadores, por concepto de bono navideño (2014) asignación 500.00. Neto a cobrar (Bs. 500.00), (Ver folio 62); por ultimo recibo de pago de fecha 27-04-2015 hasta el 27-04-2015, a nombre de Paul Marrero Betty Margarita, con el cargo de 37-P00-PN00, jubilados educadores, por concepto de Dif. Homologación (2013-2014) Bs.1.111.36; por lo que resulta evidente que la recurrente percibió las diferencias reclamadas en su libelo de demanda, y así se establece.

III. DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: INADMISIBLE la DEMANDA POR REAJUSTE DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN incoado por la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO, desde el mes de septiembre del 2013 hasta agosto de 2014 por haber operado la caducidad de la acción.
SEGUNDO: SIN LUGAR la DEMANDA POR REAJUSTE DE PENSION DE JUBILACIÓN desde el mes de septiembre de 2014 hasta diciembre de 2014, incoado por la ciudadana BETTY MARGARITA PAUL MARRERO contra el ESTADO BOLIVAR.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia al Procurador General del Estado Bolívar, transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia de notificación, se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el Índice de Copiador de sentencias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los Tres (03) días del mes de Diciembre del año 2015. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

LA JUEZA TEMPORAL
LULYA ABREU LÓPEZ

LA SECRETARIA
ODEISA VIÑA HERRERA