REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
COMPETENCIA CIVIL

ASUNTO: FP02-R-2015-000007 (8918)
RESOLUCIÓN Nº PJ0172015000005

PARTE ACTORA: Inversiones EA 2040, C.A., empresa de éste domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Bolívar, en fecha 29/07/2009, bajo el Nº 13, Tomo 20-A REGMESEGBO.-

APODERDADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Simón Eloy Andarcia Febres, Mauro Alexander Gamboa Méndez, Liza Moussa Akkary, José Gregorio Marinho, Oliver Aguirre y Antonio Sánchez, abogados en ejercicios e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 49.865, 119.726, 132.635, 146.934, 84.124 y 36.137, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Dakota Chiken’s, C.A., Sociedad Mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Bolívar, en fecha 28/10/2009, bajo el Nº 29, Tomo 29-A REGNESEGBO 304 y al ciudadano Douglas Ernesto Chávez Oropeza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.546.656.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Jorge Sambrano Morales, Yorgredicis Aguane Hernández y Vanessa Herrera,, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión del Abogado bajo los Nros. 25.138, 227.330 y 132.384; tal como se evidencia de instrumento poder inserto al folio 235-236 de la 2da pieza de éste expediente.-

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO -LOCAL COMERCIAL.-
I:
Llegan los autos a esta Superioridad, producto del ejercicio del Recurso de apelación, oído en ambos efectos, intentado por el co-apoderado Judicial de la parte actora, abogado JORGE SAMBRANO MORALES, en representación del ciudadano DOUGLAS ERNESTO CHAVEZ OROPEZA (parte demandada), en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito Circunscripción Judicial estado Bolívar, de fecha 14 de enero de 2015; a través del cual, el Juez de la causa declaró: “…SIN LUGAR los vicios denunciados con relación a experticia complementaria del fallo, como la experticia del justiprecio para el acto de remate, como la Nulidad de la publicidad y el acto de remate, formulados por la parte demandada empresa mercantil DAKOTA CHIKEN, C.A., y DOUGLAS ERENESTO CHAVEZ plenamente identificados en autos representados judicialmente por los abogados en libre ejercicio JORGE SAMBRANO MORALES, YORGREDICIS AGUANE HERNANDEZ y VANESSA HERRERA, inscritos en el inpreabogado bajo los números 25.138, 277.330 y 132.384 respectivamente. Se condena en costas a la parte demandada...”. En fecha 05 de junio de 2015, se le dio entrada por esta Alzada y se fijó al vigésimo (20) día de despacho siguiente para consignar informes, donde ambas partes hicieron uso de este derecho.

Llegada la oportunidad para que esta Alzada dictaminara, lo hizo de la siguiente manera:

II:
Observa esta Superioridad, que en el caso de autos nos encontramos en presencia de un recurso de apelación contra la Resolución del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito Circunscripción Judicial estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, de fecha 14 de enero de 2015, en el cual el recurrente solicita al tribunal a quo lo siguiente: “…1.) Que reponga la causa al estado de practicarse NUEVAMENTE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA ordenada por ese tribunal, y e sea indicado a los peritos los puntos con precisión sobre los cuales debe recaer la misma, conforme a la Ley, y declare la NULIDAD PROCESAL de todas las actuaciones posteriores a ese acto irrito. 2.) … De la nulidad del justiprecio. Que de las actas que conforman este procedimiento de ejecución, se observa que los peritos una vez juramentados extemporáneamente, no fijaron la oportunidad para que las partes efectúen sus observaciones y puedan contribuir a la fijación del valor racional de las cosas, tal como lo dispone el artículo 558 del Código de Procedimiento Civil. Al no cumplirse esa exigencia legal, el justiprecio presentado por los peritos resulta viciado de nulidad…En razón de ello, pido se declare la nulidad del justiprecio, y se reponga la causa al estado que más adelante se solicitará, puesto que existen otros vicios procesales que anulan por completo este procedimiento de ejecución de sentencia. 3.)…De la Nulidad de la Publicidad del Remate y del Acto de Remate… todo el procedimiento de publicidad del acto del remate se encuentra viciado de serias irregularidades procesales, puesto que: 1.) Los carteles no fueron publicados en la oportunidad de Ley (tres en tres días). 2.) El último cartel publicado consignado extemporáneamente no indico NI LA FECHA, NI LA HORA, NI EL LUGAR en que se iba a efectuar el ACTO DE REMATE. 3.) Al efectuarse el acto de remate, sin haberse anunciado en el último cartel el día, hora y lugar, es NULO DE NULIDAD ABSOLUTA. En virtud de ello, y por resulta infectado todo el procedimiento de ejecución de sentencia, inclusive desde el momento de la práctica de la experticia complementaria del fallo, que también resulta nula, solicitamos al tribunal, en nombre de nuestro representado, declare la nulidad de todo el procedimiento de ejecución de sentencia y se reponga la causa al estado de ordenar la practica de una experticia complementaria con expresa sujeción a los parámetros legales establecidos en la norma procesales que fueron violadas en este procedimiento…”.

III:
Consideraciones para decidir:

Examinado el escrito de formalización a la apelación, estima pertinente este tribunal para mejor entendimiento a la decisión a tomar realizar un recuento a los acontecimientos procesales ocurridos en el caso a saber:

A.) El reclamo o impugnación planteado por la parte demanda respecto a la experticia complementaria del fallo, realizado ante el a quo en fecha 26 de septiembre de 2014 folios 238 al 242 de la segunda pieza, y la consignación de ésta (la experticia complementaria del fallo) fue hecha el 16 de julio de 2013 folio 181 al 188 segunda pieza. El día 14 de enero de 2015 el tribunal a quo dictó sentencia interlocutoria en la cual declaró: “…SIN LUGAR los vicios denunciados con relación a experticia complementaria del fallo…”.

Ahora bien, una vez establecido uno de los puntos de apelación señalados por la parte recurrente, esta alzada pasa a realizar algunas consideraciones generales al caso de autos, en consecuencia:

En cuanto a la ejecución de la sentencia tenemos que el procedimiento esta establecido en el Titulo IV capítulo I de Código de procedimiento Civil el cual establece el lapso para la ejecución voluntaria y forzosa de la sentencia, fase en la cual el Juez de Ejecución está facultado para disponer de todas las medidas que considere pertinentes, a fin de garantizar la efectiva ejecución del fallo y que esta discusión no se haga ilusoria incluso solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Si la sentencia definitivamente firme ha ordenado una experticia complementaria, el lapso útil para su cumplimiento voluntario correrá, propiamente, desde el momento en que dicha experticia liquide ciertamente el monto de la condena de la sentencia definitivamente firme, y dicha experticia complementaria del fallo debe realizarse previamente a la ejecución, a fin de que transcurra el plazo legal para que el demandado pueda cancelar voluntariamente el monto líquido que resulte de la experticia complementaria.

En este sentido el artículo 249 del Código Procedimiento Civil, señala:

“En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito. En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos.
En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación; y de lo determinado se admitirá apelación libremente.”

Bajo esta óptica, sobre la práctica de la experticia complementaria del fallo y el lapso para atacar la misma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 30 de abril de 2004 conociendo una acción de amparo constitucional incoado por el ciudadano ANTONIO PÉREZ GARCÍA contra la sentencia que dictó el 04 de julio de 2002 el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, estableció lo siguiente:
“…La sentencia objeto de consulta declaró sin lugar el amparo de autos, con fundamento en que, si bien el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso se habían violado, no menos cierto era que tales violaciones se habrían producido con ocasión del reclamo que había intentado la parte perdidosa, respecto de la experticia complementaria del fallo; reclamo que resultó ser extemporáneo y, por tanto, era inútil una decisión de reposición que partiera de la consideración del reclamo.
La Sala, ciertamente, observa que el centro de las denuncias de violaciones de orden constitucional gira en torno a la no resolución del reclamo de la experticia complementaria del fallo y a la decisión de la ejecución del fallo objeto de la experticia. Por tanto, para que tenga sentido y puedan ser objeto de análisis las denuncias, lo lógico y correcto es la determinación de si el reclamo fue formulado de manera extemporánea o no, pues la decisión del amparo dependerá de tal conclusión.
Así las cosas, la Sala observa que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de que la parte formule reclamo respecto de la experticia complementaria del fallo, cuando la misma esté fuera de los límites del fallo o sea inaceptable la estimación por excesiva o por mínima. Ahora bien, dicha norma no preceptúa la oportunidad para que se formule el reclamo respecto de la experticia complementaria del fallo.
La sentencia objeto de consulta consideró que el lapso para el reclamo era el mismo de cinco (5) días de despacho para la apelación (Artículo 298 eiusdem). La Sala comparte esta apreciación, toda vez que el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil señala que la experticia “se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado”. (Negrillas y subrayado nuestro).

En análisis del caso bajo examen y en virtud de las consideraciones señaladas anteriormente, resulta claro que el lapso para impugnar la experticia complementaria del fallo es de 05 días de conformidad con lo establecido en los artículos 298 y 249 ambos del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, retomando el caso de autos tenemos que según consta en las actas procesales, la experticia complementaria del fallo realizada por el ciudadano: Roniel José Martínez fue agregada a las actas procesales el día 16 de julio de 2013 a los folios 127 al 131 de la segunda pieza, por lo que las partes tenían cinco (05) días hábiles para impugnar la misma, habiendo transcurrido desde la fecha de consignación (experticia complementaria del fallo) y la fecha de impugnación vale indicar el 26 de septiembre de 2014, han transcurrido exactamente un (1) año y Dos (2) meses, razón por la cual esta Alzada considera que habiendo sido consignada la experticia complementaria del fallo en fecha 16 de julio de 2013 las partes tenían aproximadamente hasta el día 23 de julio de 2013 para impugnar la misma, y como quiera que la parte demandada impugnó la experticia en fecha 26 de septiembre de 2014, resulta evidente que la misma fue impugnada en forma INTEMPESTIVA. Así se decide.-

B.) De la nulidad del justiprecio:

Observa esta superioridad que el recurrente manifiesta su inconformidad en relación al justiprecio fijado en la experticia.

En el viejo Código de Procedimiento Civil de 1.916, se desarrollo una extraordinaria polémica sobre el procedimiento de ataque o impugnación del peritaje llevado a cabo a los fines del justiprecio, y todo ello debido a que el artículo 480 del Derogado Código Procesal, no establecía un procedimiento claro sobre la forma de sustanciar la referida impugnación, siendo que, en base a una sentencia de vieja data del 15 de Mayo de 1.969, de la extinta Corte Suprema de Justicia, se decidió establecer como lapso para impugnar tal peritaje, consagrado para el control de los fallos ordinarios o interlocutorios que ocurrían en la sustanciación del Iter Procesal, dejando atrás la interpretación de la voluntad de la Ley, y tomando en consideración también el método lógico interpretativo de la analogía. Con la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1.986 y especialmente en el contenido normativo del artículo 561 Ibidem, se disipó la forma de sustanciarse la impugnación al justiprecio y a su vez se estableció que la decisión del Juez en relación a tal impugnación no tenía apelación.

En efecto el artículo 561 del Código de Procedimiento Civil, estableció:

“El mismo día de la reunión de los peritos en el Tribunal para la fijación del justiprecio, podrán las partes impugnar el resultado por error sobre la identidad o calidad de la cosa justipreciada, lo cual probarán dentro de los cinco días siguientes, resolviendo el Juez el sexto día la pretensión del impugnante, y en caso de declarar firme el justiprecio fijado por los peritos impondrá al impugnante una multa de mil bolívares. De la decisión del Juez no se oirá apelación”.

Ahora bien, cualquier exégeta del Código Adjetivo, cualquier abogado litigante o cualquier ciudadano de la República, pudiera preguntarse ¿Porqué la resolución sobre la impugnación del peritaje no tiene apelación?. ¿Se ajusta dicha norma a la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de 1.999? Para esta alzada, si bien es cierto el justiprecio realizado por perito, equivale a una experticia, ésta se diferencia de la experticia como medio probatorio, en efecto no es menos cierto que la experticia como medio probatorio consagrada en el artículo 1.427 del Código Civil, no es vinculante para los jueces, si su convicción se opone a ello; en cambio, en la experticia que se realiza como consecuencia del justiprecio, los jueces “no podrán desecharla”, sino cuando sea ilegal (verbi grattia, por falta de juramento de los peritos); ó cuando sea errónea (datos erróneos sobre linderos, inmuebles, cabezas de ganados existentes en los fundos). La diferencia está, en que mientras en el primer caso se trata de una prueba que es de la soberana y libre apreciación del Juez a través de la sana crítica; en el segundo caso, el perito se convierte de consultor en Juez; de opinante, en sentenciador (tal cual lo expresa JOSE ROMAN DUQUE SANCHEZ, (Procedimientos Especiales Contencioso. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1.985, Editorial Sucre).

A tal efecto, y bajo tal razonamiento lógico, si bien es cierto que cualquier Juzgador puede considerar la posibilidad, de desaplicar por Control Difuso la norma bajo examen, no es menos cierto que tal desaplicación para permitir el acceso del recurso de apelación, sería excesiva, pues por la naturaleza de la decisión que toma al Juzgador de Instancia A-Quo, en relación a la impugnación efectuada sobre un peritaje que tiene carácter vinculante, salvo los motivos que se señalan, tal circunstancia no permitiría la posibilidad de estar en presencia de una decisión propiamente dicha en ejecución de sentencia, pues por el efecto vinculante que otorgó el Legislador del 86 al referido justiprecio, cambio su naturaleza de medio de prueba en justiprecio Per Se, impidiendo así, que la decisión sobre su impugnación pudiera tener apelación como si se permitió bajo el viejo Código Derogado de 1.916, circunstancia por demás, que en nada vulnera la Tutela Judicial Efectiva del Justiciable. Y así se establece.

De tal manera, siguiendo ahora al procesalista ABDON SANCHEZ NOGUERA (De La Decisión De la Causa y de la Ejecución de Sentencia, Tomo III, Editorial Paredes. Caracas, 1.988. Págs. 221 y 222), cuando la decisión del Juez fue la de ratificar la validez y eficacia del justiprecio, desechando en consecuencia la impugnación que contra él mismo se haya formulado, tal decisión deberá contener además la imposición de multa al impugnante, cuyo monto señala la norma en una cantidad fija de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00), y con la misma quedará firme el justiprecio hecho que servirá de base al remate de la cosa. Si la decisión fuera favorable a la impugnación y habiéndose probado el error en la identidad o caridad de la cosa, el Juez así lo declarará, y deberá entonces procederse a fijar nueva oportunidad para la reunión de los peritos de que trata el artículo 558 Ejusdem, pues no creemos que sea necesario hacer un nuevo nombramiento, toda vez que tratándose de un error en cuanto a la identidad de la cosa justipreciada, nada obsta para que los mismos peritos ya nombrados procedan hacer un nuevo justiprecio sobre la cosa que será realmente el objeto del remate. Ahora bien, si se tratare de vicios de procedimiento que puedan afectar la validez del justiprecio que hayan sido observados por el Tribunal de Oficio o por señalamiento de parte, tales como, la falta de nombramiento o juramento del perito, lo procedente será entonces la reposición al estado de que se cumplan los actos dejados de cumplir.

Sea la decisión del Juez favorable o contraria a la impugnación, contra la misma no procede recurso alguno, ya que expresamente señala la norma, que contra ella no se oirá apelación, y por tanto se trata de una decisión que adquiere firmeza con su mismo pronunciamiento.

Tal opinión ratifica la conclusión a la que llega el propio EMILIO CALVO BACA (Código de Procedimiento Civil de Venezuela, Ediciones Libra. Tomo V. Pág. 156. Caracas. Año 2.002), donde termina expresando: “…la pretensión del impugnante, SIN RECURSO DE APELACIÓN…”.

En consecuencia, concluye este tribunal superior, apegado al contenido del artículo 561 del Código de Procedimiento Civil, que la decisión del Juez a quo, en relación a la impugnación del peritaje, no tiene apelación y por ende inadmisible el recurso ejercido contra este particular. Así se determina.

C.) De la nulidad de la publicidad del remate y del acto de remate.

Para resolver la cuestión planteada este tribunal estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre el artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, lo que se permite hacer en los términos siguientes:

El artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, textualmente dispone:

“El remate no puede atacarse por vía de nulidad por defectos de forma o de fondo, y la única acción que puede proponerse contra sus efectos jurídicos es la reivindicatoria”.

Según este artículo, los efectos jurídicos de un remate consumado sólo pueden ser combatidos a través de la acción reivindicatoria.

La razón de esta norma reside en que el proceso y la jurisdicción misma no tendrían sentido alguno si los créditos reconocidos en las sentencias no encontraran satisfacción –coactiva- con la subasta de los bienes del vencido; de allí que el Estado tenga interés en que una vez que se consume el remate, sus efectos sólo puedan ser combatidos y cuestionados a través de la acción reivindicatoria.

Es decir: el legislador quiso revestir al acto de remate con una protección particular, de manera que la operación a través de la cual se adquieren derechos en el referido acto sea una transacción que ofrezca máxima seguridad a los eventuales adjudicatarios, quienes sólo tendrían que estar alerta respecto a la existencia del derecho que adquieren, sin tener que preocuparse por los posibles vicios procesales que pudieran existir en el juicio que dio lugar al remate.

En consecuencia, lo que persigue la norma bajo examen es que quien pretende adquirir un bien en un remate judicial, sólo tenga que preocuparse de la existencia del derecho que proyecta adquirir, tal como ocurre con las enajenaciones de naturaleza contractual que se dan por la voluntad de las partes, en donde el adquirente sólo verifica que el derecho objeto de la negociación exista en el patrimonio del enajenante, sin preocuparse por otros aspectos.

Como generalmente lo que se enajena a través del remate, es el derecho de propiedad, entonces, si se trata de un inmueble, al interesado le bastará inquirir en el registro inmobiliario sobre el tracto documental del mismo; si se trata de un bien mueble sometido a publicidad –automóviles, naves, aeronaves, acciones, etc- se revisará la existencia del registro correspondiente; y si se trata de un bien mueble puro y simple, se verificará la buena fe y la posesión efectiva del ejecutado, a los fines previstos en el artículo 1.162 del Código Civil.

Tomando estas previsiones, el adjudicatario podrá adquirir con razonable seguridad los derechos rematados; pero si éstos están potencialmente amenazados por las nulidades y reposiciones que podrían afectar al proceso que desembocó en el remate, ello disuadirá a los eventuales postores, generando las consecuencias negativas antes indicadas.

Por ello es que el legislador, estableció que “los efectos jurídicos” del remate sólo pueden ser cuestionados con la acción reivindicatoria, siendo estériles para combatir sus efectos las peticiones de nulidad formuladas con apoyo en motivos de forma o de fondo.

Así las cosas en el caso como bajo análisis, considera quien aquí sentencia , que no podría alegarse la nulidad del remate por motivos de forma o fondo, a tenor de lo establecido en el artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, por así haberlo establecido categóricamente el legislador.

Es por ello, en consideración a lo antes señalado, es evidente que una vez que se haya consumado el remate de los bienes embargados, no podrá declararse la nulidad ni del remate mismo, ni de los actos procesales anteriores a su realización, a través de solicitudes de nulidad y reposición que se apoyen en motivos de forma o fondo, en acatamiento de lo establecido en el artículo 584 del Código de Procedimiento Civil.

Aplicando las ideas anteriores al caso bajo examen, se declara improcedente la nulidad solicitada. Así se juzga.


DISPOSITIVO:

Por todas las consideraciones antes expuestas este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por los ciudadanos: Jorge Sambrano Morales, Yorgredicis Aguane Hernández y Vanesa Herrera, abogada en ejercicio, inscritos en el IPSA, bajo los Nros. 25.138, 277.330 y 132.348, co-apoderados judiciales de la parte demandada Empresa Mercantil DAKOTA CHIKEN C.A; en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medias del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar de fecha 14 de enero de 2015, específicamente, sobre los particulares analizados en los literales “A” y “C”. INADMISIBLE el recurso ejercido sobre el contenido del literal “B” contentivo de la nulidad del justiprecio. En consecuencia, se declara:
a) INTEMPESTIVA la impugnación de la experticia realizada por la parte recurrente.
b) IMPROCEDENTE la nulidad de publicación y acto de remate.

SEGUNDO: Queda así CONFIRMADA la decisión recurrida dictada en fecha 14 de enero de 2015. Con los razonamientos aquí expuestos.

TERCERO: Se ordena la notificación de las partes de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense boletas.

CUARTO: Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en el artículo 281 ejusdem.

Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, a los catorce (14) días del mes de enero de dos mil dieciséis (2016) Años. 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Juez Superior,


Dra. Haydee Franceschi Gutiérrez. La Secretaria,

Abg. Maye Andreina Carvajal.
HFG/MAC/Haydee.
La anterior sentencia fue publicada en el día de hoy, previo anuncio de ley a las 11:30 a.m. La Secretaria,

Abg. Maye Andreina Carvajal.