TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz
Puerto Ordaz, Veintiuno (21) de Julio de 2015
Años: 205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : FP11-O-2013-000046
ASUNTO : FP11-O-2013-000046

I.-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PRESUNTAS
(AS) AGRAVIADOS (AS): sociedad mercantil SIDOR C.A., domiciliada en Caracas, Distrito Federal, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el primero (01) de abril de 1.964, bajo el Nº 86, Tomo 13-A, cuyos estatutos fueron modificados, según consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas Nº 138, del veinte (20) de Junio del año 2003, Inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 20 de junio de 2003, bajo el Nº 21, Tomo 79-A Pro, con sucesivas modificaciones, siendo la última la contenida en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, Nro 155, de fecha veintitrés (23) de junio de del año 2009, Inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda de fecha 29 de junio de 2009, bajo el Tomo 154-A Pro.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PRESUNTA AGRAVIADA: Ciudadanos NORALI DE LA ROSA, JOSE MIGUEL AMATO y MARIA GARCIA, abogados, e inscritos en elñ Inpreabogado bajo los Nº 113.183, 63.096 Y 143.659.
PRESUNTOS (A) AGRAVIANTE: JULIO GUERRA, JOSE SARACUAL, JOSE GUTIERREZ, JULIO GAMEZ, JHON SUE, ALEXANDER SUBERO, KENNY VELASQUEZ, ELIS CEDEÑO, JOSE MAGO, RODOLFO GARRIDO, IMER ORTUÑO y ANIBAL FARFAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V- 5.552.399, V- 8.534.250, V- 8.002.406, V- 13.120.372, V- 12.893.284, V- 14.403.484, V- 17.210.529, V- 12.651.656, V- 8.483.811, V- 9.278.825, V- 16.630.916, V- 12.601.863, respectivamente.
CAUSA: AMPARO CONSTITUCIONAL contra la violación de los artículos 112, 50, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativas al derecho al libre tránsito, derecho al trabajo, libre ejercicio de la actividad económica.

II.-
DE LAS ACTUACIONES DE LAS PARTES Y DEL TRIBUNAL

En fecha 21 de Agosto de 2013 se recibió ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) pretensión de amparo constitucional, y recibido en fecha 21 de junio de 2013 por este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede Puerto Ordaz.

En fecha 22 de Agosto de 2013, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede Puerto Ordaz, le da entrada.

En fecha 22 de Agosto de 2013, el referido Juzgado admitió la presente causa y ordeno las notificaciones a los agraviantes al comandante del destacamento 88 de la guardia nacional, del procurador general de la republica, al fiscal del ministerio publico, y a la defensoria del pueblo.

Transcurrido más de seis meses sin que la parte haya impulsado la causa desde que la empresa consigno notas de prensa, en fecha 22 de Agosto de 2013, pasa este Tribunal a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Consta en el expediente que la interposición de la demanda en fecha 22 de Agosto de 2013. Desde esa oportunidad, esta sentenciadora precisa que ha transcurrido más de seis (6) meses, sin que el actor y/o sus apoderados constituidos en autos hayan instado el procedimiento de amparo constitucional.

Esa conducta pasiva de la parte actora, ha sido calificada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como abandono del trámite, en decisión Nº 982, del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) en los siguientes términos:

“…la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de amparo constitucional quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. s. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en GUI MORI, Tomás, ‘Jurisprudencia Constitucional 1981-1995’, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p.609). Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00).

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el Tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.

Así, a pesar de que el dictado de la Providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”. (Cursivas, subrayados y negrillas añadidas).

Además, este Tribunal hace notar que, luego de revisados los hechos que configuraron la pretensión de amparo constitucional en el caso sub examine, la infracción denunciada no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares del actor, y tampoco es de una magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, por lo que se precisa que no se encuentra involucrado el orden público, noción que fue desarrollada por la misma Sala Constitucional en la sentencia Nº 1419, del 10 de Agosto de 2001, caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera, como excepción a la caducidad contemplada en el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aplicable igualmente al abandono de trámite.

En virtud de las anteriores consideraciones, resulta forzoso para este Tribunal declarar abandonado el trámite por la parte actora, correspondiente a la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento. Así se decide.

IV
DISPOSITIVA

Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO BOLIVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la demanda de Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la sociedad mercantil SIDOR C.A., domiciliada en Caracas, Distrito Federal, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el primero (01) de abril de 1.964, bajo el Nº 86, Tomo 13-A, cuyos estatutos fueron modificados, según consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas Nº 138, del veinte (20) de Junio del año 2003, Inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 20 de junio de 2003, bajo el Nº 21, Tomo 79-A Pro, con sucesivas modificaciones, siendo la última la contenida en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, Nro 155, de fecha veintitrés (23) de junio de del año 2009, Inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda de fecha 29 de junio de 2009, bajo el Tomo 154-A Pro, contra los ciudadanos JULIO GUERRA, JOSE SARACUAL, JOSE GUTIERREZ, JULIO GAMEZ, JHON SUE, ALEXANDER SUBERO, KENNY VELASQUEZ, ELIS CEDEÑO, JOSE MAGO, RODOLFO GARRIDO, IMER ORTUÑO y ANIBAL FARFAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V- 5.552.399, V- 8.534.250, V- 8.002.406, V- 13.120.372, V- 12.893.284, V- 14.403.484, V- 17.210.529, V- 12.651.656, V- 8.483.811, V- 9.278.825, V- 16.630.916, V- 12.601.863, respectivamente, en la causa de AMPARO CONSTITUCIONAL. ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

SEGUNDO: Se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República.

La presente decisión se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 2, 26, 49 y 257 Constitucionales, en la decisión Nº 982, del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y los artículos 12, 15, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por expresa remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los veintiún (21) días del mes de Julio del dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

LA JUEZ,

ABG. MARVELYS PINTO FUENTES.
LA SECRETARIA,

ABG. OMARLIS SALAS

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede y se publicó la anterior decisión, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.). Conste.
LA SECRETARIA,

ABG. OMARLIS SALAS